LAS OTRAS NOTICIAS (282)
24 de Julio de 2023
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, elplural, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.or, LoQueSomos
PERÚ: OTRA VEZ
De nuevo las organizaciones sociales y populares se han lanzado a la calle en Perú para pedir la renuncia de la presidenta y el adelanto de las elecciones.
Todo se originó cuando a mediados de 2021 los peruanos eligieron como presidente a Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista. Las fuerzas de derecha (políticas, económicas, mediáticas…) le hicieron la vida imposible. En noviembre de 2022, para evitar una votación del Congreso en su contra, Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento. Pero le salió mal la jugada y fue el Congreso el que lo destituyó a él y puso en la Presidencia a Dina Boluarte, en un proceso jurídicamente dudoso y cuestionado. La propia Misión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, ha dicho que la destitución de Castillo fue ilegal.
Las movilizaciones populares contra lo que llamaron “golpe de Estado” duraron doce semanas, con cauda de 67 muertos, al menos 49 de ellos por disparos de la policía y el ejército.
La presidenta Boluarte dijo entonces que habría elecciones en 2024, pero luego cambió de parecer y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026.
La gente se echó de nuevo a la calle la semana pasada, convocada por organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones universitarias, campesinas, urbano-populares y regionales, además de partidos de izquierda. Cientos de miles de peruanos se manifestaron en todo el país. También bloquearon importantes vías de comunicación. Decenas de miles marcharon por las calles de Lima, la capital, que tiene 10 millones de habitantes (un tercio de toda la población de Perú). Muchos manifestantes gritaban “Dina asesina, renuncia”. Algunos portaban pancartas con los nombres de los asesinados en las protestas de diciembre-marzo.
La mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero el gobierno movilizó unos 25.000 policías, que usaron con prodigalidad gases lacrimógenos y porras. Se contabilizaron ocho heridos y varias decenas de detenidos.
Además de la renuncia de Boluarte, los manifestantes demandan el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales programadas para abril de 2026; el castigo de los responsables de la represión de diciembre-marzo, y la liberación de los detenidos; la elaboración de una Nueva Constitución (la actual data de 1993, en la dictadura de Alberto Fujimori); varios grupos exigen también la liberación de Pedro Castillo, que permanece preso desde noviembre del pasado año.
Luego de ocho meses, Boluarte y el Congreso que la eligió no logran consolidarse. Cuentan con el apoyo de los militares, del poder empresarial, de la gran prensa y del gobierno de Estados Unidos. Pero su estrategia represiva parece haberles fracasado. Ahora aparece ya claro su divorcio del pueblo peruano. El 80% de los ciudadanos repudian a la presidenta, y el 91% al Congreso.
Pese a ello, y al aislamiento internacional, el régimen no parece pensar en hacer concesiones democráticas. Sigue criminalizando a los manifestantes, a los que acusa de terroristas. Pero los peruanos suelen volver una y otra vez…
LA TUBERCULOSIS, UNA LACRA A DESTERRAR
El tratamiento de la tuberculosis ha mejorado significativamente en los últimos años. Pero la atención al coronavirus desde 2020 hizo que disminuyera la lucha contra ella. En 2021 (último año del que se tienen datos) se contabilizaron 11 millones de enfermos y 1,6 millones de fallecidos. El “retraso” provocado por el coronavirus hará que en los próximos cuatro años haya otros 1,4 millones de muertes adicionales.
Será imposible acabar con la tuberculosis sin vacunas que protejan a todos los grupos de población, frenen la transmisión de la enfermedad y permitan su control y erradicación. La única vacuna disponible actualmente es la BCG, creada hace más de un siglo, que protege a neonatos y niños pequeños, pero que no protege a los adultos de la tuberculosis pulmonar.
En 2018, la primera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la Tuberculosis prometió invertir 2.000 millones de dólares anuales (1.837 millones de euros) en Investigación y Desarrollo, incluidos 550 millones para vacunas. Pero la inversión para nuevas vacunas nunca ha superado los 120 millones de dólares anuales.
Como ocurre con todas las “enfermedades de la pobreza’’, resulta difícil atraer recursos, mientras los países ricos en cuestión de horas los movilizaron frente al coronavirus.
Son necesarias nuevas vacunas para evitar millones de muertes y miles de millones de pérdidas económicas. Hay varias en proceso de investigación clínica. Una de las más prometedoras en la MTBVAC, creada por la Universidad de Zaragoza, que podría ser clave en el control de la tuberculosis global. Pero la comunidad internacional debe hacer un gran esfuerzo conjunto de financiación.
PESTICIDAS: NEGOCIO Y ENFERMEDAD
España es el mayor consumidor de pesticidas de la Unión Europea, y fabrica y exporta a Marruecos y Brasil, dos de los países de los que más fruta importamos, productos tóxicos que no se pueden usar en la Unión Europea. Lo denuncia la organización Justicia Alimentaria en un reciente informe.
Hablamos del Clorpirifos (de alta toxicidad sobre la evolución del cerebro y del sistema nervioso, que llega a originar autismo), el Dimetoato o el Buprofezin, vetados en territorio europeo por la Unión europea desde 2020.
España es el primer país europeo en ventas de pesticidas; el sector factura más de 1.000 millones de euros al año. Es un buen negocio para las corporaciones, pero perjudica a la población de aquí y de allí. España es también el país que menos controla las frutas y verduras que entran, para detectar los residuos de pesticidas que traen.
Según el informe, las frutas y hortalizas con mayor presencia de pesticidas son la fresa, la espinaca, el melocotón, la pera, la nectarina, la manzana, la uva, el pimiento morrón, la cereza, el arándano y la judía verde.
"Cada vez hay más evidencia, dice Justicia Alimentaria, acerca de la relación entre la exposición a pesticidas y varios problemas de salud, como distintos tipos de cáncer, patologías neurológicas, inmunológicas y reproductivas".
Por otro lado, el 60% de los niños y niñas españoles tienen restos clorpirifós y de diazinón (también prohibido en la Unión Europea) en la orina, según un estudio de Universidad de Granada publicado en la revista científica Environmental Pollution. Ambos productos tienen una elevada genotoxicidad y efectos carcinógenos, según admite la Organización Mundial de la Salud.
LULA, POR "UN PAÍS DESARMADO".
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha restringido por decreto el acceso a las armas de fuego por parte de civiles, que había sido flexibilizado por su antecesor, Jair Bolsonaro. Es parte de un plan para fortalecer la seguridad pública.
La medida implica una reducción sustancial de las armas y municiones en manos de civiles, entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas
El número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241% durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022). Actualmente hay 4,4 millones de armas en manos de particulares, de las que más de millón y medio no están registradas.
EL HAMBRE Y LA MACRO-RIQUEZA
El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas (el 11% del total), según el informe FAO de 2022. Si se considera el tipo de dieta, más de 3.100 millones de personas (el 42%) no pueden permitirse una dieta “saludable”.
148,1 millones de niños y niñas menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento, mientras que 45 millones padecen de emaciación (desnutrición aguda).
Mientras tanto, las empresas de energía y de alimentos duplicaron sus ganancias en 2022, y los más ricos entre los ricos aumentan sin cesar sus patrimonios: Elon Musk (Tesla y Twitter) tiene un patrimonio de 233.600 millones de dólares. Le sigue Bernard Arnault (Louis Vuitton), con 200.300 millones; Jeff Bezos (Amazon), con 154.400 millones; Bill Gates (Microsoft), con 133.600; y Larry Ellison (Oracle), con 132.700.
ARABIA SAUDÍ Y LOS FICHAJES MILLONARIOS
No es nuevo. Pero cada vez se hace más evidente la opción de Arabia Saudí de “lavar su cara a través del deporte" (lo llaman sportwashing).
En los últimos años ha destinado muchos millones de dólares albergar competiciones deportivas de renombre internacional como la Supercopa de España, la Supercopa de Italia, la Copa del Mundo de Clubes, el Gran Premio de Fórmula 1, peleas de boxeo estelares…
En los últimos meses ha dado un salto espectacular, con el fichaje de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly o Rúben Neves… y los que faltan. Con esos contratos supermillonarios, el gobierno saudí trata de capitalizar el fervor por el fútbol y presentarse como una nación moderna y aperturista.
Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo y posee una de las reservas más grandes de crudo. Sus arcas están repletas de petrodólares, y ello le ha permitido desplegar una influencia económica y política considerable a nivel global.
El Public Investment Found (Fondo de Inversiones Públicas), manejado por el todopoderoso príncipe heredero Mohammed bin Salman, canaliza la compra de equipos de fútbol (como los británicos Newcastle y Chelsea), la contratación de futbolistas de élite para los equipos locales y la realización de eventos internacionales.
Todo ello es parte de la estrategia del país para diversificar su imagen más allá de los asuntos petroleros. La buena imagen atrae inversores extranjeros y tiende nuevos puentes geopolíticos. El dinero y el poder suelen ir juntos.
Además, esos excesos millonarios en lo deportivo hacen que la gente se olvide de que en Arabia Saudí se vulneran cientos de derechos humanos diariamente; se olvida la persecución y el asesinato de periodistas, y las restricciones a la libertad de expresión; se olvidan las restricciones que sufren las mujeres en su capacidad para viajar, obtener un pasaporte, casarse o acceder a servicios básicos sin el consentimiento de un tutor masculino; se olvidan las condiciones de trabajo abusivas y explotadoras que enfrentan muchos trabajadores migrantes; se olvidan las torturas y la habitual práctica de la pena de muerte tras juicios sin las mínimas garantías…