LAS OTRAS NOTICIAS (346)

28 de Octubre de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

GAZA: 350 AÑOS PARA LA RECUPERACIÓN

Un reciente informe de las Naciones Unidas indica que la economía de Gaza está prácticamente destruida, y que, una vez alcanzado el alto el fuego, tardaría 350 años en restablecer el producto interior bruto anterior a la ofensiva israelí iniciada hace un año contra los 2,2 millones palestinos y palestinas que viven en el territorio.

Desde hace un año, día a día, semana a semana, nos han abrumado las cifras del genocidio israelí contra Gaza. Los últimos datos del gobierno gazatí, avalados por la ONU, hablan de 42.924 personas asesinadas, incluidas casi 17.000 niñas y niños (800 de ellos bebés de menos de un año), y más de 11.000 mujeres. Los heridos suman 100.833.

El 88% de los edificios escolares han sufrido algún daño, 21 de los 36 hospitales están fuera de servicio y 45 de los 105 centros de salud primaria no funcionan. El 70% de las viviendas están dañadas o destruidas, y más del 59% de las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene han sufrido graves daños.

Los efectos del genocidio desatado hace un año se suman a las recurrentes operaciones militares israelíes desde hace varias décadas y a las medidas de bloqueo y apartheid.

AQUEL SOÑADO 0,7% DE AYUDA AL DESARROLLO…

Era en 1970. En el seno de la ONU, los países “económicamente adelantados” se comprometieron a elevar su ayuda a los países en desarrollo hasta alcanzar el 0,7% de su producto nacional bruto en 1975. Después de cinco décadas, la ayuda oficial al desarrollo de los países europeos es del 0,51%. Así lo informa la red de ONG de desarrollo europeas CONCORD.

La ayuda oficial al desarrollo de España se queda en un escuálido 0,24% (dato de 2023), menos de la mitad de la media en la UE.

Además, uno de cada cinco euros de la “ayuda” europea no contribuye realmente al desarrollo de los países receptores, sino que responde a los intereses comerciales o políticos de los países donantes, tales como proveerse de materias primas o abrir mercados para las empresas europeas.

Con frecuencia, los fondos supuestamente destinados a la cooperación al desarrollo están condicionados a que los países receptores eviten la migración irregular hacia Europa. No pocas veces, los fondos de cooperación terminan fortaleciendo las capacidades represivas de las fuerzas de seguridad de esos países, al servicio de la externalización de las fronteras de Europa. Por ejemplo, la organización Lighthouse Reports ha denunciado que Marruecos, Mauritania y Túnez detienen a personas migrantes y refugiadas y las abandonan en zonas remotas sin asistencia, agua o comida, dejándolas en riesgo de secuestro, extorsión, tortura, violencia sexual e, incluso, muerte; para ello utilizan vehículos y equipamientos financiados con dinero europeo.

UNA PANDEMIA LLAMADA FONDOS DE INVERSIÓN

Los fondos buitre echan a los vecinos de sus casas y a los agricultores de sus campos y explotaciones.

Asistimos a una concentración de casas y de tierras agrícolas en pocas manos. Cada día recibimos noticias de la concentración de viviendas en manos de los fondos de inversión o sus empresas intermedias, y sus políticas de subida de rentas, desahucios, etc...

En los últimos años, esos mismos fondos han multiplicado por diez la adquisición de tierras en España, atraídos por la buena calidad de tierras, el buen clima y los costos todavía bajos comparados con países del nuestro entorno. El pasado año se cerró la compraventa de 160.398 fincas rústicas, sobre todo las dedicadas a olivos, vid, árboles frutales o cultivos de moda como el pistacho o los aguacates. También compran empresas enteras, bodegas, cooperativas agrarias, instalación de placas solares etc.

En pocos años veremos cómo la gran mayoría del campo quedará en pocas manos, que manejarán los precios de los alimentos. Dos de los grandes derechos básicos, vivienda y la alimentación, están cada vez más privatizados, contribuyendo a la acumulación de capital.

Cuando la situación llega a ser escandalosa, los poderes públicos reparten alguna ayuda a los jóvenes para el acceso a la vivienda, o rebajan los impuestos a los arrendatarios o a los pequeños agricultores…

¿No forma parte de la política social la prohibición de que esos fondos se apoderen de nuestras casas y nuestras tierras?

UNA ALTERNATIVA A LA BANCA TRADICIONAL

Lo leemos y escuchamos a diario. La gran banca financia a los fabricantes de armas, a las multinacionales petroleras, a las inmobiliarias sin escrúpulos, a las compañías mineras que contaminan aguas y suelos, a las agroindustrias que despojan a los pequeños agricultores y dominan el mercado de la alimentación, etc. Muchos nos sentimos incómodos al tener nuestro dinero en esas instituciones, que no coinciden con nuestros valores.

Hoy hay alternativas a esa la banca tradicional. Existe la banca ética, que apoya proyectos sociales y medioambientales, proyectos de vivienda no especulativos, proyectos que se preocupan por el bienestar del planeta y sus habitantes…

Los ahorros depositados en esas entidades en España se han duplicado en una década, y alcanzan los 2.387 millones de euros, con 192.302 clientes, según el Barómetro de las Finanzas Éticas publicado por la organización Financament Ètic i solidari.

Algunos de esos bancos son Fiare Banca Ética, Triodos Bank, Coop 57, Oikocredit, Caixa d’ Enginyers, FonRedess, Winkomun…

En 2023 concedieron préstamos por 1.885 millones para proyectos de vivienda social, medioambientales y de transición energética, sociales, culturales, educativos, de agricultura sostenible…

Y la rentabilidad de los ahorros suele ser, en general, un poco más elevada que en la banca tradicional.

EL CRISTAL CON QUE SE MIRA

Cuando en marzo de 2022 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas cautelares para que Rusia detuviera sus operaciones militares en Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden señaló que el máximo tribunal de la ONU “juega un papel fundamental en la resolución pacífica de conflictos”. Cuando dos años después el mismo tribunal dictó medidas cautelares para que Israel detuviera su ofensiva en Gaza, Biden defendió el genocidio israelí.

En marzo de 2023, la CIJ emitió una orden de detención por crímenes de guerra contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por sus acciones en Ucrania. “Está justificado y es un punto muy importante”, comentó Biden. Cuando un año después, el fiscal de la CIJ solicitó una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el comentario de Biden fue: “Es intolerable”.

Cuando Putin anunció la anexión ilegal de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, Biden condenó el hecho y anunció nuevas sanciones contra Rusia, señalando que violaba la legislación internacional. Cuando en julio de 2024 la CIJ declaró ilegal la ocupación israelí de Palestina y definió la política de Israel como un intento de “anexión”, Estrados Unidos criticó el dictamen y afirmó que complicaba “los esfuerzos para resolver el conflicto”.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto varias rondas de sanciones “sin precedentes” contra Rusia por su agresión a Ucrania. No así contra Israel.

No es admisible el doble rasero. Es ético condenar la agresión de Rusia a Ucrania, pero no lo es tanto si, al mismo tiempo, no se condena la agresión israelí a Palestina y se niega el derecho de ésta a rebelarse contra décadas de colonialismo y dominación. Las nuevas guerras de conquista no pueden justificarse en ningún caso, ni el apartheid, ni los crímenes de lesa humanidad, ni la violencia genocida. La hipocresía sólo ahonda el descrédito de Occidente.

EL FRACASO DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Agencias de la ONU advierten que el mundo ha retrocedido más de 15 años en su lucha contra el hambre, que los niveles de subnutrición de hoy son comparables a los de 2008-2009 y que es improbable que se cumpla el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“hambre cero”) en 2030, establecidos por la comunidad internacional en 2015.

Informes de la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos y la Unicef señalan la cruel paradoja de que el mundo produzca suficientes alimentos para alimentar a todos pero que casi el 20% de esos alimentos se pierden (por deficientes instalaciones de almacenamiento en los países pobres) o se desperdician (en las cocinas de los países ricos).

Además, el 38% de los cereales producidos se destinan a piensos para el ganado y el 18% a la elaboración de agrocombustibles, con lo que más de la mitad no están disponibles para el consumo humano.

Más de 800 millones de personas que se acuestan con hambre cada noche y otros 2.800 millones no pueden permitirse una dieta sana, por los bajos salarios y la baja protección social.

De seguir la tendencia actual, en 2023 habrá 582 millones de personas que sufrirán desnutrición crónica, la mitad de ellas en África.

Olivier de Sxchutter, copresidente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles y relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, afirma que es necesario impulsar la producción agroecológica diversificada y los mercados de alimentos locales, en lugar de cadenas alimentarias industriales globales.

LAS ELECCIONES PIERDEN CREDIBILIDAD

En los últimos 15 años la participación de los votantes en las elecciones en todo el mundo ha bajado un 10%, de acuerdo a un estudio del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, con sede en Estocolmo.

El porcentaje medio de la población que vota ha disminuido del 65,2% en 2008 al 55,5% en 2023.

El dato evidencia que la credibilidad de las elecciones está en descenso y que la gente no las considera útiles para lograr cambios sociales.

El estudio también apunta un descrédito del sistema democrático y constata un retroceso de los derechos civiles y la libertad de prensa. Y observa que se generaliza el hecho lanzar sospechas infundadas sobre procesos y resultados electorales (“método Trump”), lo que es un fenómeno particularmente tóxico para la salud de las elecciones.

EL INHUMANO DERECHO DE PATENTES

La Audiencia de Barcelona ordenó hace unos días retirar de las farmacias un medicamento genérico que ahorra 380.000 euros diarios a la sanidad pública, en beneficio de otro medicamento protegido por derecho de patente.

La patente es el derecho que permite al descubridor de algún producto venderlo en exclusiva y al precio que desee durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, le concede un monopolio en el mercado.

Las empresas que venden los medicamentos en régimen de patentes lo hacen a precios que pueden llegar a ser docenas de veces más altos que su coste. Dean Baker, economista estadounidense y cofundador y codirector del Center for Economic and Policy Research, ha señalado el caso de un medicamento contra hepatitis C que se vende en Estados Unidos a 84.000 dólares, mientras que su genérico cuesta en la India 300 dólares.

¿Es lícito que el desarrollo de productos esenciales para la vida humana, como las vacunas, dependa de que algunos monopolios privados obtengan beneficios tan extraordinarios? ¿No constituyen casos de corrupción y fraude esas prácticas que permiten márgenes de ganancia tan brutales?

El derecho de patentes es un derecho inhumano que debe ser erradicado, ya que impide la socialización el progreso. Las organizaciones sociales y políticas deben situarlo como una prioridad en sus políticas sociales.

 LAS OTRAS NOTICIAS (345)

23 de Octubre de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

GAZA: GENOCIDIO Y RESISTENCIA

La atención está ahora en El Líbano y en el probable conflicto directo entre Israel e Irán. Pero en Gaza los israelíes siguen intensificado los bombardeos en el norte y el centro. Hace meses que habían declarado esas regiones como “libres” de milicianos de Hamás, pero ahora explican que intentan frenar su reconstrucción, y ha ordenado el desplazamiento de unos 400.000 gazatíes que quedan en la zona. Desde el 1 de octubre no han entrado alimentos, agua ni medicinas en la zona. Cada día parece más evidente la intención del ejército israelí de vaciar la Franja de Gaza, para a anexionarla a Israel y ocuparla con sus colonos.

Pero, tras un año de genocidio, las fuerzas militares de Hamás no han sido derrotadas, al menos en la forma que Israel quería. Israel dice haber matado a 17.000 combatientes de Hamás, que se estiman en un total de entre 25.000 y 30.000. Pero una investigación de la Armed Conflict Location and Event Data, organización independiente que analiza uno a uno los incidentes de la ofensiva, estima que los combatientes muertos son 8.500, entre ellos miembros de otros grupos armados y posiblemente miembros de Hamás no armados. Agrega que Hamás mantiene aproximadamente la mitad de sus combatientes.

De ser ciertos esos informes, la supuesta intención de la guerra de acabar con Hamás y liberar a los rehenes habría sido un fracaso. La enorme capacidad militar de Israel no parece haber quebrantado la voluntad de una nación que lucha por su dignidad su libertad. Hamás parece conservar una notable capacidad de acción y, además, produce armamento utilizando los varios miles de bombas israelíes que no han explotado.

Algunos analistas señalan que la situación política, económica y se seguridad de Israel es mucho peor que hace un año, además de haberse mostrado ante el mundo como un estado terrorista. Los ciudadanos israelíes se han manifestado contra el primer ministro Netanyahu y a favor de la liberación de los rehenes, pero nada dicen sobre la masacre de más de 42.600 palestinos, incluidos 11.000 niños. En el último año, más de 100.000 israelíes han obtenmido permiso para hacerse con armas.

Las autoridades israelíes han hecho suyo el lema que hace más de 50 años lanzara la primera ministra Golda Meir: “Después del Holocausto los judíos pueden hacer lo que quieran”. Los países occidentales le ha dado la razón, repitiendo el manido mantra del “derecho de Israel a defenderse”, derecho que les niegan a los palestinos.

La impunidad hipoteca el futuro, y mientras Israel no pague por este genocidio, sus manos seguirán libres para matar donde sea.

CAÑADA REAL: Y AHÍ SIGUEN

Nos escandalizamos cuando hace cuatro años la empresa energética Naturgy cortó el suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, afectando gravemente a más de 4.000 personas, entre ellas cerca de 2.000 menores.

La Cañada es el mayor asentamiento irregular de España, situado al sureste de la ciudad de Madrid, en terrenos que pertenecen a varios municipios o distritos.  Allí, según el censo, viven 5.666 personas, en su mayoría marroquíes, gitanos y rumanos.

El desabastecimiento energético de la Cañada se debe a la irregularidad o alegalidad de sus viviendas. Las familias no pueden obtener contratos de suministro de servicios, por lo que una de las formas de obtener la electricidad son los enganches ilegales. En la zona, dicen la empresa y las autoridades, hay viviendas donde se procesa droga. Eso lo saben todos los vecinos, y también saben cuáles son esas viviendas, y también lo sabe la policía… Pero es más fácil cortar la energía eléctrica a toda la población.

Algunos, los menos, se han comprado pequeños generadores o se han hecho con placas solares, con ayuda de las ONG.

No solo es la falta de luz, de calefacción, de agua caliente, de nevera, de ventilador, de vitrocerámica o microondas. La marginación también abarca calles llenas de barro, escasez de agua y toneladas de basura.

Cuatro años después, la situación continúa estancada. La única solución que les ofrecen es que cedan, que abandonen sus hogares y se vayan lejos, para que puedan tomar posesión del suelo los banqueros y los especuladores y hacerse más ricos con la construcción y especulación de 100.000 viviendas.

Que los niños tengan que hacer sus deberes a la luz de las velas; que pasen frío niños, ancianos, mujeres y hombres por no poder encender una estufa eléctrica; que aumenten las enfermedades y la mortalidad… Eso carece de importancia.

El cuarto mundo también está a 20 minutos del centro de Madrid.

LOS BANCOS Y LA DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONÍA

Bancos de todo el mundo destinaron en los últimos diez años al menos 515.777 millones de dólares a empresas vinculadas con la destrucción de la Amazonia brasileña y las turberas indonesias, de acuerdo a una investigación de dos institutos dependientes de las universidades británicas University College y Exeter University.

La deforestación es, junto a la quema de combustibles fósiles, la actividad que más contribuye al cambio climático. Tanto la Amazonia brasileña como las turberas de Indonesia son ecosistemas claves, que ayudan a capturar enormes cantidades de dióxido de carbono.

Entre los bancos que facilitan dinero a las empresas deforestadoras están los españoles Santander (con unos 9.500 millones de dólares) y BBVA (con 5.921 millones).

Recientemente, la Unión Europea decidió aplazar más de un año la aplicación de la ley que impide importar materias primas, como madera, aceite de palma o soja, que procedan de áreas deforestadas.

MEGAEMPRESAS QUE SOCAVAN LA DEMOCRACIA

Las megaempresas Amazon, Grupo Blackstone, ExxonMobil, Glencore, Meta, Tesla y The Vanguard Group son las siete empresas que más atentan contra la democracia en el mundo, según denuncia la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Esas grandes corporaciones (no son las únicas) se benefician económicamente a costa de vulnerar los derechos humanos y sindicales, de monopolizar los medios de comunicación y la tecnología, de exacerbar la catástrofe climática y de privatizar los servicios públicos, según la organización sindicalista.

Señala que los principales dirigentes de estas multinacionales son “una fuerza que nadie ha elegido”, que “apoya y financia a políticos y partidos de extrema derecha para favorecer sus propios intereses”.

La CSI demanda a los gobiernos que adopten un tratado común a nivel global que aborde el impacto de estas multinacionales sobre los derechos humanos de millones de trabajadores, con el fin de alcanzar “un mundo en el que la economía esté al servicio de la humanidad, en el que se protejan los derechos y se preserve el planeta para las generaciones futuras”.

¿PROHIBIR LA MENDICIDAD O COMBATIR LA POBREZA?

Alguna vez fue la envidia de Europa por sus políticas sociales… Ahora, el gobierno conservador de Suecia, respaldado por la extrema derecha, se propone ilegalizar la mendicidad en las calles, en la que están involucrados fundamentalmente inmigrantes rumanos y búlgaros.

Organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y partidos políticos moderados y progresistas se oponen a la medida. Amnistía Internacional dice que no se debe criminalizar la mendicidad, que su prohibición no resuelve el problema de la pobreza y que son necesarias “inicialitas estructurales” para reducirla y combatir la discriminación, tanto en sus países de origen como en la Unión Europea en su conjunto.

LOS IMPUNES BULOS DE LA EXTREMA DERECHA

Isidro, que trabajaba como taxista en la ciudad de Alcalá de Henares, fue asesinado a puñaladas el 15 de octubre por un menor de 16 años, nacido en Miranda de Ebro, Burgos, que fue detenido al día siguiente.

Para entonces, medios de comunicación de corte fascista, cuentas de redes sociales (especialmente X, antes Twiter) y políticos de extrema derecha (Vox) se habían apresurado a atribuir el asesinato a un inmigrante de nacionalidad marroquí en situación irregular. “Ha fallecido Isidro, el taxista apuñalado por un marroquí”, decían los mensajes.

Se repetía el esquema de lo ocurrido en Mocejón, Toledo, el 18 de agosto, cuando Mateo, un niño de 11 años, fue asesinado de varias puñaladas por un encapuchado cuando se encontraba en un recinto deportivo. Inmediatamente circularon por X y Telegram versiones de que el autor era un “magregí”, “moro”, “inmigrante ilegal”, de 16 años, hospedado en un hotel del pueblo que acogía a inmigrantes ilegales. Entre los difusores del bulo se identificó entonces a Alvise Pérez, Daniel Esteve y César Enrique Pintado Planell, agitadores de extrema derecha, y otros comunicadores de la misma tendencia vinculados al partido VOX.

La policía confirmó que el autor era un joven de 20 años, de nacionalidad española, que vivía en Madrid, pero que visitaba a su padre y su abuela en Mocejón.

El mismo modus operandi tuvo lugar en el Reino Unido a principios de agosto, cuando tres niñas fueron asesinadas a puñaladas. Inmediatamente los mensajes ultraderechistas señalaron como autor a un a "un inmigrante musulmán", aunque la policía informó que fue un varón de 17 años de nacionalidad inglesa. El discurso racista se trasladó de las redes a la calle, y se tradujo en protestas xenófobas y en una caza de brujas violenta contra personas migrantes y musulmanes que se extendió por varias ciudades durante varios días.

¿Hasta cuándo deberemos soportar esa delincuencia de agitadores de extrema derecha que manipulan incluso los crímenes más execrables para verter odio contra los inmigrantes, vinculando gratuitamente criminalidad y migración? ¿De verdad no pueden hacer nada las autoridades frente a quienes, amparándose en la libertad de expresión, se dedican a propalar con absoluta impunidad inmundicias y mensajes xenófobos y fascistas por las redes sociales, incitando al odio, la hostilidad y la discriminación contra los inmigrantes?

TRATA DE MUJERES EN ESPAÑA

Fueron captadas en Nepal por una organización que las prometió trabajo en España. Les pagaron el transporte, con varias paradas en países de tránsito, como Serbia o Rumanía. Ya en España, fueron distribuidas en diferentes puntos para su explotación. A ellas les tocó una empresa de fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados en Candeleda, Avila. Para entonces, su deuda estaba entre los 3.000 y 7.000 euros.

Eran diez mujeres, de entre 24 y 38 años, que vivían en un régimen de semiesclavitud en una nave anexa a la empresa, privadas de documentación y dinero; dormían en colchones sobre el suelo, en condiciones higiénicas precarias y sin privacidad.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas involucradas en lo que denomina "organización criminal dedicada a la trata de seres humanos".

MACROGRANJAS Y DESEMPLEO

Las macrogranjas (las que tienen una producción superior a 250.000 euros) han aumentado un 56% en Europa en los últimos 15 años, mientras las pequeñas explotaciones familiares (con producción inferior a 50.000 euros) se han reducido en un 44%, de acuerdo a un informe de Greenpeace.

Las macrogranjas suponen el 8% de las explotaciones, pero la Política Agraria Común de la Unión Europea las premia con el 37% de los fondos comunitarios.

La desaparición de dos millones de pequeñas explotaciones ha supuesto la pérdida de 3,8 millones de puestos de trabajo mientras que en las 'megagranjas' sólo trabajan 306.000 personas más que antes.

LAS OTRAS NOTICIAS (344)

14 de Octubre de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

LÍBANO

La invasión israelí al Líbano cumple dos semanas, con intensos bombardeos en el sur y este del país, e incluso en los suburbios y centro de la capital Beirut, con todo el apoyo de la administración estadounidense y la indiferencia cómplice de Europa.

Se repite el modus operandi de Gaza. Israel emite órdenes de evacuación "inmediata" de los pobladores y enseguida llegan las bombas. Bajo el pretexto de combatir a Hizbulá, Israel bombardea campamentos de refugiados palestinos, viviendas, hospitales, carreteras, supermercados…

En Líbano hay 1,5 millones y más de 200.000 palestinos. Hizbulá es socio del gobierno libanés.

Las autoridades libanesas informan de más de 2.000 muertos, entre ellos más de un centenar de trabajadores médicos y otros tantos rescatistas. 1.2 millones de libaneses (de un total de seis millones) han debido abandonar sus hogares para refugiarse en otras partes del país. Unos 150.000 han huido hacia siria.

Según parece, los milicianos de Hizbulá están plantando cara a la invasión. El propio ejército israelí reconoce “intensos combates” y admite haber tenido varios muertos. El domingo 13 de octubre Hizbulá logró burlar las defensas antiaéreas israelíes y golpear con drones de asalto una instalación de entrenamiento militar en Haifa, Israel, con al menos cuatro militares muertos y siete gravemente heridos, además de “otras 67 personas heridas” de diversa consideración.

Israel se ha permitido incluso atacar posiciones de la Fuerza de Naciones Unidas para Líbano (cascos azules), que cuenta con unos 10.500 soldados (669 españoles), para garantizar la paz y la estabilidad en la zona fronteriza entre Líbano e Israel (“mantenimiento de la paz”). El ejército israelí ha utilizado buldócer (escavadoras potentes) para derribar los muros de algunas posiciones de la ONU y ha pedido que se esa fuerza se retire de las áreas cercanas a la frontera. Varios cascos azules han sido heridos.

La mayoría de los cascos azules llevan dos semanas confinados en sus bases y han pasado periodos considerables refugiados en sus búnkeres.

Israel nos ha acostumbrado a un nivel de brutalidad tal que ya no nos sorprendemos. Solo aparecen pequeñas acciones diplomáticas de protesta, casi casi pidiendo a Israel “que no se repita”.

Cada nueva violación debilita el derecho internacional y allana el camino para más impunidad. Todos saben que lo que siga la ONU será papel mojado, y nadie se plantea imponer sanciones.

CISJORDANIA

Gaza, Líbano, ¿y Cisjordania?

Una reciente irrupción del ejército israelí en un campamento de refugiados al norte de la Cisjordania dejó 38 palestinos asesinados, 46 arrestados, 150 heridos y calles, comercios, casas e infraestructuras eléctricas arrasadas.

Es parte de la cotidianeidad. Las incursiones son casi diarias. Más de 720 palestinos han muerto por fuego del ejército y los colonos israelíes desde que el 7 de octubre dio inicio la guerra en Gaza, entre ellos 160 menores. Más de 3.500 palestinos han sido desplazados y 11.000 detenidos.

En Cisjordania viven 600.000 colonos israelíes ilegales, que, respaldados por su ejército, han ido apoderándose desde hace años de las tierras de los palestinos.

El gobierno israelí no oculta su intención ce anexionarse también Cisjordania, al igual que Gaza, para construir el “Gran Israel”.

También allí, como el Gaza o Líbano, los israelíes destruyen casas, hospitales y carreteras, y bloquean a las ambulancias y a los trabajadores médicos que intentan llegar hasta los heridos.

LA GUERRA CONTRA LA UNRWA

El gobierno de Israel ha iniciado el proceso para confiscar la tierra donde se sitúa la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, que lleva cerrada desde mayo después de sufrir varios ataques, para edificar 1.440 viviendas.

El territorio en el que se ubica el complejo de la ONU es parte de los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.

Desde que empezó el genocidio contra Gaza hace un año, al menos 300 trabajadores humanitarios de la UNRWA han sido asesinados. El ejército israelí también ha destruido o dañado seriamente 190 infraestructuras de la agencia, como escuelas y centros sanitarios.

12 DE OCTUBRE (DE 1492)

¿Conquista? ¿Encuentro entre dos mundos? ¿Colonización? ¿Genocidio? ¿Leyenda negra?

En 1542 se promulgaron las “leyes nuevas” para para proteger a los indios, luego de medio siglo de trabajos forzados. En ese período se calcula que entre 250.000 y medio millón de nativos fueron esclavizados en el Caribe, y millones más sufrieron explotación laboral y malos tratos. Y, de hecho, la esclavitud siguió practicándose hasta la segunda mitad del siglo XVIII.

¿Los españoles civilizaban y los ingleses exterminaban? ¿Necesitaban ser civilizados los pueblos originarios de América? Es cierto que en varios de los países conquistados por España quedan muchos indígenas, y que en Estados Unidos solo unos pocos. Pero, ¿qué pasó con los millones de indígenas del Caribe?

¿Genocidio o encuentro? En el siglo XVI murieron 130 millones de nativos americanos (el 90%).

Llámense colonias, virreinatos o provincias, toda América se convirtió en un "territorio dominado y administrado por una potencia extranjera", que así define “colonia” la Real Academia de la Lengua. Y todo proceso colonial lleva anejas explícitamente la explotación, la opresión y la violencia.

APPLE Y LOS “METALES DE SANGRE”

La multinacional Apple, que acabade lanzar su nuevo iPhone 16, ha sido acusada por varias ONGs, encabezados por la Team Congo RDC, de usar en él “metales de sangre”.

En la República Democática del Congo hay cerca de 5.000 minas para extraer cobalto, coltán, estaño y el tungsteno, materiales fundamentales para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos (móviles, computadores, tablets o artefactos que contengan baterías). Sólo el 2.8% de las minas son legales.

Allí están el 80% de las reservas mundiales de coltán. Muchas de las explotaciones, sobre todo al este del país, en la zona fronteriza con Ruanda y Uganda, son controladas por grupos armados, que también controlan las rutas de contrabando para sacar hacia Ruanda esos minerales preciosos, que salen al mercado internacional “lavados” y con la etiqueta “Made in Rwanda”.

Aunque apenas tiene yacimientos, Ruanda es el mayor exportador de Coltán del mundo, y financia a varios de los más de 40 grupos armados activos en las regiones mineras del Congo, que someten a los pobladores (incluidos niños) a trabajos forzosos en condiciones de trabajo inhumanas. Algunos cálculos indican que unos 40.000 niños trabajan en esas minas por uno o dos dólares al día. La guerra en el Congo, se dice, es un conflicto étnico, pero es unánime la opinión de que el coltán está en el centro de las hostilidades.

Las multinacionales obtienen la materia prima a buenos precios, y miran para otro lado cuando les preguntan sobre su origen. El 80% de las empresas estadounidenses son incapaces de decir si los productos que venden contienen metales de sangre.

Activistas congoleses han denunciado que las armas de los grupos armados ruandeses ilegales proceden de la ayuda militar que Estados Unidos y el Reino Unido envían al gobierno de Ruanda.

Las ONGs llaman a un boicot contra Apple por usar en sus dispositivos metales provenientes de grupos armados ilegales. Por esta razón son llamados “metales de sangre”.

“LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO”

Decenas de miles de personas (150.000 según los organizadores) se manifestaron el domingo 13 de octubre en Madrid para demandar la regulación de los precios de los alquileres de la vivienda, la prohibición de los pisos turísticos y de los desahucios, y el fin de la especulación inmobiliaria, expropiando las viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión.

Manifestaciones similares hubo en la mayoría de las ciudades españolas, donde la consigna fundamental fue que "la vivienda es un derecho, no un negocio".

El artículo 47 de la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”. Pero su encarecimiento no solo dificulta que los jóvenes puedan independizarse, sino que muchas personas mayores, con trabajo, deben dedicar gran parte de sus ingresos a costearse la vivienda. 1,3 millones de familias destinan a la vivienda más del 30% de sus ingresos.

Por otro lado, a pesar de las medidas de “escudo social”, los desahucios continúan. El año pasado se produjeron 38.266, el 71,9% fue por impago del alquiler y el 22,2% por ejecuciones hipotecarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Los manifestantes recordaron que el problema no es la falta de vivienda, sino que "se están utilizando viviendas vacías para especular". De hecho, en España hay 3.837.328 de viviendas vacías, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero gran parte de ellas están en manos de los conocidos como “grandes tenedores” (propietarios de diez o más viviendas) y fondos buitre.

En opinión de los manifestantes, la responsabilidad de la situación recae sobre los gobiernos central, autonómicos y locales, por su inacción ante la especulación y por haber abandonado el concepto y la práctica de la vivienda social, facilitando el negocio de la banca, las empresas y los rentistas.

Una referencia: En la ciudad de Viena, Austria, hay unos 220.000 apartamentos sociales registrados en el sistema de inmuebles sin ánimo de lucro, en los que sus inquilinos pagan alrededor de la tercera parte de lo que cuestan los alquileres en otras capitales europeas como Londres o París. Más del 60% de los 1,8 millones de vieneses habitan en casas subvencionadas. Casi la mitad de su parque de viviendas pertenece al Ayuntamiento o a cooperativas. La renta media de un piso de una habitación en Viena es de apenas 300 euros, el 10% del ingreso habitual de un profesional.

Viena es seguramente la ciudad del mundo con una más larga tradición de apoyos financieros a la vivienda. El secreto parece que está poner el suelo en manos públicas y en que la gestión sea municipal.

LOS SAHARAHUIS DEL AEROPUERTO

Otro escándalo más. Llevaban semanas en el área de solicitantes de asilo del aeropuerto de Madrid, en condiciones notablemente precarias. Eran activistas por los derechos humanos y por la autodeterminación del Sahara Occidental. A ninguno le fue concedido el asilo.

30 de ellos fueron deportados a Marruecos. Como se temía, algunos ya han sido detenidos por las autoridades marroquíes y están siendo interrogados; varios más han sido citados por la policía.

La historia se repite. Marruecos reprime al pueblo saharaui y ahora el gobierno de España deporta a sus activistas, con la opinión en contra de los grupos de izquierda, de las organizaciones profesionales de la judicatura y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones la represión infligida por las autoridades marroquíes contra los intentos de protesta de la población saharaui residente en los territorios ocupados por Marruecos, y ha documentado tortura o malos tratos a activistas.

LAS OTRAS NOTICIAS (343)

7 de Octubre de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

EL CLAMOR DE LA CALLE

Desde Nueva Zelanda a Londres; de Sidney a Berlín; de Bangkog a París; de Ciudad del Cabo a Madrid… Millones de ciudadanos del mundo han salido a las calles el pasado fin de semana para exigir el fin del genocidio israelí contra Gaza y el embargo de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, además de exigir responsabilidades a Israel “por sus crímenes de lesa humanidad”.

Un año de genocidio arroja un balance desolador: 41.788 asesinados (entre ellos 16.000 niños), 96.794 heridos, el 90% de la de los gazatíes desplazados.  Las 85.000 toneladas de explosivos sobre Gaza han destruido o dañado severamente universidades, escuelas, hospitales, mezquitas, carreteras, centros humanitarios de refugio…

El genocidio está claro. La victoria del ejército de Israel, no tanto, ya que de nuevo bombardea intensamente territorios de los que Hamás había sido supuestamente desmantelado y desalojado.

En Madrid, más de 30.000 personas corearon consignas como “bombardear niños no es defensa propia", “Israel asesina, Europa patrocina”, “cada niño muerto es un niño nuestro”.

La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, principal convocante de las manifestaciones en España, ha recordado que “se cumplen 76 años de ocupación de Palestina por un régimen colonial y de apartheid que, con la complicidad de la comunidad internacional, ha perpetuado la limpieza étnica, la violencia sionista, el robo de tierras y los asesinatos”.

Los manifestantes han exigido al gobierno romper relaciones con el Estado de Israel, aplicar sanciones y parar la venta de armas. "No sirve de nada que mandes pan a un refugiado si sigues armando a quien lo está asesinando", comentó un manifestante. También han lamentado que los intereses de los gobiernos occidentales en la región estén “completamente ligados a los de Israel", lo que los convierte en "culpables del genocidio".

“LO QUE HEMOS VISTO EN GAZA”

Son 99 médicos, cirujanos, profesionales de enfermería y matronas estadounidenses, que durante el año de genocidio han trabajado como voluntarios en la Franja de Gaza, y estiman que el número de víctimas mortales gazatíes puede superar las 118.908, el 5,4% de la población.

Han trabajado con diversas organizaciones no gubernamentales y con la Organización Mundial de la Salud, y se han dirigido a su gobierno, porque “no podemos permanecer callados ante lo que hemos visto en Gaza”.

Y lo que han visto es que, “salvo contadas excepciones, todos los habitantes de Gaza están enfermos, heridos o ambas cosas”; que la malnutrición es generalizada pacientes y en los sanitarios palestinos; que el continuo desplazamiento de la población a zonas sin agua corriente ha provocado una mortandad a causa de enfermedades diarreicas víricas y bacterianas y neumonías; que los niños han sufrido una violencia dirigida contra ellos de un modo premeditado; que Israel ha destruido más de la mitad de los recursos sanitarios de Gaza y ha matado a casi 1.000 trabajadores sanitarios palestinos…

Aseguran que ninguno de ellos vio ni una sola vez ningún tipo de actividad militante palestina en ninguno de los hospitales u otras instalaciones sanitarias.

“No podemos olvidar las escenas de una crueldad insoportable contra mujeres y niños en las que nuestro gobierno participa directamente… No podemos comprender por qué siguen ustedes armando al país que está matando deliberadamente y en masa a estos niños”, agregan.

Instan a su gobierno a retirar inmediatamente el apoyo militar, económico y diplomático al Estado de Israel y a participar en un embargo internacional de armas a Israel y a todos los grupos armados palestinos hasta que se establezca un alto el fuego permanente en Gaza. “Cada día que seguimos suministrando armas y municiones a Israel es un día más en el que nuestras bombas aniquilan mujeres y nuestras balas asesinan niños”, concluye la carta de los sanitarios.

¿FINANCIAMOS CON NUESTRO DINERO EL GENOCIDIO?

Una docena de bancos españoles han financiado con 3.800 millones de euros a empresas que han vendido a Israel armamento utilizado en la masacre de Gaza, según un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz.

El 95,4% de esa financiación (3.600 millones de euros) ha sido realizada por los bancos Santander y BBVA, pero también han participado La Caixa Group, Bestinver, EDM Group, Ibercaja, Banco Caminos, Dux Inversores, Abaco Capital, Renta 4 Banco, GVC Gaesco y Banca March.

Esa financiación ha hecho posible que bombas guiadas, aviones F-15 y F-35, obuses autopropulsados de 155 mm. y munición de gran calibre para tanques y artillería haya sido utilizada directamente en la masacre de miles de civiles.

Cabe recordar que esos mismos bancos desahucian en España a miles de familias de escasos recursos, mientras acaparan y especulan con las viviendas vacías.

¿Estamos apoyando con nuestro dinero el genocidio? ¿Cómo garantizar que nuestros ahorros y el dinero público no se transformen en armas para oprimir y asesinar pueblos? El Centre Delàs propone como alternativa depositar nuestros ahorros en los bancos de "finanzas éticas", que rechazan la inversión en empresas productoras de armamento y promueven un modelo financiero en el que se reduzca la desigualdad y la injusticia social.

¿QUÉ PASA CON LA VIVIENDA?

Los datos dicen que en España hay 26,9 millones de viviendas y 19,2 millones de hogares. O sea, hay 7,7 millones de viviendas más que de hogares. Muchas familias, tienen una segunda vivienda, pero ¿cuántas son las que están vacías? Los datos indican también que hay 447.691 viviendas sin estrenar. Sin embargo, el Banco de España afirma que es necesario construir 600.000 más. ¿Para qué, si no hay quien las compre o no pueda pagar el alquiler?

Para acceder a una vivienda no basta con que haya suficientes en el mercado. Es necesario tener ingresos suficientes para comprarlas o pagar el alquiler. Y eso no depende de que haya más o menos viviendas en el mercado. El mercado no proporciona vivienda al que la necesita, sino al que pueda pagarla. Muchos miles de españoles no pueden acceder a una vivienda, pero el fondo de inversión Blackstone (fondo buitre) es propietario de 30.000.

Hemos perdido los papeles desde hace décadas. La vivienda ha dejado de ser un bien destinado a satisfacer una necesidad social y ha pasado a ser un bien de mercado, un activo financiero susceptible de especular con él para hacer dinero.

La creciente presencia de los fondos buitre en el mercado de viviendas las hace inasequibles para quienes más las necesitan. Actúan en ese medio la especulación inmobiliaria, el alza de precios y su desajuste con los sueldos y salarios, que reducen el poder adquisitivo de la mayoría.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo dice la Constitución (artículo 47), y queda muy bonito.

Claro que hay que aumentar la construcción de nuevas viviendas asequibles, fiscalizar la especulación inmobiliaria, establecer el suelo como bien público, fomentar el alquiler, controlar los precios o establecer que el pago para acceder a la vivienda no supere un determinado porcentaje del ingreso. Pero, sobre todo, es necesario asumir el principio de que la vivienda es un derecho de todos y todas, y que ese negocio está sobre los negocios de los inversores.

LOS BARCOS DE RESCATE, EN EL PUNTO DE MIRA

El gobierno de la Comunidad Valenciana (del Partido Popular) ha exigido al barco humanitario Aita Mari, que rescata pateras en el Mediterráneo, pagar con carácter retroactivo las tasas por haber utilizado puertos de esa Comunidad para desembarcar migrantes rescatados y para hacer tareas de reparación y mantenimiento. Ello implica 63.300 euros.

Es una manifestación más de la estrategia de los gobiernos de derecha en Europa para impedir el rescate en alta mar y obstaculizar la llegada de las personas migrantes y refugiadas. Los barcos de rescate son criminalizados y las personas responsables son denunciadas como colaboradoras con las mafias.

Los organismos de rescate oficiales, de manera especial la agencia europea Frontex, con frecuencia impiden que se lleven a cabo los salvamentos, retrasando la llegada al punto donde se encuentran las naves precarias y devolviéndolas al país de origen, lo que ha hecho que miles de buscadores de la vida hayan caído de nuevo en el infierno de malos tratos de Libia.

La mayoría de los inmigrantes que llegan de forma irregular a Europa proceden de países donde empresas europeas, aliadas con las élites políticas, militares y económicas locales y con organizaciones paramilitares, explotan los recursos naturales sin dejar ningún beneficio al país. La pobreza y la violencia obligan a la población a buscar la vida en Europa.

Según la Comisión Católica Española de Migraciones, al menos 3.997 personas murieron en 2023 en la frontera sur de Europa. Sin el rescate de los barcos humanitarios, las vidas perdidas serían muchas más. Los barcos de las ONGs de rescate que operan en el Mediterráneo se hacen imprescindibles.

TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE SEMIESCLAVITUD

Llevaba varios años con su sistema: Reclutaba personas extranjeras en situación irregular para trabajar en explotaciones agrícolas en la provincia de Valladolid. Les exigía más de 10 horas de trabajo al día, de lunes a domingo, sin descanso, obligándolos a trabajar incluso enfermos. No estaban dados de alta en la Seguridad Social. Su salario eran siete euros por hora, pero les descontaba 2,50 diarios en concepto de transporte y 200 mensuales por alojarlos “en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción”.

Según las autoridades, vivían “bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud”. También señalan que esta clase de explotación laboral es frecuente en el ámbito agrario, debido a una “situación administrativa que les imposibilita (a los “sin papeles”) acceder al mercado laboral”, y a que tienen familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos, por lo que se ven obligados a aceptar las condiciones laborales abusivas.

El empresario los embaucaba con “falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España”. De hecho, llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión de ese supuesto contrato laboral.

LOS ARGENTINOS, A LA CALLE

Argentina resiste la ofensiva fascista y neoliberal. Un millón y medio de personas salieron el 2 de octubre a la calle en todo el país (casi medio millón de ellas en Buenos Aires) para exigir el fin del ajuste en la educación pública. Hace unos días, el Parlamento aprobó una ley de financiamiento universitario, para garantizar fondos suficientes para las actividades académicas e incrementar los salarios de los catedráticos y empleados, muy golpeados por la inflación. Los fondos involucrados apenas alcanzan el 0.14% del Producto interior bruto. Muchos de los empleados en las universidades públicas perciben salarios que los sitúan por debajo de la línea de la pobreza, e incluso de la indigencia.

El presidente Milei reaccionó de inmediato anunciando que vetaría la ley. Milei ha presentado un presupuesto para 2025 cuyo principal objetivo es la “necesidad de un déficit cero”, y ha reducido el presupuesto para ciencia en un 30% y el de educación en un 40%.

Los manifestantes (comunidad educativa, sino sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, y referentes de la oposición) le piden que no aplique el veto a la ley de presupuesto. Y piden al Parlamento que, si Milei ejerce el veto, continúen defendiendo en el Congreso la ley.

También denunciaron los despidos masivos realizados por el gobierno en las dependencias del Estado y señalaron que el índice de pobreza ha crecido este año más del 10% (en el caso de los jubilados más del 13%) y que casi el 70% de niñas y niños viven en la pobreza.