LAS OTRAS NOTICIAS (366)
17 de Marzo de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
TRUMP Y SU OBSESIÓN ANTIPALESTINA
Se llama Mahmoud Khalil, y es un palestino 30 años, residente legal permanente en Estados Unidos, está casado con una ciudadana estadounidense. Fue detenido/secuestrado en su casa, en Nueva York, hace unos días, porque el año pasado participó en las protestas en la Universidad de Columbia por el genocidio de Israel en Gaza.
Muchos manifestantes han exigido su liberación. Se ha destacado la Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que tomó el hall de la “Torre Trump”, edificio emblemático propiedad del presidente. “Como judíos de conciencia, manifestaron, conocemos nuestra historia y sabemos a dónde nos lleva esto. Muchos de nosotros somos descendientes de personas que resistieron al fascismo europeo y nuestros antepasados perdieron la vida en esa lucha. Nos negamos a permitir que secuestren a nuestros vecinos en nuestro nombre”. Cerca de 100 de ellos fueron detenidos, y son acusados de allanamiento, obstrucción y resistencia a la autoridad.
Tres millones de personas han firmado una petición en Internet pidiendo la liberación de Mahmoud Khalil. Un juez bloqueó temporalmente la deportación.
El presidente Trump ha declarado que “la detención de Khalil es la primera de muchas que vendrán”.
El Departamento (ministerio) de Educación ha enviado cartas a 60 universidades, en las que se advierte que se realizarán recortes en la financiación federal si no impiden las movilizaciones pro palestinas.Ya se ha recortado 400 millones de dólares en subvenciones a la Columbia y 800 millones a la Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland.
DEPORTACIÓN DE VENEZOLANOS A EL SALVADOR
El presidente estadounidense ordenó la deportación de 238 venezolanos; y, como eran venezolanos, los deportó a El Salvador, donde tuvieron muy buena acogida por parte del Nayib Bukele, el presidente/carcelero de ese país, que ya los ha encerrado en una prisión de máxima seguridad
La deportación se ordenó pese a que un juez federal había ordenado no hacerlo.
La Administración ha señalado a los deportados como miembros de “Tren de Aragua”, una organización delincuencial nacida hace 10 años en las cárceles de Venezuela, a la que Trump declaró “organización terrorista” en enero pasado.
La deportación fue decidida en base a una Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, promulgada para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra, que permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa.
“Tren de Aragua” tiene presencia en varias ciudades de Estados Unidos desde hace varios años, aunque su peligrosidad no está confirmada. Y no hay ninguna constancia de que los deportados pertenecieran realmente a la banda. Eran, simplemente, inmigrantes irregulares, como la mayoría del aproximadamente un millón de venezolanos que en los últimos años han migrado a Estados Unidos.
¿REACCIONAN LAS SOCIEDADES A LA PREPOTENCIA?
Los milmillonarios que arroparon a Trump (los Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, etc.) han perdido 192.000 millones de euros desde su llegada a la Casa Blanca, debido a las caídas de sus empresas en las cotizaciones de bolsa. Esas pérdidas equivalen al tamaño del producto interior bruto de Alemania, Japón o India. La errática política de Trump, de manera especial las escaladas arancelarias contra China, Canadá, México y la Unión Europea han minado, al parecer, la confianza de los inversores. Los expertos financieros dicen que ahora “las mejores oportunidades de inversión están en otros lugares, fuera de Wall Street”.
Poor otro lado, el sentimiento antiamericano crece en las sociedades contra la imposición de la ley del más fuerte, y surgen iniciativas para ejercer presión económica, cultural y política ante la deriva del país más poderoso del mundo.
El 64% de los alemanes prefiere comprar productos que no procedan de Estados Unidos.
En Suecia, Noruega y Dinamarca, grupos de Facebook llaman a sabotear el consumo de Coca-Cola, Nike, Netflix, Airbnb o Google.
En el Reino Unido, más de 113.000 personas han firmado la petición para oponerse a cualquier visita oficial del presidente estadounidense al país.
En Canadá, también llaman a bloquear el consumo de productos estadounidenses y a reducir los viajes a Estados Unidos.
En varios países europeos hay campañas en marcha para bloquear la compra de vehículos Tesla, compañía propiedad de Elon Musk, el delfín de Trump.
Dejar de comer en McDonald's o KFC, no comprar vehículos Tesla o no beber whiskey Bourbon pueden ser actos simbólicos. Pero necesitamos símbolos para manifestar nuestra resistencia y oposición al avance de la ley de la selva.
EL GOBIERNO ARGENTINO, CONTRA LOS JUBILADOS
Iba a ser una manifestación más de las tantas que desde hace meses vienen realizando los jubilados y jubiladas para reclamar pensiones dignas y la cobertura de medicamentos. Esta vez iban acompañados de organizaciones barriales y sociales, sindicatos e hinchas de varios equipos de fútbol.
Todo indica que el gobierno infiltró personas violentas entre los manifestantes, que incendiaron contenedores de basura y lanzaron piedras contra los agentes de policía, para justificar las desproporcionadas cargas de éstos contra los manifestantes, utilizando balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y cañones de agua.
El balance final fue de unos 300 heridos, muchos de ellos de bala (20 hospitalizados), y más de 150 detenidos, entre ellos varios niños. El fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno, que le fracturó el cráneo; está grave en el hospital. Beatriz Bianco, de 87 años, fue derribada por la Policía; se golpeó la cabeza contra el asfalto y terminó en el hospital. También fue tirado al suelo y pateado el popular sacerdote “Padre Paco”.
Dicen que fue la mayor represión policial desde que Javier Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023. La policía se ensañó contra los abuelos y abuelas como si fueran un ejército enemigo.
La ministra de Seguridad sostuvo que la marcha de jubilados fue organizada por “agrupaciones de izquierda violentas que buscan la desestabilización de nuestro gobierno”, y dijo que el gobierno presentará contra ellas “una causa penal por sedición”.
Muchos jubilados argentinos viven en situación de pobreza, con pensiones inferiores a 270 euros mensuales.
EL AEROPUERTO COMO DORMITORIO
Cientos de personas sin hogar de la ciudad de Madrid han encontrado en la terminal 4 del aeropuerto internacional un espacio para pasar la noche. Son parte de las más de 2.414 personas que carecen de un techo en la ciudad. Muchos de ellos son migrantes que han solicitado asilo y llevan varios años “viviendo” allí. Madrugan para ir a la ciudad a trabajar o a buscar trabajo, y por las noches vuelven y se ubican en la parte más retirada del flujo de pasajeros.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la entidad gestora del aeropuerto, dice que no tiene competencia administrativa en materia de servicios sociales, y sostiene que es el Ayuntamiento de Madrid el que debe prestar asistencia social a esas personas. El Ayuntamiento, por su parte, dice que la competencia es de Aena. La disputa, por supuesto, tiene un trasfondo político. Se pasan la pelota sin ofrecer una solución a las 300 personas que siguen durmiendo en el aeropuerto (hace poco eran 500).
Hace unos días, la policía desalojó a unas 200 personas vulnerables que dormían habitualmente en el aeropuerto de Barcelona. Y en Palma de Mallorca la policía ha dado un plazo de diez días a unas 200 personas que desde hace varios años viven entre escombros, montones de basura y muros derruidos de una antigua cárcel abandonada, sin agua y sin electricidad. Les ha amenazado con sanciones entre los 601 y los 30.000 euros, porque ocupan de manera ilegítima un bien de titularidad municipal.
Mientras persistan la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible y la insuficiencia de recursos, miles de personas continuarán enfrentando el frío invierno sin un hogar donde refugiarse.
PANAMÁ CIERRA EL “TAPÓN DEL DARIÉN”
Los puestos gubernamentales en el “tapón del Darién”, que daban asistencia humanitaria a los migrantes que viajan entre América del sur y Centroamérica, en su ruta hacia Estados Unidos, han sido cerrados, por orden del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Por el “tapón” viajaban sobre todo venezolanos, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde Vietnam, Afganistán o El Congo.
El presidente panameño se ha mostrado orgulloso de que el año pasado por estas fechas habían cruzado el “tapón” 36.841 migrantes y este año 112, una disminución del 97-98%
A los migrantes que se arriesgan a utilizar el “tapón” solo les quedan ahora los escasos apoyos que pueden prestarles algunas ONGs privadas y entidades de Naciones Unidas.
LA MACROCELULOSA QUE LA GENTE NO QUIERE
El gobierno regional de Galicia (la Xunta) ha dado luz verde, con la declaración de impacto ambiental positiva, al proyecto Gama, una macrocelulosa impulsada por un consorcio entre las empresas Altri (portuguesa) y Greenalia (gallega).
El proyecto, declarado “estratégico” por el gobierno regional, pretende producir al año 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de lyocell, fibra supuestamente biodegradable.
La factoría ocupará 360 hectáreas de terreno, y estará ubicada a tan solo 1,5 kilómetros del Camino de Santiago, afectando directamente a varios municipios de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra, así como a todas las localidades en los márgenes del río Ulla y en la ría de Arousa, importante zona productora de pescado y marisco.
Consumirá 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año, y 46 millones de litros de agua al día procedente del río Ulla, una cantidad equivalente al consumo de toda la provincia de Lugo.
Quienes se oponen al proyecto resaltan los fuertes impactos en los ecosistemas terrestres, lacustres y marinos desde la planta hasta la ría de Arousa, pasando por todo el río Ulla y una extensa zona de Galicia, lo que implicará un severo agravamiento del cambio climático. La fábrica emitiría una nube de contaminación que afectaría a un radio de 40 kilómetros a la redonda.
La fábrica devolverá diariamente al río Ulla unos 30 millones de litros de residuos, a una temperatura de 27 grados centígrados, que es muy dudoso que sean depurados correctamente.
Los promotores del proyecto hablan de la creación de más de 2.000 puestos de trabajo, pero las estimaciones en el terreno ven difícil que se dé ocupación a más de 200 personas, y es muy probable que cientos de personas pierdan su trabajo en sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca o el turismo.
Organizaciones vecinales, ecologistas y de los sectores agrícola, pesquero y marisquero han venido realizando durante los últimos meses multitudinarias manifestaciones oponiéndose al proyecto, en las que han participado cientos de miles de gallegos. Han recogido más de 600.000 firmas. Dicen que la declaración de impacto ambiental probablemente ha sido obtenida mediante atajos o trucos jurídicos, por los vacíos legales.
Pese a la declaración de impacto ambiental positiva, no es seguro que el proyecto vaya a ejecutarse, ya que requiere 250 millones de euros de dinero público, y esa financiación no está asegurada.