LAS OTRAS NOTICIAS (367)
26 de Marzo de 2025
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
EL GENOCIDIO QUE NO QUIEREN PARAR
Desde que Israel decidió el 18 de marzo romper unilateralmente la tregua con Hamás y reanudó los bombardeos aéreos y terrestres, casi 800 gazatíes han muerto y más de 1.200 han resultado heridos, más del 40% de ellos menores de edad. Desde el inicio del genocidio en octubre de 2024, las cifras ascienden a 50.021 muertos y 113.274 heridos.
Israel llevaba más de tres semanas impidiendo la entrada de combustible, suministros médicos vitales y todos los demás bienes básicos, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, lo que había provocado el colapso de todos los sectores esenciales de servicios.
Cualquier intento de disfrazar estos crímenes como cuestiones de seguridad es un burdo engaño destinado a encubrir el crimen de genocidio.
“Esto es solo el comienzo”, dicen impunemente los dirigentes israelíes al referirse a la ruptura de la tregua, sabedores de que la comunidad internacional les tolerará todo. Su silencio durante 18 meses ante los atroces crímenes en Gaza equivale a un respaldo de facto a nuevas masacres y actos genocidas, que el gobierno estadounidense apoya explíticamente. El Consejo Europeo, por su parte “deplora” la ruptura del alto el fuego, pese a la evidencia de que la ocupación israelí persigue el exterminio de los palestinos de la Franja de Gaza.
España, por su parte, envió más de 60.000 “piezas de armamento” a Israel entre enero de 2024 y febrero de 2025, pese a que el derecho internacional prohíbe expresamente la exportación de armas, municiones o componentes si éstas podrían utilizarse para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad.
¿NOS TOMAN POR TONTOS?
La Comisión Europea habla del "deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa" y presenta su estrategia de preparación ante “grandes crisis y amenazas”, como crisis sanitarias o ecológicas, sabotajes a cables submarinos, ataques a infraestructuras críticas, pandemias, desastres naturales, ciberataques, accidentes nucleares, agresiones armadas...
Los conspicuos dirigentes europeos nos recomiendan a los ciudadanos tener en nuestros hogares un “kit de supervivencia” (agua, medicamentos, baterías, alimentos, artículos de higiene, herramientas…) que puedan ayudarnos a aguantar las primeras 72 horas de las supuestas emergencias, hasta que lleguen los servicios de emergencia.
No es difícil ver en esta normativa el deliberado objetivo de extender el miedo en la sociedad, de que los ciudadanos tengamos la sensación de estar en peligro, para que aceptemos y apoyemos su absolutamente irracional fiebre armamentística, éticamente injustificable.
EFECTOS DE LOS RECORTES A LAS AYUDAS GLOBALES
Millones de vidas están en peligro por los recortes de Estados Unidos a sus programas de ayuda en diversos países, ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene que decenas de millones las personas están en riesgo de no poder acceder a servicios sanitarios esenciales.
En el caso de la malaria, podrían producirse este año 15 millones adicionales de infectados y 107.000 muertes, lo que supondría perder 15 años de progresos, señala la organización. En cuanto al VIH/sida, el número de seropositivos podrían aumentar en más de 10 millones, y las muertes relacionadas con el virus podrían ascender a tres millones, el triple que el año pasado.
27 países de África están sufriendo “colapsos devastadores en sus sistemas de respuesta a la tuberculosis”, con problemas de personal y suministro de tratamientos y tests.
Asimismo, se ven gravemente afectadas por el corte de la ayuda las redes de vacunación contra enfermedades como el sarampión, la polio o la rubeola en muchos países en desarrollo.
"Pedimos a EEUU que reconsidere sus decisiones, porque su apoyo a la salud global no sólo salva vidas en el mundo en general, sino que también hace más seguros a los propios Estados Unidos", declaró el director de la OMS.
PRESIONES A ONCÓLOCOS PARA EVITAR TERAPIAS CARAS
Oncólogos españoles que trabajan en clínicas privadas son obligados a aceptar decisiones ante asesores externos, que en algunos casos les impiden prescribir a sus pacientes tratamientos de alto coste, según han denunciado los propios oncólogos.
La empresa Atrys Health-Bienzobas está contratada por varias aseguradoras para revisar los tratamientos recomendados por los médicos, y priorizan las opciones más económicas sobre las que recomiendan los médicos. En algunos casos, los “asesores” no autorizan los fármacos de alto coste, por ejemplo, Avastin, Panitumumab, Cetuximab, Ramucirumab y Pertuzumab. La empresa presiona a los oncólogos para que no prescriban tratamientos contra el cáncer con un precio elevado, que son de uso común en la sanidad pública.
Documentos aportados por los médicos evidencian que la empresa prioriza el ahorro sobre el beneficio. Las denuncias implican a compañías de salud privadas como e DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna.
La Sociedad Española de Oncología Médica se ha mostrado “preocupada” por la denuncia ha mostrado su deseo de esclarecer los hechos.
Cinco multimillonarios españoles controlan el 46% de las acciones Atrys Health: José Elías, Carmen Ybarra Careaga, la familia Domínguez de Gor, Jon Riberas, y Josep Maria Echarri.
TRUMP DESMANTELA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para iniciar el desmantelamiento del Departamento (Ministerio) de Educación.
El organismo fue creado en 1979 para garantizar las mismas oportunidades educativas para todos los niños y jóvenes, supervisando los fondos públicos educativos. Entre sus funciones están la gestión de subvenciones a la educación, los fondos de trabajo-estudio, préstamos a más de 13 millones de estudiantes, y la supervisión de la educación especial y para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Trump ha afirmado que su decisión busca devolver las competencias educativas a los estados. Sin embargo, de hecho la mayoría de las competencias ya están en los estados, que dictan los currículums escolares y aportan el 90% de la financiación educativa.
La anulación práctica del Departamento podría tener graves consecuencias. De hecho, el 10% de la financiación educativa que aporta el Departamento (es decir, el gobierno federal) es el que garantiza el acceso a la educación de la población estudiantil más vulnerable: Personas de escasos recursos o discapacitados.
HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
La Comunidad de Madrid prepara una ley de Universidades que puede significar la muerte de la universidad pública madrileña.
La Comunidad sólo garantizará el 70% del financiamiento de los gastos corrientes a las universidades públicas, por lo que éstas deben “autofinanciarse, buscar donativos y mecenas, convertirse en operador económico y concurrir en el mercado mediante fondos de inversión”.
La nueva ley reforzará los Consejos Sociales, donde ya tiene mucho peso el empresariado. Se les atribuye el poder de aprobar los presupuestos de la universidad, lo que constituye una intervención privada de la soberanía y autonomía universitaria.
En el Consejo de Titulaciones Universitarias habrá representantes de la Comunidad de Madrid, empresarios e incluso un representante de la Cámara de Comercio, que tendrán “el mismo peso que los miembros y representantes académicos a la hora de decidir el desarrollo, oferta o supresión de titulaciones”. Ello apunta, al parecer, al cierre de títulos formativos (de grado o posgrado) y clausura de líneas de investigación que no resulten rentables para el mercado.
También se garantiza la represión a los movimientos sociales universitarios: “En ningún caso podrá alegarse la autonomía universitaria para dejar de garantizar los derechos fundamentales, y se colaborará lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar la protección de los derechos de todos”.
Se trata de una ley que no oculta la intención de privatizar la universidad pública, de limitar su autonomía y la libertad de cátedra y de investigación, y de facilitar la apertura de universidades privadas sin asegurar controles de calidad.
En 1997 se inauguró la Universidad Rey Juan Carlos, la sexta y última de las públicas madrileñas. Entonces había en la región cuatro privadas; hoy hay 14.
REVOCACIÓN DEL “PAROLE HUMANITARIO”
Gobierno de Donald Trump revoca el “parole humanitario”, un mecanismo creado por el gobierno anterior que permitió a unos 530.000 inmigrantes residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos: 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses, y 117.000 venezolanos.
Deberán abandonar el país antes del 24 de abril o arriesgarse a permanecer en él de manera irregular.
Trump ha señalado que su presencia “ya no representa un beneficio público significativo” para Estados Unidos, con lo que deja claro que el único criterio que justifica la inmigración es el beneficio a Estados Unidos.
NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
Kirsty Coventry, exnadadora zimbabuense de 41 años y ganadora de siete medallas olímpicas, ha sido elegida presidenta del comité Olímpico Internacional. Es la primera mujer y la primera africana en presidir el COI.
Conventry es hija de una adinerada familia instalada décadas atrás en Zimbabue con su empresa química. El dictador Robert Mugabe la calificó como "nuestra chica de oro" y la otorgó un premio de 100.000 dólares por su éxito en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.
Mugabe fue derrocado en 2017 por un golpe de estado encabezado por Emmerson Mnangagwa, que nombró a la nadadora Ministra de Juventud, Deportes, Artes y Recreación, cargo que ha ocupado hasta ahora.
El gobierno de Mnangagwa ha sido señalado como violador de los derechos humanos y corrupto. En 2022 fue denunciado por manipular las elecciones y perseguir a disidentes. Ninguna de estas denuncias ha hecho que Coventry se planteara salir del Gobierno. Incluso ha respaldado un programa de entrenamiento de jóvenes relacionado con actos de violencia contra opositores, que incluye la utilización de la tortura contra opositores.
ARGENTINA: RITUAL DE ESPERANZA
Lo hacen todos los años el 24 de marzo, pero éste ha sido especial. Es el aniversario del golpe de Estado genocida de 1976, cuando desaparecieron 30.000 argentinos a manos del ejército y los paramilitares. Cientos de miles se han manifestado para, una vez más, pedir “Memoria, Verdad y Justicia”.
Este año han sido más, y tiene lugar en medio de una ofensiva represiva del gobierno de Javier Milei, el ultraderechista que niega el terrorismo de Estado y la dictadura, y que agravia a las víctimas.
Es una movilización que se ha convertido en un ritual popular de resistencia frente a una democracia falsa y cómplice, que hace brotar el calor de la esperanza.