LAS OTRAS NOTICIAS (333)

22 de julio de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

CONTUNDENTE RESOLUCIÓN CONTRA ISRAEL

El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), organismo de la ONU con sede en La Haya, Holanda, considera que la ocupación de los Territorios Palestinos por parte de Israel viola el derecho internacional, concretamente la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y la explotación de recursos naturales.

El organismo menciona los mecanismos utilizados por Israel para afianzar el control en esos territorios en Jerusalén Este y Cisjordania: Mantenimiento y expansión de los asentamientos, construcción de infraestructura asociada y del muro de seguridad, explotación de los recursos naturales, proclamación de Jerusalén como capital de Israel, aplicación integral de la ley interna israelí en Jerusalén Este y Cisjordania…

Israel, dice el TIJ, debe poner fin a su política de asentamientos, comenzando por el "cese inmediato" de cualquier procedimiento de expansión; proporcionar una reparación completa por los daños causados" por sus actos "ilegales", lo que incluye devolver la tierra y otras propiedades inmuebles incautadas a los palestinos desde que comenzó la ocupación en 1967; evacuar a todos los colonos de los asentamientos existentes y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel en el territorio palestino ocupado; y permitir el regreso de todos los palestinos desplazados durante la ocupación a su lugar de residencia original.

Según datos de la organización Peace Now, actualmente existen 337 asentamientos de colonos israelíes en el territorio palestino de Jerusalén Este y Cisjordania, donde viven unos 700.000 colonos judíos.

Todos sabemos que ni el gobierno israelí va a hacer caso a esta resolución ni la comunidad internacional moverá un dedo para que se lleve a la práctica. Ya nos hemos acostumbrado a que el derecho internacional solo deben cumplirlo los débiles. Para los fuertes rige la ley de la selva

VUELVE EL PRURIEMPLEO

En España existen casi 21,4 millones de cotizantes a la Seguridad Social (cifra récord) y los desocupados “solo” son 2,5 millones. Dicen que son datos buenos. Pese a esa revitalización del mercado y laboral la fortaleza de la economía, hay 591.300 personas que tienen más de un empleo para completar sus ingresos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Es el nivel más alto desde que se tienen registros.

El 90% de ellos trabajan en el sector servicios, sector donde domina la temporalidad, los bajos salarios y las largas jornadas.

El salario medio anual es de 26.948,87 euros por trabajador, pero los trabajadores no cualificados en servicios recibieron 14.665,40 euros, un 45,6% inferior al medio, y una remuneración por debajo del salario mínimo interprofesional actual (15.876 euros).

LA DESIGUALDAD QUE NOS PESA

Los contribuyentes españoles que ganan más de 600.000 euros anuales aumentaron en un año un 25%, y son ya 15.200, la cifra más alta de toda la serie histórica, según la Agencia Tributaria. Nunca en España hubo tantos ricos.

Ese grupo solo representan el 0,7% de los contribuyentes totales de España, y su crecimiento se debe a las grandes rentas percibidas por los resultados empresariales, los intereses derivados del capital y las inversiones financieras, que les han reportado mayores beneficios que nunca.

En el lado contrario, casi 13 millones de personas cobran menos de 21.000 euros al año, y 1,2 millones no ingresan nada.

HACIA LA DEBACLE CLIMÁTICA

La temperatura media de la Tierra lleva doce meses consecutivos registrando aumentos iguales o superiores a los 1,5º grados respecto a los niveles preindustriales (1850-1900), según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea.

El incremento de 1,5 grados es el primer umbral establecido por el Acuerdo de París (2015) para detener la crisis climática, como límite deseado para frenar la debacle. El acuerdo estableció como objetivo un tope máximo de 2º grados, que, de alcanzarse, multiplicaría exponencialmente los impactos del cambio climático.

LOS RICOS Y LOS IMPUESTOS

Nos dijeron que si los ricos pagaban menos impuestos invertirían más en la economía, crearían más empleos y la abundancia rebalsaría por toda la sociedad. En esa tesis se basaron los patriarcas del neoliberalismo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y compañía, allá por los años 80, para liberar a los ricos del infierno fiscal.

De esa manera, el impuesto sobre la renta de los ricos en el Reino Unido bajó del 98% al 40% en menos de una década, y la de Estados Unidos del 70% al 28%.

Desde 1980, la renta del 0,1% más rico de Estados Unidos ha crecido un 320% anual, mientras que el sueldo anual promedio de los trabajadores ha subido un 0,1%. La teoría del rebalse no funcionó.

La Comunidad de Madrid, que es la que más ha reducido sus impuestos a los más ricos en España, ha perdido un 26,1% de su recaudación teórica (6.255 millones de euros al año).

¿Que tenemos un sistema fiscal progresivo? ¡Mentira! Los trabajadores pagan en promedio el 39,5% de su salario en impuestos, y los jubilados el 30%, mientras los 143 mayores grupos empresariales de España pagan un tipo efectivo del 4,98% en el impuesto de sociedades y las 1.800 mayores fortunas tributan solo al 0,03% en el impuesto de patrimonio.

“Es justo que el que tiene mucho pague mucho en impuestos, y el que tiene poco, pague poco”. Lo decía el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.), poco sospechoso de izquierdismo. Parece que creía en la equidad y la justicia distributiva. Si levantara la cabeza…

EL HAMBRE QUE NO CESA

Casi el 30% de la población mundial se enfrenta a la inseguridad alimentaria y el 42% no puede permitirse una dieta sana, según un reciente estudio del Grupo Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (y publicado por la organización Food From Somewhere, que sostiene que el objetivo mundial del hambre cero en 2030 está más lejos que nunca.

El informe afirma que las cadenas de suministro de alimentos controladas por grandes empresas han demostrado ser especialmente vulnerables a las perturbaciones del comercio, los efectos del clima y la volatilidad de los mercados, y con ello han socavado los medios de subsistencia de los pequeños productores.

Precisa el informe que los sistemas alimentarios locales son vitales para alimentar a un planeta cada vez más hambriento, y que es hora de que los gobiernos “actúen con decisión y utilicen la contratación pública para reforzar a los pequeños productores sostenibles, dotar a los mercados alimentarios locales y regionales de la infraestructura que necesitan y protegerlos del dominio empresarial”.

ARMAS “DESAPARECIDAS” EN UCRANIA

Más de 300.000 armas de fuego se han esfumado en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según datos de la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime, aunque otras estimaciones elevan las armas desaparecidas a más de 593.000.

Se trata fundamentalmente de armas cortas y ligeras que han desaparecido en primera línea del frente de batalla o que han sido robadas de los arsenales, pero también sistemas antiaéreos portátiles y drones de guerra, que pueden acabar en manos de los grupos del crimen organizado.

También han desaparecido muchas de las armas rusas recuperadas en el campo de batalla por los soldados ucranianos.

Tras la guerra de los Balcanes en los años 90, proliferaron las armas en el mercado negro; incluso todavía hoy las mafias se nutren de aquellas armas; de hecho, la región sigue siendo una de las principales fuentes de suministro de armas ilegales de toda Europa.

El fundado temor de los expertos es que Ucrania siga estos pasos y acabe convirtiéndose en una nueva gran fuente del tráfico de armas, con el agravante de que en Ucrania hay muchas más armas de las que hubo en los Balcanes.

NUESTROS SUPERMERCADOS Y LA AMAZONÍA

Los supermercados Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl, El Corte Inglés, Grupo Día y Aldi son responsables de la deforestación de la Amazonía y de la sabana tropical del Cerrado brasileño, dos regiones con una enorme biodiversidad y con unas vitales contribuciones al precario equilibrio climático planetario, de acuerdo a un estudio de la ONG ambientalista Mighty Earth.

Las citadas empresas se niegan a tomar medidas para evitar que la soja utilizada en los productos cárnicos provenga de esa región. La misma falta de compromiso muestran los grandes productores cárnicos: ElPozo, Costa Food, Grupo Fuertes, Campofrío o Valls.

En 2023, según el informe, España importó desde Brasil cuatro millones de toneladas de soja destinados principalmente a piensos para ganado. Esta soja está vinculada a la deforestación.

El sector alimentario español “no presta suficiente atención” a las consecuencias ambientales de la importación de soja producto de la deforestación, dice Mighty Earth.

LA POBREZA EN LA UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea hay 94,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (el 21% de su población), según Eurostat, la Oficina Europea de Estadística.

Los países que tienen el mayor porcentaje son Rumanía (32%), Bulgaria (30%), España (27%) y Grecia (26%).

Se considera en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que vive con bajos ingresos, que sufre privación material severa o que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja.

Los elementos que conforman la privación material y social severa son no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, no poder tener vacaciones al menos una semana al año, no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos o tener retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda.

¡HAY QUE PONERSE LAS PILAS CON LAS PILAS…!

En España se ponen cada año en el mercado 15.500 toneladas de pilas cilíndricas y de botón (unos 725 millones de unidades), pero solo se recogen y se reciclan la mitad, mientras el resto acaba en canales inapropiados contribuyendo a la contaminación ambiental, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las utilizamos en los mandos a distancia, relojes de pared y de pulsera, despertadores, radios, básculas de peso corporal, juguetes, audífonos, linternas, ratones y teclados inalámbricos, detectores de humo, calculadoras…

Las pilas contienen más de siete elementos tóxicos y un 30% de su composición corresponde a sustancias químicas peligrosas. Además, una pila tarda entre unos 500 y 1.000 años en degradarse. Dicen que sólo una pila de botón puede contaminar dos millones de litros de agua, y una pila alcalina 167.000 litros.

Las pilas usadas pueden depositarse en los puntos de venta de pilas, los puntos limpios de ayuntamientos y comunidades autónomas, los contenedores en la vía pública o en diferentes establecimientos.

En el reciclaje, algunas pilas encuentran una segunda vida, al extraer de ellas una “masa negra” compuesta por manganeso, zinc y carbón que se destina a la fabricación de fertilizantes.

LAS OTRAS NOTICIAS (332)

16 de julio de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

¿Y LOS OTROS REHENES, LOS GAZATÍES?

Unos 9.300 gazatíes encarcelados en Israel, entre ellos unos 250 niños y niñas (algunos con solo 12 años), sufren habitualmente torturas, malos tratos y hambruna, de acuerdo a testimonios recogidos por Amnistía Internacional, The New York Times y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel.

Israel ha arrestado o secuestrado a no menos de 8.800 palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén desde que se inició el genocidio en octubre de 2023. “Lanzar piedras" contra tanques o soldados, o "manifestarse" contra la ocupación israelí son las razones más comunes por las que los menores palestinos son detenidos por Israel. Más de la mitad de ellos son sometidos a régimen de aislamiento durante un periodo que oscila entre uno y 48 días, aenún denuncia de Save the Children.

Ya en febrero de 2024, un informe de expertos de la ONU concluyó que algunos prisioneros palestinos habían sido objeto de abusos sexuales y que algunas mujeres habían sido violadas en cárceles israelíes.

Las recientes denuncias, basadas en entrevistas con ex detenidos y oficiales militares, médicos y soldados israelíes, mencionan los centros de detención israelí en Sde Teiman, Petah Tikva, Jalameh, Ashkelon y Ofer, en los que frecuentemente mueren prisioneros en circunstancias sospechosas y donde los detenidos son sometidos a prácticas medievales como ser atados a las camas con los ojos vendados, obligados a usar pañales, sufrir procedimientos médicos sin anestesia, soportar el acoso con perros, recibir palizas regularmente, dormir en el suelo…

Entre los 9.300 palestinos recluidos tras las rejas, hay 78 mujeres, 250 niños y más de 3.400 detenidos sin cargos ni juicios, bajo el sistema legal militar de “detención administrativa” (sin motivos de detención ni acusación formal).

EL PROTOCOLO HANIBAL

La “Directiva Hanibal”, del ejército de Israel, estipula que se debe emplear toda la fuerza necesaria para impedir que cualquier enemigo capture a sus ciudadanos, y especialmente a sus militares, aunque ello suponga su muerte.

Esa directiva fue activada el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás irrumpieron en territorio Israel. Documentos y testimonios de soldados, oficiales de rango intermedio y altos mandos israelíes obtenidos por Haaretz, el periódico independiente más importante de Israel, revelan que la orden operativa Haníbal se aplicó al menos en tres instalaciones militares donde se había infiltrado Hamás.

Cuando los militantes de Hamás regresaban en vehículos a territorio de Gaza con los rehenes, una orden militar israelí ordenaba que “absolutamente ningún vehículo puede volver a Gaza”, lo que implicaba que eran objetos militares, sin tomar en cuenta si llevaban rehenes israelíes o no.

En la vivienda de Pessi Cohen, por ejemplo, situada en el kibutz Be'eri, había catorce rehenes retenidos cuando fue atacada por el ejército israelí. Trece de ellos murieron por fuego israelí.

EL MAESTRO LES PROMETIÓ EL MAR

Aterrizó en un pueblo burgalés (Bañuelos de Bureba) en 1934. El maestro Antoni Benaiges Nogués implantó un método innovador de enseñanza, muy participativo y partiendo de lo local y sus valores. Construyó con sus alumnos, de 8 a 13 años, una pequeña imprenta en la que editaban los cuadernillos que ellos mismos elaboraban con los temas que trataban. En uno de esos cuadernillos los chicos explicaban cómo creían que era ese mar que no habían visto nunca. Benaiges les prometió que los llevaría a conocer el mar. No pudo cumplir su promesa: Fue fusilado en 1936, tras el golpe militar, por un grupo de milicianos falangistas.

La historia de Antoni Benaiges resume la dura represión que sufrieron los maestros y maestras de la República en aquellos tiempos. Su historia ganó notoriedad en 2020 con la publicación del libro “Aquel mar que nunca vimos”, del escritor burgalés Juan Antonio Abella, y en 2023 por la película “El maestro que prometió el mar”, de la cineasta Patricia Font.

La promesa de Benaiges se ha cumplido en julio de 2024, 88 años después. Un grupo de 28 niños y niñas de entre 8 y 13 años, conocieron el mar, de la mano de la Asociación Escuela Benaiges, que trabaja para mantener el espíritu de la escuela de Bañuelos de Bureba y el legado del maestro. 18 de los niños/as viven en la Cañada Real, en la periferia de Madrid, donde más de 2.000 menores llevan años sin luz ni agua; y 10 viven en La Cartuja, una barriada del Norte de Granada, donde los cortes de electricidad son continuos.

Los niños conocieron Bañuelos de Bureba y disfrutaron de la playa en Mont Roig, el pueblo natal de Benaiges, donde conocieron a algunos de sus familiares.

El emotivo viaje fue posible por el empeño de la Asociación Escuela Benaiges y la colaboración de diversas entidades y ayuntamientos.

Una de las primeras actividades fue ver la película “El maestro que prometió el mar” en la propia Escuela Benaiges, donde los pequeños se preguntaban “¿Por qué? ¿Por qué mataron a ese maestro que no había hecho nada malo?”

Sí. A veces, las cosas más pequeñas son las más grandes.

DE LA GUERRA SUCIA CONTRA PODEMOS

Fue una implacable guerra sucia contra el partido político Podemos, que irrumpió con fuerza en las generales de diciembre de 2015, por parte de la “brigada política” de la policía, durante el gobierno presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular, entre 2015 y 2016. Ahora, la Policía Nacional ha remitido al juez de la Audiencia Nacional documentación sobre las investigaciones que los agentes hicieron ilegalmente a 55 diputados y altos cargos de Podemos.

Los agentes investigaron en bases de datos policiales posibles antecedentes policiales, lugares dónde se hospedaban, o detalles de los vuelos que tomaban Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero, Pablo Bustinduy, Yolanda Díaz, Ione Belarra y otros dirigentes, para encontrar datos incriminatorios o cualquier información negativa que pudiera ser utilizada como arma política contra ellos.

La “brigada política” de la Policía fue impulsada por la cúpula del Ministerio del Interior, que ordenaba hacer las investigaciones a los servicios centrales de la Policía, a los policías destinados dentro del Congreso o, incluso, a policías municipales.

En esa guerra colaboraron importantes medios de comunicación, la judicatura y élites militares, según investigaciones judiciales posteriores.

Los afectados han calificado los hechos como una "cacería política, policial y judicial" por parte del entonces gobierno del PP para "hacer daño" a su partido e "impedir un cambio de Gobierno". Ello, dicen, muestra el carácter "corrupto y mafioso" del Partido Popular, al poner "todo el aparato del Estado" contra adversarios políticos.

La lógica invita a pensar que los responsables de un espionaje ilegal, sin aval judicial, deberían acabar en la cárcel, pero…

¿ALQUILAR VIVIENDA?

El precio medio del alquiler de vivienda en España está entre los 900 y 1.000 euros mensuales, y en el 50% de los casos se requiere más de un sueldo para hacer frente a ese gasto, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.

UNIÓN EUROPEA: RECURSOS CONTRA LOS MIGRANTES

El Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (BMVI) es un mecanismo de la Unión Europea para canalizar 6.200 millones de euros entre 2021 y 2027 destinados a endurecer su control de fronteras contra la entrada de personas migrantes. La tercera parte de los fondos está destinada a la aplicación de nuevas tecnologías como sistemas informáticos a gran escala, localización remota, sistemas de detección térmica, visión nocturna o sistemas de inteligencia artificial. Otro tercio se dedica a desarrollar bancos de datos y sistemas de información, y el resto de la financiación es empleada en capacitación del personal, o cuestiones de estrategia interna. 

Así lo revela una investigación conjunta entre el European Council on Refugees and Exiles y la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).

Las vallas físicas han proliferado en las fronteras exteriores de los Estados miembros y dentro de los países UE multiplicándose por más de seis entre 2014 y 2022. Pero además se han vuelto cada vez más sofisticadas, combinando estructuras físicas y tecnologías de vanguardia para controlar e impedir los movimientos de personas en las fronteras, además de usar perros para acosar a los migrantes, que “ha dado lugar a un aumento de la violencia y de las violaciones de los derechos fundamentales.”

A esos recursos conta la inmigración hay que agregar toda la financiación recibida a través del Pacto sobre Migración y Asilo y las agencias destinadas a la persecución y expulsión de migrantes, como Frontex, que dispone de un presupuesto de 40.000 millones de euros para el período 2023-2027.

La Unión Europea, abunda el informe, expulsó en 2023 a 91.455 y dejó morir en aguas del mediterráneo a 11 personas por día en ese año.

LAS PENURIAS DE LA ASISTENCIA PRIMARIA EN SALUD

Es de sobra sabido: La Atención Primaria en salud en España está infrafinanciada, por lo que escasea el personal sanitario, no se cubren plazas, se cierran servicios y se dilatan las esperas.

El Ministerio de Sanidad acaba de aprobar 172 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para ser invertidos en la Atención Primaria (85 millones para la formación de profesionales y 87 a infraestructuras y equipamiento), que no va a suponer un incremento de los profesionales, principal problema de la Atención Primaria.

Sería necesario invertir 6.000 millones para llegar al 25% de la inversión en atención primaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Según datos del Ministerio de Salud, la inversión en España es del 14%.

La Atención Primaria en España resuelve el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos.

EL VERGONZOSO CONFLICTO POR LOS NIÑOS INMIGRANTES

El solo hecho de tener que hablar -o escribir- sobre ello, nos sonroja. En las Islas Canarias hay unos 5.600 inmigrantes menores de edad no acompañados, viviendo en condiciones que, en términos eufemísticos, no cumplen los estándares básicos del trato a menores.

Con frecuencia viven hacinados en lugares que se parecen más a centros de castigo que a centros de acogida. No es raro que sufran malos tratos e incluso agresiones por parte de sus guardianes, pocos y poco preparados para tratar con menores, que, debido a ello, suelen verse afectados por estados anímicos de ansiedad, frustración y angustia, según informes de las Naciones Unidas.

Las autoridades de Canarias pidieron la solidaridad de otras regiones españolas para “repartírselos”. El gobierno central y las Comunidades Autónomas acordaron acoger a ¡347 menores! y ello provocó una tormenta política entre la derecha y la ultraderecha españolas (Partido Popular y partido Vox).  Esta última, enrocada en un desfachatado discurso de odio hacia las personas pobres de otras culturas u otro color de piel, defiende que no deben entrar en el país los inmigrantes (los pobres, claro), a quienes responsabiliza de la delincuencia y acusa de recibir ayudas excesivas del Estado. Y rompió sus pactos de gobierno con la derecha en las regiones en que cogobiernan, en medio de vergonzosos discursos xenófobos. En esas regiones han derogado las leyes de memoria histórica, han recortado los presupuestos de los servicios sociales, han retirado libros de texto que hablan de sexualidad y han revocado las normas que protegían a las personas con orientación sexual diferente.

El gobierno se propone reformar la Ley de Extranjería para que el reparto de menores inmigrantes sea automático y obligatorio cuando se supere el 150% la capacidad de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla.

 LAS OTRAS NOTICIAS (331)

9 de julio de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

GAZA… Y AHORA, LÍBANO

Nueve meses de genocidio. Las calles de Israel se llenan de gente que pide la dimisión del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y cortan carreteras para exigir un acuerdo para la liberación de los 116 rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás en Gaza, aunque probablemente casi la mitad de ellos ya hayan muerto.

Pero el genocidio sigue y sigue, sin que Israel haya cumplido sus dos principales objetivos declarados: la liberación de los rehenes israelíes y la destrucción de Hamás. Ya van 38.114 muertos gazatíes (el 70% mujeres y niños) y 87.700 heridos, además de unos 12.000 sepultados bajo los escombros. Save The Children cifra en 21.000 los niños desaparecidos, “bien perdidos, desaparecidos, enterrados entre los escombros o en fosas comunes”.

Según la ONU, 1,7 millones de gazatíes, sobre un total de 2,2 millones, han sido obligados a desplazarse en los últimos nueve meses. Han pasado de sus casas (el 79% destruidas) a las tiendas de campaña, en las que no saben cuánto tiempo estarán.

En Cisjordania suman ya más de 550 los asesinados por el ejército y los colonos israelíes, entre ellos 133 niños. Recientemente, además, Israel se ha apropiado de 12,7 kilómetros cuadrados en ese territorio, dentro de sus planes de colonización, con lo que suman 23,7 kilómetros cuadrados (2.370 hectáreas) los usurpados en 2024.

La relatora especial de la ONU ha puntualizado que "los Estados que suministran armas son cómplices de este genocidio".

Mientras tanto, Israel parece prepararse para el ataque al Líbano cuando termine la masacre en Gaza. De hecho, la frontera entre Israel y Líbano se ha convertido en el escenario de un intercambio diario de ataques entre el ejército israelí y la milicia proiraní Hezbolá (aliada de Hamás), con artillería, cohetes, aviación y drones, en una peligrosa, mortal y creciente rutina que podría conducir a una guerra mucho más destructiva, que salpicaría a Siria e Irán.

Hezbolá es un ejército con miles de hombres con experiencia de combate, y está respaldado financiera y materialmente por Irán

En el lado libanés ya han muerto al menos 500 personas, y decenas de miles de israelíes han sido ya evacuados del norte de del país, fronterizo con Líbano.

Han criado un cuervo que quién sabe cuántos ojos sacará.

¿VÍA HUMANITARIA O ESTRATEGIA POLÍTICO-MILITAR

A mediados de mayo de 2024, Estados Unidos puso en funcionamiento un muelle flotante temporal que se adentra 550 metros en el mar frente a la costa de Gaza, supuestamente como parte de la respuesta internacional para asegurar mayores flujos de ayuda humanitaria y asistencia a Gaza, en medio del genocidio israelí y de la hambruna generalizada.

La Unión Europea y varios países acogieron con satisfacción el proyecto. A través de él operarían las agencias estadounidenses, quedando excluida la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas de Palestina (UNRWA), vetada por Israel. Cuando el muelle, presupuestado inicialmente en 230 millones de dólares, alcanzara su plena capacidad, podría permitir el transporte diario de entre 90 y 150 camiones de ayuda. Sin embargo, hasta hoy solo han llegado por ese muelle unos 250 camiones. Las necesidades del territorio requieren la entrada de al menos 500 camiones de ayuda diarios.

Cada día cobra más fuerza la percepción de que el muelle flotante es parte de una estrategia político-militar de Estados Unidos e Israel. Forma parte de las previsiones a largo plazo que Israel tiene sobre su presencia y reordenación territorial de Gaza. La exclusión de la UNRWA y su expulsión del territorio es una vieja aspiración israelí, porque la UNRWA no solo reparte ayuda, sino que analiza y denuncia. Por eso van ya 193 de sus trabajadores muertos desde que inició el genocidio.

Por otra parte, el muelle encaja en los objetivos políticos y militares estadounidenses en la región y podría marcar el inicio de una presencia militar propia y continuada en el Mediterráneo oriental. Con dicha presencia, EEUU reforzaría su control sobre los pasos marítimos en el Mar Rojo y dispondría de una nueva línea logística y de suministro militar permanente para su base militar en el desierto del Néguev, al sur de Israel.

INMUNIDAD PARA DONALD TRUMP

Intentó revertir con malas artes el resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, que le era adverso. Incluso instigó el asalto al Capitolio en enero de 2021. Se llama Donald Trump y es nuevamente candidato a las elecciones de su país, de noviembre de este año.

Tiene varias causas pendientes con la justicia, por esos y otros delitos. Hace unas semanas, un jurado de Nueva York le declaró culpable por 34 cargos de “falsificación de registros comerciales”, para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un encuentro sexual en 2006. Trump falsificó 11 cheques, 11 facturas y 12 comprobantes de pago. El juez debe dar a conocer la condena el 11 de julio. Cada delito tiene una pena que va desde los 5.000 dólares de multa hasta cuatro años de cárcel. Probablemente el juez encontrará atenuantes para imponerle una pena menor.

Trump también tiene pendientes procesos penales por retener documentos clasificados (secretos) luego de dejar la Presidencia, pero la sentencia no saldrá antes de las elecciones de noviembre.

Pese a su culpabilidad y a la condena que le sobrevenga, Trump podrá continuar su campaña presidencial e incluso asumir la Presidencia de Estados Unidos, aunque al sentido común se le hace raro que un condenado en firme pueda asumir un cargo así.

Pero, por si acaso, el Tribunal Supremo de su país se ha echado un capote y le ha otorgado una amplia inmunidad.

Tres juezas del Supremo han emitido un voto particular en el que indican que el fallo convierte al expresidente en un “rey por encima de la ley” y que, en adelante, “un presidente puede ser declarado inmune incluso por el asesinato de rivales políticos, la aceptación de sobornos y hasta por dar un golpe de Estado”.

A Trump le faltó tiempo para solicitar la excarcelación de todos los asaltantes del Capitolio, a los que calificó de “rehenes”, y la suspensión de todos los procedimientos en curso por el asalto al Capitolio. Actualmente hay 250 imputados por ese motivo. 27 cumplen ya penas de cárcel.

Ah… ¡La justicia es ciega! (cuando los jueces quieren).

ABSUELTO ACOSADOR DE IGLESIAS Y MONTERO

Él era vicepresidente del gobierno; y ella, ministra de Igualdad. Pablo Iglesias e Irene Montero eran dirigentes del partido izquierdista Podemos. En 2020, durante siete meses, sufrieron diariamente "angustia" y "estrés" por el acoso de parte de grupos de ultraderechistas, que día y noche los insultaban, amenazaban y rodeaban su vivienda, donde también vivían sus niños de corta edad.

Era parte de una campaña de acoso y derribo contra ellos por parte de la derecha y la ultraderecha, que ha normalizado la difamación, las falsas noticias y un amplio repertorio de odio como arma política.

Uno de los acosadores, Miguel Ángel Frontera, que iba diariamente a las puertas de la vivienda a propinar insultos a la pareja de políticos, fue denunciado por ésta a los tribunales. Fue juzgado por delito continuado injurias graves y acoso a la pareja Iglesias Montero y por delitos de descubrimiento de secretos, coacciones y contra las instituciones del Estado. La Fiscalía pedía para él tres años de prisión.

Pero una jueza de Madrid le ha absuelto de todos los delitos. Admite que "un ruido constante con megafonía es altamente molesto y no está justificado de forma alguna" y "altera la vida familiar y personal de cualquier persona". Para justificar la sentencia dice que el acoso era “de naturaleza política” y que el acusado no fue el “instigador” de las protestas. Y ya.

Irene Montero, hoy diputada en el Parlamento Europeo, ha declarado que “en este país existe una impunidad insoportable de la violencia fascista".

Irene y Pablo creían en la justicia…

¿QUE POR QUÉ VIENEN?

Es una de las más recientes tragedias en el mar. Al menos 89 personas murieron y 72 desaparecieron, en su mayoría senegaleses y gambianos, al naufragar su cayuco frente a la costa de Mauritania, cuando se dirigían hacia las Islas Canarias (España), donde en lo que va de año han llegado más de 19.000 migrantes.

Muchos de ellos proceden de la región subsahariana (Sudán, Chad, Etiopía, Burkina Faso, Sudán del Sur, Costa de Marfil, Gana…), donde son víctimas de torturas, secuestros, asesinatos y violaciones, en el marco de los conflictos que asolan a esos países, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de las Migraciones.

No pocos preferirían quedarse en países cercanos al suyo, pero falta financiación internacional para ayudar a esos países a acoger refugiados. Por eso, asumen el riesgo de seguir en inciertas y peligrosas rutas hacia Europa.

Los que llegan a España, son señalados por las fuerzas fascistas de ser un peso para España, de recibir más ayudas sociales que otros grupos, de monopolizar la salud pública… Sin embargo, pese a que el 13.3% de la población española es nacida fuera de España, sólo el 11% de las consultas corresponde a ese sector, de acuerdo al Foro para la Integración Social de los Migrantes. El informe sobre rentas mínimas de inserción revela que, de los 305.340 beneficiarios, solo el 26,1% tiene nacionalidad extranjera. Además, los migrantes no representan una competencia para los trabajadores locales, sino que complementan el mercado laboral, situándose en las ocupaciones menos remuneradas. 

Recientemente, la extrema derecha (partido Vox) ha presentado en el Congreso una proposición que pide expulsar a todos los inmigrantes ilegales.

El gobierno y la oposición política siguen enzarzados en España sobre cómo “repartirse” en las Comunidades Autónomas los miles de menores migrantes que llegan a las Islas Canarias.

PERÚ: AMNISTIAR A LOS ASESINOS

El Parlamento de Perú, dominado por las fuerzas de derecha y extrema derecha, ha aprobado una ley de amnistía, de dudosa constitucionalidad, hecha a medida para beneficiar al exdictador Alberto Fujimori y varios militares con delitos de lesa humanidad.

La nueva ley fue aprobada a propuesta de los congresistas “fujimoristas”, alguno de los cuales representa a militares enjuiciados por desaparición forzada y asesinatos cometidos en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

La ley considera prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Unos 600 expedientes, que involucran a 550 víctimas directas, podrían ser archivados.

La nueva ley es un explícito desacato del gobierno y parlamento peruanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se había manifestado en contra. Varios organismos de la ONU también advirtieron que la ley "contraviene las normas internacionales y corre el riesgo de aniquilar los progresos realizados para combatir la impunidad de las desapariciones forzadas y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas".

¡UN MINISTRO ESPAÑOL HABLANDO EN JAPONÉS!

Carlos Cuerpo, ministro español de Economía, Comercio y Empresa, sorprendió a los más de 400 representantes de compañías presentes en el Foro Empresarial España-Japón al pronunciar en japonés parte de su discurso de inauguración del evento.

El Foro tiene como objetivo establecer contactos entre empresas españolas y japonesas en sectores clave como la energía, automoción y tecnologías alimentarias, entre otros.

Los españoles no estamos acostumbrados a oír a nuestros presidentes o ministros hablar en una lengua que no sea el castellano…

LAS OTRAS NOTICIAS (330)

1 de julio de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

EMPRESAS ESPAÑOLAS CON LAS MANOS MANCHADAS

Empresas radicadas en España hacen negocio con el genocidio y la ocupación israelíes. Varias de ellas están relacionadas con la construcción y obras ferroviarias, como Obras Subterráneas, SEMI, CAF, Comsa y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. También INECO, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes…

De acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, entidades bancarias españolas como CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Bankinter, Kutxabank, Banca March o Banco Sabadell tienen un papel decisivo en el financiamiento de esas empresas.

También destaca la presencia de aseguradoras como Catalana Occidente, Compañía Española de Seguro de Crédito en la Exportación, y Grupo Mapfre.

Estas empresas se amparan en una pretendida “neutralidad” para seguir haciendo negocio. Pero, ¿pueden considerarse neutrales negocios que apoyan de hecho la usurpación de territorios y la ilegalidad internacional?

“Cualquier empresa que opere en territorios ocupados militarmente por Israel, lucrándose con sus actividades, está participando y contribuyendo a la violación de derechos humanos”, sostiene Amnistía Internacional, que anima a los ciudadanos a informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras y a retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los derechos humanos.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y LOS MÉDICOS

Sabido es que las empresas farmacéuticas reparten dinero a profesionales sanitarios por distintas vías, con la intención de introducir sus medicamentos en los sistemas de salud.

Las 18 principales farmacéuticas que operan en España (Janssen, GSK, Pfizer, AstraZeneca y compañía) repartieron 103 millones de euros en 2022 (último año del que se tienen datos definitivos) entre más de 90.000 profesionales sanitarios. Lo afirma un estudio de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, en base a tatos de Farmaindustria (Asociación Empresarial de la Industria Farmacéutica).

Los pagos se dirigen principalmente a los profesionales sanitarios “líderes de opinión”; es decir, médicos “referentes”, con influencia, prestigio y credibilidad, que expanden los mensajes entre sus compañeros. 2.789 de ellos recibieron ese año pagos superiores a 5.000 euros, pero 856 médicos recibieron más de 15.000; otros 51.212 recibieron entre 5.000 y 500 euros.

Los profesionales sanitarios recibieron este dinero en concepto de actividades formativas, reuniones científico-profesionales, asistencia a congresos o prestación de servicios “en función del interés terapéutico estratégico de la multinacional y el valor que tenga ese profesional para su interés terapéutico estratégico”-

Llaman a ese mecanismo “transferencias de valor”, aunque otros prefieren hablar de deshonestidad, conflicto de intereses o directamente corrupción. Algunos estudios afirman que los médicos que reciben dinero en relación a un medicamento lo prescriben más que los otros de los que no reciben pago.

Los llamados “líderes de opinión” reclutados por las farmacéuticas trabajan en los grandes hospitales públicos (Clínic, Vall de Hebrón, Ramón y Cajal, Doce de Octubre, La Paz y Gregorio Marañón) frecuentemente como jefes de servicio, y lo hacen sobre todo en las especialidades de oncología, hematología, dermatología y reumatología.

EL DESPRESTIGIO DE LOS JUECES

Hace años que la política en España está judicializada. Partidos y organizaciones políticas han inundado los Tribunales con denuncias a sus adversarios para obtener ventajas políticas. Se ha constituido en un camino para medrar políticamente, a veces con argumentos, otras con falsedades. En no pocos casos los propios jueces se han prestado a esa perversa estrategia, asumiendo como pruebas lo que no son más que bulos y dejando de investigar y juzgar hechos fehacientemente probados.

Ello ha llevado a que los ciudadanos pensemos que los caminos de la política y la justicia se entrelazan en demasiadas ocasiones.

Un 66% de los españoles piensa que existe instrumentalización de la justicia (es decir, que los partidos utilizan la justicia como un medio para conseguir un fin político o electoral), y el 62% que se dan casos de judicialización de la política (que se llevan a los tribunales asuntos políticos que deberían resolverse por vías no judiciales). Un 60% tiene poca o ninguna confianza en los jueces y un 44% piensa que hay casos de persecución judicial. Son datos de una encuesta realizada por Simple Lógica, una empresa que se dedica a la investigación social y estudios de opinión.

Los votantes de la derecha y la extrema derecha son quienes más confían en los jueces.

KENIA: LOS IMPUESTOS Y LA MUERTE

El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de subida de impuestos, que abarcaba desde el pan y el aceite a la propiedad de automóviles y productos digitales (móviles, cámaras…) y las transacciones financieras, que provocaría el encarecimiento de artículos esenciales.

El proyecto de ley pretendía recaudar 2.700 millones de dólares adicionales, para reducir el déficit presupuestario y aligerar la pesada carga de la deuda, en la que solo los pagos de intereses consumen el 37% de los ingresos anuales.

Kenia, situada en el este de África, tiene una superficie de 580.370 kilómetros cuadrados y 53 millones de habitantes. Ocupa el puesto152 en el índice de desarrollo humano (donde aparecen 195 países). 17 millones de kenianos viven en la pobreza.

La gente llevó su protesta a todo el país, de manera especial a la capital Nairobi, en un movimiento protagonizado por los jóvenes. El presidente del país William Ruto dijo que no toleraría "la violencia y la anarquía". Las manifestaciones alcanzaron su culmen el 25 de junio, cuando cientos de manifestantes irrumpieron en la sede del Legislativo poco después de que los parlamentarios aprobaran el proyecto de ley, causando destrozos y prendiendo fuego a algunas partes del complejo.

Los agentes antidisturbios dispararan contra la multitud, pero se vieron desbordados por ella y el presidente ordenó desplegarse al ejército, “para frustrar cualquier intento de criminales peligrosos de socavar la seguridad y la estabilidad" del país. El saldo fueron 23 muertos, más de 300 heridos, 214 detenidos y al menos 22 "secuestros" de activistas a manos de agentes uniformados y no uniformados.

El presidente Ruto dio marcha atrás y no ratificará la ley, habida cuenta del "descontento generalizado" que había producido. ¿No podría haberse modificado el orden de los factores?

SALUD: OTRO REGALO A LA PRIVADA

El Ministerio de la Defensa ha alquilado por 75 años el madrileño hospital militar de Chamberí (24.000 metros cuadrados), inactivo desde 2021, a la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del grupo privado Quirón Salud, que pagará un total de 180 millones de euros.

Organizaciones ciudadanas relacionadas con la Sanidad (Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública y otras) han llevado el concurso de adjudicación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, argumentando que hay “indicios claros” de que no se cumplieron los requisitos legales para llevar a cabo un concurso de licitación.

Se preguntan por qué se ha decidido ceder la infraestructura a una entidad privada y no a una entidad pública. Señalan que el precio de alquiler es tres veces por debajo del precio medio de mercado en la zona y que en el contrato no se especifica qué servicios se dispensarán desde esas instalaciones. Se preguntan si no hubiera sido más razonable mantenerlo como parte de la infraestructura del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid, que presenta serias deficiencias.

No ha sido posible determinar a quién pertenecían los terrenos donde fue construido el hospital en 1950.

SANDINISMO: ¡QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE!

La espiral autoritaria de Daniel Ortega no parece tener límite, hasta hacer del Sandinismo una ridícula caricatura de dictadura.

Su más reciente hazaña ha sido ordenar prisión domiciliaria para su hermano Humberto, exministro de Defensa y hombre fuerte de la Revolución.

Humberto Ortega vive jubilado desde hace 30 años. Es empresario y se dice partidario de un "centrismo humanista" (!). Pero hace unos días, en unas declaraciones a la prensa, se mostró contrario a una eventual sucesión de Daniel Ortega por su espora Rosario Murillo o uno de sus hijos. "Cuando hay, declaró Humberto, un poder de tipo autoritario, dictatorial, como el actual, que depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, ante la ausencia de éste, es muy difícil que haya una continuidad del grupo de poder inmediato". Agregó que, en su opinión, el ejército sería el garante de controlar la situación y pilotar un proceso electoral.

Horas después de hacerse públicas sus declaraciones, la policía irrumpió en su casa y le requisó móviles y ordenadores. Más tarde se le decretaría prisión domiciliaria. Su hermano Daniel le ha calificado de "traidor" y "vendepatrias".

Humberto, de 77 años, que hace tres semanas sufrió un infarto, vive horas de incertidumbre entre el hospital y la prisión domiciliaria.

Es el enésimo capítulo de acciones autoritarias. En 2021, Daniel Ortega vetó a varios precandidatos presidenciales y encarceló a destacados e históricos dirigentes de la otrora Revolución Sandinista.

La prisión domiciliaria de Humberto es un aviso más para navegantes. Por si no estaba claro, cualquier voz disidente será acallada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (que tiene mucho mando en plaza), que ya van por su cuarto mandato presidencial consecutivo.

Qué lejos quedó aquel Sandinismo de 1979, que derrochó entusiasmo y sangre para derrocar al tirano Anastasio Somoza y que tantas esperanzas suscitó en América Latina…

LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO SACA DE LA POBREZA

La subida del salario mínimo interprofesional en España en los últimos ocho años ha sacado de la pobreza a cerca de un millón de trabajadores, según en Fondo Monetario Internacional.

El salario, que en 2016 era de 555,2 euros mensuales, es ahora de 1.134 euros.

CONDENADO EXPRESIDENTE DE HONDURAS

Juan Orlando Hernández fue entre 2014 y 2022 fue presidente de Honduras, y se declaraba fiel aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, mientras desplegaba la policía y el ejército para proteger y garantizar la circulación de la droga.

Todo el mundo lo sabía, pero solo cuando dejó la Presidencia en 2022 Estados Unidos pidió su extradición. Ahora acaba de ser condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de cárcel y a pagar ocho millones de dólares, por los delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y conspiración.

“Usó su poder para proteger a los narcotraficantes y recibir a cambio mucho dinero”, ha declarado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisando que Hernández “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, donde a los narcotraficantes violentos se les permitía operar con virtual impunidad”.

Ese es uno de lo que están, pero no están todos los que son.