LAS OTRAS NOTICIAS (360)
3 de Febrero de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
LA OBISPA VALIENTE… Y AMENAZADA
Ella no lo pretendía, pero se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la tiranía. En el servicio religioso que cerraba la toma de posesión del presidente Trump en la Catedral Nacional de Washington, la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde, de 65 años, le pidió que tuviera compasión de las personas indocumentadas y LGBTQ+, que tienen miedo de lo que les puede deparar el futuro con Trump en la presidencia.
“Y también, agregó, de los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas, los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales… Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales; son “buenos vecinos” y “miembros fieles de nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas, gurdwaras sijs y templos”.
La reverenda Budde es una defensora de causas como la igualdad racial, la prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma de la inmigración, la plena inclusión de las personas LGBTQ+ y el cuidado del planeta.
Para muchos cristianos progresistas, la súplica de Budde fue un ejemplo de liderazgo cristiano. El presidente Trump, sin embargo, la calificó como una "odiadora de extrema izquierda", que “no es buena en su trabajo” y que debería pedir una disculpa pública por lo que dijo. Desde entonces, la obispa ha estado recibiendo amenazas, incluso de muerte.
En los últimos días se ha generado hacia ella una corriente de solidaridad y admiración en todo el mundo, por su valentía al utilizar el púlpito para señalar a un presidente despiadado. ¡Qué menos!
EL CONGO: LA GUERRA Y LOS QUE ESTÁN DETRÁS
El grupo armado congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23) y soldados ruandeses han tomado la ciudad de Goma, al este de la República Democrática del Congo (RDC), y han ampliado su influencia en las provincias de la zona (Kivu Norte y Kivu Sur), con lo que se ha intensificado la crisis humanitaria y el riesgo de una guerra abierta amplia entre Ruanda y la RDC. La ONU ha estimado los muertos en más de 700 (entre ellos varios miembros de la Misión de la ONU en el país) y los heridos en más de 2.700, y asegura que esas cifras crecerán.
El M23 es uno de los más de 100 grupos armados que luchan contra las fuerzas oficiales en el este de la RDC, donde abundan minerales como oro, diamantes, estaño, cobalto y coltán. Se dice que cuenta con más de 8.000 militantes. Argumenta motivaciones étnicas para luchar contra el gobierno (proteger a los tutsis congoleños frente a los hutus que en 1994 cometieron genocidio contra los tutsis y se refugiaron en Ruanda), pero los motivos son sobre todo económicos: Los rebeldes buscan controlar las minas y la exportación ilegal de los minerales a Ruanda, lo que les genera grandes ingresos.
Ruanda, por su parte, ayuda al M23 para obtener un control estratégico sobre la región. De hecho, según la ONU, entre 3.000 y 4.000 soldados ruandeses están en esa región congoleña, donde es muy escasa la presencia del estado.
Allí se encuentran entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de coltán, materia prima esencial para smartphones, laptops, industria aeroespacial y sistemas GPS.
Ruanda carece de coltán en su territorio, pero en 2023 exportó 2.070 toneladas del mineral, que tiene sus principales compradores en Estados Unidos y varios países europeos. Quizá por eso no hay interés en resolver el conflicto. Informes de la ONU dan cuenta de la intención de Ruanda de anexionarse la región de Goma y alrededores, pero Occidente no parece enterarse.
Ruanda, demás, actúa como un contrapeso a la creciente influencia de China y Rusia en África. Es una especie de Israel africano, cuyo presupuesto depende en un 40% de la ayuda internacional, principalmente de Estados Unidos. Tal vez por eso Occidente no ejerce presión sobre él ni le ha impuesto sanciones.
Sin embargo, los congoleños de a pie parecen entender bien el problema, y se han manifestado con indignación en la capital Kinshasa frente a las embajadas de Ruanda, Francia, Bélgica, Estados Unidos y otros países, denunciando la agresión ruandesa, su pretensión de anexarse Goma (1,5 millones de habitantes y cientos de miles de desplazados en sus alrededores), el saqueo de sus recursos y la pasividad de los occidentales.
Los enfrentamientos armados han agravado el caos en el este del Congo, donde la atención médica casi ha colapsado y en lo que va de año han sido desplazadas de sus hogares unas 400.000 personas, en un país que ya antes contaba con seis millones de desplazados y una de las peores crisis humanitarias del mundo.
EUROPA: MÁS DINERO PARA ARMAS
18 de los 27 países de la Unión Europea (entre ellos España) han instado al Banco Europeo de Inversiones a aumentar sus inversiones en proyectos de seguridad y defensa, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria…
CONTRA LOS CRÍMENES DE ISRAEL
Nueve países de tres continentes (ninguno europeo) impulsan el “Grupo de La Haya” para coordinar medidas contra los crímenes de Israel en Palestina.
Colombia, Bolivia, Honduras, Sudáfrica, Malasia, Senegal, Cuba, Namibia y Belice se han comprometido a impedir el atraque de buques en su territorio si llevan combustible y armas para Israel y a ejecutar las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí y otros altos cargos de su gobierno por la Corte Penal Internacional.
Enfatizan "la necesidad de garantizar la rendición de cuentas" y defienden "la acción colectiva mediante medidas legales y diplomáticas coordinadas" a nivel nacional e internacional para contribuir a detener el genocidio contra el pueblo palestino y defender su derecho a la autodeterminación, incluido el derecho a su Estado de Palestina independiente.
Lamentan que son pocos los países cumplen el dictamen de julio pasado de la Corte Internacional de Justicia, que solicitaba a los Estados miembros de la ONU suspender el comercio y las inversiones que contribuyan de algún modo a la ocupación ilegal israelí.
Los nueve han invitado a otros Estados a sumarse a su iniciativa.
VALENCIA: A TRES MESES DE LA DANA
Cuando se cumplen tres meses de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a buena parte de la provincia de Valencia, España, sus efectos siguen siendo todavía visibles en varias de las zonas afectadas.
Las correntadas de agua se cobraron la vida de 224 personas y causaron daños millonarios en viviendas, bienes agrícolas, industrias e infraestructuras, que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha calculado en 17.000 millones de euros.
Han sido evacuadas 500.000 toneladas de enseres destruidos y 90.000 vehículos, pero continúan los trabajos de extracción de lodo y de limpieza de barrancos y de playas.
1,03 millones de viviendas en España (el 4,3% del total) se levantan en zonas inundables, de acuerdo a datos del catastro.
Organizaciones ambientalistas y ciudadanas han vinculado el desastre con los efectos del cambio climático, y señalan a las grandes corporaciones de combustibles fósiles como causantes remotas de esta tragedia. Los científicos de la ONU, en efecto, señalan que los fenómenos meteorológicos extremos se agravan con el aumento de la temperatura media global. Los gases de efecto invernadero provocan que las capas más bajas de la atmósfera se calienten y acumulen más humedad, lo que aumenta el riesgo de lluvias extremas y de olas de calor más intensas.
Dicen también que no es suficiente con reconstruir lo destruido, y que es necesario restaurar la naturaleza para protegernos frente a eventos extremos. Por ello, afirman, hay que recuperar el flujo natural del ciclo hidrológico, regenerando ecosistemas vitales que absorban el agua y ralenticen su curso, como zonas de ribera, llanuras de inundación, humedales y ecosistemas costeros.
La ciudadanía valenciana ha denunciado insistentemente la negligencia de las autoridades autonómicas, y ha exigido responsabilidades jurídicas para ellas y para los empresarios que obligaron a miles de trabajadores a exponer su vida el día de la DANA e hicieron que un desastre natural se convirtiera en una catástrofe humanitaria. Agrupaciones de damnificados han presentado querellas contra varias Administraciones por los delitos de imprudencia, negligencia u omisión del deber de socorro.
PUEBLOS INDÍGENAS Y BIODIVERSIDAD
Ellos representan apenas el 5% de la población del planeta, pero protegen el 80% de la biodiversidad mundial, y los bosques tropicales mejor preservados del mundo se encuentran en las zonas autóctonas protegidas. Así lo señala un informe de organizaciones ambientalistas luego de investigar en la Amazonía brasileña.
Los pueblos indígenas por lo general no practican la ganadería extensiva y tampoco emplean maquinaria agrícola pesada, y explotan la selva de una manera sostenible
Brasil cuenta actualmente con 733 territorios autóctonos, de los cuales 496 están reconocidos por el gobierno. Los 237 restantes se encuentran en diferentes etapas del proceso de demarcación. La demarcación de un territorio, de acuerdo a la Constitución, implica que los pueblos indígenas tienen los derechos exclusivos de gestión sobre el territorio en cuestión, de manera que, por ejemplo, no está autorizada ninguna explotación minera ni propiedad privada si no tiene el consentimiento “previo, libre e informado” de los pueblos indígenas.
CUANDO LO JUSTO SE CONVIERTE EN ILEGAL
Son personas pertenecientes a los movimientos sociales de Sevilla. En febrero de 2018 realizaron una manifestación pidiendo soluciones habitacionales para las personas sin hogar, en las inmediaciones de la calle Macarena.
Un desmesurado operativo policial reprimió con dureza la manifestación y detuvo a seis participantes, que pasaron 55 días en prisión provisional. Ellos y otras 12 personas más se enfrentan ahora a una causa judicial que pide para ellos un total de 77 años de cárcel.
Uno de los acusados es el coordinador del Área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que se hizo presente en la manifestación para ofrecerse como mediador entre los agentes y los manifestantes.
El juez instructor, como suele suceder, hizo suyo el relato de la Policía.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía dice que este proceso constituye una criminalización de la legítima protesta social, y precisa que “ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada”.
En los siete años transcurridos desde los hechos, las administraciones públicas no han dado ni un paso relevante para hacer frente a la realidad de los sin techo.
Los Tribunales persiguen lo ilegal, no lo injusto. No sabemos qué ilegalidad cometieron los manifestantes. Sí sabemos que sus demandas eran justas. Pero ahí no entra la llamada Justicia.
ASALTO MILITAR A CISJORDANIA
Desde que entró en vigencia el alto el fuego en Gaza, el ejército israelí ha matado al menos a 37 personas en Cisjordania, entre ellas cuatro niños.
La operación militar de los últimos días, que inicialmente tenía por objeto la ciudad y el campo de refugiados de Yení, se ha ampliado a varias poblaciones importantes (Yenín, Tulkarem, Tubas, Qalqilya, Nablus y Jericó), donde ha destruido más 60 casas y unas 3.000 familias han sido desplazadas a la fuerza.