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18 de Octubre 2021

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser.

LA INDIGNANTE INJUSTICIA DE LA VACUNACIÓN.-

En abril de 2020 fue creado el mecanismo COVAX, una plataforma mundial para dar acceso igualitario a la inmunización de la población en los países ricos y pobres. La idea era que los países de ingresos medios y altos comprarían las vacunas a través de Covax, y los más pobres las recibirían gratis, financiadas por donaciones de gobiernos ricos y organizaciones benéficas.

Hoy, 18 meses más tarde, mientras los países ricos administran dosis de refuerzo, el 98% de la población de los países de bajos ingresos sigue sin vacunar. Covax solo ha suministrado unos 330 millones de vacunas, el 5% de administradas en todo el mundo.

Los países ricos se olvidaron del mecanismo, y COVAX se quedó sin financiamiento para adquirir vacunas. También hubo problemas administrativos.

Algunos países de ingresos medios y bajos han hecho sus compras directamente a los fabricantes, pero a precios más altos.

COVAX se propone ahora distribuir 1.100 millones de vacunas antes de finalizar 2021, pero ¿será posible?

Mientras tanto, en los países ricos se están aplicando “dosis de refuerzo” de dudosa utilidad y millones de vacunas están caducando.

DATOS DE LA PANDEMIA.-

La COVID-19 ha contagiado ya a 240 millones de personas en todo el mundo, y se ha cobrado la vida de casi 4,9 millones. Ya se han administrado 7.300 millones de dosis de vacunas, la mitad de las cuales han sido chinas (1.800 millones de CoronaVac y 1.500 millones de Sinopharm).

La situación en España se estabiliza en el “riesgo bajo” y en la “nueva normalidad”. La incidencia acumulada a 14 días es de 42 contagiados por cada 100.000 habitantes. La tasa de ocupación de camas hospitalarias por coronavirus es del 1,52% y la de las UCI del 4,89%.

Más de 37 millones de personas han recibido ya la pauta completa de vacunación (el 78,1% de la población), y casi 38 millones han recibido al menos una dosis (el 79,9%).

El total de contagiados desde el inicio de la pandemia asciende a 4.988.878 personas, mientras los fallecidos 87.030. Si atendemos a la “población diana” (mayores de 12 años): el 88% tiene loa pauta completa y el 90% al menos una dosis.

AUMENTAN LAS MUERTES POR TUBERCULOSIS.-

Luego de una década de lenta reducción, en 2020 las muertes por tuberculosis en el mundo alcanzaron 1,3 millones de víctimas, un 5,6% más que en el año anterior, según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud.

Ello se explica por la interrupción de los servicios sanitarios esenciales debido a la pandemia de la COVID-19, específicamente a las dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos adecuados, pero también al descenso del financiamiento para la lucha contra la enfermedad. Solo la mitad de las personas que necesitan tratamiento tiene acceso a él.

La región más afectada es Asia-Pacífico.

Se estima que existen alrededor de 4,1 millones de personas que padecen tuberculosis pero que no han sido diagnosticadas, con lo cual aumenta la mortalidad y la transmisión de la enfermedad.

Hasta la llegada de la covid-19, la tuberculosis era la enfermedad infecciosa más mortal del planeta.

La OMS prevé que en 2021 y 2022 se reducirán más aún los nuevos diagnósticos y el acceso a los tratamientos, por lo que hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que destine más fondos a una enfermedad que sigue siendo un alarmante problema de salud global.

LA LUZ Y LAS ELÉCTRICAS.-

La subida sin freno del precio de la luz es motivo de profunda preocupación para muchas familias y pequeños negocios en España, que podrían caer en la ruina.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha llegado a rondar los 300 euros el megavatio/hora (hace un año era de 39 euros MWh). La factura del consumidor medio es ahora de 135,57 euros al mes, cuando hace un año era de 64,61 euros; es decir, una subida del 109%, lo que a su vez ha disparado el índice de precios al consumidor. Esto ocurre en un país donde, según un reciente informe de Cáritas, hay seis millones de personas en pobreza severa y 11 millones en situación de exclusión social.

Las subidas de precio afectan a toda Europa, lastradas por los altos precios del gas en los mercados internacionales y por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. Sus efectos en el sistema eléctrico español son demoledores, porque el precio de la energía lo fijan las centrales cuya producción es más cara, y éstas son las de gas natural. Pagamos toda la electricidad a precio de la producida por gas (pese a que solo representa el 15%), aunque las hidroeléctricas, las nucleares, las eólicas y las solares tengan costos cuatro o seis veces menores.

En un principio, el gobierno se centró en reducir la presión fiscal: bajada del IVA del 21% al 10% y eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que supusieron un insignificante paliativo al impacto de las subidas. Al continuar la escalada de los precios, el gobierno aprobó un “plan de choque”, que incluía limitar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, limitar la subida de precios del gas y establecer un nuevo sistema de subasta de la electricidad donde el precio no sea fijado por el gas natural.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica calificó el recorte de sus beneficios como una la medida injusta, desacertada e intervencionista. La industria nuclear dijo que las medidas conducirían a su “inviabilidad económico-financiera” y amenazó con cerrar sus plantas generadoras, lo que implicaría perder entre el 20% y el 25% de la energía total del país. Iberdrola anunció un parón en la producción de energías renovables y Endesa amenazó con reabrir la producción por carbón. Sí, son medidas contrarias a la política de transición energética para hacer frente al cambio climático, pero a las eléctricas les importan únicamente sus beneficios.

Desde diversos sectores políticos y sociales se ha hablado de la necesidad de crear una empresa pública de energía, para romper el oligopolio que ejercen Iberdrola, Endesa y Naturgy. Existen empresas públicas en países como Francia, Italia, Suecia, Países Bajos, Suiza o Alemania, que hacen posible una rebaja en el precio del MHh en el mercado mayorista, lo que repercute en la factura de la luz del consumidor.

Muchos vemos ahora más claro que el sector energético es estratégico para un país y que es un servicio público, y que dejarlo en manos privadas puede traer estos lodos…

PAPA FRANCISCO: PALOS A TODOS LOS PODERES.-

El Papa Francisco ha pedido que se establezca un salario universal "para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales vienes de la vida" y que se reduzca la jornada laboral para mejorar el acceso de todos al trabajo. Lo hizo el 13 de octubre con ocasión del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

Demandó a las compañías farmacéuticas la liberación de las patentes de las vacunas contra el covid-19 para que estén más disponibles para los pobres, y pidió a las grandes corporaciones extractivas “que dejen de destruir bosques, humedales y montañas, que dejen de contaminar ríos y mares, que dejen de envenenar los alimentos y las personas".

Recordó la necesidad de cambiar el actual sistema socioeconómico y de ajustar nuestros modelos socio-económicos para que tengan rostro humano. Pidió a los gobiernos y políticos que "trabajen por el bien común", que se cuiden de "escuchar solo a las élites económicas" y "sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y una vida buena" (recientemente la ONU informó que la pandemia ha hecho caer en la pobreza a unos 120 millones más de personas).

También pidió a los medios de comunicación terminar con “la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio”.

No es que se le haya soltado la lengua. El Papa Francisco es probablemente el dirigente mundial que más claro ha hablado en los últimos años sobre el sistema socioeconómico que nos malgobierna, lo que le ha llevado a concitar las críticas de los sectores conservadores de todo el mundo.

LAS TORTURAS DE LA CÍA.-

Abu Zubaydah es un palestino nacido en Arabia Saudí. En el marco de la “guerra contra el terrorismo”, fue capturado por fuerzas estadounidenses en Pakistán en 2002, acusado de ser uno de los dirigentes de Al Qaeda, lo que posteriormente ha sido negado por los propios servicios secretos de Estados Unidos. Fue encerrado en prisiones clandestinas de la CIA en Tailandia y Polonia, donde permaneció entre 2002 y 2003. Allí fue torturado bajo la dirección de los psicólogos estadounidenses Bruce Jessen y James Mitchell. Sufrió 83 ahogamientos simulados, pasó 11 días encerrado en un estrecho ataúd en el que se le hizo creer que había sido enterrado vivo, sufrió privación de sueño, fue golpeado contra la pared y se le mantuvo en “posiciones de sumisión”. Fue trasladado a la prisión ilegal de Guantánamo en septiembre de 2006, donde permanece hasta hoy sin que se hayan formulado cargos en su contra.

Zubaydah ha llevado su caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Quiere que el gobierno confirme oficialmente que Polonia alojó una de las prisiones clandestinas de la CIA, donde se produjeron torturas… De esa manera, desafía el muro de secretismo que rodea el programa de prisiones clandestinas y torturas llevado a cabo por la CIA, que, sin embargo, es un secreto a voces, reconocido incluso por un informe del Comité de Inteligencia del Senado.

De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que Polonia fue "cómplice" de las torturas y cooperó con la CIA, por lo que ordenó al gobierno polaco pagar una indemnización de 100.000 dólares a Zubaydah.

EXPLOTACIÓN INFANTIL.-

Unos 160 millones niños menores de 14 años trabajan el mundo, de los que 86,6 millones viven en África,

En 1992, la Organización Internacional del Trabajo la OIT creó el programa internacional para la erradicación del trabajo infantil, que atenta contra el desarrollo de niños y niñas, ya que puede tener consecuencias físicas y psicológicas para ellos, debido a las largas horas que dedican al trabajo en un ambiente hostil y violento, lejos de la protección de sus familiares y con frecuencia teniendo que abandonar sus estudios.

Grandes compañías como Gap, Inditex, Primark o Monsanto han sido criticadas por utilizar mano de obra infantil en su producción.

LA INMINENTE CRISIS DEL AGUA.-

El agua ya escasea en muchas regiones del mundo. Unos 3.600 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) sufren esa escasez al menos un mes al año, y en los próximos treinta años podría haber más de 5.000 millones de personas con dificultades para acceder plenamente a este bien esencial. Lo advierte un informe de la Organización Mundial de Meteorología, de la ONU.

El organismo habla de una “crisis inminente del agua” derivada de la crisis climática, que ha intensificado las sequías y ha hecho disminuir el agua terrestre –acuíferos, humedales, glaciares y nieve– disponible para beber o regar cultivos. Las sequías duran hoy un 29% más que a comienzos de siglo.

La mayor pérdida de agua se concentra en territorios poco poblados, como la Antártida o Groenlandia, pero hay otras regiones en el mundo densamente pobladas donde el agua no está garantizada a medio plazo para toda la población, como los países del entorno mediterráneo, el Sahel, el sur de África o el este del continente sudamericano, así como la India y otros países del sur de Asia.

11 de Octubre 2021

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser.

LA PANDEMIA.-

El número de contagiados por COVID-19 en el mundo superaq los 237 millones, y el de los fallecidos alcanza 43,8 millones. Los países coin más contagiados son Estdos Unidos (45 millones) India (343) y Brasil (21,5). El mayor número de fallecidos pertenecen a Estados Unidos (714.000), Brasil (601.000) e India (451.000).

En la última semana se ha apreciado un descenso de contagios y fallecimientos en todo el mundo.

En España, la tendencia es muy positiva. La incidencia acumulada a 14 días ha descendido hasta los 46 contagiados por cada 100.000 habitantes (la cifra más baja desde junio de 2020), con lo que España ha pasado a “riesgo bajo” de contagio. La tasa de ocupación hospitalaria por enfermos de COVID-19 es del 1,60% y la de las UCI del 5,5%

El total de contagiados desde el inicio de la pandemia es de 4.977.448 y el de fallecidos de 86.827. El promedio de fallecidos diarios oscila en torno a 15.

Hay casi 37 millones de personas (el 77,8% de la población) que ha recibido la pauta completa de vacunación. 37,8 millones (79,7%) han recibido al menos una dosis. Casi 300.000 han recibido la tercera dosis (personas de alto riego y que viven en residencias).

Los expertos indican que es posible que vengan nuevas “olas”, pero serán más pequeñas y más lentas, y con efectos menores.

Pese a que, según los inmunólogos, no hay evidencia sobre la necesidad y la efectividad de una tercera dosis (“dosis de refuerzo”), la Agencia Europea del Medicamento, siguiendo los intereses de las compañías farmacéuticas, recomendó aplicar esa tercera dosis a todas las personas mayores de 18 años. Inmediatamente las autoridades sanitarias españolas anunciaron el inicio de la aplicación de esa tercera dosis, empezando por los mayores de 70 años.

CÁRITAS: VAMOS A UNA SOCIEDAD MÁS DESIGUAL.-

La pandemia nos ha pasado factura y ha tenido un impacto “desolador” en la sociedad española. Hoy tenemos en España 11 millones de ciudadanos en exclusión social (2,5 millones más que en 2018) y de ellos seis millones en exclusión severa (dos millones más que en 2018). Son las cifras más elevadas desde 2007. Así lo indica un reciente informe de la Fundación Foessa, de Cáritas Española, sobre el impacto social de la pandemia

Se trata de las personas que no pueden acceder a recursos que afectan a la digna subsistencia, como los ingresos económicos, el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad o las relaciones sociales. La exclusión severa implica que esas personas están sometidas constantemente a graves limitaciones.

Al tiempo que han aumentado las familias en situación de pobreza, se han reducido los hogares sin problemas de exclusión, que ahora son solo el 41,2 % (en 2018 eran el 49,3%). Ese es el porcentaje de personas que pueden disfrutar plenamente sus derechos y tener las oportunidades, recursos, servicios y espacios necesarios para participar plenamente en la vida social, política y económica.

Cáritas puntualiza que la pobreza y exclusión social son "fenómenos estructurales", alimentados por "crisis sucesivas" y por un sistema de protección social insuficiente. La agencia europea Eurostat indica que los gastos de España en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión son quedan muy por debajo de los de la Unión Europea (un 3,6% menos de la media sobre el Producto Interior Bruto)

El informe se fija en el Ingreso Mínimo Vital aprobado hace un año por el gobierno. Las dificultades burocráticas han hecho que sólo el un 26% de quienes viven en pobreza severa hayan logrado realizar el trámite para solicitarlo y solo sólo el 18,6% lo esté cobrando o al menos lo tenga aprobado.

El porcentaje de hogares con todas las personas activas desempleadas ha pasado del 5,9% en 2018 al 10,3% en 2021.

El COVID-19 “ha golpeado con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, a los que tenían dificultades para mantenerse a flote…”, dice el informe. “Se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social… Vamos hacia una sociedad más desigual".

Los grupos más afectados por la exclusión son las familias numerosas, los hogares monoparentales (sobre todo cuando la sustentadora principal es una mujer con hijos a cargo) y la población inmigrante.

Cáritas informa que ha apoyado ya a 2,8 millones de personas durante la pandemia.

DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL.-

Cada año se suicidan casi 46.000 adolescentes en todo el mundo (125 al día); es una de las cinco principales causas de muerte para este grupo de edad, según UNICEF.

En España se registran en torno a 3.500 suicidios al año.

Uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud mental diagnosticado.

Seis de cada 10 jóvenes españoles (entre 15 y 24 años) dicen sentirse a menudo ansiosos, nerviosos y preocupados

Las pérdidas económicas provocadas por los trastornos mentales que derivan en discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en unos 335.000 millones de euros al año en todo el mundo, según un análisis realizado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

El problema no es nuevo, pero la pandemia lo ha exacerbado y profundizado. Las cifras son solo "la punta del iceberg" porque es frecuente la ocultación de datos.

La salud mental es una asignatura pendiente de la sociedad en todo el mundo, que con frecuencia está estigmatizada. La mayoría de la gente tiene una mala opinión sobre las personas con que sufren enfermedades mentales.

Según la Organización Mundial de la Salud, sólo el 25% de los países la integran al completo en su sanidad, y sólo el 2% de los presupuestos destinados a la salud de los gobiernos en todo el mundo se destina a tratar dolencias como depresión, ansiedad u otras enfermedades mentales. España destina apenas el 5% de su inversión sanitaria en salud mental, mientras la media europea está en el 7%; tiene 11,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 de media europea.

Los recursos desde la salud pública son insuficientes, pero ir a un psicólogo o psiquiatra por la privada muchos no pueden permitírselo.

Los expertos señalan que la situación económica, social, educativa, geográfica, racial o de discapacidad de una persona tiene nada que ver con su salud mental y son grandes obstáculos para superarla.

Es necesario romper los tabús en torno a la salud mental. Tener ansiedad o depresión es un asunto de salud, como tener un problema dermatológico o gástrico. UNICEF pide que en España se apruebe cuanto antes la Estrategia de Salud Mental, y que se tenga muy en cuenta en ella a niños, adolescentes y jóvenes.

DANIEL ORTEGA Y EL ABSOLUTISMO.-

En el inicio de su campaña electoral formal para acceder a un tercer mandato presidencial, el presidente nicaragüense Daniel Ortega ha calificado de “terroristas” a los obispos católicos del país, que son críticos con su gestión y han denunciado la violación a los derechos humanos.

En julio pasado, la Conferencia Episcopal publicó una carta pidiendo “el respeto al voto del pueblo, para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes”. También ha exigido la liberación de las personas detenidas por el régimen, a las que considera presos políticos.

En los últimos meses Ortega ha hecho encarcelar a 36 destacados políticos opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, exguerrilleros sandinistas históricos, banqueros, líderes de sociedad civil y periodistas, basándose en leyes aprobadas ad hoc en 2020.

La Fiscalía, controlada por Ortega, emitió una orden de detención del escritor Sergio Ramírez, al que acusa de “lavado de dinero, bienes y activos, menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.

Las elecciones, que se celebrarán el 7 de noviembre, han sido criticadas por la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la propia Iglesia, por considerarlas ilegítimas.

El régimen de Ortega ha mantenido una relación tensa con la Iglesia, sobre todo desde las manifestaciones populares de 2018, reprimidas violentamente por el gobierno.

Muchos se preguntan hasta dónde está dispuesto a llegar Daniel Ortega en su aspiración por ser reelegido…

LIBIA, INFIERNO PARA MIGRANTES Y REFUGIADOS.-

Las autoridades libias han detenido en Trípoli, capital del país, a unos 5.000 inmigrantes y refugiados en días recientes, muchos de los cuales han sido sometidos a graves actos de violencia física y sexual, según denuncia de Médicos sin Fronteras. Las detenciones, "masivas y aleatorias", afectan también a niños y mujeres.

Los detenidos son mantenidos hacinados en lugares insalubres, con comida muy escasa y recursos higiénicos precarios (un lavabo o un retrete para 100 personas).

"Más que nunca, las personas migrantes y refugiadas están atrapadas en Libia, donde viven en peligro y donde cuentan con pocas opciones para huir”, dice la organización humanitaria, que solicita a las autoridades libias acabar con estas detenciones masivas de personas migrantes y refugiadas y liberar a los detenidos de manera ilegal.

ETIOPÍA, GUERRA Y MUERTE.-

En noviembre de 2020 se inició en Etiopía una guerra civil cuando el primer ministro Abiy Ahmed lanzó una ofensiva contra las fuerzas rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray, grupo rebelde que pretende la independencia de esa región, al norte del país, justificándola en supuestos ataques a bases del ejército etíope.

El gobierno central suspendió la financiación de Tigray y desató una fuerte intervención militar en la región, a la que cortó el acceso.

La guerra lleva el sello del genocidio y de la “limpieza étnica”, según denuncian organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que hablan de matanzas de civiles inocentes, violaciones y secuestros de mujeres y desapariciones de tigrayanos por parte de las tropas gubernamentales. Miles de hombres, mujeres y niños de Tigray están siendo enviados a “campos de concentración” para ser torturados y asesinados, y otros son mutilados y arrojados a fosas comunes, según el diario británico The Telegraph.

Unas 100.000 personas han buscado refugio en Sudán, y alrededor de 1,7 millones de han sido desplazadas por los enfrentamientos. Más de cinco millones se encuentran en inseguridad alimentaria, afectadas también por la sequía y la plaga de langostas. Más de 100.000 niños de Tigray podrían morir el próximo año por desnutrición, según UNICEF.

EXPOLIO Y CONTAMINACIÓN EN EL ÁRTICO.-

Las empresas petroleras y de gas aumentarán su producción en el Ártico en un 20% en los próximos cinco años, gracias al financiamiento de más de medio billón de euros (con B) de bancos e inversores, entre ellos el Banco Santander, según un informe de la ONG Reclaim Finance.

Entre 2016 y 2020, los proyectos de expansión en el Ártico recibieron 314.000 millones de 120 bancos comerciales, a través de préstamos, emisión de bonos y acciones. El Banco Santander financió proyectos por valor de 3.238 millones de euros a empresas como Shell, Total Energies y Repsol, que están desarrollando nuevos proyectos de combustibles fósiles en el Ártico y generando gases de efecto invernadero

El Panel Internacional sobre Cambio Climático ha informado que en el Ártico las temperaturas aumentan dos veces más rápido que en otros lugares y que se está produciendo una disminución récord de su capa de hielo, algo que tiene efectos en otras partes del mundo

¿Puede hablarse de transición ecológica mientras nuestras empresas expolian y contaminan el Ártico y nuestros bancos las financian?

Ya podeis acceder a nuestro Boletín 112 correspondiente a los meses de enero a abril de 2022.

Como cada año, volvemos con nuestro Ciclo de Cine Solidario.

No falteis.