Ya está a disposición de todos/as el nuevo Boletín 118, con toda la información sobre el trabajo que se ha realizado en la primera mimtad del año 2025.
LAS OTRAS NOTICIAS (382)
9 de Julio de 2025
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
FRANCESCA ALBANESE, SIN PELOS EN LA LENGUA
“El genocidio israelí en Gaza no se para porque es lucrativo; hay gente haciendo dinero con ello, mucho dinero”. Así de contundente es la expresión de Francesca Albanese, relatora especial de las ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos.
Eso es, dice, lo que explica por qué, tras 20 meses de masacres en Gaza, no se mueve nada, pese a que existen procesos penales contra Israel por genocidio, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Unión Europea está cubriendo a Israel y contribuyendo a sus crímenes. No ha suspendido su Acuerdo de Asociación con Israel y mantiene relaciones comerciales, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia pidió hace casi un año impedir las relaciones comerciales.
Albanese es una figura sólida en la defensa de los derechos y del derecho internacional, una de las pocas personas que dignifica a los funcionarios de las Naciones Unidas.
En su reciente informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” detalla la responsabilidad de muchas empresas (hasta 400, de 36 países) que han contribuido con Israel en su campaña de exterminio en Palestina.
El informe define al complejo militar‑industrial como la “columna vertebral económica” de Israel; ahí están empresas armamentísticas como Lockheed Martin, Leonardo S.P., Palantir Technologies Inc.). Pero la relatora menciona también a las tecnológicas (Amazon, Alphabet, Microsoft y Google), constructoras y automovilísticas (CAF, Caterpillar Inc, HD Hyundai y Volvo Group), financieras (Paribas, Barclays, Blackrock, Vanguard y PIMCO de Allianz), energéticas (Chevron Corporation, NewMed Energy, British Petroleum, Petrobras y Glencore) y otras, como la cadena de supermercado Carrefour, la naviera A.P. Moller - Maerxk A/S o las aplicaciones para reservas hotelera Booking y Airbnb.
Todos esos nombres desempeñan un papel clave en el genocidio ysegún la relatora, el marco jurídico internacional ofrece ya una base sólida para establecer su responsabilidad penal y civil .
Recuerda Albanese que Israel ha arrojado unas 85.000 toneladas bombas sobre Gaza, un número mayor al lanzado durante la II Guerra Mundial.
Los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de imponer sanciones y cortar lazos con Israel. Pero también los bancos deberían dejar de invertir y las empresas deberían dejar de proveer, es decir, de lucrarse con ello”, concluye Albanese.
A lo mejor es útil que nos preguntemos en qué súper hacemos la compra, en qué gasolinera repostamos, en que banco depositamos nuestros ahorros…
VOX: RACISMO PURO Y DURO
"Todos esos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, tendrán que volver a sus países". Así se pronunció Rocío de Meer, portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales del partido político español Vox.
De Meer precisó que se trata de unos ocho millones de personas, incluyendo a los nacidos ya en España. En el paquete entrarían 2,7 millones de personas que han adquirido la nacionalidad española en los últimos 30 años.
El dato de “ocho millones” no tiene base. Según el Instituto Nacional de Estadística España tiene una población de 49,1 millones de habitantes, de los que 6,9 millones son nacidos en el extranjero; y de ellos, más de la mitad (3,7 millones) son de países de la Unión Europea, que no podrían ser expulsados.
La expulsión de esos millones de extranjeros, para Vox “no es una opción, es un deber”, basado en motivos de seguridad y preservación de la identidad nacional, y es una respuesta “urgente” a lo que considera una fractura en la cohesión social de España. "Tenemos derecho a sobrevivir como pueblo".
Vox hace suya la opinión del demógrafo Alejandro Macarrón, que pronostica que en 2044 habrá en España “más población de origen extranjero (nacida en el extranjero o hija de extranjeros) que española”.
La propuesta de Vox implica una violación de la Constitución, del Código Civil, de la normativa de extranjería, de la Unión Europea y de múltiples convenios internacionales. Pero, más allá de su ilegalidad, implica uncirse sin disimulos a la ola de la internacional fascista, copiando los gestos más racistas de Donald Trump.
Fascismo, xenofobia, racismo, inhumanidad… Pónganle ustedes el nombre.
Cuando se cumplen los 10 años de la Laudato Sí, encíclica ecológica del papa Francisco, el Vaticano vuelve a la carga demandando la justicia climática y la conversión ecológica, además de rechazar “las falsas soluciones, como el capitalismo 'verde', la tecnocracia, la naturaleza convertida en mercancía y el extractivismo, que perpetúan explotación e injusticia".
Lo hace en un documento titulado "Un llamado por la justicia climática y la casa común: conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones", elaborado con la participación de las iglesias de África, Asia y América Latina.
El documento exige que, por equidad, los países desarrollados paguen su deuda ecológica "con un financiamiento climático justo sin endeudar más al sur, para recuperar pérdidas y daños y favorecer la resiliencia”. Reclama justicia para "promover el decrecimiento económico y acabar con los combustibles fósiles”, y aboga por “defender a los pueblos indígenas y tradicionales, ecosistemas y comunidades empobrecidas”.
Los responsables del documento se preguntan: ¿Cómo podemos aceptar que la solución climática sea un negocio para unos pocos y un sacrificio para los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades locales? ¿Cómo podemos aceptar que, en nombre de la 'transición energética', comunidades enteras sean exterminadas en la búsqueda de litio, cobalto o níquel? ¿Cómo podemos tolerar que los mercados de carbono transformen nuestros bosques en activos financieros mientras nuestras comunidades siguen privadas de agua potable?"
El documento “es un llamado a la conciencia ante un sistema que amenaza con devorar la creación, como si el planeta fuera una mercancía más", y llama a "que se escuche la sabiduría ancestral de nuestras comunidades" y a “construir la paz en medio de esta guerra a pedazos contra la creación, donde mueren muchos y morirán aún más si no actuamos ya, como advierten los científicos de la ONU”.
ESTADOS UNIDOS SE ENDURECE CONTRA CUBA
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha multado con 608.825 dólares a la empresa Key Holding por realizar 36 envíos, en su mayoría de alimentos y otros suministros básicos, a Cuba entre 2022 y 2023, valorados en más de 3 millones de dólares.
El presidente Donald Trump, además, ha firmado un nuevo memorándum restableciendo la prohibición del turismo estadounidense a Cuba y reforzando el bloqueo económico contra la isla. El memorando rechaza cualquier iniciativa de la ONU u organismos internacionales que soliciten el fin del embargo.
El bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba es condenado unánimemente por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. El 30 de octubre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó por 187 votos a favor y dos en contra (Estados Unidos e Israel) una resolución pidiendo el final del embargo. Era la 32 Resolución emitida en el mismo sentido por la ONU.
NÍGER SE APROPIA DE SU URANIO
Hace algunas semanas, fuerzas de seguridad de Níger irrumpieron en las oficinas de la empresa francesa Orano, confiscaron documentación y equipos, y detuvieron a su director local.
Orano, cuyo principal propietario es el Estado francés, ha dominado por más de 50 años la explotación de uranio en el país. Níger es el séptimo productor mundial de uranio, con el que Francia produce entre el 15% y el 17% de su generación eléctrica.
La Junta Militar que asumió el poder en el país hace dos años ha iniciado una revisión de todos los acuerdos mineros con compañías extranjeras con el objetivo de recuperar el control sobre sus recursos y garantizar mayores beneficios para el Estado y la población.
Asociaciones de mineros y de la sociedad civil han acusado a Orano de abandonar al aire libre 40 millones de metros cúbicos de residuos radiactivos, luego de cerrar algunas minas, y denuncia los acuerdos injustos que en años pasados han beneficiado a la empresa en detrimento de los trabajadores y de la población local.
El gobierno de Níger, junto a los de Mali y Burkina Faso, de orientación muy similar y situados en la región del Sahel, han formado una Alianza para intentar liberarse del nuevo colonialismo y dependencia de Francia y Estados Unidos.
HUELGA DEL METAL EN CÁDIZ
Los trabajadores del metal de la Bahía de Cádiz, en su mayoría de los astilleros, iniciaron una huelga el pasado 18 de junio, que finalizó el 8 de julio.
La huelga contó con un fuerte respaldo social. Vecinos, estudiantes y colectivos sociales se sumaron a los huelguistas en las manifestaciones, los cortes de carreteras y bloqueos de acceso a los principales polígonos industriales.
Las autoridades municipales, sin embargo, han intentado criminalizarlos y poner a la opinión pública en su contra. Diariamente ha habido cargas policiales, disparos de pelotas de goma y gases lacrimógenos. Al menos 26 trabajadores han sido detenidos por los agentes policiales mientras participaban en las protestas, centenares de ellos han sido multados y todos han sido acosados incluso en restaurantes y bares, lo que, según ellos, “es una represión que viene a reflejar el rol de la policía como defensores del empresario”. Y ahora, al finalizar la huelga, llega la represión judicial.
ESTADOS UNIDOS: LAS DEPORTACIONES AUMENTAN
Los inmigrantes deportados de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder suman ya más de 95.000, según la Universidad de Berkeley.
El mayor número de detenciones se han producido en el estado de Texas (20.000), al que siguen Florida (9.080) y California (5.860)
El promedio diario de arrestos ha pasado de unos 300 el año pasado a más de 660 actualmente, aunque todavía no alcanza la meta de 3.000 por día que se ha propuesto Trump.
LAS OTRAS NOTICIAS (381)
2 de Julio de 2025
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
CUANDO LA ESPERANZA ACABA EN MUERTE
AHORA, LOS RECORTES DEL G-7
Después de los recortes de Trump, del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, ahora han sido los países del G-7, los más poderosos del mundo, los que han decidido en bloque recortar en un 28% su ayuda oficial al desarrollo.
Hablamos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que en conjunto aportan alrededor de tres cuartas partes de toda la ayuda oficial al desarrollo.
“Estos recortes matarán de hambre a las personas hambrientas, negarán medicinas a las personas enfermas y bloquearán la educación de una generación de niñas y niños”, ha valorado Oxfam Intermon.
Los recortes no podrían llegar en peor momento, agrega Oxfam, con el hambre, la pobreza y el daño climático intensificándose y con una creciente crisis de la deuda y nuevas barreras comerciales, que socava la capacidad de los gobiernos de los países pobres para cuidar de su población.
Los recortes, asegura Oxfam, ponen en peligro servicios públicos vitales en los países más pobres del mundo, colmo Liberia, Haití, Malaui y Sudán del Sur, y podrían costar millones de vidas y dejar a niñas, niños, mujeres y hombres sin acceso a suficientes alimentos, agua, educación y atención médica.
El 2026, en África, 5,7 millones de personas más caerán por debajo de los niveles de pobreza extrema (menos de tres euros de ingresos en promedio), una cifra que podría llegar a los 19 millones en 2030.
Mientras tanto, los multimillonarios de los países del G7 siguen viendo cómo aumenta su riqueza. En lo que va de 2025, han ganado 126.000 millones de dólares. Con un pequeño gravamen a esos superricos el G-7 podría cumplir fácilmente sus compromisos financieros para acabar con la pobreza y el colapso climático.
MALI QUIERE CONTROLAR SU ORO
El gobierno de Mali ha puesto bajo su administración el complejo Loulo-Gounkoto, una de las minas de oro más grandes del mundo, propiedad de la empresa canadiense Barrick Mining, y simultáneamente ha comenzado la construcción de la primera refinería de oro estatal de África Occidental, en asociación con la empresa rusa Yadran.
El objetivo es garantizar que el país pueda beneficiarse directamente de sus recursos minerales, sin depender de refinerías extranjeras.
Mali es el segundo mayor productor de oro de África y el cuarto del mundo. La refinería permitirá a Mali (y a otros países como Burkina Fasso) refinar todo el oro extraído en su territorio, poniendo fin a décadas de exportación de mineral en bruto. Tendrá capacidad para procesar hasta 200 toneladas de oro al año.
Como parte de una nueva política para fortalecer la economía nacional, el gobierno de Malí, miembro de la Alianza de los Estados del Sahel junto con Burkina Faso y Níger, ha estado presionando a varias empresas extranjeras del sector minero, a raíz de la aprobación de un nuevo código minero en 2024 para proteger los intereses nacionales.
EL CALOR Y LAS MUERTES
El pasado mes de junio, el más cálido desde que hay registros en España, ha dejado 380 muertes atribuibles a las altas temperaturas.
El año 2024 terminó con 2015 muertes atribuibles al mismo motivo.
Sin embargo, el año más letal hasta la fecha ha sido 2022, que se saldó con 4.789 defunciones, seguido de 2023, con 3.035.
La mayoría de muertes se concentraron en los mayores de 75 años
TRUMP: LEY FISCAL PARA BENEFICIAR A LOS RICOS
Es una de sus leyes estrella. Una nueva ley fiscal centrada en reducir los impuestos a los ricos, incrementar los gastos en defensa y recortar ayudas en diferentes áreas como educación, salud y otros servicios.
Además de reducir los impuestos sobre la renta individual y el patrimonio (beneficio directo a los más ricos), el proyecto incluye una mayor militarización de la frontera, retirar incentivos para las inversiones que promuevan la lucha contra el cambio climático y eliminar casi 1,1 billones de dólares en cobertura sanitaria pública a la población, que podría dejar sin seguro médico a unos 11,8 millones de estadounidenses en 2034. Otros 40 millones de personas de bajos ingresos se verán afectadas por la cancelación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
El 10% de la población de mayor renta verá aumentar sus ingresos en unos 12.000 dólares anuales en promedio.
Los expertos dicen que la bajada de impuestos provocará una disminución de 3.67 billones de dólares en los ingresos del Estado la próxima década, lo que será compensado por los recortes en los programas de salud pública y asistencia social.
La deuda pública estadounidense, que actualmente es de 29 billones de dólares, aumentará otros 3,3 billones de dólares.
¿Es esto gobernar (para el bien común)?
ESPAÑA: CRISIS DE LA ENFERMERÍA Y LOS HOSPITALES
En España hay en activo 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La media europea es de 8,5 por 1.000. Harían falta al menos 132.000 enfermeras para alcanzar los estándares europeos. Son datos del Consejo General de Enfermería, que representa a las más de 353.000 enfermeras y enfermeros de España.
Casi un 40% de enfermeras manifiesta que dejará la profesión en los próximos 10 años, debido a la sobrecarga de trabajo, escasa autonomía profesional y condiciones retributivas que no se corresponden con el nivel de responsabilidad y formación.
De los 10.824 contratos de enfermeras/os firmados en 2024, el 77,7% fueron temporales. En ese mismo año, 1.470 salieron a trabajar en el extranjero. El ritmo de jubilaciones ya supera al de nuevos egresados.
El Consejo advierte que el déficit estructural y crónico de recursos se agudiza en verano, debido a que gran parte del personal toma vacaciones y no se nombran sustitutos/as. Hay servicios con 30 enfermeras que en verano se quedan con 10, con lo que inevitablemente baja la calidad del servicio a los pacientes, además de repercutir en las listas de espera y la saturación en quirófanos y centros de salud.
Los hospitales de la sanidad pública ‘perderán’ 10.258 camas este verano (junio - septiembre), 1.539 de ellas en la Comunidad de Madrid.
MADRID, PARAÍSO PARA ULTRARRICOS
La llegada masiva de millonarios latinoamericanos, estadounidenses, rusos y asiáticos ha convertido a Madrid en un destino predilecto del lujo global. Esos inmigrantes legales (con papeles) compran propiedades en los barrios más exclusivos, beneficiándose de la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid.
Este auge inmobiliario transforma barrios tradicionales de Madrid en paraísos de lujo y exclusión social. En ellos se multiplican los hoteles de lujo, los clubs exclusivos donde una botella de champán alcanza los 12.500 euros y restaurantes donde una cuenta puede superar los 30.000 euros.
Los grandes bancos abren sucursales específicas para clientes con patrimonios superiores a los 50 millones.
El fenómeno no es ajeno a la especulación inmobiliaria: El pasado mes de mayo, el costo del metro cuadrado en la vivienda aumentó un 24,3%.
Mientras tanto, crece la dificultad de acceso a la vivienda para los residentes locales, se agudiza la desigualdad urbana y miles de jóvenes no pueden emanciparse porque el alquiler no deja de subir. El modelo de “ciudad para inversores” deja fuera a quienes buscan un hogar, no un producto financiero.
CAIMANES PARA VIGILAR INMIGRANTES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha inaugurado un nuevo centro de internamiento para personas migrantes en un paraje inhóspito del estado de Florida, en medio de pantanos con caimanes, pitones y mosquitos, “para ahorrar en seguridad”.
Tenemos muchos guardias y policías, pero en forma de caimanes”, ha dicho Trump. “A los internos les vamos a enseñar a huir de un caimán si escapan de la prisión”.
La instalación podría albergar a 5.000 detenidos y costará 450 millones de dólares anuales.
En el pasado mes de junio la administración estadounidense deportó más de 56.000 inmigrantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump. Una reciente resolución permitirá al gobierno acelerar las deportaciones de presuntos miembros de bandas (principalmente de origen venezolano), suspender las admisiones de refugiados y eliminar las protecciones legales para más de 530.000 migrantes.
También podrá eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, garantizada por la Constitución.
UN PREMIO VERGONZOSO
Fue primer ministro de Italia y presidente del Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, en los años del llamado austericidicio, cuando se impusieron a varios países europeos fuertes sacrificios sociales en forma de recortes a los servicios públicos y los derechos laborales, mientras los bancos recibían millonarias inyecciones de capital para sanear sus cuentas.
Se llama Mario Draghi. Es economista, y a lo largo de su carrera promovió el neoliberalismo económico y el rearme europeo, y no hizo nada por atajar el problema de la evasión fiscal.
Recientemente, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025.
CABEZAS ATÓMICAS EN EL MUNDO
La tensión creciente en Oriente Medio derivada del ataque de Israel a Irán para evitar que ese país pueda fabricar armas nucleares ha reavivado el debate. ¿Siguen siendo solo herramientas de disuasión o un riesgo real de uso estratégico en un acto extremo de desesperación?
En 1968 fue firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), pero la modernización y aumento de arsenales sigue en curso.
De acuerdo a informes de organismos independientes, Rusia posee 4.309 armas nucleares, Estados Unidos 3.700, China 600, Francia 290, Reino Unido 225, India 180, Pakistán 170, Israel 90 y Corea del Norte 50.
LAS OTRAS NOTICIAS (380)
25 de Junio de 2025
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
ESPAÑA, DONDE NO SE CONCEDE ASILO
En España, 167.366 personas solicitaron protección internacional en 2024. Es el segundo país de Europa que más solicitudes recibe, solo detrás de Alemania. Pero solo concedió protección a 17.808 personas, el 18,5% de las que lo solicitaron, mientras el promedio europeo es del 46,6%. Son datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Durante el 2024 se resolvieron 96.281 expedientes, pero aún se acumulan 242.056 solicitudes pendientes de resolver.
Venezuela es el país con más solicitantes de asilo (66.134 peticiones), seguido de Colombia (40.140) y Mali (10.673)
CEAR recuerda la obligación del Estado de garantizar vías legales y seguras para evitar las muertes durante los tránsitos de las personas que buscan protección internacional, que cada vez deben intentar rutas más largas. Sugiere poder recurrir a la vía diplomática, contemplada en la ley, así como los visados humanitarios o los cupos de reasentamiento de personas, que son reconocidos y se aplican en otros países.
Recuerda también que el Estado debe garantizar el principio de no devolución, especialmente cuando en la Unión Europea se está hablando de “terceros países seguros”, que no lo son.
PALESTINA: LA MASACRE SIGUE, Y EL CINISMO TAMBIÉN
Después de 20 meses de genocidio que se ha cobrado más de 56.000 víctimas mortales, la Unión Europea, tras un concienzudo análisis, ha llegado a la audaz conclusión de que hay “indicios” de que Israel viola los derechos humanos en Gaza. Pese a ese alarde de clarividencia, no decretará sanciones ni cancelará o modificará el acuerdo comercial con Israel.
“España seguirá alzando la voz para terminar con la masacre”, declaró el presidente español, Pedro Sánchez. ¿De verdad piensa el señor Sánchez que, en este caso, sirve de algo levantar la voz?
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución que pide a Israel poner fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza y condena el uso del hambre como arma de guerra.
En las décadas recientes, más de 100 resoluciones de la ONU han condenado los asentamientos israelíes, los desplazamientos forzados, los ataques contra civiles y el genocidio… Pero Israel no se enfrenta a sanciones, ni a un embargo de armas, ni al aislamiento internacional. Por el contrario, sigue recibiendo miles de millones de dólares en ayuda militar, acuerdos comerciales preferenciales y cobertura política de las potencias occidentales.
Ello contrasta con la celeridad occidental para imponer sanciones a Rusia, Irán o Venezuela, por ejemplo. Un flagrante doble rasero ha destruido la credibilidad de cualquier discurso “basado en normas”.
Desde que comenzó el genocidio de Israel sobre la población de Gaza en octubre de 2023, han sido asesinadas más de 56.000 personas y más de 128.000 han resultado heridas. La ONU informa que 503 han muerto y más de 3.400 han quedado heridas por disparos de los soldados israelíes desde que en mayo pasado entró a funcionar la Fundación Humanitaria de Gaza, un invento de Israel y Estados Unidos para quitarle a la ONU y a las ONG internacionales la distribución de ayuda en Gaza.
Y sigue sin pasar nada. Es más, los dirigentes europeos siguen hablando del derecho de Israel a defenderse y de que los terroristas son los otros…
ÁFRICA Y EL CÓLERA
El cólera continúa su avance en el continente africano, con más de 163.972 contagios y 3.273 muertes registradas en lo que va de 2025. Hay 22 países afectados, sobre todo la República Democrática del Congo (más de 32.000 casos), Angola (más de 25.000) y Sudán del Sur (más de 54.000).
En África ocurren el 60% de todos los contagios de cólera a nivel global y el 93,5% de las muertes.
El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae, que se transmite a través de agua o alimentos contaminados. Afecta tanto a niños como a adultos y puede ser letal si no se trata a tiempo. Los principales factores que propician su expansión son las carencias en agua potable, saneamiento, hacinamiento en zonas urbanas y el cruce constante de fronteras.
CUANDO EL RACISMO SE VISTE DE CRIMEN
Su familia dice que Abderrahim, de 35 años, padecía problemas de salud mental y estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. El policía municipal, que estaba fuera de servicio, dice que Abderrahim intentó robarle el móvil. El agente le sujetó aplicándole durante varios minutos la llamada técnica del mataleón, una maniobra de sujeción por el cuello que puede producir el estrangulamiento, y no le soltó hasta después de haberlo matado por asfixia, pese a que los vecinos le gritaban: “¡Suéltalo, animal!".
Ocurrió el 17 de junio en Torrejón de Ardoz, Madrid, donde Abderrahim, de origen marroquí, residía con sus padres y hermanos.
“Abderrahim no pesaba ni 60 kilos, y con doblarle un brazo habría bastado” para inmovilizarlo, dijo un testigo.
La jueza que ve el caso descartó el asesinato y el homicidio. El policía fue imputado por homicidio imprudente, y puesto en libertad a las 24 horas. ¿No es eso lo que vulgarmente llamamos impunidad?
Así parecen entenderlo los centenares de vecinos de Torrejón y las organizaciones sociales que se han manifestado denunciando el racismo y la violencia institucional que las personas migrantes sufren a diario en nuestro país, enfatizando que el asesinato de Abderrahim no es un hecho aislado ni un homicidio imprudente y que detrás de él hay odio y racismo”.
NIÑOS MORIRÁN DE SED POR LA “SEQUÍA PROVOCADA”
Los niños de Gaza "van a empezar a morir de sed" si continúa el bloqueo de combustible para las plantas desalinizadoras de agua impuesto por Israel desde hace más de 100 días, según denuncia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Actualmente sólo operan un 40 % de las instalaciones de producción de agua en Gaza, lo que constituye “una sequía provocada", que podría terminar de la noche a la mañana solamente con que cesara el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria.
Ese bloqueo también incluye la ayuda alimentaria. Más de un centenar de niños son tratados diariamente por malnutrición, y otros muchos no pueden acceder a atención médica, en un momento en el que los hospitales gazatíes también están gravemente afectados por la falta de combustible.
OURENSE, CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO
Difunden mensajes de odio y miedo, con videos de personas en situación de calle o de drogodependencia, sin su consentimiento, a las que señalan como amenazas para la convivencia. Promueven su rechazo como solución para la seguridad y llaman a su expulsión de los espacios públicos.
Parecía una iniciativa ciudadana, pero pronto se descubrió la implicación directa del Frente Obrero, movimiento de extrema derecha encabezado por el “influencer” Roberto Vaquero, que busca introducirse en el debate público de Ourense aprovechando la preocupación de la vecindad. Han llegado a organizar “patrullas vecinales” que agreden impunemente a personas que viven o piden ayuda económica en la calle.
Los vecinos han reaccionado ante ese intento de normalizar discursos de odio y de criminalizar la pobreza y a las personas en situación de vulnerabilidad. Se han agrupado en una Coordinadora Vecinal, que ha convocado asambleas abiertas para buscar, “frente a las respuestas simplistas que promueven la exclusión y el conflicto, una intervención seria, colectiva y profunda, basada en los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas afectadas”.
Alerta de que la situación de exclusión social, especialmente en los barrios populares, es consecuencia de un proceso prolongado de desmantelamiento de los servicios públicos por parte de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense, que ha agravado la falta de atención a la salud mental, a las adicciones y al sinhogarismo.
Los vecinos apuestan por la solidaridad, el cuidado mutuo y la movilización, y se proponen construir un contradiscurso que confronte las ideas fascistas, así como pedir responsabilidades institucionales y, sobre todo, proteger a las personas vulnerables.
LA SANIDAD MADRILEÑA, A LA ONU
Tres mujeres madrileñas, de la plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos por la Sanidad Pública de Madrid, han viajado hasta la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde han denunciado que en la Comunidad de Madrid (gobernada por el conservador Partido Popular) hay más de 760.000 pacientes sin médico asignado, situación que es más grave en las zonas más pobres.
La Comunidad de Madrid, afirman, apenas invierte el 10,7% del gasto sanitario en Atención Primaria, frente al 25% que aconseja la OMS, lo que repercute en que un 73% de los centros de salud no tengan su plantilla completa.
También enfatizan en que más de millón de personas están en lista de espera hospitalaria, esperando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.
LA COMUNIDAD DE MADRID, CONTRA LA UNIVERSIDAD
La Comunidad de Madrid prepara una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que busca otorgar máximos poderes al Consejo Social de la Universidad, conformado por empresas y burócratas, para decidir los grados, másteres, becas, plazas o facultades de la universidad, y acallar al movimiento estudiantil a base de multas impagables.
La nueva ley establece multas entre 15.000 y 100.000 euros por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias”, por “impedir o dificultar la labor de los medios de comunicación dentro del campus”, por “faltar al respeto a personal y a labor docente o a los alumnos”, o por “ejercer el hostigamiento a personas que visiten o sean invitadas al campus”.
Las multas serán de entre 100.000 y un millón de euros para quienes “impidan o dificulten la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, por “ejercer o amparar cualquier forma de censura o persecución por opinión” o por “permitir la celebración de referéndums ilegales”. Habrá multas menores, entre 300 y 15.000 euros, por “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados”.
Se trata, dicen los expertos, de un régimen sancionador propio de la dictadura, que castigará, en nombre de la libertad, a cualquier estudiante o catedrático que participe de una protesta pacífica en el campus o que se manifieste en defensa de la universidad pública, en solidaridad con Palestina o contra los discursos de odio. Las medidas, agregan, constituyen un ataque directo a la autonomía universitaria y un bloqueo a las libertades de expresión y de educación garantizado por la Constitución, así como un intento de “amordazar la protesta” estudiantil.
La nueva Ley viene después de que en diciembre pasado la Comunidad de Madrid recortara en un 35% el presupuesto de las universidades públicas madrileñas, y muchos ven en ella un reflejo de lo que Donald Trump está haciendo con las Universidades estadounidenses de Harvard o Columbia.
LAS OTRAS NOTICIAS (379)
17 de Junio de 2025
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
REFUGIADOS Y DESPLAZADOS: CIFRAS RÉCORD
Actualmente hay en el mundo 122.1 millones de personas que viven lejos de sus hogares, debido a guerras, violencia, persecuciones y pobreza, de acuerdo a un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Equivalen a una de cada 67 personas en el planeta. 40% de ellos son menores de edad.
73,5 millones de ellos han permanecido en sus países (desplazados internos) y 42,7 millones han buscado refugio en otros países. Dos de cada tres refugiados viven en naciones vecinas a la suya; y, de éstas, tres de cada cuatro son economías en desarrollo.
Los países con más refugiados y desplazados son Sudán (14,3 millones), Siria (13,5), Afganistán (10,3) y Ucrania (8,8). En cuanto a la recepción de refugiados, Irán tiene acogidos 3,8 millones. Le siguen Turquía (3,1), Colombia (2,8) Alemania (2,7) y Uganda (1,7).
Pese a que la cifra de desplazados y refugiados duplica la de hace una década (entonces eran 65 millones), la financiación a ACNUR se mantiene casi al mismo nivel, "en un contexto de brutales recortes en ayuda humanitaria". A raíz de la congelación de las contribuciones de Estados Unidos, ACNUR ha debido recortar su personal en todo el mundo alrededor de un 30%.
RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA EN ESPAÑA
Las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fueron el año pasado 12.5 millones, 200.000 menos que el año anterior. Pasaron del 26,5% al 25,8% de la población. Es la cifra más baja de los pasados 10 años. Son datos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.
La mejoría no alcanza a los 4,1 millones en situación de pobreza severa, los que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes, cuyo número se ha mantenido prácticamente igual desde hace 17 años. Las medidas que han mejorado la situación general no llegan precisamente a las personas que más lo necesitan, lo que cronifica su situación y dificulta las posibilidades de salir de la pobreza
En los hogares monoparentales, el 50,3% están en riesgo de pobreza. También lo están el 49,1% de las familias numerosas y el 32,9% de las personas con discapacidad.
Es especialmente preocupante la pobreza infantil, que alcanza a 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 29,2% del total (el promedio de la Unión Europea es del 24,2%). La pobreza infantil severa es del 14,1%.
El informe indica que las políticas sociales adoptadas en los últimos años evitaron que 11,1 millones de personas entrasen en pobreza en 2024, pero no logran reducir la pobreza extrema. Los datos alertan sobre una problemática estructural: Al menos una de cada cuatro personas se ha mantenido en riesgo de pobreza o exclusión social en la última década.
Tener empleo no garantiza el bienestar y estabilidad. Los datos confirman que es imposible sostener una familia con un único salario. Salario y pobreza van de la mano cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en los hogares monoparentales: El 31% de ellos, en los que el padre o la madre trabajan, no logran superar el umbral de la pobreza.
El informe urge a las formaciones políticas a tener "altura de miras" y aprobar en la presente legislatura el Pacto de Estado contra la Pobreza, con medidas que garanticen ingresos dignos en todas las etapas de la vida, acceso a vivienda digna, empleo de calidad, educación inclusiva y políticas de cuidados y corresponsabilidad.
¿ELIMINAR LA DELINCUENCIA A CAÑONAZOS?
Al menos 415 personas han muerto bajo custodia de agentes de seguridad del Estado en El Salvador durante un estado de excepción que dura ya tres años, de acuerdo a organizaciones locales de derechos humanos.
El presidente Nayib Bukele puso en marcha en 2022 un drástico plan para eliminar la violencia de las pandillas juveniles, que incluyó la construcción de una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos.
Desde entonces, se han contabilizado al menos 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas, aunque las organizaciones humanitarias insisten en que muchos de ellos no tenían nada que ver con los delincuentes. Acusan al gobierno de graves violaciones a derechos humanos, de delitos de desaparición forzada y tortura y de incrementar la persecución en contra de defensores de derechos humanos. El estado de excepción, dicen, “ha pasado de ser una medida contra las pandillas, a una medida de control social”.
A principios de año, el presidente Bukele ofreció su cárcel a Estados Unidos para albergar a los inmigrantes irregulares expulsados de Estados Unidos.
LOS RECORTES SE TRADUCEN EN MUERTES
La retirada abrupta de los fondos estadounidenses de la ayuda al exterior está poniendo en riesgo millones de vidas y derechos humanos en 177 países, denuncia un reciente informe de Amnistía Internacional.
La administración estadounidense ordenó en enero pasado la cancelación de toda la ayuda exterior gestionada por la USAID, que el 2024 había alcanzo 61.000 millones de dólares, aunque probablemente solo el 10% se destinó a programas de asistencia o desarrollo.
El informe cita específicamente a Haití, Sudáfrica, Sudán del Sur, Yemen, Guatemala, Siria, Afganistán, Myanmar y Tailandia, donde han sido cerradas clínicas básicas, refugios para mujeres víctimas de violencia, centros de atención nutricional para niños y de acogimiento para migrantes y solicitantes de asilo, programas para afectados de SIDA, de acceso a medicamentos, protección legal, acceso a vacunación, contra el trabajo infantil…
Organismos humanitarios estiman que en los próximos años habrá en el mundo varios millones de muertes adicionales debido a esos recortes. Amnistía Internacional alerta de que se ha creado "un vacío potencialmente mortal".
Cabe señalar que también han realizado importantes recortes en cooperación el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos y otros países.
Esas decisiones, sumada a los efectos de la crisis climática y al aumento y la gravedad de los conflictos está llevando a "la peor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial".
España, Bélgica, Francia, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Unión Europea que intensifique su acción humanitaria y asuma más responsabilidad en la ayuda al desarrollo, tras los recortes decretados por Estados Unidos. De los cinco países citados, Bélgica aporta aproximadamente el 0,87% de su PIB a la cooperación internacional; Francia, el 0,62%; Irlanda, el 0.7%; Eslovenia, el 0.62%; España…, apenas el 0,25%. La iniciativa, por parte de España, es buena, pero ¿no sería oportuno empezar a dar ejemplo?
PRODUCEN RIQUEZA, PERO NO TIENEN DERECHOS
Las exportaciones agrícolas de Almería dejaron 3.380 millones de beneficios en 2024, en gran parte debidos a los más de 7.000 trabajadoras y trabajadores que sostienen la agroindustria en la provincia, sometidos a la vulneración de sus derechos básicos.
“Mientras la agroindustria capitalista bajo plástico (invernaderos) no deja de expandirse y generar millones en beneficios, los jornaleros que sostienen el negocio son abandonados a su suerte”, explica la Plataforma Derecho a Techo.
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, más de 7.000 personas viven en los asentamientos de precarias chabolas, al carecer de otra alternativa habitacional; sus largas jornadas laborales en la recolección y el tratamiento de frutas y verduras (hasta 12 horas diarias) no les permiten cubrir sus necesidades básicas.
Los empresarios les exigen hasta 1.400 euros por facilitarles el empadronamiento y 4.000 euros por un contrato que les permita regularizar su situación migratoria…
¿EL TIRO POR LA CULATA?
Aprovechando que el día del Ejército y de la Bandera coincidían con su 79 cumpleaños, Donald Trump diseñó un masivo acto de culto a su personalidad, realizando un marco desfile militar, en un país donde los desfiles militares no son una tradición, salvo en álgidos momentos de unidad nacional y patriotismo, y que suelen interpretarse como algo propio de los países autoritarios.
La jugada no le salió bien del todo. Al desfile militar, que costó 45 millones de dólares, no asistieron ninguno de los expresidentes, ni republicanos ni demócratas. Un grupo de militares veteranos se plantó ante el Capitolio (sede del Congreso). “Los veteranos pedimos calles sin soldados”, gritaban.
Muchos estadounidenses no están contentos con la deriva autoritaria del presidente, que tiene en su punto de mira a los medios de comunicación, los sindicatos, los bufetes de abogados, las universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro que considera opositoras. El envío de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines a la ciudad de los Ángeles para frenar las protestas por su política migratoria parece haber sido la gota que ha rebalsado el vaso.
Plataformas sociales convocaron cerca de 2.000 manifestaciones en toda la geografía estadounidense, para protestar contra esa deriva autoritaria, y millones de personas salieron a la calle en todo el país el sábado 14 de junio. Había personas de toda condición física, raza, nacionalidad o religión, incluidos sacerdotes con alzacuellos y mujeres con hiyab. Protestaban contra el autoritarismo del presidente y por la democracia, contra las redadas masivas de migrantes y la militarización de las calles, por los derechos de las minorías. “Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión es un deber”, podía leerse en varias pancartas.
Al día siguiente de las manifestaciones, Trump escribió: “Por la presente, ordeno a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que hagan todo lo que esté en su mano para alcanzar el importantísimo objetivo de llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva de la historia”.
Solo podría ocurrírsele a una persona narcisista y de escasa cultura, sin pudor ni vergüenza, que se percibe a sí mismo como una especie de emperador sin límites que intenta desafiar los contrapesos institucionales tradicionales de Estados Unidos.
EMPRESARIOS CON PRÁCTICAS MEDIEVALES
Fueron reclutados en países tan lejanos como Nepal, India o Pakistán. Una red transnacional les prometía empleos dignos. Algunos llegaron a la comarca de La Vera, Cáceres, donde eran obligado a trabajar en explotaciones agrícolas en condiciones de semiesclavitud: sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y con jornadas extenuantes a cambio de salarios ínfimos.
Una investigación policial logró liberar a 45 víctimas, y nueve personas han sido detenidas y tres han ingresado a prisión, acusadas de participar en la trama de explotación laboral, que evidencia la dependencia agroindustria española de la mano de obra precaria, en su mayoría migrante y sin papeles. También evidencian cierta pasividad institucional, así como la falta de inspección y de una legislación laboral que proteja a quienes están en situación administrativa irregular.
LA BANCA, CONTRA LOS IMPUESTOS
Las patronales bancarias han planteado un recurso contra el impuesto decretado por el gobierno a finales de 2024 para el sector, que tendrá una duración limitada a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.
Ese impuesto sustituye a uno anterior de 2023, que tuvo vigencia para 2023 y 2024. Aquel impuesto también fue impugnado por la banca, y sigue su trámite judicial. Por aquel impuesto la banca pagó en conjunto 1.787 millones de euros en 2024.
La patronal bancaria argumenta que el impuesto tendrá "graves efectos" para la financiación de familias y empresas, un impacto "negativo" para la inversión y, en general, un "perjuicio" al conjunto de la economía.
Los seis grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) tuvieron beneficios conjuntos de 20.850 millones de en 2022, 26.088 millones en 2023 y 31.768 millones en 2024.