LAS OTRAS NOTICIAS (380)
25 de Junio de 2025
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
ESPAÑA, DONDE NO SE CONCEDE ASILO
En España, 167.366 personas solicitaron protección internacional en 2024. Es el segundo país de Europa que más solicitudes recibe, solo detrás de Alemania. Pero solo concedió protección a 17.808 personas, el 18,5% de las que lo solicitaron, mientras el promedio europeo es del 46,6%. Son datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Durante el 2024 se resolvieron 96.281 expedientes, pero aún se acumulan 242.056 solicitudes pendientes de resolver.
Venezuela es el país con más solicitantes de asilo (66.134 peticiones), seguido de Colombia (40.140) y Mali (10.673)
CEAR recuerda la obligación del Estado de garantizar vías legales y seguras para evitar las muertes durante los tránsitos de las personas que buscan protección internacional, que cada vez deben intentar rutas más largas. Sugiere poder recurrir a la vía diplomática, contemplada en la ley, así como los visados humanitarios o los cupos de reasentamiento de personas, que son reconocidos y se aplican en otros países.
Recuerda también que el Estado debe garantizar el principio de no devolución, especialmente cuando en la Unión Europea se está hablando de “terceros países seguros”, que no lo son.
PALESTINA: LA MASACRE SIGUE, Y EL CINISMO TAMBIÉN
Después de 20 meses de genocidio que se ha cobrado más de 56.000 víctimas mortales, la Unión Europea, tras un concienzudo análisis, ha llegado a la audaz conclusión de que hay “indicios” de que Israel viola los derechos humanos en Gaza. Pese a ese alarde de clarividencia, no decretará sanciones ni cancelará o modificará el acuerdo comercial con Israel.
“España seguirá alzando la voz para terminar con la masacre”, declaró el presidente español, Pedro Sánchez. ¿De verdad piensa el señor Sánchez que, en este caso, sirve de algo levantar la voz?
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución que pide a Israel poner fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza y condena el uso del hambre como arma de guerra.
En las décadas recientes, más de 100 resoluciones de la ONU han condenado los asentamientos israelíes, los desplazamientos forzados, los ataques contra civiles y el genocidio… Pero Israel no se enfrenta a sanciones, ni a un embargo de armas, ni al aislamiento internacional. Por el contrario, sigue recibiendo miles de millones de dólares en ayuda militar, acuerdos comerciales preferenciales y cobertura política de las potencias occidentales.
Ello contrasta con la celeridad occidental para imponer sanciones a Rusia, Irán o Venezuela, por ejemplo. Un flagrante doble rasero ha destruido la credibilidad de cualquier discurso “basado en normas”.
Desde que comenzó el genocidio de Israel sobre la población de Gaza en octubre de 2023, han sido asesinadas más de 56.000 personas y más de 128.000 han resultado heridas. La ONU informa que 503 han muerto y más de 3.400 han quedado heridas por disparos de los soldados israelíes desde que en mayo pasado entró a funcionar la Fundación Humanitaria de Gaza, un invento de Israel y Estados Unidos para quitarle a la ONU y a las ONG internacionales la distribución de ayuda en Gaza.
Y sigue sin pasar nada. Es más, los dirigentes europeos siguen hablando del derecho de Israel a defenderse y de que los terroristas son los otros…
ÁFRICA Y EL CÓLERA
El cólera continúa su avance en el continente africano, con más de 163.972 contagios y 3.273 muertes registradas en lo que va de 2025. Hay 22 países afectados, sobre todo la República Democrática del Congo (más de 32.000 casos), Angola (más de 25.000) y Sudán del Sur (más de 54.000).
En África ocurren el 60% de todos los contagios de cólera a nivel global y el 93,5% de las muertes.
El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae, que se transmite a través de agua o alimentos contaminados. Afecta tanto a niños como a adultos y puede ser letal si no se trata a tiempo. Los principales factores que propician su expansión son las carencias en agua potable, saneamiento, hacinamiento en zonas urbanas y el cruce constante de fronteras.
CUANDO EL RACISMO SE VISTE DE CRIMEN
Su familia dice que Abderrahim, de 35 años, padecía problemas de salud mental y estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. El policía municipal, que estaba fuera de servicio, dice que Abderrahim intentó robarle el móvil. El agente le sujetó aplicándole durante varios minutos la llamada técnica del mataleón, una maniobra de sujeción por el cuello que puede producir el estrangulamiento, y no le soltó hasta después de haberlo matado por asfixia, pese a que los vecinos le gritaban: “¡Suéltalo, animal!".
Ocurrió el 17 de junio en Torrejón de Ardoz, Madrid, donde Abderrahim, de origen marroquí, residía con sus padres y hermanos.
“Abderrahim no pesaba ni 60 kilos, y con doblarle un brazo habría bastado” para inmovilizarlo, dijo un testigo.
La jueza que ve el caso descartó el asesinato y el homicidio. El policía fue imputado por homicidio imprudente, y puesto en libertad a las 24 horas. ¿No es eso lo que vulgarmente llamamos impunidad?
Así parecen entenderlo los centenares de vecinos de Torrejón y las organizaciones sociales que se han manifestado denunciando el racismo y la violencia institucional que las personas migrantes sufren a diario en nuestro país, enfatizando que el asesinato de Abderrahim no es un hecho aislado ni un homicidio imprudente y que detrás de él hay odio y racismo”.
NIÑOS MORIRÁN DE SED POR LA “SEQUÍA PROVOCADA”
Los niños de Gaza "van a empezar a morir de sed" si continúa el bloqueo de combustible para las plantas desalinizadoras de agua impuesto por Israel desde hace más de 100 días, según denuncia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Actualmente sólo operan un 40 % de las instalaciones de producción de agua en Gaza, lo que constituye “una sequía provocada", que podría terminar de la noche a la mañana solamente con que cesara el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria.
Ese bloqueo también incluye la ayuda alimentaria. Más de un centenar de niños son tratados diariamente por malnutrición, y otros muchos no pueden acceder a atención médica, en un momento en el que los hospitales gazatíes también están gravemente afectados por la falta de combustible.
OURENSE, CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO
Difunden mensajes de odio y miedo, con videos de personas en situación de calle o de drogodependencia, sin su consentimiento, a las que señalan como amenazas para la convivencia. Promueven su rechazo como solución para la seguridad y llaman a su expulsión de los espacios públicos.
Parecía una iniciativa ciudadana, pero pronto se descubrió la implicación directa del Frente Obrero, movimiento de extrema derecha encabezado por el “influencer” Roberto Vaquero, que busca introducirse en el debate público de Ourense aprovechando la preocupación de la vecindad. Han llegado a organizar “patrullas vecinales” que agreden impunemente a personas que viven o piden ayuda económica en la calle.
Los vecinos han reaccionado ante ese intento de normalizar discursos de odio y de criminalizar la pobreza y a las personas en situación de vulnerabilidad. Se han agrupado en una Coordinadora Vecinal, que ha convocado asambleas abiertas para buscar, “frente a las respuestas simplistas que promueven la exclusión y el conflicto, una intervención seria, colectiva y profunda, basada en los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas afectadas”.
Alerta de que la situación de exclusión social, especialmente en los barrios populares, es consecuencia de un proceso prolongado de desmantelamiento de los servicios públicos por parte de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense, que ha agravado la falta de atención a la salud mental, a las adicciones y al sinhogarismo.
Los vecinos apuestan por la solidaridad, el cuidado mutuo y la movilización, y se proponen construir un contradiscurso que confronte las ideas fascistas, así como pedir responsabilidades institucionales y, sobre todo, proteger a las personas vulnerables.
LA SANIDAD MADRILEÑA, A LA ONU
Tres mujeres madrileñas, de la plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos por la Sanidad Pública de Madrid, han viajado hasta la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde han denunciado que en la Comunidad de Madrid (gobernada por el conservador Partido Popular) hay más de 760.000 pacientes sin médico asignado, situación que es más grave en las zonas más pobres.
La Comunidad de Madrid, afirman, apenas invierte el 10,7% del gasto sanitario en Atención Primaria, frente al 25% que aconseja la OMS, lo que repercute en que un 73% de los centros de salud no tengan su plantilla completa.
También enfatizan en que más de millón de personas están en lista de espera hospitalaria, esperando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.
LA COMUNIDAD DE MADRID, CONTRA LA UNIVERSIDAD
La Comunidad de Madrid prepara una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que busca otorgar máximos poderes al Consejo Social de la Universidad, conformado por empresas y burócratas, para decidir los grados, másteres, becas, plazas o facultades de la universidad, y acallar al movimiento estudiantil a base de multas impagables.
La nueva ley establece multas entre 15.000 y 100.000 euros por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias”, por “impedir o dificultar la labor de los medios de comunicación dentro del campus”, por “faltar al respeto a personal y a labor docente o a los alumnos”, o por “ejercer el hostigamiento a personas que visiten o sean invitadas al campus”.
Las multas serán de entre 100.000 y un millón de euros para quienes “impidan o dificulten la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, por “ejercer o amparar cualquier forma de censura o persecución por opinión” o por “permitir la celebración de referéndums ilegales”. Habrá multas menores, entre 300 y 15.000 euros, por “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados”.
Se trata, dicen los expertos, de un régimen sancionador propio de la dictadura, que castigará, en nombre de la libertad, a cualquier estudiante o catedrático que participe de una protesta pacífica en el campus o que se manifieste en defensa de la universidad pública, en solidaridad con Palestina o contra los discursos de odio. Las medidas, agregan, constituyen un ataque directo a la autonomía universitaria y un bloqueo a las libertades de expresión y de educación garantizado por la Constitución, así como un intento de “amordazar la protesta” estudiantil.
La nueva Ley viene después de que en diciembre pasado la Comunidad de Madrid recortara en un 35% el presupuesto de las universidades públicas madrileñas, y muchos ven en ella un reflejo de lo que Donald Trump está haciendo con las Universidades estadounidenses de Harvard o Columbia.
