LAS OTRAS NOTICIAS (381)

2 de Julio de 2025

FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.

CUANDO LA ESPERANZA ACABA EN MUERTE

En los primeros cinco meses de 2025 fallecieron 1.865 personas cuando intentaban llegar a las costas españolas (112 mujeres y 342 niños y niñas), y 38 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo, de acuerdo a la organización Caminando Fronteras

La ruta atlántica, desde Mauritania, Senegal y Gambia hasta las Islas Canarias, continúa siendo la más letal y peligrosa. En ella fallecieron 1.482 personas, el 80% de todas las muertes registradas.

Caminando Fronteras denuncia que continúa la falta de activación y la inacción en los operativos de búsqueda, aun conociendo la posición de las embarcaciones, la descoordinación entre los países, la falta de investigación de las causas y consecuencias de los naufragios, la grave precariedad de las embarcaciones y las salidas con malas condiciones meteorológicas.

AHORA, LOS RECORTES DEL G-7

Después de los recortes de Trump, del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, ahora han sido los países del G-7, los más poderosos del mundo, los que han decidido  en bloque recortar en un 28% su ayuda oficial al desarrollo.

Hablamos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que en conjunto aportan alrededor de tres cuartas partes de toda la ayuda oficial al desarrollo.

“Estos recortes matarán de hambre a las personas hambrientas, negarán medicinas a las personas enfermas y bloquearán la educación de una generación de niñas y niños”, ha valorado Oxfam Intermon.

Los recortes no podrían llegar en peor momento, agrega Oxfam, con el hambre, la pobreza y el daño climático intensificándose y con una creciente crisis de la deuda y nuevas barreras comerciales, que socava la capacidad de los gobiernos de los países pobres para cuidar de su población.

Los recortes, asegura Oxfam, ponen en peligro servicios públicos vitales en los países más pobres del mundo, colmo Liberia, Haití, Malaui y Sudán del Sur, y podrían costar millones de vidas y dejar a niñas, niños, mujeres y hombres sin acceso a suficientes alimentos, agua, educación y atención médica.

El 2026, en África, 5,7 millones de personas más caerán por debajo de los niveles de pobreza extrema (menos de tres euros de ingresos en promedio), una cifra que podría llegar a los 19 millones en 2030.

Mientras tanto, los multimillonarios de los países del G7 siguen viendo cómo aumenta su riqueza. En lo que va de 2025, han ganado 126.000 millones de dólares. Con un pequeño gravamen a esos superricos el G-7 podría cumplir fácilmente sus compromisos financieros para acabar con la pobreza y el colapso climático.

MALI QUIERE CONTROLAR SU ORO

El gobierno de Mali ha puesto bajo su administración el complejo Loulo-Gounkoto, una de las minas de oro más grandes del mundo, propiedad de la empresa canadiense Barrick Mining, y simultáneamente ha comenzado la construcción de la primera refinería de oro estatal de África Occidental, en asociación con la empresa rusa Yadran.

El objetivo es garantizar que el país pueda beneficiarse directamente de sus recursos minerales, sin depender de refinerías extranjeras.

Mali es el segundo mayor productor de oro de África y el cuarto del mundo. La refinería permitirá a Mali (y a otros países como Burkina Fasso) refinar todo el oro extraído en su territorio, poniendo fin a décadas de exportación de mineral en bruto. Tendrá capacidad para procesar hasta 200 toneladas de oro al año.

Como parte de una nueva política para fortalecer la economía nacional, el gobierno de Malí, miembro de la Alianza de los Estados del Sahel junto con Burkina Faso y Níger, ha estado presionando a varias empresas extranjeras del sector minero, a raíz de la aprobación de un nuevo código minero en 2024 para proteger los intereses nacionales.

EL CALOR Y LAS MUERTES

El pasado mes de junio, el más cálido desde que hay registros en España, ha dejado 380 muertes atribuibles a las altas temperaturas.

El año 2024 terminó con 2015 muertes atribuibles al mismo motivo.

Sin  embargo, el año más letal hasta la fecha ha sido 2022, que se saldó con 4.789 defunciones, seguido de 2023, con 3.035.

La mayoría de muertes se concentraron en los mayores de 75 años

TRUMP: LEY FISCAL PARA BENEFICIAR A LOS RICOS

Es una de sus leyes estrella. Una nueva ley fiscal centrada en reducir los impuestos a los ricos, incrementar los gastos en defensa y recortar ayudas en diferentes áreas como educación, salud y otros servicios.

Además de reducir los impuestos sobre la renta individual y el patrimonio (beneficio directo a los más ricos), el proyecto incluye una mayor militarización de la frontera, retirar incentivos para las inversiones que promuevan la lucha contra el cambio climático y eliminar casi 1,1 billones de dólares en cobertura sanitaria pública a la población, que podría dejar sin seguro médico a unos 11,8 millones de estadounidenses en 2034. Otros 40 millones de personas de bajos ingresos se verán afectadas por la cancelación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

El 10% de la población de mayor renta verá aumentar sus ingresos en unos 12.000 dólares anuales en promedio.

Los expertos dicen que la bajada de impuestos provocará una disminución de 3.67 billones de dólares en los ingresos del Estado la próxima década, lo que será compensado por los recortes en los programas de salud pública y asistencia social.

La deuda pública estadounidense, que actualmente es de 29 billones de dólares, aumentará otros 3,3 billones de dólares.

¿Es esto gobernar (para el bien común)?

ESPAÑA: CRISIS DE LA ENFERMERÍA Y LOS HOSPITALES

En España hay en activo 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La media europea es de 8,5 por 1.000. Harían falta al menos 132.000 enfermeras para alcanzar los estándares europeos. Son datos del Consejo General de Enfermería, que representa a las más de 353.000 enfermeras y enfermeros de España.

Casi un 40% de enfermeras manifiesta que dejará la profesión en los próximos 10 años, debido a la sobrecarga de trabajo, escasa autonomía profesional y condiciones retributivas que no se corresponden con el nivel de responsabilidad y formación.

De los 10.824 contratos de enfermeras/os firmados en 2024, el 77,7% fueron temporales. En ese mismo año, 1.470 salieron a trabajar en el extranjero. El  ritmo de jubilaciones ya supera al de nuevos egresados.

El Consejo advierte que el déficit estructural y crónico de recursos se agudiza en verano, debido a que gran parte del personal toma vacaciones y no se nombran sustitutos/as. Hay servicios con 30 enfermeras que en verano se quedan con 10, con lo que inevitablemente baja la calidad del servicio a los pacientes, además de repercutir en las listas de espera y la saturación en quirófanos y centros de salud.

Los hospitales de la sanidad pública ‘perderán’ 10.258 camas este verano (junio - septiembre), 1.539 de ellas en la Comunidad de Madrid.

                                                                                                                                  MADRID, PARAÍSO PARA ULTRARRICOS

La llegada masiva de millonarios latinoamericanos, estadounidenses, rusos y asiáticos ha convertido a Madrid en un destino predilecto del lujo global. Esos inmigrantes legales (con papeles) compran propiedades en los barrios más exclusivos, beneficiándose de la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid.

Este auge inmobiliario transforma barrios tradicionales de Madrid en paraísos de lujo y exclusión social. En ellos se multiplican los hoteles de lujo, los clubs exclusivos donde una botella de champán alcanza los 12.500 euros y restaurantes donde una cuenta puede superar los 30.000 euros.

Los grandes bancos abren sucursales específicas para clientes con patrimonios superiores a los 50 millones.

El fenómeno no es ajeno a la especulación inmobiliaria: El pasado mes de mayo, el costo del metro cuadrado en la vivienda aumentó un 24,3%.

Mientras tanto, crece la dificultad de acceso a la vivienda para los residentes locales, se agudiza la desigualdad urbana y miles de jóvenes no pueden emanciparse porque el alquiler no deja de subir. El modelo de “ciudad para inversores” deja fuera a quienes buscan un hogar, no un producto financiero.

CAIMANES PARA VIGILAR INMIGRANTES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha inaugurado un nuevo centro de internamiento para personas migrantes en un paraje inhóspito del estado de Florida, en medio de pantanos con caimanes, pitones y mosquitos, “para ahorrar en seguridad”.

Tenemos muchos guardias y policías, pero en forma de caimanes”, ha dicho Trump. “A los internos les vamos a enseñar a huir de un caimán si escapan de la prisión”.

La instalación podría albergar a 5.000 detenidos y  costará 450 millones de dólares anuales.

En el pasado mes de junio la administración estadounidense deportó más de 56.000 inmigrantes.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump. Una reciente resolución permitirá al gobierno acelerar las deportaciones de presuntos miembros de bandas (principalmente de origen venezolano), suspender las admisiones de refugiados y eliminar las protecciones legales para más de 530.000 migrantes. 

También podrá eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, garantizada por la Constitución.

UN PREMIO VERGONZOSO

Fue primer ministro de Italia y presidente del Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, en los años del llamado austericidicio, cuando se impusieron a varios países europeos fuertes sacrificios sociales en forma de recortes a los servicios públicos y los derechos laborales, mientras los bancos recibían millonarias inyecciones de capital para sanear sus cuentas.

Se llama Mario Draghi. Es economista, y a lo largo de su carrera promovió el neoliberalismo económico y el rearme europeo, y no hizo nada por atajar el problema de la evasión fiscal.

Recientemente, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025.

CABEZAS ATÓMICAS EN EL MUNDO

La tensión creciente en Oriente Medio derivada del ataque de Israel a Irán para evitar que ese país pueda fabricar armas nucleares ha reavivado el debate. ¿Siguen siendo solo herramientas de disuasión o un riesgo real de uso estratégico en un acto extremo de desesperación?

En 1968 fue firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), pero la modernización y aumento de arsenales sigue en curso.

De acuerdo a informes de organismos independientes, Rusia posee 4.309 armas nucleares, Estados Unidos 3.700, China 600, Francia 290, Reino Unido 225, India 180, Pakistán 170, Israel 90 y Corea del Norte 50.

LAS OTRAS NOTICIAS (380)

25 de Junio de 2025

FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.

ESPAÑA, DONDE NO SE CONCEDE ASILO

En España, 167.366 personas solicitaron protección internacional en 2024. Es el segundo país de Europa que más solicitudes recibe, solo detrás de Alemania. Pero solo concedió protección a 17.808 personas, el 18,5% de las que lo solicitaron, mientras el promedio europeo es del 46,6%. Son datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Durante el 2024 se resolvieron 96.281 expedientes, pero aún se acumulan 242.056 solicitudes pendientes de resolver.

Venezuela es el país con más solicitantes de asilo (66.134 peticiones), seguido de Colombia (40.140) y Mali (10.673)

CEAR recuerda la obligación del Estado de garantizar vías legales y seguras para evitar las muertes durante los tránsitos de las personas que buscan protección internacional, que cada vez deben intentar rutas más largas. Sugiere poder recurrir a la vía diplomática, contemplada en la ley, así como los visados humanitarios o los cupos de reasentamiento de personas, que son reconocidos y se aplican en otros países.

Recuerda también que el Estado debe garantizar el principio de no devolución, especialmente cuando en la Unión Europea se está hablando de “terceros países seguros”, que no lo son.

PALESTINA: LA MASACRE SIGUE, Y EL CINISMO TAMBIÉN

Después de 20 meses de genocidio que se ha cobrado más de 56.000 víctimas mortales, la Unión Europea, tras un concienzudo análisis, ha llegado a la audaz conclusión de que hay “indicios” de que Israel viola los derechos humanos en Gaza. Pese a ese alarde de clarividencia, no decretará sanciones  ni cancelará o modificará el acuerdo comercial con Israel.

“España seguirá alzando la voz para terminar con la masacre”, declaró el presidente español, Pedro Sánchez. ¿De verdad piensa el señor Sánchez que, en este caso, sirve de algo levantar la voz?

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución que pide a Israel poner fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza y condena el uso del hambre como arma de guerra.

En las décadas recientes, más de 100 resoluciones de la ONU han condenado los asentamientos israelíes, los desplazamientos forzados, los ataques contra civiles y el genocidio… Pero Israel no se enfrenta a sanciones, ni a un embargo de armas, ni al aislamiento internacional. Por el contrario, sigue recibiendo miles de millones de dólares en ayuda militar, acuerdos comerciales preferenciales y cobertura política de las potencias occidentales.

Ello contrasta con la celeridad occidental para imponer sanciones a Rusia, Irán o Venezuela, por ejemplo. Un flagrante doble rasero ha destruido la credibilidad de cualquier discurso “basado en normas”.

Desde que comenzó el genocidio de Israel sobre la población de Gaza en octubre de 2023, han sido asesinadas más de 56.000 personas y más de 128.000 han resultado heridas. La ONU informa que 503 han muerto y más de 3.400 han quedado heridas por disparos de los soldados israelíes desde que en mayo pasado entró a funcionar la Fundación Humanitaria de Gaza, un invento de Israel y Estados Unidos para quitarle a la ONU y a las ONG internacionales la distribución de ayuda en Gaza.

Y sigue sin pasar nada. Es más, los dirigentes europeos siguen hablando del derecho de Israel a defenderse y de que los terroristas son los otros…

ÁFRICA Y EL CÓLERA

El cólera continúa su avance en el continente africano, con más de 163.972 contagios y 3.273 muertes registradas en lo que va de 2025. Hay 22 países afectados, sobre todo la República Democrática del Congo (más de 32.000 casos), Angola (más de 25.000) y Sudán del Sur (más de 54.000).

En África ocurren el 60% de todos los contagios de cólera a nivel global y el 93,5% de las muertes.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae, que se transmite a través de agua o alimentos contaminados. Afecta tanto a niños como a adultos y puede ser letal si no se trata a tiempo. Los principales factores que propician su expansión son las carencias en agua potable, saneamiento, hacinamiento en zonas urbanas y el cruce constante de fronteras.

CUANDO EL RACISMO SE VISTE DE CRIMEN

Su familia dice que Abderrahim, de 35 años, padecía problemas de salud mental y estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. El policía municipal, que estaba fuera de servicio, dice que Abderrahim intentó robarle el móvil. El agente le sujetó aplicándole durante varios minutos la llamada técnica del mataleón, una maniobra de sujeción por el cuello que puede producir el estrangulamiento, y no le soltó hasta después de haberlo matado por asfixia, pese a que los vecinos le gritaban: “¡Suéltalo, animal!".

Ocurrió el 17 de junio en Torrejón de Ardoz, Madrid, donde Abderrahim, de origen marroquí, residía con sus padres y hermanos.

 “Abderrahim no pesaba ni 60 kilos, y con doblarle un brazo habría bastado” para inmovilizarlo, dijo un testigo.

La jueza que ve el caso descartó el asesinato y el homicidio. El policía fue imputado por homicidio imprudente, y puesto en libertad a las 24 horas. ¿No es eso lo que vulgarmente llamamos impunidad?

Así parecen entenderlo los centenares de vecinos de Torrejón y las organizaciones sociales que se han manifestado denunciando el racismo y la violencia institucional que las personas migrantes sufren a diario en nuestro país, enfatizando que el asesinato de Abderrahim no es un hecho aislado ni un homicidio imprudente y que detrás de él hay odio y racismo”.

NIÑOS MORIRÁN DE SED POR LA “SEQUÍA PROVOCADA”

Los niños de Gaza "van a empezar a morir de sed" si continúa el bloqueo de combustible para las plantas desalinizadoras de agua impuesto por Israel desde hace más de 100 días, según denuncia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Actualmente sólo operan un 40 % de las instalaciones de producción de agua en Gaza, lo que constituye “una sequía provocada", que podría terminar de la noche a la mañana solamente con que cesara el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria.

Ese bloqueo también incluye la ayuda alimentaria. Más de un centenar de niños son tratados diariamente por malnutrición, y otros muchos no pueden acceder a atención médica, en un momento en el que los hospitales gazatíes también están gravemente afectados por la falta de combustible.

OURENSE, CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO

Difunden mensajes de odio y miedo, con videos de personas en situación de calle o de drogodependencia, sin su consentimiento, a las que señalan como amenazas para la convivencia. Promueven su rechazo como solución para la seguridad y llaman a su expulsión de los espacios públicos.

Parecía una iniciativa ciudadana, pero pronto se descubrió la implicación directa del Frente Obrero, movimiento de extrema derecha encabezado por el “influencer” Roberto Vaquero, que busca introducirse en el debate público de Ourense aprovechando la preocupación de la vecindad. Han llegado a organizar “patrullas vecinales” que agreden impunemente a personas que viven o piden ayuda económica en la calle.

Los vecinos han reaccionado ante ese intento de normalizar discursos de odio y de criminalizar la pobreza y a las personas en situación de vulnerabilidad. Se han agrupado en una Coordinadora Vecinal, que ha convocado asambleas abiertas para buscar, “frente a las respuestas simplistas que promueven la exclusión y el conflicto, una intervención seria, colectiva y profunda, basada en los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas afectadas”.

Alerta de que la situación de exclusión social, especialmente en los barrios populares, es consecuencia de un proceso prolongado de desmantelamiento de los servicios públicos por parte de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense, que ha agravado la falta de atención a la salud mental, a las adicciones y al sinhogarismo.

Los vecinos apuestan por la solidaridad, el cuidado mutuo y la movilización, y se proponen construir un contradiscurso que confronte las ideas fascistas, así como pedir responsabilidades institucionales y, sobre todo, proteger a las personas vulnerables.

LA SANIDAD MADRILEÑA, A LA ONU

Tres mujeres madrileñas, de la plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos por la Sanidad Pública de Madrid, han viajado hasta la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde han denunciado que en la Comunidad de Madrid (gobernada por el conservador Partido Popular) hay más de 760.000 pacientes sin médico asignado, situación que es más grave en las zonas más pobres.

La Comunidad de Madrid, afirman, apenas invierte el 10,7% del gasto sanitario en Atención Primaria, frente al 25% que aconseja la OMS, lo que repercute en que un 73% de los centros de salud no tengan su plantilla completa.

También enfatizan en que más de millón de personas están en lista de espera hospitalaria, esperando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

LA COMUNIDAD DE MADRID, CONTRA LA UNIVERSIDAD

La Comunidad de Madrid prepara una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que busca otorgar máximos poderes al Consejo Social de la Universidad, conformado por empresas y burócratas, para decidir los grados, másteres, becas, plazas o facultades de la universidad, y acallar al movimiento estudiantil a base de multas impagables.

La nueva ley establece multas entre 15.000 y 100.000 euros por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias”, por “impedir o dificultar la labor de los medios de comunicación dentro del campus”, por “faltar al respeto a personal y a labor docente o a los alumnos”, o por “ejercer el hostigamiento a personas que visiten o sean invitadas al campus”.

Las multas serán de entre 100.000 y un millón de euros para quienes “impidan o dificulten la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, por “ejercer o amparar cualquier forma de censura o persecución por opinión” o por “permitir la celebración de referéndums ilegales”. Habrá multas menores, entre 300 y 15.000 euros, por “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados”.

Se trata, dicen los expertos, de un régimen sancionador propio de la dictadura, que castigará, en nombre de la libertad, a cualquier estudiante o catedrático que participe de una protesta pacífica en el campus o que se manifieste en defensa de la universidad pública, en solidaridad con Palestina o contra los discursos de odio. Las medidas, agregan, constituyen un ataque directo a la autonomía universitaria y un bloqueo a las libertades de expresión y de educación garantizado por la Constitución, así como un intento de “amordazar la protesta” estudiantil.

La nueva Ley viene después de que en diciembre pasado la Comunidad de Madrid recortara en un 35% el presupuesto de las universidades públicas madrileñas, y muchos ven en ella un reflejo de lo que Donald Trump está haciendo con las Universidades estadounidenses de Harvard o Columbia.

LAS OTRAS NOTICIAS (379)

17 de Junio de 2025

FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.

REFUGIADOS Y DESPLAZADOS: CIFRAS RÉCORD

Actualmente hay en el mundo 122.1 millones de personas que viven lejos de sus hogares, debido a guerras, violencia, persecuciones y pobreza, de acuerdo a un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Equivalen a una de cada 67 personas en el planeta. 40% de ellos son menores de edad.

73,5 millones de ellos han permanecido en sus países (desplazados internos) y 42,7 millones han buscado refugio en otros países. Dos de cada tres refugiados viven en naciones vecinas a la suya; y, de éstas, tres de cada cuatro son economías en desarrollo.

Los países con más refugiados y desplazados son Sudán (14,3 millones), Siria (13,5), Afganistán (10,3) y Ucrania (8,8). En cuanto a la recepción de refugiados, Irán tiene acogidos 3,8 millones. Le siguen Turquía (3,1), Colombia (2,8) Alemania (2,7) y Uganda (1,7).

Pese a que la cifra de desplazados y refugiados duplica la de hace una década (entonces eran 65 millones), la financiación a ACNUR se mantiene casi al mismo nivel, "en un contexto de brutales recortes en ayuda humanitaria". A raíz de la congelación de las contribuciones de Estados Unidos, ACNUR ha debido recortar su personal en todo el mundo alrededor de un 30%.

RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA EN ESPAÑA

Las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fueron el año pasado 12.5 millones, 200.000 menos que el año anterior. Pasaron del 26,5% al 25,8% de la población. Es la cifra más baja de los pasados 10 años. Son datos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.

La mejoría no alcanza a los 4,1 millones en situación de pobreza severa, los que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes, cuyo número se ha mantenido prácticamente igual desde hace 17 años. Las medidas que han mejorado la situación general no llegan precisamente a las personas que más lo necesitan, lo que cronifica su situación y dificulta las posibilidades de salir de la pobreza

En los hogares monoparentales, el 50,3% están en riesgo de pobreza. También lo están el 49,1% de las familias numerosas y el 32,9% de las personas con discapacidad.

Es especialmente preocupante la pobreza infantil, que alcanza a 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 29,2% del total (el promedio de la Unión Europea es del 24,2%). La pobreza infantil severa es del 14,1%.

El informe indica que las políticas sociales adoptadas en los últimos años evitaron que 11,1 millones de personas entrasen en pobreza en 2024, pero no logran reducir la pobreza extrema. Los datos alertan sobre una problemática estructural: Al menos una de cada cuatro personas se ha mantenido en riesgo de pobreza o exclusión social en la última década.

Tener empleo no garantiza el bienestar y estabilidad. Los datos confirman que es imposible sostener una familia con un único salario. Salario y pobreza van de la mano cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en los hogares monoparentales: El 31% de ellos, en los que el padre o la madre trabajan, no logran superar el umbral de la pobreza.

El informe urge a las formaciones políticas a tener "altura de miras" y aprobar en la presente legislatura el Pacto de Estado contra la Pobreza, con medidas que garanticen ingresos dignos en todas las etapas de la vida, acceso a vivienda digna, empleo de calidad, educación inclusiva y políticas de cuidados y corresponsabilidad.

¿ELIMINAR LA DELINCUENCIA A CAÑONAZOS?

Al menos 415 personas han muerto bajo custodia de agentes de seguridad del Estado en El Salvador durante un estado de excepción que dura ya tres años, de acuerdo a organizaciones locales de derechos humanos.

El presidente Nayib Bukele puso en marcha en 2022 un drástico plan para eliminar la violencia de las pandillas juveniles, que incluyó la construcción de una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos.

Desde entonces, se han contabilizado al menos 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas, aunque las organizaciones humanitarias insisten en que muchos de ellos no tenían nada que ver con los delincuentes. Acusan al gobierno de graves violaciones a derechos humanos, de delitos de desaparición forzada y tortura y de incrementar la persecución en contra de defensores de derechos humanos. El estado de excepción, dicen, “ha pasado de ser una medida contra las pandillas, a una medida de control social”.

A principios de año, el presidente Bukele ofreció su cárcel a Estados Unidos para albergar a los inmigrantes irregulares expulsados de Estados Unidos.

LOS RECORTES SE TRADUCEN EN MUERTES

La retirada abrupta de los fondos estadounidenses de la ayuda al exterior está poniendo en riesgo millones de vidas y derechos humanos en 177 países, denuncia un reciente informe de Amnistía Internacional.

La administración estadounidense ordenó en enero pasado la cancelación de toda la ayuda exterior gestionada por la USAID, que el 2024 había alcanzo 61.000 millones de dólares, aunque probablemente solo el 10% se destinó a programas de asistencia o desarrollo.

El informe cita específicamente a Haití, Sudáfrica, Sudán del Sur, Yemen, Guatemala, Siria, Afganistán, Myanmar y Tailandia, donde han sido cerradas clínicas básicas, refugios para mujeres víctimas de violencia, centros de atención nutricional para niños y de acogimiento para migrantes y solicitantes de asilo, programas para afectados de SIDA, de acceso a medicamentos, protección legal, acceso a vacunación, contra el trabajo infantil…

Organismos humanitarios estiman que en los próximos años habrá en el mundo varios millones de muertes adicionales debido a esos recortes. Amnistía Internacional alerta de que se ha creado "un vacío potencialmente mortal".

Cabe señalar que también han realizado importantes recortes en cooperación el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos y otros países.

Esas decisiones, sumada a los efectos de la crisis climática y al aumento y la gravedad de los conflictos está llevando a "la peor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial".

España, Bélgica, Francia, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Unión Europea que intensifique su acción humanitaria y asuma más responsabilidad en la ayuda al desarrollo, tras los recortes decretados por Estados Unidos. De los cinco países citados, Bélgica aporta aproximadamente el 0,87% de su PIB a la cooperación internacional; Francia, el 0,62%; Irlanda, el 0.7%; Eslovenia, el 0.62%; España…, apenas el 0,25%. La iniciativa, por parte de España, es buena, pero ¿no sería oportuno empezar a dar ejemplo?

PRODUCEN RIQUEZA, PERO NO TIENEN DERECHOS

Las exportaciones agrícolas de Almería dejaron 3.380 millones de beneficios en 2024, en gran parte debidos a los más de 7.000 trabajadoras y trabajadores que sostienen la agroindustria en la provincia, sometidos a la vulneración de sus derechos básicos.

“Mientras la agroindustria capitalista bajo plástico (invernaderos) no deja de expandirse y generar millones en beneficios, los jornaleros que sostienen el negocio son abandonados a su suerte”, explica la Plataforma Derecho a Techo.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, más de 7.000 personas viven en los asentamientos de precarias chabolas, al carecer de otra alternativa habitacional; sus largas jornadas laborales en la recolección y el tratamiento de frutas y verduras (hasta 12 horas diarias) no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

Los empresarios les exigen hasta 1.400 euros por facilitarles el empadronamiento y 4.000 euros por un contrato que les permita regularizar su situación migratoria…

¿EL TIRO POR LA CULATA?

Aprovechando que el día del Ejército y de la Bandera coincidían con su 79 cumpleaños, Donald Trump diseñó un masivo acto de culto a su personalidad, realizando un marco desfile militar, en un país donde los desfiles militares no son una tradición, salvo en álgidos momentos de unidad nacional y patriotismo, y que suelen interpretarse como algo propio de los países autoritarios.

La jugada no le salió bien del todo. Al desfile militar, que costó 45 millones de dólares, no asistieron ninguno de los expresidentes, ni republicanos ni demócratas. Un grupo de militares veteranos se plantó ante el Capitolio (sede del Congreso). “Los veteranos pedimos calles sin soldados”, gritaban.

Muchos estadounidenses no están contentos con la deriva autoritaria del presidente, que tiene en su punto de mira a los medios de comunicación, los sindicatos, los bufetes de abogados, las universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro que considera opositoras. El envío de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines a la ciudad de los Ángeles para frenar las protestas por su política migratoria parece haber sido la gota que ha rebalsado el vaso.

Plataformas sociales convocaron cerca de 2.000 manifestaciones en toda la geografía estadounidense, para protestar contra esa deriva autoritaria, y millones de personas salieron a la calle en todo el país el sábado 14 de junio. Había personas de toda condición física, raza, nacionalidad o religión, incluidos sacerdotes con alzacuellos y mujeres con hiyab. Protestaban contra el autoritarismo del presidente y por la democracia, contra las redadas masivas de migrantes y la militarización de las calles, por los derechos de las minorías. “Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión es un deber”, podía leerse en varias pancartas.

Al día siguiente de las manifestaciones, Trump escribió: “Por la presente, ordeno a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que hagan todo lo que esté en su mano para alcanzar el importantísimo objetivo de llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva de la historia”.

Solo podría ocurrírsele a una persona narcisista y de escasa cultura, sin pudor ni vergüenza, que se percibe a sí mismo como una especie de emperador sin límites que intenta desafiar los contrapesos institucionales tradicionales de Estados Unidos.

EMPRESARIOS CON PRÁCTICAS MEDIEVALES

Fueron reclutados en países tan lejanos como Nepal, India o Pakistán. Una red transnacional les prometía empleos dignos. Algunos llegaron a la comarca de La Vera, Cáceres, donde eran obligado a trabajar en explotaciones agrícolas en condiciones de semiesclavitud: sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y con jornadas extenuantes a cambio de salarios ínfimos.

Una investigación policial logró liberar a 45 víctimas, y nueve personas han sido detenidas y tres han ingresado a prisión, acusadas de participar en la trama de explotación laboral, que evidencia la dependencia agroindustria española de la mano de obra precaria, en su mayoría migrante y sin papeles. También evidencian cierta pasividad institucional, así como la falta de inspección y de una legislación laboral que proteja a quienes están en situación administrativa irregular.

LA BANCA, CONTRA LOS IMPUESTOS

Las patronales bancarias han planteado un recurso contra el impuesto decretado por el gobierno a finales de 2024 para el sector, que tendrá una duración limitada a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.

Ese impuesto sustituye a uno anterior de 2023, que tuvo vigencia para 2023 y 2024. Aquel impuesto también fue impugnado por la banca, y sigue su trámite judicial. Por aquel impuesto la banca pagó en conjunto 1.787 millones de euros en 2024.

La patronal bancaria argumenta que el impuesto tendrá "graves efectos" para la financiación de familias y empresas, un impacto "negativo" para la inversión y, en general, un "perjuicio" al conjunto de la economía.

Los seis grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) tuvieron beneficios conjuntos de 20.850 millones de en 2022, 26.088 millones en 2023 y 31.768 millones en 2024.

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11 de Junio de 2025

FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.

ISRAEL Y LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD

Solo pretendía romper el bloqueo israelí, visibilizar el sufrimiento continuo en Gaza y llevar, aunque de forma simbólica, algo de ayuda humanitaria. Pero el gobierno israelí no soporta ese tipo de acciones, y en la madrugada del lunes 9 asaltó en aguas internacionales el barquito Madleen, en el que 12 activistas (franceses, alemanes, suecos, turcos, españoles…) se habían embarcado hacía una semana en Sicilia, Italia. Lo llamaban “Flotilla de la Libertad”.

Los buques del ejército israelí tomaron por asalto el barquito, sin resistencia por sus ocupantes, que se consideraron “secuestrados por las fuerzas israelíes”.

La acción, según organizaciones humanitarias, constituye una violación al derecho internacional, al atacar a voluntarios civiles que actúan por motivos humanitarios.

Una evidencia más de cómo Israel practica la piratería y el terrorismo de estado. Ya hace tiempo que Gaza se ha convertido en la tumba del derecho internacional.

CERCADOS POR EL HAMBRE Y LAS BOMBAS

El gobierno israelí alardea de que, en las últimas dos semanas, en el marco de su “ayuda humanitaria” a Gaza, ha distribuido en promedio 80 camiones diarios de ayuda. Ningún organismo independiente ha podido verificar la cifra. En cualquier caso, antes de iniciarse el genocidio israelí hace 17 meses, Gaza necesitaba 600 camiones diarios con suministros básicos como medicamentos, agua, alimentos y combustible. Entonces había 400 puntos de reparto de la ayuda; los israelíes han establecido ahora solo dos, para forzar a la población a desplazarse hacia zonas que quieren controlar.

Las tropas israelíes disparan sistemáticamente a los gazatíes que se acercan a los puntos de distribución, habiendo ocasionado ya al menos 130 muertos.

Según la ONU, 77.000 niños y niñas están expuestos a la muerte en Gaza, debido a la desnutrición, el hambre y la escasez de alimentos. La falta de acceso a servicios básicos, el desplazamiento masivo de familias, y la destrucción de infraestructuras sanitarias, han incrementado de forma exponencial el riesgo para recién nacidos y menores.

El genocidio israelí ha provocado ya 54.880 gazatíes muertos y 126.227 heridos. Una de sus acciones más recientes fue el bombardeo de las oficinas de Médicos del Mundo de España en Gaza, edificio desde el que se coordinaban las intervenciones humanitarias financiadas por el Estado español. En el bombardeo murieron ocho personas, cuatro de ellas niños.

Mientras tanto, Estados Unidos ha vetado -una vez más- una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego en Gaza y el levantamiento de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

“DIME EN QUÉ INVIERTES Y…”

El Banco Santander sigue siendo el banco español que más invierte en empresas de armas, según el Centro de Estudios por la Paz Delàs. Ocupa el puesto 22 de los financiadores de armas en todo el mundo. En los últimos años ha financiado con al menos 2.442 millones de dólares a empresas israelíes implicadas en el genocidio de Israel en Gaza.

También es el mayor inversor de la Unión Europea al gigante agroindustrial "Compañía Rural Argentina Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria" (Cresud), responsable de la deforestación de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, según denuncia la ONG Global Witness.

Cresud está implicada en múltiples controversias relacionadas con los medios de subsistencia de los pueblos indígenas en toda Sudamérica.

Parte del negocio de Cresud es adquirir grandes extensiones de tierras forestales (de vital importancia para el clima), deforestarlas, convertirlas en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado, y venderlas a otras firmas.

En 2024 salió a la luz una investigación académica de dos institutos británicos en la que se señalaba al Banco Santander y al BBVA de financiar con 15.000 millones a empresas que deforestan la Amazonia brasileña.

El Santander incrementó en 2023 un 77% sus inversiones fósiles, y es una de las entidades que más invierten en combustibles fósiles y en la degradación de la Amazonia y el Ártico, de acuerdo a un informe del Banking on Climate Chaos.

SUDAN: LA ESPERANZA PASA LEJOS

El ejército sudanés anunció la reconquista de la capital del país, Jartum, que hace dos años le habían arrebatado las Fuerzas de Apoyo Rápido. Pero éstas han avanzado en otras zonas del país.

En conflicto se inició hace tres años, cuando el ejército oficial las Fuerzas de Apoyo Rápido (un grupo paramilitar bajo el control del gobierno), hasta entonces aliados en su objetivo de gobernar Sudan con puño de hierro y aplastar cualquier disidencia o movimiento de masas que se les opusiera, se declararon la guerra al no ponerse de acuerdo en sus disputas por el poder. Las FAR declararon un gobierno paralelo y de hecho controlan buena parte del país.

Los muertos civiles se elevan a decenas de miles y unos 12,3 millones de  personas han sido desplazadas de sus hogares, sobre todo mujeres, niñas y niños. Los que han buscado refugio en Chad se han triplicado en dos años, y alcanzan ya más de 1,2 millones. Unas 1400 personas cruzan la frontera cada día y alrededor de 239.000 permanecen atrapadas en la frontera, expuestas a las inclemencias meteorológicas, la inseguridad y el riesgo de sufrir más violencia, según el alto Comisionado de la ONU para los Refugiados..

Unas 640.000 personas enfrentan el riesgo de una "hambruna extrema" y el 66% de los niños están fuera del sistema educativo, según la ONU.

Ambos bandos han cometido crímenes de guerra, y el eventual triunfo de cualquiera de ellos no traerá nada nuevo para los sudaneses. Ya se habla de una partición del territorio entre ambos bandos, lo que tampoco garantizaría una paz duradera.

ACNUR ha subrayado la necesidad urgente de que la comunidad internacional actúe para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos. “Es una crisis de humanidad, de seguridad y de infancia”, dice.

La esperanza pasa lejos para los sudaneses.

“LAS 6 DE LA SUIZA” A PUNTO DE ENTRAR EN PRISIÓN

“Las Seis de la Suiza” (cinco mujeres y un hombre) son un grupo de sindicalistas de Gijón, Asturias, que enfrentan una condena de tres años y medio de prisión por participar en protestas pacíficas.

El proceso se inició en 2017, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, embarazada de riesgo, acudió a su sindicato planteando que sus condiciones laborales ponían en peligro su salud y la de su futuro hijo. Además, alegó ser víctima de acoso sexual por parte de su empleador.

El sindicato intentó vanamente dialogar y negociar con el empresario. Siguieron las movilizaciones, manifestaciones, declaraciones… El propietario de la pastelería denunció a las manifestantes por coacciones y alteración del orden público. En 2021, un juzgado de Gijón condenó a seis de las participantes a tres años y medio de prisión. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Supremo en 2024.

Las decisiones judiciales -así lo dicen los sindicalistas- equiparan las concentraciones de trabajadores a las puertas de un negocio privado con coacciones, amenazas, obstrucción de la justicia... Incluso fueron acusadas de asociación ilícita por estar afiliadas a un sindicato legal.

Las seis de La Suiza han recibido el apoyo unánime de los sindicatos, que ven en la condena un mensaje directo contra la acción sindical y para que las víctimas de abusos no denuncien.

La sentencia ha generado una gran alarma social. La gente no comprende que el empresario reciba una indemnización cuantiosa mientras se ordena el ingreso en prisión de las sindicalistas por defender derechos laborales.

El pasado lunes 9 de junio, el juez desestimó la petición de suspensión de la condena, en contra de posición de la defensa y de la Fiscalía, que se habían manifestado a favor de suspender la entrada en prisión de las sindicalistas. Las organizaciones sindicales se unen para solicitar su indulto.

EJÉRCITO ESPAÑOL INSTRUYE A REPRESORES TUNECINOS

En febrero pasado, tres miembros de la Brigada de Paracaidistas del ejército español impartieron a 14 oficiales y suboficiales del Cuerpo de Policía Militar del Ejército tunecino un curso en técnicas de represión contra multitudes.

Las autoridades de Túnez han sido insistentemente señaladas por organizaciones humanitarias de vulnerar los derechos humanos. Según el último informe anual de Human Rights Watch (HRW), en 2024 "las autoridades tunecinas intensificaron la represión de la oposición política y otras voces críticas llevando a cabo detenciones masivas, encarcelando a periodistas y atacando a grupos de la sociedad civil". Señala que "más de 80 personas fueron detenidas por motivos políticos o por ejercer sus derechos fundamentales, incluidos opositores políticos, activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y usuarios de redes sociales". Las fuerzas de seguridad tunecinas. Dice Human Rights Watch, cometen abusos contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados con impunidad".

"La misión consistió en instruir a una selección de cuadros de mando de diferentes unidades tunecinas en tácticas, técnicas y procedimientos desde nociones de psicología de masas, hasta el despliegue y maniobra en diferentes formaciones, pasando por las técnicas de lanzamiento de medios antidisturbios", declaró un portavoz militar español.

CONTRA LAS MISIONES MÉDICAS CUBANAS

Hace 62 años Cuba inició sus “misiones médicas”, a través de las cuales ha enviado más de 605.000 profesionales de la salud a 165 países. Actualmente, más de 24.000 cubanos están participando en alguna de las misiones en 56 países, según el gobierno cubano.

Estados Unidos considera que ese programa constituye una forma de trabajo forzoso y explotación de trabajadores cubanos”, que “beneficia financieramente al gobierno”, y han anunciado que impondrán restricciones de visa a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos, relacionados con las misiones médicas cubanas.

Las misiones médicas cubanas en el exterior cubren la asistencia médica en lugares por lo general muy aislados y marginados, donde no existe la atención, y abundan los testimonios de su carácter profesional y humanista.

BRASIL: TRABAJO “ANÁLOGO A LA ESCLAVITUD”

La firma de abogados IRAdvocates y la ONG Coffee Watch han demandado a la multinacional Starbucks por trata de personas y trabajos forzados en siete fincas explotadoras de café en Brasil, que forman parte de la cadena de suministro de Starbucks.

IRAdvocates se ha especializado en casos de explotación y esclavitud moderna. Según datos de la Inspección del Trabajo en Brasil, entre 1996 y 2023 unas 3.700 personas han sido víctimas de “prácticas análogas a la esclavitud”.

Brasil produce el 39% del café que se consume en el mundo.

La inspección concluyó que los empleadores incurrieron en tráfico de personas y en trabajos en condiciones similares a la esclavitud.

La demanda, dicen los expertos, es “la punta del iceberg de un problema mucho más profundo”, que incluye violencia, trabajo forzado y empleo de menores de edad.

Coffee Watch pedirá a Aduanas de EE UU que retenga el café importado por la compañía mencionada desde Brasil.