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17 de Junio de 2025
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Loquesomos, La Marea, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
REFUGIADOS Y DESPLAZADOS: CIFRAS RÉCORD
Actualmente hay en el mundo 122.1 millones de personas que viven lejos de sus hogares, debido a guerras, violencia, persecuciones y pobreza, de acuerdo a un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Equivalen a una de cada 67 personas en el planeta. 40% de ellos son menores de edad.
73,5 millones de ellos han permanecido en sus países (desplazados internos) y 42,7 millones han buscado refugio en otros países. Dos de cada tres refugiados viven en naciones vecinas a la suya; y, de éstas, tres de cada cuatro son economías en desarrollo.
Los países con más refugiados y desplazados son Sudán (14,3 millones), Siria (13,5), Afganistán (10,3) y Ucrania (8,8). En cuanto a la recepción de refugiados, Irán tiene acogidos 3,8 millones. Le siguen Turquía (3,1), Colombia (2,8) Alemania (2,7) y Uganda (1,7).
Pese a que la cifra de desplazados y refugiados duplica la de hace una década (entonces eran 65 millones), la financiación a ACNUR se mantiene casi al mismo nivel, "en un contexto de brutales recortes en ayuda humanitaria". A raíz de la congelación de las contribuciones de Estados Unidos, ACNUR ha debido recortar su personal en todo el mundo alrededor de un 30%.
RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA EN ESPAÑA
Las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fueron el año pasado 12.5 millones, 200.000 menos que el año anterior. Pasaron del 26,5% al 25,8% de la población. Es la cifra más baja de los pasados 10 años. Son datos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.
La mejoría no alcanza a los 4,1 millones en situación de pobreza severa, los que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes, cuyo número se ha mantenido prácticamente igual desde hace 17 años. Las medidas que han mejorado la situación general no llegan precisamente a las personas que más lo necesitan, lo que cronifica su situación y dificulta las posibilidades de salir de la pobreza
En los hogares monoparentales, el 50,3% están en riesgo de pobreza. También lo están el 49,1% de las familias numerosas y el 32,9% de las personas con discapacidad.
Es especialmente preocupante la pobreza infantil, que alcanza a 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 29,2% del total (el promedio de la Unión Europea es del 24,2%). La pobreza infantil severa es del 14,1%.
El informe indica que las políticas sociales adoptadas en los últimos años evitaron que 11,1 millones de personas entrasen en pobreza en 2024, pero no logran reducir la pobreza extrema. Los datos alertan sobre una problemática estructural: Al menos una de cada cuatro personas se ha mantenido en riesgo de pobreza o exclusión social en la última década.
Tener empleo no garantiza el bienestar y estabilidad. Los datos confirman que es imposible sostener una familia con un único salario. Salario y pobreza van de la mano cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en los hogares monoparentales: El 31% de ellos, en los que el padre o la madre trabajan, no logran superar el umbral de la pobreza.
El informe urge a las formaciones políticas a tener "altura de miras" y aprobar en la presente legislatura el Pacto de Estado contra la Pobreza, con medidas que garanticen ingresos dignos en todas las etapas de la vida, acceso a vivienda digna, empleo de calidad, educación inclusiva y políticas de cuidados y corresponsabilidad.
¿ELIMINAR LA DELINCUENCIA A CAÑONAZOS?
Al menos 415 personas han muerto bajo custodia de agentes de seguridad del Estado en El Salvador durante un estado de excepción que dura ya tres años, de acuerdo a organizaciones locales de derechos humanos.
El presidente Nayib Bukele puso en marcha en 2022 un drástico plan para eliminar la violencia de las pandillas juveniles, que incluyó la construcción de una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos.
Desde entonces, se han contabilizado al menos 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas, aunque las organizaciones humanitarias insisten en que muchos de ellos no tenían nada que ver con los delincuentes. Acusan al gobierno de graves violaciones a derechos humanos, de delitos de desaparición forzada y tortura y de incrementar la persecución en contra de defensores de derechos humanos. El estado de excepción, dicen, “ha pasado de ser una medida contra las pandillas, a una medida de control social”.
A principios de año, el presidente Bukele ofreció su cárcel a Estados Unidos para albergar a los inmigrantes irregulares expulsados de Estados Unidos.
LOS RECORTES SE TRADUCEN EN MUERTES
La retirada abrupta de los fondos estadounidenses de la ayuda al exterior está poniendo en riesgo millones de vidas y derechos humanos en 177 países, denuncia un reciente informe de Amnistía Internacional.
La administración estadounidense ordenó en enero pasado la cancelación de toda la ayuda exterior gestionada por la USAID, que el 2024 había alcanzo 61.000 millones de dólares, aunque probablemente solo el 10% se destinó a programas de asistencia o desarrollo.
El informe cita específicamente a Haití, Sudáfrica, Sudán del Sur, Yemen, Guatemala, Siria, Afganistán, Myanmar y Tailandia, donde han sido cerradas clínicas básicas, refugios para mujeres víctimas de violencia, centros de atención nutricional para niños y de acogimiento para migrantes y solicitantes de asilo, programas para afectados de SIDA, de acceso a medicamentos, protección legal, acceso a vacunación, contra el trabajo infantil…
Organismos humanitarios estiman que en los próximos años habrá en el mundo varios millones de muertes adicionales debido a esos recortes. Amnistía Internacional alerta de que se ha creado "un vacío potencialmente mortal".
Cabe señalar que también han realizado importantes recortes en cooperación el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos y otros países.
Esas decisiones, sumada a los efectos de la crisis climática y al aumento y la gravedad de los conflictos está llevando a "la peor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial".
España, Bélgica, Francia, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Unión Europea que intensifique su acción humanitaria y asuma más responsabilidad en la ayuda al desarrollo, tras los recortes decretados por Estados Unidos. De los cinco países citados, Bélgica aporta aproximadamente el 0,87% de su PIB a la cooperación internacional; Francia, el 0,62%; Irlanda, el 0.7%; Eslovenia, el 0.62%; España…, apenas el 0,25%. La iniciativa, por parte de España, es buena, pero ¿no sería oportuno empezar a dar ejemplo?
PRODUCEN RIQUEZA, PERO NO TIENEN DERECHOS
Las exportaciones agrícolas de Almería dejaron 3.380 millones de beneficios en 2024, en gran parte debidos a los más de 7.000 trabajadoras y trabajadores que sostienen la agroindustria en la provincia, sometidos a la vulneración de sus derechos básicos.
“Mientras la agroindustria capitalista bajo plástico (invernaderos) no deja de expandirse y generar millones en beneficios, los jornaleros que sostienen el negocio son abandonados a su suerte”, explica la Plataforma Derecho a Techo.
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, más de 7.000 personas viven en los asentamientos de precarias chabolas, al carecer de otra alternativa habitacional; sus largas jornadas laborales en la recolección y el tratamiento de frutas y verduras (hasta 12 horas diarias) no les permiten cubrir sus necesidades básicas.
Los empresarios les exigen hasta 1.400 euros por facilitarles el empadronamiento y 4.000 euros por un contrato que les permita regularizar su situación migratoria…
¿EL TIRO POR LA CULATA?
Aprovechando que el día del Ejército y de la Bandera coincidían con su 79 cumpleaños, Donald Trump diseñó un masivo acto de culto a su personalidad, realizando un marco desfile militar, en un país donde los desfiles militares no son una tradición, salvo en álgidos momentos de unidad nacional y patriotismo, y que suelen interpretarse como algo propio de los países autoritarios.
La jugada no le salió bien del todo. Al desfile militar, que costó 45 millones de dólares, no asistieron ninguno de los expresidentes, ni republicanos ni demócratas. Un grupo de militares veteranos se plantó ante el Capitolio (sede del Congreso). “Los veteranos pedimos calles sin soldados”, gritaban.
Muchos estadounidenses no están contentos con la deriva autoritaria del presidente, que tiene en su punto de mira a los medios de comunicación, los sindicatos, los bufetes de abogados, las universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro que considera opositoras. El envío de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines a la ciudad de los Ángeles para frenar las protestas por su política migratoria parece haber sido la gota que ha rebalsado el vaso.
Plataformas sociales convocaron cerca de 2.000 manifestaciones en toda la geografía estadounidense, para protestar contra esa deriva autoritaria, y millones de personas salieron a la calle en todo el país el sábado 14 de junio. Había personas de toda condición física, raza, nacionalidad o religión, incluidos sacerdotes con alzacuellos y mujeres con hiyab. Protestaban contra el autoritarismo del presidente y por la democracia, contra las redadas masivas de migrantes y la militarización de las calles, por los derechos de las minorías. “Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión es un deber”, podía leerse en varias pancartas.
Al día siguiente de las manifestaciones, Trump escribió: “Por la presente, ordeno a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que hagan todo lo que esté en su mano para alcanzar el importantísimo objetivo de llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva de la historia”.
Solo podría ocurrírsele a una persona narcisista y de escasa cultura, sin pudor ni vergüenza, que se percibe a sí mismo como una especie de emperador sin límites que intenta desafiar los contrapesos institucionales tradicionales de Estados Unidos.
EMPRESARIOS CON PRÁCTICAS MEDIEVALES
Fueron reclutados en países tan lejanos como Nepal, India o Pakistán. Una red transnacional les prometía empleos dignos. Algunos llegaron a la comarca de La Vera, Cáceres, donde eran obligado a trabajar en explotaciones agrícolas en condiciones de semiesclavitud: sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y con jornadas extenuantes a cambio de salarios ínfimos.
Una investigación policial logró liberar a 45 víctimas, y nueve personas han sido detenidas y tres han ingresado a prisión, acusadas de participar en la trama de explotación laboral, que evidencia la dependencia agroindustria española de la mano de obra precaria, en su mayoría migrante y sin papeles. También evidencian cierta pasividad institucional, así como la falta de inspección y de una legislación laboral que proteja a quienes están en situación administrativa irregular.
LA BANCA, CONTRA LOS IMPUESTOS
Las patronales bancarias han planteado un recurso contra el impuesto decretado por el gobierno a finales de 2024 para el sector, que tendrá una duración limitada a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.
Ese impuesto sustituye a uno anterior de 2023, que tuvo vigencia para 2023 y 2024. Aquel impuesto también fue impugnado por la banca, y sigue su trámite judicial. Por aquel impuesto la banca pagó en conjunto 1.787 millones de euros en 2024.
La patronal bancaria argumenta que el impuesto tendrá "graves efectos" para la financiación de familias y empresas, un impacto "negativo" para la inversión y, en general, un "perjuicio" al conjunto de la economía.
Los seis grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) tuvieron beneficios conjuntos de 20.850 millones de en 2022, 26.088 millones en 2023 y 31.768 millones en 2024.
