LAS OTRAS NOTICIAS (346)
28 de Octubre de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
GAZA: 350 AÑOS PARA LA RECUPERACIÓN
Un reciente informe de las Naciones Unidas indica que la economía de Gaza está prácticamente destruida, y que, una vez alcanzado el alto el fuego, tardaría 350 años en restablecer el producto interior bruto anterior a la ofensiva israelí iniciada hace un año contra los 2,2 millones palestinos y palestinas que viven en el territorio.
Desde hace un año, día a día, semana a semana, nos han abrumado las cifras del genocidio israelí contra Gaza. Los últimos datos del gobierno gazatí, avalados por la ONU, hablan de 42.924 personas asesinadas, incluidas casi 17.000 niñas y niños (800 de ellos bebés de menos de un año), y más de 11.000 mujeres. Los heridos suman 100.833.
El 88% de los edificios escolares han sufrido algún daño, 21 de los 36 hospitales están fuera de servicio y 45 de los 105 centros de salud primaria no funcionan. El 70% de las viviendas están dañadas o destruidas, y más del 59% de las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene han sufrido graves daños.
Los efectos del genocidio desatado hace un año se suman a las recurrentes operaciones militares israelíes desde hace varias décadas y a las medidas de bloqueo y apartheid.
AQUEL SOÑADO 0,7% DE AYUDA AL DESARROLLO…
Era en 1970. En el seno de la ONU, los países “económicamente adelantados” se comprometieron a elevar su ayuda a los países en desarrollo hasta alcanzar el 0,7% de su producto nacional bruto en 1975. Después de cinco décadas, la ayuda oficial al desarrollo de los países europeos es del 0,51%. Así lo informa la red de ONG de desarrollo europeas CONCORD.
La ayuda oficial al desarrollo de España se queda en un escuálido 0,24% (dato de 2023), menos de la mitad de la media en la UE.
Además, uno de cada cinco euros de la “ayuda” europea no contribuye realmente al desarrollo de los países receptores, sino que responde a los intereses comerciales o políticos de los países donantes, tales como proveerse de materias primas o abrir mercados para las empresas europeas.
Con frecuencia, los fondos supuestamente destinados a la cooperación al desarrollo están condicionados a que los países receptores eviten la migración irregular hacia Europa. No pocas veces, los fondos de cooperación terminan fortaleciendo las capacidades represivas de las fuerzas de seguridad de esos países, al servicio de la externalización de las fronteras de Europa. Por ejemplo, la organización Lighthouse Reports ha denunciado que Marruecos, Mauritania y Túnez detienen a personas migrantes y refugiadas y las abandonan en zonas remotas sin asistencia, agua o comida, dejándolas en riesgo de secuestro, extorsión, tortura, violencia sexual e, incluso, muerte; para ello utilizan vehículos y equipamientos financiados con dinero europeo.
UNA PANDEMIA LLAMADA FONDOS DE INVERSIÓN
Los fondos buitre echan a los vecinos de sus casas y a los agricultores de sus campos y explotaciones.
Asistimos a una concentración de casas y de tierras agrícolas en pocas manos. Cada día recibimos noticias de la concentración de viviendas en manos de los fondos de inversión o sus empresas intermedias, y sus políticas de subida de rentas, desahucios, etc...
En los últimos años, esos mismos fondos han multiplicado por diez la adquisición de tierras en España, atraídos por la buena calidad de tierras, el buen clima y los costos todavía bajos comparados con países del nuestro entorno. El pasado año se cerró la compraventa de 160.398 fincas rústicas, sobre todo las dedicadas a olivos, vid, árboles frutales o cultivos de moda como el pistacho o los aguacates. También compran empresas enteras, bodegas, cooperativas agrarias, instalación de placas solares etc.
En pocos años veremos cómo la gran mayoría del campo quedará en pocas manos, que manejarán los precios de los alimentos. Dos de los grandes derechos básicos, vivienda y la alimentación, están cada vez más privatizados, contribuyendo a la acumulación de capital.
Cuando la situación llega a ser escandalosa, los poderes públicos reparten alguna ayuda a los jóvenes para el acceso a la vivienda, o rebajan los impuestos a los arrendatarios o a los pequeños agricultores…
¿No forma parte de la política social la prohibición de que esos fondos se apoderen de nuestras casas y nuestras tierras?
UNA ALTERNATIVA A LA BANCA TRADICIONAL
Lo leemos y escuchamos a diario. La gran banca financia a los fabricantes de armas, a las multinacionales petroleras, a las inmobiliarias sin escrúpulos, a las compañías mineras que contaminan aguas y suelos, a las agroindustrias que despojan a los pequeños agricultores y dominan el mercado de la alimentación, etc. Muchos nos sentimos incómodos al tener nuestro dinero en esas instituciones, que no coinciden con nuestros valores.
Hoy hay alternativas a esa la banca tradicional. Existe la banca ética, que apoya proyectos sociales y medioambientales, proyectos de vivienda no especulativos, proyectos que se preocupan por el bienestar del planeta y sus habitantes…
Los ahorros depositados en esas entidades en España se han duplicado en una década, y alcanzan los 2.387 millones de euros, con 192.302 clientes, según el Barómetro de las Finanzas Éticas publicado por la organización Financament Ètic i solidari.
Algunos de esos bancos son Fiare Banca Ética, Triodos Bank, Coop 57, Oikocredit, Caixa d’ Enginyers, FonRedess, Winkomun…
En 2023 concedieron préstamos por 1.885 millones para proyectos de vivienda social, medioambientales y de transición energética, sociales, culturales, educativos, de agricultura sostenible…
Y la rentabilidad de los ahorros suele ser, en general, un poco más elevada que en la banca tradicional.
EL CRISTAL CON QUE SE MIRA
Cuando en marzo de 2022 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas cautelares para que Rusia detuviera sus operaciones militares en Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden señaló que el máximo tribunal de la ONU “juega un papel fundamental en la resolución pacífica de conflictos”. Cuando dos años después el mismo tribunal dictó medidas cautelares para que Israel detuviera su ofensiva en Gaza, Biden defendió el genocidio israelí.
En marzo de 2023, la CIJ emitió una orden de detención por crímenes de guerra contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por sus acciones en Ucrania. “Está justificado y es un punto muy importante”, comentó Biden. Cuando un año después, el fiscal de la CIJ solicitó una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el comentario de Biden fue: “Es intolerable”.
Cuando Putin anunció la anexión ilegal de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, Biden condenó el hecho y anunció nuevas sanciones contra Rusia, señalando que violaba la legislación internacional. Cuando en julio de 2024 la CIJ declaró ilegal la ocupación israelí de Palestina y definió la política de Israel como un intento de “anexión”, Estrados Unidos criticó el dictamen y afirmó que complicaba “los esfuerzos para resolver el conflicto”.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto varias rondas de sanciones “sin precedentes” contra Rusia por su agresión a Ucrania. No así contra Israel.
No es admisible el doble rasero. Es ético condenar la agresión de Rusia a Ucrania, pero no lo es tanto si, al mismo tiempo, no se condena la agresión israelí a Palestina y se niega el derecho de ésta a rebelarse contra décadas de colonialismo y dominación. Las nuevas guerras de conquista no pueden justificarse en ningún caso, ni el apartheid, ni los crímenes de lesa humanidad, ni la violencia genocida. La hipocresía sólo ahonda el descrédito de Occidente.
EL FRACASO DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Agencias de la ONU advierten que el mundo ha retrocedido más de 15 años en su lucha contra el hambre, que los niveles de subnutrición de hoy son comparables a los de 2008-2009 y que es improbable que se cumpla el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“hambre cero”) en 2030, establecidos por la comunidad internacional en 2015.
Informes de la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos y la Unicef señalan la cruel paradoja de que el mundo produzca suficientes alimentos para alimentar a todos pero que casi el 20% de esos alimentos se pierden (por deficientes instalaciones de almacenamiento en los países pobres) o se desperdician (en las cocinas de los países ricos).
Además, el 38% de los cereales producidos se destinan a piensos para el ganado y el 18% a la elaboración de agrocombustibles, con lo que más de la mitad no están disponibles para el consumo humano.
Más de 800 millones de personas que se acuestan con hambre cada noche y otros 2.800 millones no pueden permitirse una dieta sana, por los bajos salarios y la baja protección social.
De seguir la tendencia actual, en 2023 habrá 582 millones de personas que sufrirán desnutrición crónica, la mitad de ellas en África.
Olivier de Sxchutter, copresidente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles y relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, afirma que es necesario impulsar la producción agroecológica diversificada y los mercados de alimentos locales, en lugar de cadenas alimentarias industriales globales.
LAS ELECCIONES PIERDEN CREDIBILIDAD
En los últimos 15 años la participación de los votantes en las elecciones en todo el mundo ha bajado un 10%, de acuerdo a un estudio del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, con sede en Estocolmo.
El porcentaje medio de la población que vota ha disminuido del 65,2% en 2008 al 55,5% en 2023.
El dato evidencia que la credibilidad de las elecciones está en descenso y que la gente no las considera útiles para lograr cambios sociales.
El estudio también apunta un descrédito del sistema democrático y constata un retroceso de los derechos civiles y la libertad de prensa. Y observa que se generaliza el hecho lanzar sospechas infundadas sobre procesos y resultados electorales (“método Trump”), lo que es un fenómeno particularmente tóxico para la salud de las elecciones.
EL INHUMANO DERECHO DE PATENTES
La Audiencia de Barcelona ordenó hace unos días retirar de las farmacias un medicamento genérico que ahorra 380.000 euros diarios a la sanidad pública, en beneficio de otro medicamento protegido por derecho de patente.
La patente es el derecho que permite al descubridor de algún producto venderlo en exclusiva y al precio que desee durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, le concede un monopolio en el mercado.
Las empresas que venden los medicamentos en régimen de patentes lo hacen a precios que pueden llegar a ser docenas de veces más altos que su coste. Dean Baker, economista estadounidense y cofundador y codirector del Center for Economic and Policy Research, ha señalado el caso de un medicamento contra hepatitis C que se vende en Estados Unidos a 84.000 dólares, mientras que su genérico cuesta en la India 300 dólares.
¿Es lícito que el desarrollo de productos esenciales para la vida humana, como las vacunas, dependa de que algunos monopolios privados obtengan beneficios tan extraordinarios? ¿No constituyen casos de corrupción y fraude esas prácticas que permiten márgenes de ganancia tan brutales?
El derecho de patentes es un derecho inhumano que debe ser erradicado, ya que impide la socialización el progreso. Las organizaciones sociales y políticas deben situarlo como una prioridad en sus políticas sociales.