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18 de Enero de 2023
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.or
LA DESIGUALDAD QUE CRECE Y CRECE
La riqueza del 1% más rico del mundo (supermillonarios) aumenta cada día 2.700 millones de dólares. Desde el inicio de la pandemia (2020) el 63% de la riqueza generada globalmente (unos 42 billones de dólares en total) ha ido a parar al bolsillo de ese 1% más rico, mientras 1.700 millones de trabajadores de todo el mundo han perdido poder adquisitivo porque sus salarios han subido menos que la inflación. Así lo sostiene el reciente informe de Oxfam-Intermón “La ley del más rico”, publicado con ocasión de la reunión de la élite económica mundial en Davos.
95 grandes empresas de energía y de alimentación han duplicado –al menos- sus beneficios en el 2022, mientras países enteros se encuentran al borde de la bancarrota y los más pobres destinan cuatro veces más recursos a pagar el servicio de la deuda (en manos de ricos acreedores) que a los servicios de salud pública.
Los sistemas fiscales contribuyen a la desigualdad: La recaudación sobre la riqueza supone solamente un 4% del total, frente al 18% que procede de la tributación de las rentas del trabajo, el 19% de las personales y el 44% del IVA. Uno de los hombres más ricos de la historia, Elon Musk (Tesla), tributa a un 'tipo impositivo real' del 3,2%, mientras que Jeff Bezos (Amazon), otro de los milmillonarios más ricos, lo hace a menos del 1%.
40 años de rebajas fiscales para las grandes empresas y fortunas, y de aumentos en los impuestos al consumo sobre bienes y servicios, han demostrado que esas medidas hacen aumentar la desigualdad.
Oxfam sostiene que debe gravarse más la riqueza de los superricos, como vía para lograr un mundo más justo, sostenible y sin pobreza.
Si se aplicase un impuesto del 2% sobre el patrimonio neto de los millonarios, del 3% para los que tengan más de 50 millones de dólares y del 5% a los milmillonarios, se recaudarían anualmente 1,7 billones de dólares, suficientes para sacar de la pobreza a 2.000 millones de personas y para financiar un plan mundial para acabar con el hambre y para apoyar a los países más pobres a hacer frente a los impactos climáticos.
PERÚ, SIN SALIDA
Los peruanos siguen en la calle, sobre todo los indígenas del sur del país, que han intensificado los bloqueos de vías de comunicación; pero también hay manifestantes en la Capital Lima, y millares más se dirigen a ella desde diversos puntos del país.
La revuelta se originó el 7 de diciembre, cuando el Congreso, controlado por la derecha, destituyó a al presidente Pedro Castillo y puso en su lugar a la vicepresidenta Dina Boluarte, en respuesta a un intento del presidente de disolverlo temporalmente antes de que pudiera votar una moción de censura en su contra.
Desde entonces, los muertos ya suman 50, entre ellos un policía, y los heridos superan los 600.
Los manifestantes piden el cierre del Congreso (que únicamente tiene una aprobación popular del 12%), el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Constituyente que sustituya la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori, la renuncia de la presidenta (rechazada por el 71% de la población), y sanción para los culpables de las muertes causadas por la represión. Muchos también exigen la liberación de Castillo, en prisión preventiva.
Pedro Castillo, un exprofesor izquierdista y líder sindical, fue elegido presidente hace año y medio. Millones de peruanos se sentían por primera vez representados en la esfera política, y recibieron su defenestración como un insulto. Y esa mecha parece haber prendido el dolor de siglos de desprecio, discriminación y opresión.
Ante ello, el gobierno de Boluarte sigue apostando a la represión como su principal carta. Y acusa a los revoltosos de “terroristas”, “ignorantes”, “salvajes”…, para justificar sus desmanes represivos.
Muchos piensan que un paso ineludible hacia el apaciguamiento es la renuncia de la presidenta y el adelanto de elecciones. Pero la señora, cada día más cercada por la derecha más cavernaria, se aferra al sillón, con un gobierno cada vez más militarizado, por lo que, por el momento, nadie parece ver una salida a este persistente y delicado conflicto.
ESPAÑA, HACIA LA DESERTIFICACIÓN
Tres cuartas partes de España están en riesgo de transformarse en un futuro no muy lejano en un páramo infértil sin rastro de agua. Lo afirma el Ministerio de Transición Ecológica, que agrega que el 2% de la superficie española está en “riesgo muy alto” de convertirse en desierto y otro 15,82% en “riesgo alto”.
Los incendios, las sequías, la sobreexplotación de aguas subterráneas, la agricultura y ganadería intensiva, y el abandono de bosques y pastos aceleran la marcha hacia el desastre.
El año 2022 ha sido el más cálido de la historia de España y también ha quedado marcado por la sequía y falta de lluvias.
Las zonas más amenazadas son las tierras “áridas, semiáridas y subhúmedas secas” del sureste de la península y en Canarias.
EL TERROR EN GUINEA ECUATORIAL
Al parecer, es un mecanismo de la dictadura de Guinea Ecuatorial para neutralizar a sus opositores que residen en Europa, en varios casos con nacionalidad de algún país de la Unión. Se les engaña para que viajen a un país bajo la influencia del régimen ecuatoguineano, y allí los esbirros del régimen los secuestran y los trasladan en aviones privados a la capital guineana.
Así le ocurrió a Julio Obama Mefuman, de 51 años, de nacionalidad española, y a otros tres miembros del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, a quienes en 2019 se hizo viajar con engaños de Madrid Sudán y desde allí a Guinea. Ya en el trayecto fueron torturados.
Julio Obama falleció recientemente en la cárcel, al parecer como resultado de las prolongadas torturas, mientras la Audiencia Nacional de España investiga (sin mucho entusiasmo, rigor ni celeridad) a altos funcionarios guineanos cercanos al dictador Teodoro Obiang.
¿Y los otros miles de opositores presos y torturados en las cárceles de Obiang?
CON CADA CRISIS, MÁS RICOS
Las dos crisis concatenadas en los últimos tres años (la pandemia y la guerra de Ucrania) les han venido de perlas a las grandes empresas españolas, concretamente a los seis grandes bancos y las siete principales energéticas, que han disparado sus beneficios hasta acumular en conjunto 64.165 millones de euros en esos tres años. Equivalen a 72 millones diarios.
A esa cifra hay que sumarle 47.108 millones de euros en “provisiones”, esos dineros que las empresas van apartando de sus ingresos en previsión de que pueda hacer falta más adelante (nuevas inversiones, hacer frente a posibles pérdidas…).
El Banco de España ha constatado que los beneficios de las grandes empresas han crecido siete veces más que los salarios y que han mantenido o mejorado su rentabilidad con la inflación. Es decir, la inflación la pagamos los clientes y los trabajadores y la cobran los empresarios.
La lógica del sistema hace que el 1% más rico concentre casi el 25% de la renta nacional; que en los últimos diez años se haya quintuplicado el número de millonarios; que con la crisis financiera los más pobres perdieran 1 de cada 3 euros y los ricos solo 1 de cada 10; que el impuesto de sociedades se haya reducido casi a la mitad…
DEFORESTACIÓN, HERENCIA DE BOLSONARO
La deforestación en la Amazonia brasileña se cobró otros 10.267 kilómetros cuadrados de selva en 2022 (un 25% más que en 2021), una extensión algo mayor a la de la Comunidad de Madrid. El último año de la presidencia de Jair Bolsonaro, un negacionista de la crisis climática y defensor de las más agresivas prácticas de los latifundistas, deja esa herencia nefasta que será sentida por un buen tiempo.
El nuevo gobierno presidido por Lula da Silva tiene entre sus prioridades la “reducción al mínimo” de la deforestación en la selva. Ya ha puesto en marcha una Secretaría dedicada a combatir la destrucción vegetal.
LA HUELGA DE MÉDICOS EN MADRID
Luego de un mes de huelga (iniciada el 21 de noviembre), los 5.000 médicos de Atención Primaria y Pediatras de la Comunidad de Madrid acordaron una “tregua” navideña para sentarse a negociar el 11 de enero con la Comunidad de Madrid.
Reivindican más contrataciones y mayor inversión en la Atención Primaria, para que los profesionales puedan atender a un adecuado número de pacientes al día, con lo que mejorará la calidad de la atención; también piden mejoras en las condiciones de trabajo y salario.
Al sentarse a negociar, la Comunidad mantuvo su postura de no aumentar ni un centavo el presupuesto de Sanidad, pese a ser la región que menos invierte en ese rubro por habitante (1.171 euros por persona, frente a los 1.478 de media nacional).
Los profesionales han vuelto a la huelga, han ampliados sus alianzas, anuncian movilizaciones y animan al personal médico a continuar esta huelga indefinida hasta que la Comunidad preste a negociar con seriedad. El domingo 15 de enero fueron apoyados por una manifestación popular de varias decenas de miles de personas (unas 30.000, según la delegación del gobierno) en las calles del centro de Madrid, con gritos de "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende", “no a los recortes y la privatización, sí a la sanidad y los servicios públicos”, “recortar en sanidad es un acto criminal”, “recortemos a quienes nos recortan”...
La Atención Primaria es un pilar básico del sistema público de Salud. Pero en la Comunidad de Madrid faltan al menos 500 médicos y 4.000 enfermeras/os.
Los huelguistas han cifrado en unos 42 millones de euros los recursos necesarios para un plan de choque que mejore el servicio, pero la Comunidad se niega, pese a que en años recientes ha dejado de percibir unos 600 millones anuales por sus sucesivas rebajas de impuestos a las rentas más altas.
Por otro lado, también han ido a la huelga los profesionales de las urgencias extrahospitalarias, para denunciar las la falta de medios. 29 de esos centros carecen de médicos y funcionan solo con personal de enfermería. Los más de 2.000 pacientes diarios que atendían esos centros se agolpan ahora en las urgencias de los hospitales, provocando frecuentes colapsos en ellos.
¿IMPUESTO DE PATRIMONIO?
De las 100 mayores fortunas de España (las que superan los 500 millones de euros), 69 no pagan ni un solo euro por el impuesto de patrimonio, y la mayoría tienen su residencia fiscal en Madrid, donde el gobierno de la Comunidad bonifica el 100% de ese impuesto (es decir, exime de él).
El Impuesto al Patrimonio, vigente desde la aprobación de la Constitución en 1978, es un impuesto que tienen que pagar las personas en función de sus bienes personales. Su porcentaje cambia dependiendo de las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionarlo.
La Agencia Tributaria calcula que lo que esos megarricos dejan de pagar asciende en conjunto a unos 157 millones de euros al año.
Recientemente, el gobierno estableció un Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para poner fin a ese beneficio fiscal que aplican discrecionalmente las comunidades autónomas. Su cuantía será del 1,5% para patrimonios de tres a cinco millones de euros; del 2,1% para patrimonios de cinco a diez millones de euros; y del 3,5% para patrimonios superiores a los diez millones de euros. Sólo será aplicable a quienes se beneficien de una bonificación en el citado Impuesto del Patrimonio.
La comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional este nuevo Impuesto, y prepara una nueva rebaja del 20% en el impuesto sobre la renta durante seis años a “ciudadanos de cualquier lugar del mundo que quieran venir a crear riqueza a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea”, según palabras de su presidenta.
ESPAÑA Y EL ESTATUTO DE REFUGIADOS
En 2021 el gobierno español emitió 69.939 resoluciones sobre petición de asilo, de que 49.534 fueron desfavorables, 13.017 concedieron una autorización de estancia o residencia en España por razones humanitarias y apenas 7.388 (el 10,56%) fueron favorables: 5.362 (7,66% del total) reconocieron el estatuto de refugiado a sus solicitantes, y 2.026 (2,90%) les reconocieron la protección subsidiaria.
Venezuela y Colombia se encuentran a la cabeza de las nacionalidades de procedencia de personas que piden protección en nuestro país (un 38,5% entre los dos), seguidas por Marruecos, Mali y Senegal.