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12 de Enero de 2023
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.or
PERÚ: MÁS LEÑA AL FUEGO
La crisis de Perú cada vez tiene menos visos de solución. La crisis acentuada cuando el expresidente Castillo quiso dar un autogolpe de estado y fue defenestrado y encrcelado, no encuentra vía de salida. La gente sigue en la calle, con huelgas, manifestaciones, cortes de carreteras… Quieren que dimita la presidenta Boluarte, que se cierre el Congreso, que haya elecciones este año, que se realice una Asamblea Constituyente y (en muchos casos) también que Castillo sea liberado.
El día 9 de enero, al menos 17 personas murieron en la ciudad de Juliaca, al sur del país, a manos de las fuerzas de seguridad, que incluso llegaron a disparar a personas heridas y al personal médico que las atendía; los aterrorizados manifestantes vieron cómo los helicópteros, sobrevolando a baja altura, disparaban sobre ellos y los lanzaban bombas lacrimógenas. Una represión brutal, desmedida e inútil. Pero parece ser la opción del gobierno, que se niega a escuchar las demandas de la ciudadanía.
La presidenta Boluarte dice que no entiende lo que la gente está pidiendo y el primer ministro Alberto Otárola habla de los manifestantes como "hordas de delincuentes" que estarían siendo financiadas por "dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico", y asegura que "no vamos a cesar en nuestro empeño de recuperar el orden interno".
Parecen querer apagar con gasolina un incendio que se expande. Ya se contabilizan 47 muertos desde el inicio de las protestas, y cientos de detenidos. Y las protestas, por supuesto, han arreciado. Esas protestas con raíces viejas, una y otra vez reprimidas, que revientan de vez en cuando de parte de un pueblo secularmente abandonado y pisoteado por la explotación, el olvido, el racismo y el engaño.
La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar a la presidenta Boluarte y varios ministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, mientras el gobierno, la policía y el ejército reciben la unánime crítica de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
MYANMAR, LA COMEDIA QUE ES TRAGEDIA
Un tribunal militar de Myanmar, la antigua Birmania, ha condenado a siete años de cárcel más a Aung San Suu Kyi, líder del país que fue derrocada cuando los militares dieron un golpe de estado hace dos años.
La también premio Nóbel de la Paz (1991), considerada por la ciudanía como una heroína en la lucha por la democracia, ha sido condenada desde entonces en cinco ocasiones, por un total de 33 años de cárcel, por “delitos” como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de walkie talkies, la violación de la ley de secretos oficiales y fraude electoral, en juicios amañados por los militares, según denuncian las organizaciones Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha reclamado la liberación de todos los presos políticos detenidos desde el golpe de estado, incluida Suu Kyi. También lo ha hecho el Parlamento Europeo.
De acuerdo a las organizaciones humanitarias, miles de opositores "se pudren entre rejas" en las cárceles y centros de interrogación de un país en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchos otros están encarcelados por expresar pacíficamente su disenso.
Al menos 2.682 personas han muerto por la represión ejercida en las calles por las fuerzas de seguridad, que han disparado contra manifestantes pacíficos, y más de 13.100 permanecen detenidas.
Luego de décadas de conflictos interétnicos que asolaban el país desde su independencia de Gran Bretaña en 1948, se inició en 2010 un proceso de transición a la democracia, que en la práctica se reveló como un intento del ejército (el verdadero poder en el país) para proyectar una imagen más aceptable de cara a la comunidad internacional y salvaguardar así su poder.
El hombre fuerte del país, el general Min Aung Hlaing ha prometido elecciones para este año, pero todos saben que, de realizarse, no significarán ningún avance democrático.
Mientras tanto, el democrático Occidente mira para otro lado…
EL INFIERNO DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE MODA RAPIDA
Unos 50 millones de personas, el 80% mujeres (incluidas niñas de hasta 10 años), trabajan de 12 a 15 horas diarias en las fábricas de ropa fast-fashion (moda rápida) en fábricas de India, Nepal y otros países del sur de Asia, destinada a los países del Norte global. Lo informa la Organización Internacional del Trabajo.
Con frecuencia las trabajadoras viven, comen y duermen en el mismo lugar de trabajo, que algunas califican de “una celda de prisión”, en condiciones de sobreexplotación y semiesclavitud.
La organización Empowermente Colective, junto a otras 57 organizaciones de todo el mundo, impulsa la campaña Good Clothes, Fair Play, para exigir una legislación europea que garantice salarios dignos para quienes hacen la ropa y que cualquier empresa que quiera vender productos en la Unión Europea cumpla determinados requisitos en materia de salarios dignos, derechos humanos y sostenibilidad.
La industria de la moda rápida es, además, la segunda más contaminante del mundo y es responsable de más del 20% del desperdicio total de agua a nivel global.
EL CONGO Y LA GUERRA
El Congo sufrió entre 1998 y 2003 el mayor conflicto bélico de la historia de África. Combatientes de nueve países se enfrentaron por motivos étnicos y económicos, con saldo de más de cinco millones de muertos. También se la conoce como “la guerra del coltán”, porque la disputa por la producción y exportación de ese metal precioso estaba en la base del conflicto.
En el siglo XIX había sufrido una de las colonizaciones más brutales de la historia, cuando el rey Leopoldo de Bélgica lo asumió como su propiedad privada y sometió a sus habitantes a una inmisericorde esclavitud que causó entre cinco y diez millones de muertos.
A principios del siglo XX se descubrió allí uno de los mayores yacimientos de uranio. La bomba de Hirosima (1945) llevaba uranio congoleño; para entonces, la empresa Union Minière du Haut Katanga guardaba 1200 toneladas de uranio en un almacén de Nueva York.
Pese a los acuerdos de 2003, la guerra no finalizó. En las entrañas del Congo hay muchas toneladas de oro, diamantes, estaño, tantalio, cobalto y coltán (el 70% de la producción mundial), imprescindible para la fabricación de dispositivos electrónicos y de las armas más modernas. El 85% de esta producción minera está en manos de transnacionales que obtienen miles de millones de euros al año en beneficios y apenas dejan el 4% en las arcas del Estado congoleño. El resto de la producción la lleva una minería artesanal que utiliza mano de obra infantil y vende sus minerales a señores de la guerra, grupos rebeldes y hombres de negocios.
En esa riqueza mineral tiene sus raíces la violencia que persiste y que ha convertido al país en uno de los más devastados del mundo, con una tasa de pobreza por encima del 80 % y la esperanza de vida en 58 años. Hay milicias que han ido transformándose, disolviéndose y multiplicándose; hasta 132 grupos armados han sido contabilizados. Pero quienes más matan son las fuerzas de seguridad, que gozan de absoluta impunidad, dicen los congoleños.
En 1999 la ONU desplegó en El Congo la mayor misión de cascos azules del mundo, con 14.000 efectivos, que no solo no ha protegido a la población civil, sino que se ha visto envuelta en escándalos de abusos sexuales y venta de armas.
Desde 1997, han muerto en el conflicto al menos seis millones de personas, con la comunidad internacional ausente.
ESPAÑA, DONDE LA DESIGUALDAD CRECE
Los ingresos del 20% de los ciudadanos más acomodados de España son 6,19 veces superiores a los del 20% más pobre. En 2019 eran 5,94 veces superiores. Es decir, la desigualdad crece y es notoriamente mayor a la media europea, donde los ricos ingresan 4,97 veces más que los pobres. Son datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
España es el tercer país más desigual de Europa, después de Letonia y Rumanía. El 1% más rico acapara más de renta que el 50% más pobre, y el país está a la cola de la UE en protección social.
Pese a las medidas gubernamentales de “escudo social” adoptadas durante las crisis de la pandemia y de la crisis por la guerra ucraniana, España arrastra una inercia histórica de desigualdad que para frenarse requiere de una apuesta continuada y a largo plazo, con políticas fiscales y sociales que puedan ejercer una "acción correctora" sobre la distribución de la riqueza.
EL HOSPITAL ZENDAL, DE MADRID
Dicen que fue un capricho de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o una necesidad política, o un escaparate para hacerse publicidad, cuando la pésima gestión de la pandemia había llevado a Madrid a ser la región con mayor exceso de mortalidad de toda Europa y cuando miles de ancianos murieron porque el gobierno de la Comunidad no permitió que los llevaran al hospital.
Se anunció su construcción a mediados de 2020. Primero se hizo el diseño arquitectónico, con metros cuadrados, presupuesto y demás… y luego, a posteriori, se hizo el plan funcional. Primero construir y luego ver cómo lo construido se adapta a las necesidades. Justo al revés de lo habitual.
Se presentó como un “hospital de pandemias”, contra la opinión del sector médico, que lo consideraba innecesario. Se construyó en menos de cinco meses, sobre una superficie de 80.000 metros cuadrados, con varios pabellones, más parecidos a estacionamientos que a una instalación sanitaria.
Su presupuesto eran 50 millones de euros, pero costó tres veces más y desde entonces es un pozo sin fondo que recibe millones y millones de euros de dinero público, en contratos públicos a dedo, sin concurso público; solo en 2022 ha absorbido 15,27 millones de euros en ese tipo de contratos; el más reciente, de mantenimiento de la infraestructura, por 571.000 euros, fue firmado el día de Nochebuena de 2022.
Tiene capacidad para 1056 camas, pero nunca se llegaron a utilizar 500. A mediados de 2022 era el único hospital de Madrid en el que no había ningún paciente con Covid.
Hoy, a dos años de su inauguración, el hospital de pandemias que iba “a asombrar al mundo”, según la presidenta, es un hospital sin quirófanos que acoge en su Unidad de Rehabilitación Funcional a 53 pacientes que han superado la fase crítica en casos como accidentes cerebro-vasculares, cirugías ortopédicas y traumatismos. Y eso es todo…
Dicen que la Comunidad no sabe qué hacer con él, ya que su aporte a la sanidad es residual, aunque, eso sí, sigue el chorro de contratos de mantenimiento para las grandes empresas.
EL DESTINO DE LAS ARMAS ESPAÑOLAS
El gobierno español no autorizó en 2022 la venta de material antidisturbios a Cuba, argumentando la violación a los derechos humanos. Sin embargo, dio el visto bueno a millonarias operaciones de venta de armamento al régimen de Arabia Saudí.
Cuba pedía 2.500 cartuchos lacrimógenos y fumígenos y 40 artificios de luz, sonido y lacrimógenos, por valor de 350.000 euros. La petición fue denegada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso.
España ha exportado armamento a Arabia saudí por valor de 2.671,2 millones de euros en los últimos 16 años. Las exportaciones incluyen aviones Eurofighters, aviones cisterna y de transporte, piezas y repuestos para aviones de transporte militar, vehículos ligeros y vehículos aéreos no tripulados (drones), sistemas de control remoto para armas de diversos calibres, granadas de mortero y proyectiles de artillería de diverso tipo y calibre, además de las corbetas y su mantenimiento durante cinco años y la formación de sus tripulaciones; unos 500 militares saudíes están recibiendo capacitación en España. En esa suma no se incluyen las armas de caza, deportivas o para empleo de la policía, que también se venden a los saudíes.
Organismos de la ONU y ONGs de derechos humanos han condenado reiteradamente los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas armadas saudíes en su guerra contra Yemen, donde los bombardeos y bloqueos han causado miles de muertos civiles y una de las más graves emergencias humanitarias del mundo.
Un caso similar es el de Marruecos, país ampliamente conocido por sus violaciones a los derechos humanos que, sin embargo, ha comprado armamento en España por valor superior a 87 millones de euros en los últimos seis años (granadas de mortero y munición de artillería, piezas para aviones y tanques…). La persecución, tortura y encarcelamiento de militantes saharauis y opositores marroquíes no son motivos suficientes para que el gobierno español bloquee esos negocios.