Los Objetivos del Milenio, firmados en Nueva York por 189 estados miembros de Naciones Unidas para erradicar la pobreza extrema, fomentar la igualdad de derechos en países subdesarrollados y luchar contra las epidemias que afectan al Tercer Mundo, se han difuminado con el paso de los años a consecuencia de la crisis económica global.
Este incumplimiento de muchos Gobiernos con las políticas de solidaridad internacional también se ha extrapolado a otras administraciones como el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde todos los proyectos de cooperación, ya no sólo se paralizaron, sino que salieron de la agenda de la acción política y presupuestaria del Ejecutivo regional.
La propia presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal asumió este compromiso de recortar los 40 millones de euros destinados a la cooperación al desarrollo, del año 2011, asegurando que la Comunidad Autónoma no puede permitirse estos créditos e intereses dentro de la senda de la racionalización de las Administraciones públicas y la consecución de los objetivos del déficit, y subrayó que su Gobierno siempre tendrá un claro compromiso con los más desfavorecidos, algo que está incumpliendo permanentemente al no tener un pequeño gesto con los cientos de proyectos de cooperación pendientes, ni presupuestar al menos el 1 por ciento para ayudar a las familias que han agotado sus prestaciones por desempleo, dentro del ámbito geográfico de nuestra autonomía.
La solidaridad interior y exterior, es sin lugar a dudas, una de las grandes políticas perjudicadas en la actual legislatura. Nada se sabe de los 44’5 millones presupuestados para ayuda al desarrollo en el 2011, ni tampoco de los 8,5 millones pendientes de ejecutar del 2010 en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales de Castilla-La Mancha, pero tampoco hay rastros de toda una estructura administrativa creada durante años, para gestionar estos proyectos en África, América del Sur, o Asia, y que dependía del área de Bienestar Social de la Junta de Comunidades.
Dentro de esta eliminación total de la cooperación internacional, -como denuncian más de 50 ONG,S de la Coordinadora regional, que presentaron más de 15.000 firmas reivindicando el regreso de estas políticas ‘solidarias’- hay que destacar igualmente la desaparición de las herramientas y organismos, formados al amparo de la Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha, aprobada por consenso de los dos grupos parlamentarios en el año 2003, y que establecía lo que más tarde fue la Oficina regional del Voluntariado, el Consejo y Fondo de Cooperación castellano-manchego, los planes estratégicos, y las convocatorias para cooperantes.
Esta Ley, pionera con respecto al resto de Comunidades Autónomas, otorgaba a Castilla-La Mancha el adjetivo de región con espíritu solidario, y sensibilizaba a una parte de la población, con vocación de ayudar a personas que se encuentran en dificultades en otros puntos del planeta.
Además, aquella legislación que acabará siendo derogada, debido a que garantizaba el cumplimiento progresivo del 0,7 por ciento del presupuesto a cooperación, abría canales de participación a las Organizaciones No Gubernamentales, ubicadas en las cinco provincias, y que trabajan diariamente por los 1.200 millones de personas, que no tienen ni siquiera un euro diario para sobrevivir con proyectos de seguridad alimentaria, educación en valores, democratización, igualdad de género, e infraestructuras sociales y sanitarias.