Las Otras Noticias - 2024 (350)

 LAS OTRAS NOTICIAS (350)

28 de Noviembre de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.

GAZA: MASACRE Y COMPLICIDAD

La Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de la Defensa, como máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Pero no va a pasar nada. Alemania dice que no arrestará a Netanyahu y Estados Unidos califica la orden de “escandalosa”.

El Consejo de Seguridad de la ONU pide por cuarta vez un alto el fuego "inmediato, incondicional y permanente" en la Franja. Pero no va a pasar nada.

La Asamblea General de la ONU adopta una resolución exigiendo a Israel poner fin a de la ocupación de Palestina. Pero no va a pasar nada.

La Unión Europea ni siquiera aceptó suspender el “diálogo político”, propuesto por su representante para Asuntos Exteriores. Exige, eso sí, liberar a los rehenes israelíes aún en manos de Hamás, pero se niega a defender el derecho palestino a un Estado propio, a suspender el envío de armas a Israel y a imponerle sanciones.

Israel disfruta de la complicidad de Estados Unidos y Europa, y continúa bombardeando viviendas, refugios, hospitales, escuelas y campos de refugiados, y obstruyendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Un informe de la ONU señala que Israel ha provocado en Gaza una destrucción similar a la de dos bombas atómicas, además de utilizar la hambruna como método de guerra. Hasta el momento, el Ministerio de Salud gazatí tiene documentadas 44.249 personas muertas y 104.746 heridas, el 70% mujeres y niños. Se calcula que hay unos 11.000 desaparecidos bajo los escombros.

Otros 760 palestinos han muerto a manos de los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este.

También hemos sabido que hay 3.443 presos palestinos en Israel entre ellos unos 100 menores y unas 32 mujeres, bajo “detención administrativa”, es decir, sin abrirles juicio, ni presentar contra ellos cargos formales, ni con pruebas en su contra.

LÍBANO: ALTO EL FUEGO

Israel y Hezbolá han acordado un alto el fuego en Líbano para un plazo de 60 días. En el acuerdo se establece que Hezbolá “y todos los demás grupos armados presentes en territorio libanés” renuncian a realizar cualquier acción ofensiva contra Israel, y que Israel se retirará del territorio libanés y no llevará a cabo ofensiva militar alguna contra objetivos en el Líbano.

Desde que Israel comenzó a bombardear Líbano el 23 de septiembre, han muerto al menos 3.800 personas y otras 15.000 han resultado heridas. Decenas de miles de personas en Israel y más de un millón en el Líbano se han visto desplazadas.

El gobierno israelí ya ha matizado que mantendrá su "libertad de acción" si Hizbulá intenta armarse o renovar su infraestructura; es decir, que volverá a bombardear cuando quiera. De momento, pese al acuerdo, ha prohibido el retorno a sus viviendas a los libaneses de 10 poblaciones.

Algunos analistas han señalado que, a pesar de su abrumadora superioridad, el ejército israelí no ha conseguido una victoria rotunda contra Hizbulá, como hubiera podido preverse, y que la prosecución de los combates podría empantanarle y exigirle dedicar muchos más medios. Israel ha admitido 140 muertos en sus filas, entre civiles y militares.

El acuerdo no establece quién va a pagar la reconstrucción de todo lo que los bombardeos israelíes han destruido.

La ONU calcula que en torno al 70% de la población de Líbano vive en situación de pobreza, debido al desmantelamiento en los últimos años de servicios públicos esenciales como el agua, la electricidad, la salud o la educación.

En Líbano hay registrados desde hace años más de 500.000 refugiados palestinos (el 10% de la población del país), y 1,5 millones de refugiados sirios. Es el país con más refugiados per cápita del mundo.

Los ataques israelíes han deteriorado más la situación. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 100 centros de salud (un tercio del total) han dejado de funcionar.

La supervivencia de la población esté hoy por hoy en manos de organizaciones no gubernamentales, en su mayoría extranjeras.

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA

España registró 320.656 nacimientos en 2023, un 2,6% menos que el año anterior y un 24,7% menos que hace una década, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

Los nacimientos de madre extranjera fueron 78.330 (un 3.24% más que el año anterior) y representan el 24,4% de los nacimientos totales. Los nacimientos de madre española fueron 242.326, un 4,36% menos que el año anterior.

El número medio de hijos por mujer, que es el indicador de fecundidad, se sitúa en 1,12.

La tasa de nacimientos de madres de 40 o más años es del 10,8%. Ha crecido un 19,1% en los 10 últimos años.

La esperanza de vida al nacimiento se sitúa en 83,77 años (siete décimas más que el año anterior). La de los hombres es de 81,11 años y la de las mujeres de 86,34.

Por primera vez, los habitantes que tienen 65 años o más superan el 20% de toda la población. El envejecimiento avanza.

RECICLADO DE ENVASES PLÁSTICOS

El gobierno de España ha anunciado que implementará el sistema de depósito, devolución y retorno de envases de plástico en el plazo de dos años.

Al hacer la compra, los usuarios dejaremos unos céntimos en calidad de depósito, que recuperaremos al devolverlo. El sistema es casi igual a como se hacía antiguamente con las botellas de vidrio.

Hasta ahora, en España se venden 51 millones de envases de bebidas cada día, y solo se recuperan 20 millones. El resto termina contaminando nuestro medio ambiente, en vertederos o incineradoras.

Con el nuevo sistema, que ya funciona con éxito en 50 países, pasaremos de recuperar 88.000 toneladas de envases (el 41,3% del total) a recuperar unas 200.000 toneladas (más del 90%) en 2030.

La organización ecologista WWF calcula que cada minuto se vierten 33.800 botellas de plástico en toda la cuenca del Mediterráneo.

“NO SON MUERTES, SON ASESINATOS”

Unas 10.000 personas se manifestaron en Madrid el pasado sábado 23 de noviembre para pedir justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid en los meses de marzo y abril de 2020 (pandemia del Covid), cuando la Comunidad les negó la asistencia sanitaria y el traslado a los centros hospitalarios, y los abandonó a su suerte.

Los manifestantes cargaron concretamente contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que en un momento intentó disculparse diciendo que “se iban a morir igual”, y exigieron que la Fiscalía investigue esas muertes.

“No son muertes, son asesinatos”, gritaban los manifestantes, que también  exigieron un cambio de modelo en la gestión que ponga en el centro el cuidado de las personas mayores y que los fondos buitre se marchen de las residencias de mayores.

La plataforma Marea de Residencias, convocante de la manifestación, denuncia que "las privatizaciones efectuadas durante décadas y la mercantilización de los derechos sociales han colocado los cuidados de las personas más vulnerables en un segundo plano, priorizando la cuenta de resultados de las empresas". Y demanda la creación de una ley de residencias de carácter estatal que garantice una vida digna a las personas mayores.

LA INTOLERABLE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Son cifras que abochornan. 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2023. De ellas, casi 51.000 lo fueron a manos de sus parejas u otros familiares; son 140 al día, o un feminicidio cada 10 minutos. Son datos de un reciente informe de organismos de la ONU, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

África es el continente donde se producen más feminicidios (21.700). Le siguen Asia (18.500), América (8.300), Europa (2.300) y Oceanía (300).

ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, organismos autores del informe, realizan una campaña para exigir medidas y compromisos concretos en el apoyo a las supervivientes de la violencia y más fondos para la prevención, y la rendición de cuentas de los responsables. También demandan más financiamiento para las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

Según la ONU, el 35% de las mujeres de todo el mundo sufren o han sufrido algún tipo de violencia de género, porcentaje que se duplica en situaciones de conflicto o crisis humanitarias.

LAS CARAVANAS QUE NUCA CESARON

Son miles de personas las que, procedentes de Centroamérica, se reúnen en la ciudad de Tapachula, al sur de México, en la frontera con Guatemala, y emprenden su incierto viaje hacia la frontera estadounidense. Buscan una vida mejor al otro lado de la frontera. Llevan años haciéndolo.

Entre enero y agosto de este año, más de 925.000 migrantes llegaron a México con idea de seguir hacia el norte, de acuerdo a cifras oficiales. Más de 108.000 eran niños, niñas y adolescentes. Proceden de tierras vulnerables a huracanes y devastadoras inundaciones, cada día más mortíferos por los efectos del cambio climático, que cada año pierden sus cosechas, sus tierras, sus viviendas, sus animales…

Ahora tienen sobre ellos la sombra de Donald Trump, que ha prometido una radical política antiinmigración. Tienen prisa por llegar antes de que asuma la presidencia y corte sus sueños. Se ve difícil, porque Trump ha reafirmado que, cuando esté en la Presidencia, usará a los militares para deportar masivamente a los inmigrantes.

Desde mediados de este año, Estados Unidos les permite solicitar una visa humanitaria desde México, y deben esperar en ese país la respuesta. Pero esas respuestas se demoran meses y meses, más largos que la paciencia y la necesidad, y muchos se arriesgan a emprender el viaje. Lo hacen en caravanas de miles de gentes, para protegerse del crimen organizado y de la posibilidad de ser secuestrados, extorsionados o muertos. Con frecuencia son detenidos por la política migratoria de México, que desincentiva su intento de llegar a la frontera con Estados Unidos.

BRASIL:  GOLPISTAS, FASCISTAS Y ASESINOS

La Policía Federal de Brasil ha acusado formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de intentar ejecutar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Su informe señala que Bolsonaro es responsable de presuntos delitos de “abolición violenta del Estado Democrático”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita”.

En los planes de los golpistas estuvo la preparación de un intento de asesinato de Lula, de su compañero de fórmula y de un miembro del Tribunal Supremo.

El informe policial ha sido entregado ya al Tribunal Supremo, quien debe evaluar la acusación.

Por otro lado, cuatro militares de alta graduación y un policía federal han sido detenidos, por estar implicados en ese intento de asesinato contra el presidente Lula da Silva y otros altos miembros de su gabinete.

Los detenidos utilizaron un “alto nivel de conocimientos técnicos militares” para organizar el complot.