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20 de Noviembre de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
SOLIDARIDAD
Hace unos meses, se registraron en Mali fuertes inundaciones, que dejaron 75 muertos. Los soldados españoles estuvieron allí, echando una mano.
Hace unos días, el alcalde de una pequeña aldea de Mali se enteró de la tragedia causada por la DANA en Valencia, y decidió con sus vecinos que ahora les tocaba a ellos. Hicieron una colecta para ayudar a los valencianos afectados. Juntaron lo que su pobreza les permitió: ¡50 euros! que enviaron a la embajada de España en Bamako, la capital de su país.
Un gestos que a le humedece a uno los ojos y le reconcilia con el ser humano.
COP 29: MÁS DE LO MISMO
Desde el lunes 11 de noviembre se realiza en Bakú, capital de Azerbaiyán, la 29ª cumbre del clima de la ONU (COP29).
Ya es delito que una reunión para abordar el cambio climático se celebre en un país cuyas exportaciones son en un 90% de petróleo y gas. Lo es que el país haya colocado al frente de la COP a Muhktar Babayev, que trabajó 24 años para Socar, la petrolera estatal. Y lo es la perla literaria que nos ha dejado Ilham Aliyev, que gobierna Azerbaiyán desde 2003, al decir que los combustibles fósiles son un “regalo de Dios, como el viento, el sol, el oro, la plata, el cobre”.
En Bakú se percibe “un clima de miedo” a causa de la vigilancia y la represión sobre las voces críticas, dice Michel Forst, relator de la ONU para los defensores ambientales. Más de 300 activistas y periodistas han sido detenidos; a muchos se les ha impedido viajar a Bakú y en las calles no hay manifestantes climáticos, como suele ser habitual en las cumbres.
Es un tema serio. Demasiado serio. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente acaba de informar que las políticas actuales nos llevan a un calentamiento de 3,1 grados centígrados en este siglo, con relación a la etapa preindustrial, temperaturas que serán catastróficas para miles de millones de personas.
El consumo energético mundial crece cada año, y con él las emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Éstas crecieron un 0.8% en 2024. Se ha aumentado la producción de energías renovables, pero no se reducen los combustibles fósiles ni, por lo tanto, las emisiones.
Los efectos del calentamiento global en forma de catástrofes naturales (inundaciones, tormentas, incendios o sequías) han ocasionado en la última década el desplazamiento de 281 millones de personas en el mundo (“refugiados climáticos”), el 70% de ellos procedentes de países muy vulnerables al clima. Son 60.000 desplazados de media por día.
En la COP29 se han inscrito 66.778 personas: Presidentes, ministros, expertos, compañías energéticas, bancos, multinacionales… Según la ONG Kick Big Polluters Out, hay al menos 1.773 lobistas que actúan a favor de la industria de los combustibles fósiles, con la misión de enmarañar las discusiones y asfixiar la posibilidad de tomar acciones reales contra el cambio climático. Y lo logran. Y así, cumbre tras cumbre, muchas palabras y pocos hechos.
NICARAGUA: CUANDO LA DICTADURA AVANZA
El régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desterrado a Carlos Enrique Herrera, obispo católico de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Herrera había criticado desde el púlpito a un alcalde sandinista por obstaculizar las reuniones de culto de los católicos de la localidad.
Es el tercer obispo expulsado de Nicaragua en años recientes, luego de los monseñores Rolando Alvarez y Silvio Mora.
En abril de 2018 se desataron masivas manifestaciones de descontento por parte del pueblo nicaragüense contra el gobierno. La represión gubernamental dejó entonces 355 fallecidos y la detención de cientos de líderes de opinión. Desde entonces, al menos 300 personas han sido privadas de su ciudadanía y a más de 3.000 ONGs nacionales e internacionales les han retirado su personalidad jurídica, con la intención de garantizar el monopolio del Estado sobre las actividades comunitarias.
La persecución contra la Iglesia católica arrecia, con amenazas, agresiones físicas y verbales, criminalización, desnacionalización, restricciones para ejercer la fe y tradiciones religiosas, campañas de desprestigio, vigilancia y profanaciones de templos. Los analistas estiman que esa persecución contra la Iglesia católica se debe a su capacidad para generar movilización social.
Expertos de la ONU han expresado que “el aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población” y que “el objetivo es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país".
FIN DE LAS “GOLDEN VISA”
El Congreso de los Diputados de España, a propuesta del gobierno, ha aprobado la supresión de las “'Golden Visa”, un vergonzoso mecanismo que permitía obtener el permiso de residencia a extranjeros mediante la compra de vivienda por más de medio millón de euros.
La medida había sido puesta en marcha en 2013, cuando gobernaba el Partido Popular, para atraer capital extranjero.
Entre 2018 y 2022 se concedieron más de 14.576 visados, según los datos del Ministerio de Vivienda. Inversiones por unos 4.800 millones de euros fueron realizadas por millonarios extranjeros en su mayoría chinos (1.302 visados de oro), Rusia (521), Irán (124) y Reino Unido (123).
LA DANA DE VALENCIA Y LA AGRICULTURA INTENTSIVA
La devastación causada por las recientes inundaciones en Valencia es pavorosa. Un pálido exponente son los 218 fallecidos y los 13 desaparecidos, así como los 137.000 vehículos destrozados y las milmillonarias pérdidas en industrias, comercios, residencias particulares, etc.
Nadie, o muy pocos, se han fijado en los efectos del fenómeno en el campo. La agricultura ha sido uno de los sectores de la economía más dañado, con más de 25.500 hectáreas y 10.000 agricultores afectados y la destrucción de 650 millones de kilos de alimentos. Las pérdidas económicas superan los mil millones de euros. Buena parte de culpa la tiene la agricultura intensiva, que ahora también ha sido víctima.
Los expertos en materia hídrica la señalan a como responsable de inundaciones cada vez más destructivas. ¿Por qué? La agricultura industrial intensiva y la expansión de regadíos eliminan la cobertura vegetal natural de los suelos; éstos se quedan desnudos, con muy poca materia orgánica, sin protección, lo que hace que ya no funcionen como esponjas y sean más susceptibles a la erosión y a la escorrentía. Cuando llueve con mucha intensidad, el agua se desplaza rápidamente hacia las zonas bajas, llevando sedimentos y agravando el riesgo de inundaciones.
Hasta no hace mucho tiempo, la agricultura tradicional, que tenía mucho de ecológica, incluía prácticas para conservar el suelo y el agua, como las cubiertas vegetales, la rotación de cultivos, el cultivo en terrazas y la gestión de barreras naturales, que capturaban carbono, favorecían la recarga de acuíferos, aumentaban la biomasa y la biodiversidad y ayudaban a mitigar los impactos de los aguaceros.
Sin embargo, en España son los propietarios de las grandes fincas industrializadas quienes reciben el 80% de las ayudas de la Unión Europea (“Política Agraria Común”), mientras las fincas familiares reciben migajas.
¿VOLVEREMOS A LOS “MOTINES DE SUBSISTENCIA”?
Era una de las líneas rojas de la época. La gente aguantaba y aguantaba, pero no soportaba que en tiempos de hambre los productores y los intermediarios acapararan y especularan con los alimentos, sobre todo el pan, para enriquecerse. Y la gente se sublevaba. Eran los "motines de subsistencia", que ocurrían en el siglo XVIII en toda Europa. Entonces, las autoridades intervenían en los precios y castigaban a los acaparadores. A veces actuaban de manera preventiva.
Por aquellos tiempos, las autoridades se dejaban guiar por algunos principios morales y reconocían derechos básicos a los súbditos, entre ellos el de no morirse de hambre, y ejercían una cierta función social, aunque marcada por el paternalismo.
¿Y si comparamos aquello con la situación actual de la vivienda? Las viviendas hoy son bienes básicos que se acaparan y se usan para el enriquecimiento. En España existen 447.691 viviendas nuevas sin vender, pero hay escasez de vivienda; una escasez artificial, debida a la especulación con los precios. Entre 2022 y 2023, se ejecutaron 64.925 desahucios, de gente que no podía hacer frente a su hipoteca o a su alquiler. La “preocupación” de algunas autoridades por el tema no sirve para nada si no se ponen límites a los usos especulativos de la vivienda.
Hay también otras especulaciones, como con el aceite de oliva. Y, tal como apunta la emergencia climática, mañana podrían ser los alimentos básicos o el agua. Las autoridades y los especuladores se han olvidado de los principios morales y no temen las sublevaciones de la gente. Hoy ya no nos sublevamos, quizá porque no nos damos cuenta de que nos va la vida en ello.
MATAR AL MENSAJERO
Fernando Valladares es doctor en Biología e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A raíz de sus explicaciones científicas de la DANA que afectó recientemente al sureste de España, ha sido acosado en las redes sociales por usuarios anónimos que piden su cabeza y lo sitúan en las listas de personas a eliminar. Y es que difundir la verdad científica sobre el cambio climático se ha convertido en un acto de resistencia frente a un sistema que prefiere ignorar las consecuencias del modelo económico que sufrimos, que privilegia los beneficios empresariales a corto plazo por encima de la supervivencia colectiva y la sostenibilidad del planeta.
Quienes atacan a Valladares no solo buscan deslegitimar su labor. Pretenden instalar el miedo, generar autocensura y perpetuar la inacción frente al cambio climático. El acoso es parte de la violencia que ha situado en su diana tanto a instituciones científicas, a organizaciones sociales y ecologistas centradas en la lucha contra el cambio climático.
Más de 850 entidades de la sociedad civil han firmado un manifiesto de apoyo al científico y a todas las personas amenazadas por difundir información sobre la crisis climática y sus efectos. Entre los firmantes hay instituciones científicas y de investigación, colegios profesionales, organizaciones ecologistas, entidades ligadas al mundo agrario y rural, cooperativas, organizaciones de ámbitos sociales, sindicales, culturales, educativos, de consumo, colectivos vecinales y redes ciudadanas de muy diverso tipo.
Observan “con enorme preocupación” la creciente agresividad en redes sociales y otros espacios contra quienes divulgan las causas y consecuencias del cambio climático y otras problemáticas ecosociales”, y alertan sobre los impactos devastadores de la crisis climática y de la maquinaria mediática que difunde bulos que minan la credibilidad del conocimiento. Las soluciones al cambio climático, concluyen, “no llegarán desde las instituciones si no hay una presión constante de la ciudadanía”.