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29 de Noviembre de 2021
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser.
OMICRON: LA NUEVA ALARMA DE LA PANDEMIA.-
Mientras los contagios en Europa continúan desbocados (en Alemania ha llegado a haber 76.000 en un día), la aparición de Omicron, la nueva variante de COVID surgida en Sudáfrica, ha puesto a temblar al mundo. Es, al decir de los científicos, una variante novedosa y diferente a las anteriores, que cuenta con entre 30 y 50 mutaciones, muchas más de las que los virólogos están acostumbrados a ver. Las primeras impresiones y estudios indican que podría tener una mayor rapidez de transmisión, una mayor virulencia, un mayor riesgo de reinfección y una mayor resistencia frente a las vacunas actuales, aunque deberán pasar algunas semanas hasta que sea posible determinar su impacto en el diagnóstico, los tratamientos y las vacunas.
Las bolsas se desplomaron en todo el mundo, y la Unión Europea ha prohibido los viajes desde siete países del sur de África: Sudáfrica, Botsuana, Eswatini (o Swazilandia), Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue. Estados Unidos y otros países han tomado medidas similares.
La Organización Mundial de la Salud y todos los expertos vienen advirtiendo desde hace muchos meses que mientras el virus siga circulando en el mundo, más probabilidades habrá de que aparezcan nuevas variantes más resistentes y que la "vieja normalidad" no será alcanzable hasta que todo el planeta cuente con tasas de inmunización aceptables. En Europa la tasa de inmunización supera el 70% de la población mientras en África apenas llega al 7%. Sudáfrica, de hecho, tiene sólo al 23% de su población con la pauta completa de vacunación; y en otros países africanos el porcentaje es mucho menor.
Sudáfrica, junto con la India y más de otros cien países, han estado demandando con insistencia la liberación de las patentes de las vacunas, para que haya suficientes dosis para las poblaciones más pobres, liberación a la que siguen negándose las compañías farmacéuticas, la Unión Europea y el resto de países ricos. El lucro privado está por encima del derecho de la población mundial a la salud.
Lo vienen diciendo los expertos desde que se lanzaron las vacunas: De nada servirá vacunar al 100% de la población de los países ricos si no se vacuna a la población de los países más vulnerables. Solo con las pérdidas de las bolsas el día 26 de noviembre, por el pánico causado por la aparición de Omicron, podría haberse vacunado varias veces a toda la población de África.
Siguen sin aprender. Al conocer la noticia, su medida estrella fue cerrar las fronteras. Poner puertas al campo. Aún no se han enterado de que una variante ya se ha extendido mucho antes de que se conozca. Por ejemplo, a las tres semanas de aparecer la anterior variante Delta ya se había extendido a 53 países. Seguirán negándose a liberar patentes y a inmunizar a todo el mundo.
China, por su parte, que ha donado a África 200 millones de dosis de vacuna, ha anunciado que proporcionará al Continente otros 1.000 millones de dosis, “600 millones en forma de donación y 400 millones en otras formas como producción conjunta entre empresas chinas y países africanos concernidos".
ELECCIONES EN HONDURAS.-
El domingo 28 de noviembre, los hondureños acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente, los 128 diputados al Parlamento Nacional y los 20 para el Parlamento Centroamericano, y las 298 corporaciones municipales. La participación fue superior al 60%.
Contabilizados la mitad de los votos, Xiomara Castro, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), ha recibido el 53,60% de los sufragios, seguida a una distancia de 20 puntos por candidato del oficialista Partido Nacional (33,8%).
Xiomara Castro, de 62 años, es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, a quien en 2009 los militares dieron un golpe de estado. Castro se presentaba por el Partido Libertad y Refundación (Libre), que se atribuye planteamientos socialdemócratas. En su campaña ha insistido en que “basta de tanto robo, corrupción y tráfico de drogas", aunque no ha entrado en detalles sobre la forma de que va a enfrentar esas lacras.
A Honduras ya le llaman el país de las caravanas. Tiene 112.000 kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes, y de él han salido desde 2018 varios grupos de miles de personas caminando a pie hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia y la miseria de su país, el segundo más pobre de América, sólo por detrás de Haití (la pobreza afecta al 48% de los hondureños, según le Bando Mundial); un país permanentemente azotado por desastres naturales y pandillas delincuenciales. Y también uno de los países más violentos del mundo. La propia violencia preelectoral dejó más de una treintena de muertos.
Más de una docena de candidatos competían por la Presidencia, aunque sólo tres o cuatro tenían posibilidades reales. Varios de esos candidatos y no pocos de los que aspiraban al Parlamento llegaban con claros indicios de estar involucrados en casos de corrupción o redes del crimen organizado.
En realidad, ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias representa una esperanza de cambio para la mayoría de los hondureños, ya que se trata de una clase política totalmente alejada los problemas e intereses de la gente y que no tiene intención de afrontar la corrupción y la injusticia social. El propio partido de Xiomara Castro es una escisión más de un partido de la derecha, el Partido Liberal.
Parecería que todo el Estado está constituido sobre la base de favorecer a las élites de poder, en detrimento de las grandes mayorías. Algunos analistas hondureños hablan de un país dominado por mafias empresariales, políticas, del narcotráfico y del crimen organizado, que tienen en sus manos instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República… ¿Cómo afrontar, así, una reconstrucción del Estado de Derecho? Un hermano del actual presidente, que también es diputado, fue condenado por narcotráfico por un tribunal de Nueva York. Todos los políticos más influyentes reciben millones de dólares de los narcos para financiar sus campañas y consolidar su poder.
La ventaja de Xiomara Castro no es la última palabra. Tal como se esperaba, el ultraconservador Partido Nacional también se ha declarado ganador; es experto en fraudes y controla todas las instituciones, por lo que podría maniobrar de mil formas para hacerse valer. El Consejo Electoral tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de las votaciones y proclamar un ganador.
LA GUERRA EN ETIOPÍA.-
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido un alto al fuego en Etiopía, para dar lugar a un diálogo entre los etíopes para solucionar la crisis.
El conflicto estalló en noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed ordenó una ofensiva militar contra la norteña región de Tigray, dominada por los nacionalistas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), que hasta entonces había gozado de gran autonomía. El gobierno dijo que las fuerzas del TPLF habían atacado una base del ejército nacional en la capital regional, Mekelle. El ejército cortó las comunicaciones y el suministro de energía a la región, que tiene cerca de seis millones de habitantes de los 110 millones que tiene todo el país.
Las fuerzas militares de Tigray han resistido, aliadas con otros grupos étnicos. Luego de recuperar Mekelle, capital de Tigray, han ampliado su dominio militar a otras regiones y han amenazado con marchar sobre la capital del país, Adís Abeba, si ello fuera necesario “para romper el asedio a la población de Tigray”, que es objeto de bombardeos por el ejército, apoyado por las Fuerzas de Defensa de Eritrea, país vecino y aliado.
Unas 400.000 personas en la región de Tigray se encuentran en situación de hambruna. Organismos humanitarios hablan ya de miles de víctimas civiles y del éxodo de unos 2,4 millones hacia el vecino Sudán. Unos dos millones se habrían quedado sin hogar, por efecto de la guerra, y nueve millones y medio necesitarían urgentemente ayuda alimentaria, pero el gobierno etíope impide que agencias de la ONU y ONGs entreguen alimentos y suministros médicos a la población.
CADIZ: ¿SEÑAL DE ALERTA?
Tras nueve días de huelga de los trabajadores del metal, sindicatos y empresarios de la provincia de Cádiz llegaron a un acuerdo que incluye la vigencia de tres años del convenio colectivo del sector y un incremento salarial de 2% con efectos retroactivos desde el uno de enero de 2021 y otros incrementos del 2% en 2022 y 2023. Además, una comisión controlará el trabajo eventual, los horarios de trabajo, el pago de horas extras y el abono de los atrasos.
Los trabajadores hicieron la huelga y salieron a la calle para denunciar la precariedad laboral y salarial que sufren 20.000 de ellos en empresas auxiliares del metal: Temporalidad de los contratos, no pago de horas extraordinarias, no disfrute de vacaciones (hasta 20 días seguidos de trabajo sin descanso), existencia de “listas negras” de los trabajadores que exigen sus derechos…
Cádiz tiene la tasa más alta de paro en España, el 23,1%, frente al 14,5% a nivel nacional.
La Policía tuvo una lamentable actuación, cargando desmesuradamente contra los trabajadores y otros manifestantes, usando pelotas de goma y gases lacrimógenos; hasta una tanqueta militar intimidatoria salió a las calles de Cádiz, lo que despertó la indignación de una ciudadanía que se volcó en apoyo a los trabajadores y los acompañó en sus movilizaciones. Incluso la Diócesis de Cádiz y Ceuta escribió: “Aplaudimos las movilizaciones como único medio que han dejado a los trabajadores para defender sus derechos y reivindicaciones ante el fracaso de la negociación del convenio colectivo".
Una vez más se hizo patente la criminalización a los trabajadores por parte de la patronal y la manipulación de los grandes medios de información, que dieron más importancia a los contenedores de basura quemados que a las demandas de los trabajadores.
Algunos analistas han señalado que lo de Cádiz podría representar la hartura frente a la precarización del trabajo y los recortes de los derechos laborales derivados de la reforma laboral de 2012. Para muchos sectores sociales, la lucha de los obreros gaditanos ha sido un ejemplo de dignidad contra esa precariedad y deterioro. ¿Una señal de alerta?
BLACK FRIDAY.-
Arrastrada por las campañas publicitarias que anuncian grandes descuentos, la gente se aglomera en los grandes centros comerciales o en las pantallas de sus ordenadores o móviles, para cumplir el ritual de adoración al dios Consumismo, acaparando con voracidad y frenesí ropa, calzado, aparatos electrónicos, complementos… frecuentemente innecesarios. Es el Black Friday del último viernes de noviembre.
¿De verdad hay descuentos? Algunos. De acuerdo a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en 2020 sólo bajaron de precio un 19% de los productos, frente a un 28% que subieron y un 53% que no se movieron. Durante el propio Black Friday los precios se incrementaron un 2,6% de media.
Pero, ¿qué significa ese consumismo en términos medioambientales y laborales? En grandes ciudades como Madrid, el Black Friday genera el 1,7% del total de las emisiones anuales de gases contaminantes, una enorme presión adicional sobre los ecosistemas.
El grueso de las compras tiene que ver con la moda fast-fashion, de ropa y complementos producidos en el sudeste asiático y otros países del Sur Global, donde los trabajadores (fundamentalmente trabajadoras) sufren condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 12 y 14 horas y salarios de hambre. Hablamos de prendas de muy baja calidad que muy pronto acaban en vertederos o incineradoras. Según Greenpeace, el 73% de la ropa que se compra en estas fechas se tira en menos de un año.
Es una fiebre que favorece al gran comercio y las grandes plataformas, y que hunde a los pequeños comerciantes, que no pueden competir con una publicidad que los perjudica.
El 75% de las compras se hacen online. Luego vendrán los repartidores con sus vehículos, emitiendo una carga extra de emisiones de CO2.
Esa vorágine consumista crea algunos empleos, sobre todo para mujeres y jóvenes, pero fundamentalmente a tiempo parcial y con salarios muy bajos, y con jornadas muy intensas y de mucho ritmo de trabajo.
Las organizaciones ecologistas y sociales apelan a la concienciación ciudadana para frenar un dispendio que va contra los limitados recursos del planeta, y aconsejan reparar nuestros aparatos o nuestra ropa, acudir al comercio de segunda mano, consumir productos de cercanía…