LAS OTRAS NOTICIAS (423)
22 de Abril de 2026
FUENTES: Cadena Ser, El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Rebelion.or, Resumen Latinoamericano, El Boletín.
¿TRAFICANTES DE PERSONAS O VÍCTIMAS?
Cada año son encarceladas en España entre 200 y 300 personas acusadas de favorecer la inmigración irregular capitaneando embarcaciones ilegales, y buena parte de ellas acaban en prisión tras procesos judiciales cuestionados por juristas o por Naciones Unidas. Así lo informa el Proyecto Patrones, un colectivo de abogadas/os y activistas, especializado en la defensa contra la criminalización de personas migrantes acusadas de manejar embarcaciones.
El artículo 318bis del Código Penal permite castigar a toda persona que ayude a un extranjero a entrar o transitar por el territorio nacional vulnerando la ley. Y ahí cabe casi todo: repartir agua, conducir una embarcación (aunque sea solo unos minutos), el que habla con quien conduce…
La narrativa de la Unión Europea convierte en “traficantes de personas” a quienes conducen barcos o manejan un GPS. Las legislaciones de los países les permiten condenar a quienes migran como supuestos “traficantes”. La mayoría de quienes salen en las pateras aseguran que en la patera no manda nadie, que no hay ninguna presunta “organización” para delinquir, y que de lo que se trata es de sobrevivir. Pero conducir el barco o colaborar en la organización de la supervivencia en el mar pone a la persona en riesgo de cárcel.
Ante la amenaza de ser señalados como capitanes y por tanto, condenados a varios años de cárcel, es tentador acusar a otros antes de que otros te acusen.
Entre 2001 y 2023 fueron acusadas y juzgadas como “patrones” de embarcaciones 1147 personas en las Islas Canarias, 528 en Ceuta y 334 en Murcia, según los datos del Ministerio del Interior.
Los políticos y los mandos policiales pueden decir que han detenido a 200 delincuentes por tráfico de personas, pero ello raras veces se corresponde con la realidad. Quienes acaban en la cárcel no son los organizadores del viaje y los que cobran, sino los pasajeros, a quienes con frecuencia se les hacen firmar a su llegada papeles que no entienden, que implican la aceptación de responsabilidades criminales, y terminan siendo juzgados por delitos como favorecer la migración irregular, hacinamiento de la embarcación, escasez de agua y víveres, falta de chalecos salvavidas, homicidio involuntario…
GREENPEACE RESISTE
Hace unas semanas, un tribunal estadounidense condenó a Greenpeace Internacional a pagar la desorbitada cifra de 345 millones de dólares por haber cometido el “delito” de sumarse a las protestas pacíficas de la tribu Sioux contra el oleoducto Dakota Access, una infraestructura de 1.886 kilómetros que transporta petróleo crudo con graves riesgos ambientales y culturales.
El jurado declaró a Greenpeace responsable de causar daños, interferir en actividades económicas y participar en acciones ilegales durante las protestas de 2016 y 2017 contra el oleoducto de la empresa petrolera Energy Transfer,, cuyo presidente, Kelcy Warren, es uno de los multimillonarios que financiaron la campaña de Donald Trump. De confirmarse la sentencia, podría suponer el cierre de Greenpeace en Estados Unidos.
La demanda de Energy Transfer se ubica en las acciones de acoso judicial con el que grandes empresas y poderes públicos tratan de intimidar, hostigar, agotar y arruinar a periodistas, activistas, artistas o académicos para silenciarlos. El objetivo no tanto ganar el juicio sino hundir a las víctimas y silenciar las voces críticas y disidentes.
Greenpeace ha plantado cara a la empresa y ha recurrido a un tribunal en Países Bajos (donde Greenpeace tiene su sede oficial). Solicita que se reconozca legalmente que Energy Transfer ha actuado de forma ilegal y que sea condenada a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Greenpeace dice que solicitará un nuevo juicio y que, si es necesario, apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte.
“Nos enfrentamos, dijo un portavoz de Greenpeace, a la dolorosa ironía de una realidad al revés: aquellas personas que luchamos por un mundo más verde, más justo y más pacífico somos criminalizadas, mientras que quienes lo contaminan con sus combustibles fósiles viven con total impunidad”.
LA MAREA VERDE, POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Otra vez llenaron las calles del centro de Madrid. Son la “marea verde”: Profesores, familias y alumnos en defensa de la educación pública en la Comunidad de Madrid. 50.000 personas, según los organizadores; 10.000 según la delegación del gobierno.
La protesta coincidía con la huelga indefinida de educadoras infantiles, que exigen salarios por encima del mínimo y mayor financiación para los centros.
También ocurría en un contexto de asfixia financiera a la universidad pública mientras se favorece a la privada.
“Salvemos la educación pública”, era el eslogan de los manifestantes, que denunciaron la falta de recursos crónica, recortes, reducción de personal administrativo, sobrecarga laboral, precariedad y bajos salarios, ratios elevadas en las aulas, infrafinanciación…, mientras avanza la privatización educativa.
Denunciaron la “tendencia” de “recortar lo público para abrir paso a lo privado”. “Cada año aumenta la financiación de la educación privada y concertada por diversas vías”. En la Formación profesional se quedaron sin plaza pública en Madrid más de 62.000 estudiantes este curso.
Gritaban "basta de desmantelar lo público y de convertir en negocio un derecho esencial", y recordaron que “amar España es cuidar lo público”.
EUROPA SIGUE APOYANDO A ISRAEL
El gobierno de España, apoyado por los de Eslovenia e Irlanda, ha propuesto la Unión Europea romper el acuerdo con Israel en materia comercial, política y de cooperación, por violar el derecho internacional y por vulnerar principios comunitarios.
La aprobación de una iniciativa de ese tipo requeriría la unanimidad. Y como podía preverse, el nuevo “eje” Alemania-Italia (a los que apoyan Austria, Hungría, Chequia y otros) se opusieron. Y todo quedó en nada.
Por otra parte, la iniciativa ciudadana “Justicia por Palestina”, que aboga también por la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea e Israel, ha recabado más de un millón de firmas de ciudadanos europeos, con lo que ha superado el umbral mínimo exigido para ser considerado por la UE. “Los ciudadanos de la UE, dice la iniciativa, no pueden tolerar que la UE mantenga un acuerdo que contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad”.
Israel podrá continuar con toda impunidad sus crímenes de lesa humanidad en Gaza, Cisjordania, Líbano y donde quiera extender su espiral de violencia y guerra.
Los ministros de Exteriores de la UE, sin embargo, sí han acordado ampliar las sanciones sobre Irán, por obstruir la navegación por el estrecho de Ormuz, y se disponen a aprobar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, para que pueda financiar la guerra contra Rusia.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON CUBA
España, México y Brasil han mostrado su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria que sufre Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos y han pedido respeto a la “integridad territorial" de la isla, en un reciente comunicado conjunto. También piden que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agraven las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional".
Insisten en la necesidad de "respetar en todo los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
Cuba, hasta hace poco la mayor potencia médica de América Latina, con un sistema de salud universal y gratuito financiado por el Estado, sufre ahora escasez de medicamentos e insumos médicos que deterioran el sistema de salud, debido fundamentalmente al bloqueo estadunidense. Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de cirugías, ha admitido el gobierno.
Hace unos días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla no "aspira a la guerra", pero "tiene la responsabilidad de defenderse" ante una hipotética intervención militar de Estados Unidos, en respuesta a unas declaraciones de Donald Trump que insinuó que la isla será el próximo objetivo de su administración tras la guerra en Irán.
EL FUEGO QUEMA SUS VIDAS
El fuego consumió cerca de 40 chabolas del asentamiento precario El Sevillano, en el municipio de Lucena, Huelva, donde malviven los trabajadores de la fresa, dejando a muchos de ellos sin los documentos que iban a presentar para su proceso de regularización (pasaportes, certificados de penales, certificados de vulnerabilidad…). El incendio ocurrió a mediodía, cuando los moradores del asentamiento estaban trabajando, por lo que no pudieron salvar nada, según informan 21 ONG y sindicatos.
En el asentamiento existen en torno a 165 chabolas que acogen a más de 200 personas.
Ninguna administración ni la patronal fresera se presentaron en el asentamiento a ofrecer nada, en una situación de emergencia humanitaria, lamentan las ONG. Solo organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para proporcionar alimentos, ropa, kits de higiene, etc.
Las ONG sostienen que este incendio es “fruto del racismo institucional. Es el resultado de permitir que quienes sostienen el 8% del PIB de Andalucía vivan entre plásticos, cartón y palés. Es parte de un modelo económico planificado basado en la explotación y la ausencia de derechos para maximizar beneficios”.
CONTRA LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión gubernamental de regularización de inmigrantes, puesto en marcha recientemente, así como el decreto por el que se recupera la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.
Según los expertos, la regularización podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes “sin papeles”, en un 91% latinoamericanos, aunque algunos estudios apuntan que podrían ser hasta 800.000.
Ayuso ha calificado la regularización de “disparate” y ha agregado que el gobierno la promueve “para multiplicar el desorden".
La posición de la señora Ayuso contrasta con la que tuvo en 2022 cuando atendió a unos 22.259 ucranianos llegados a la Comunidad, ofreciéndoles servicios de atención ciudadana, transporte, empleo, educación, sanidad y alojamiento. “Vamos a poner a su disposición, dijo entonces la presidenta, la tarjeta sanitaria de la Comunidad. También plazas para mayores y personas vulnerables, para mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años, con comedores sociales y albergues juveniles. También habrá plazas gratuitas en colegios para niños de entre 3 y 16 años, programas de ayuda de comedor escolar y acceso a libros de texto. También les vamos a entregar el abono de transporte de forma gratuita para que puedan viajar por toda la Comunidad".
LAS RENOVABLES SUPERAN AL CARBÓN
Por primera vez en la historia, la generación eléctrica con renovables (viento, sol e hidroeléctrica) superó en 2025 a la generada por carbón en todo el mundo, según el informe del Global Electricity Review
El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando la cuota del carbón (33%). No obstante, la generación mayoritaria sigue siendo la de los combustibles fósiles en su conjunto (carbón petróleo y gas), con el 57,4% del total (frente al 59,1% de 2024).
En los cambios de tendencia tiene un peso determinante China, que impulsa un ambicioso programa de producción de electricidad por energía solar y eólica, que ya alcanza el 22% de la producción nacional.