LAS OTRAS NOTICIAS (310)
12 de febrero de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Cadena Ser, VientoSur, El Plural, El Salto, Rebelion.or, LoQueSomos, Contextos.
LA GUERRA INCIERTA
Después de cuatro meses, el genocidio continúa. Ya son 28.100 los palestinos civiles muertos y 67.500 los heridos, en su mayoría niños, y un estimado de 8.000 cadáveres que permanecen bajo los escombros. Un niño ha sido asesinado cada diez minutos. Las tres cuartas partes de las viviendas han sido destruidas.
El ejército israelí concentra sus ataques ahora en el sur de Gaza, concretamente en la región de Rafah, último refugio de los 1,9 gazatíes a los que el ejército israelí ha empujado precisamente hasta allí (antes de la guerra vivían en la ciudad de Rafah 300.000pèrsonas; ahora son más de un millón). Este ataque será “catastrófico”, en palabras de la Unión Europea, la ONU y Estados Unidos, y parece preludiar el exilio forzado de palestinos fuera de Gaza.
La escasez de información no permite sacar conclusiones sobre la situación militar. Los israelíes informan de ataques selectivos, cuarteles e infraestructuras de Hamás destruidas, comandantes y milicianos abatidos… Pero, según funcionarios humanitarios y autoridades israelíes, los militantes de Hamás están actuando contra las fuerzas israelíes en el norte de Gaza, habiendo recuperado el control de zonas de las que se suponía que habían sido desplazados, y están reconstruyendo su sistema de gobierno. De igual manera, se informa que los funcionarios y policías de Hamás mantienen el control en el sur. Los agentes de Hamás siguen escoltando a los convoyes de ayuda.
El movimiento político Hamás ganó en 2006 las elecciones palestinas y desde entonces es la autoridad que gobierna Gaza, recaudando impuestos y administrando los servicios públicos.
El ejército israelí afirma haber matado a unos 9.000 milicianos de Hamás, de un total estimado en 30.000. Según los servicios de Inteligencia de Israel, casi la mitad de los milicianos de Hamás siguen operativos en la vasta red de túneles que Israel intenta desmantelar, entre ellos 3.000 ó 4.000 miembros de las brigadas de élite.
Los militares israelíes admiten haber sufrido 560 muertos, aunque fuentes hospitalarias y de la oposición hacen subir la cifra hasta 3.000 000 y más de 15.000 heridos, de los que 3.000 serían “irrecuperables”.
Además, Israel no ha podido liberar a los 136 rehenes que Hamás tiene en su poder desde el 7 de octubre pasado..
Analistas y oficiales israelíes calculan que su ofensiva contra Gaza podría prolongarse con su intensidad actual durante meses y que las hostilidades de más baja intensidad podrían continuar durante años.
EL CORTE DE FINANCIACIÓN A LA UNRWA
Estados Unidos y otros 15 países (entre ellos Alemania, Inglaterra, Canadá, Holanda, Italia, Francia, Suiza, Australia y Japón) decidieron congelar la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), luego de que el gobierno israelí afirmara sin pruebas que 12 de sus funcionarios locales estuvieron implicados en la incursión de Hamás a territorio israelí el pasado 7 de octubre. La afirmación podría tener su origen en las confesiones de combatientes palestinos obtenidas bajo coacción, probablemente mediante tortura.
La ONRWA, de la que 152 miembros han muerto durante la campaña de exterminio israelí en Gaza, despidió inmediatamente a los acusados, pero Estados Unidos y sus aliados (cuyos aportes representan el 60% de los fondos de UNRWA) no dudaron un segundo en alinearse de parte de los genocidas en contra de la Agencia. Su decisión equivale a un castigo colectivo para más de dos millones de seres humanos que se enfrentan en Gaza a la inanición y a la propagación de enfermedades mortales, mientras que otros cuatro millones de refugiados palestinos en países vecinos corren el riesgo inminente de perder alimentos, asistencia sanitaria y escolarización.
Por si no estaba claro, la mayoría de los Estados occidentales se exhiben como cómplices del genocidio de Israel. Además de venderle armas y ofrecerle cobertura política y diplomática, ahora someten a la población palestina a condiciones de vida insufribles. Según la ONU, más de 750.000 gazatíes se enfrentan a una “hambruna catastrófica” y a un riesgo de enfermedades e infecciones monstruoso.
El Congreso de Estados Unidos ya estudia una ley para desfinanciar a la UNRWA de forma permanente.
El gobierno español, por su parte, ha anunciado una aportación extraordinaria 3,5 millones de euros a la Agencia para que pueda mantener sus actividades a corto plazo. En 2022 (último año del que se tienen datos disponibles), España aportó 13,5 millones, muy lejos de los grandes donantes (Estados Unidos con 343 millones y Alemania con 202). La Unión Europea tiene comprometidos 114 millones para este año.
CAMBIO CLIMÁTICO: LO SABÍAN DESDE LOS AÑOS 50
En 1954, la industria petrolera y la automotriz financiaron el primer trabajo del científico sobre el impacto de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y en la vida humana, a través de la Air Pollution Foundation, una coalición a la que aportaron fondos el Instituto Americano del Petróleo, Chevron, BP, American Motors, Chrysler, Ford, General Motors y otras grandes empresas.
La investigación, que se realizó entre 1955 y 1956, fue dirigida por Charles David Keeling, que apreció los primeros efectos del cambio climático y concluyó que la concentración de CO2 en la atmósfera, derivada de la quema de carbón y petróleo, podría tener “considerables consecuencias para la civilización”.
Así lo ha revelado la documentación hecha pública recientemente por el Climate Investigations Center, y publicada en DeSmog.
Desde entonces, las grandes petroleras y empresas relacionadas con los combustibles fósiles han llevado a cabo una permanente campaña multimillonaria para negar la ciencia que ellas mismas promovieron, tratando de retrasar cualquier intento de hacer frente al cambio climático.
Keeling es conocido por “la curva de Keeling”, una representación visual del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera por culpa de la quema de combustibles fósiles.
La documentación publicada demuestra una vez más que la industria de los combustibles es totalmente consciente desde hace más de 70 años de que sus productos alteran el clima de la tierra con efectos en la vida humana, y de que ha estado engañando al público y a las autoridades.
ESPAÑA, A LA COLA EN LA AYUDA AL DESARROLLO
España aporta un 0,30% de su riqueza (producto interior bruto) a la cooperación al desarrollo de los países del Sur, y ocupa el puesto 22 de los 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyos aportes promedio son el 0,37%.
La aportación española se sitúa a menos de medio camino del histórico objetivo del 0,7% que se ha fijado el Gobierno para 2030, plasmado en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
En sus mejores tiempos (2009) España llegó a destinar a cooperación el 0.50% del PIB. Pero en los años siguientes a la crisis financiera desatada en 2008 la cooperación tuvo un descenso acumulado del 55,7%, y en 2015 se situó en un exiguo 0,12% del PIB (la media europea entonces era del 0,42%).
Para lograr la meta del 0,7% en 2030, España deberá haber logrado el 0,55% en esta legislatura, es decir, antes de 2027.
HONDURAS: EN EL BUEN CAMINO
Asumió la Presidencia de Honduras hace dos años, después de 12 de narcodictadura. Sus opositores políticos y los grupos de poder fáctico han intentado boicotearla constantemente. Pero ahí sigue.
El gobierno de Xiomara Castro ha mejorado la estructura tributaria. Ha avanzado en la lucha contra la corrupción. Ha facilitado el crédito para las micro y pequeñas empresas. Derogó la Ley de Empleo por Hora, que precarizaba el mercado laboral. No ha otorgado nuevas concesiones de minas a cielo abierto. Hace dos años, la pobreza afectaba al 73% de los hondureños, y hoy afecta al 64%. La pobreza extrema pasó del 54% al 41%. La delincuencia ha descendido. Próximamente se instalará una Comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, en colaboración con la ONU…
Son logros muy importantes en uno de los países más oligarquizados de América. La mayoría de la gente ve lo positivo, pero también ve que falta un largo camino. Miles de familias continúan siendo desalojadas y desplazadas de sus tierras. La tasa de homicidios es muy alta, superior al 30 por 100.000 al año, y es el quinto país con la tasa más alta de femicidios en el mundo. Las tasas de pobreza son insoportables. Continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden tierra, territorios y bienes comunes.
Sí, falta un largo camino…
FRONTEX, EL MONSTRUO QUE CRECE Y CRECE
Fue creada hace 20 años, para coordinar la acción fronteriza de la Unión Europea. En sus primeros años fue tan desconocida como inútil. Pero en años recientes su crecimiento ha sido exponencial. Su primer presupuesto fueron seis millones de euros anuales. Hoy son 754 millones. Su personal alcanza los 5.000 efectivos, que serán 10.000 en 2027.
Es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es considerada como el brazo armado de la política de militarización de las fronteras de la Unión Europea dentro de la guerra a los migrantes, función que realiza con tanta opacidad como impunidad.
Su currículum está plagado de vulneraciones a los derechos humanos de migrantes y refugiados. En 2021 se conoció que la cúpula de Frontex estuvo implicada en la devolución ilegal de casi 960 solicitantes de asilo, abandonados en precarias embarcaciones hinchables por la Guardia Costera griega en el mar Egeo.
Frontex gasta la mayor parte de su presupuesto en vigilancia aérea, marítima y terrestre, y en deportaciones de migrantes o “retornos voluntarios”, una de las prioridades de la UE. En la persecución a migrantes utiliza drones, helicópteros, satélites, torres de vigilancia, cámaras térmicas, sondas de CO2, detectores de ritmo cardíaco, geo-radares…
En 2021 participó en la deportación de 18.000 migrantes irregulares, y en 2022 de 24.850, incluidas expulsiones colectivas prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Casi un tercio de las 32.400 personas capturadas en el mar por las fuerzas libias y obligadas a regresar a Libia en 2021 fueron interceptadas gracias a la información proporcionada por Frontex a los guardacostas libios.
Su presupuesto para las operaciones de “retorno” (es decir, para la deportación de migrantes) pasaron de 80.000 euros en 2005 a más de 69 millones actualmente. Y destina un millón a su “Oficina de Derechos Fundamentales”, que se vio obligado a crear para lavar su cara tras los numerosos casos de violaciones de los derechos humanos que arrastra; Gasta 50 veces más en deportar migrantes que en velar por sus derechos fundamentales.
Son datos que aparecen en el informe “¿Quién vigila al vigilante?”, elaborado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.
Las operaciones de Frontex se realizan en colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales, lo que quiere decir que la Comisión Europea y los gobiernos de sus Estados miembro participan de la vulneración sistemática de los derechos humanos practicada cotidianamente por Frontex, ante los cuales ninguno levanta la voz. Lo prioritario para la UE no es respetar los derechos de las personas que huyen de la guerra, la persecución o el hambre, sino impedir que lleguen, no importa el precio.
ESPAÑA: SUBE EL SALARIO MÍNIMO
El gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5%, que previamente había acordado con los sindicatos. Pasará de 1.080 euros a 1.134 euros al mes.
El aumento significará 756 euros más al año, con lo que elevará el total anual a 15.876 euros.
El Gobierno calcula que alrededor de 2,5 millones de trabajadores se beneficiarán de la subida.
Desde que el presidente Pedro Sánchez asumió el gobierno en 2018, el SMI ha pasado de 735,9 euros a 1.134 (398 euros más), una subida acumulada del del 54%.
Pese a ello, el salario mínimo en España aún se sitúa 19 puntos más abajo de la media salarial europea.