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22 de Agosto de 2023

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, elplural, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.or, LoQueSomos

EL GRITO DEL MAR

Es cosa de todos los días, pero no podemos por menos de gritarla. Es noticia de muchas aristas, todas ellas dolorosas e indignantes.

Unos 3.000 migrantes han llegado por mar en las últimas semanas a las costas italianas, empujados por la miseria, las guerras y la buena mar de estas fechas. 41 seres humanos se ahogaron cuando llegaban a la isla de Lampedusa. El gobierno xenófobo italiano no ha tenido más remedio que pedir ayuda a las ONGs.

El Lesbos, Grecia, solicitantes de asilo son obligados a trabajar en la construcción del nuevo “Centro de Acceso Cerrado y Controlado” de Bastria, un lugar aislado en medio del bosque, con muros, torretas y alambre de espino, lo más parecido a una cárcel. Está financiado por la Unión Europea.

Más de 60 migrantes fallecieron frente a las costas del oeste de África, un mes después de haber salido en patera desde Senegal con dirección a las islas Canarias.

Nuestros gobernantes se rasgan las vestiduras, muestran sus condolencias con los familiares de las víctimas, condenan a las mafias que engañan a los migrantes… Pero no son las mafias, ni el mar, ni los naufragios los que causan las muertes. Son los gobiernos europeos los que niegan a los inmigrantes su derecho a una existencia digna con sus cierres de fronteras, sus leyes de inmigración despiadadas, y con el expolio que vienen aplicando desde siglos atrás a sus países de origen…

Las instituciones de la Unión Europea son responsables de la deshumanización de las “políticas migratorias”, marcadas por la xenofobia y el racismo. Son las mismas instituciones que criminalizan y dificultan el trabajo de las ONG que se ocupan de salvar a la gente que huye del hambre, las guerras, la miseria y la muerte.

¿No sería más humano, y posiblemente más rentable, invertir en cooperación humanitaria, en promoción del desarrollo en origen y en garantizar vías seguras para quienes tienen necesidad de migrar, lo que ahora se gasta en el control policial y el fortalecimiento fronterizo? Pero esos gobernantes, lacayos de los dueños de este mundo, prefieren mirar para otro lado y distribuir armas, que generarán nuevos migrantes a los que perseguir…

CAMBIO CLIMÁTICO: ¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR?

Los incendios arrasan Italia y Grecia. Las inundaciones sacuden a Eslovenia, Austria, Suecia, Hungría y Croacia. Alemania registra en pleno agosto fuertes nevadas. Hay peligro extremo de incendios en Bulgaria, Croacia, Chipre, España, Grecia, Francia, Italia y Portugal. España sufre olas de calor extremas. En el sur de América Latina registran grandes olas de calor en pleno invierno. El Atlántico Norte registra records en las temperaturas de superficie. El mes de julio fue el más caluroso jamás registrado en la historia. “El clima extremo se está convirtiendo en la nueva normalidad”, ha dicho el secretario general de la ONU.

Es el cambio climático provocado por la emisión de “gases de efecto invernadero”. El 10% más rico de la población mundial es el culpable de casi el 50% de las emisiones de efecto invewrnadero, mientras el 50% más pobre apenas emite el 7%. Quienes menos contribuyen al cambio climático son los que más sufren y sufrirán los efectos de esta catástrofe.

Los economistas dicen que los efectos sobre la economía (de manera especial en la agricultura, la energía o el turismo), terminarán por destruir el 10% del producto interior bruto mundial.

Es un deber ético enfrentar a los sectores e intereses responsables de la tragedia, y a quienes defienden sus escandalosas ganancias a expensas de la mayoría de la población mundial.

Mientras tanto, las fuerzas de derecha y ultraderecha, allá donde gobiernan (países o regiones) promueven el uso del automóvil y reducen las zonas de bajas emisiones en las que se restringe la circulación motorizada, y destruyen los carriles bici; fomentan el consumo de carne y la ganadería extensiva; responsabilizan de los incendios a "las políticas verdes"; persiguen a los activistas y movimientos ecologistas; eliminan mecanismos e instituciones de lucha contra el cambio climático… ¿Ejemplos? Recientemente el gobierno francés ilegalizó la organización socioambiental Les Soulèvements de la Terre ¡bajo la acusación de terrorismo! Y Giorgia Meloni, presidenta del gobierno italiano, advirtió contra el "fanatismo ultraecológico".

¿Qué más tiene que pasar y qué más cosas tendremos que ver y oír?

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA Y EL AGUA

Del agua que se consume en España, el 80,4% se usa en la agricultura, mientras el 15,6% es de uso doméstico, de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura. Las empresas de agricultura intensiva y las macrogranjas son las que más agua consumen.

Puede entenderse que en un país agrícola y seco se destine mucha agua a la agricultura. El problema es que gran parte de los sistemas de riego, sobre todo los que actúan por gravedad, son de alto consumo/desperdicio y no son eficientes. Hay una importante pérdida de agua por evaporación, lo que favorece la desertificación y la extenuación de los ríos, los acuíferos y los humedales.

Los expertos dicen que, ante un futuro cada vez más seco, hay que adoptar otros sistemas de riego de mayor eficiencia e incorporar las nuevas tecnologías digitales. La aplicación directa del líquido a la planta tiene una eficiencia del 90% (9 de cada 10 litros los absorben directamente los cultivos). Si a ello se une la utilización se sensores para medir la humedad del suelo y determinar cuándo necesita riego, los resultados son aún mejores.

En algunas zonas de cultivo se ha pasado, de hecho, de usar mayoritariamente regadíos por inundación a sistemas de la “agricultura inteligente”. Según cifras oficiales, en los últimos 20 años el regadío ha reducido su consumo de agua en un 29,9%.

El problema es que la tecnología de esa “agricultura de la precisión” es muy cara; su costo puede llegar a los 10.000 euros por hectárea, lo que queda fuera de las posibilidades de los pequeños agricultores.

SOBREEXPLOTACIÓN LABORAL

El 37% de las empresas japonesas dejan de pagar a sus empleados hasta 80 horas extras al mes. En Corea del Sur, el gobierno intentó hace unos meses subir las horas de trabajo semanales de 52 a 69. Los inspectores de Trabajo de Estados Unidos descubrieron que unos 4.000 niños trabajaron ilegalmente en Estados Unidos durante 2022. La transnacional japonesa Yasaki dedica a pagar a sus trabajadores el 2% de sus ventas. En la misma zona, otras empresas obligan a sus trabajadores a trabajar 60 horas semanales, pero solo les pagan 40.

Las empresas aumentan sus beneficios gracias al aumento de horas de trabajo y a la reducción de sus salarios.

Asistimos a los niveles más altos de sobreexplotación de los trabajadores, mientras, según la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, el mundo vive el mayor aumento de la pobreza desde la Segunda Guerra Mundial. Además, tener trabajo no significa salir de la pobreza: Al menos un 8% de empleados en el mundo están en pobreza extrema (menos de 1,9 dólares al día) y un 13% más viven con ingresos inferiores a 3,10 dólares, lo que implica ser pobres. Y unos 4.000 millones de personas (la mitad de la población mundial) están excluidas de cualquier forma de protección social.

UN VOTO A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD

Los ecuatorianos han decidido suspender la explotación petrolera en algunas áreas del Parque del Yasuní, en la zona amazónica, declarado desde 1989 Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Así lo ha decidido una Consulta Popular promovida por organizaciones sociales y grupos de izquierda, que la población respaldó con el 60% de los votos.

La medida implica renunciar a la explotación de 55.000 barriles de petróleo diarios. En los próximos doce meses la petrolera estatal debe salir de la zona.

Yasuní abarca casi 200.000 hectáreas, y en él viven los pueblos indígenas waorani, kichwa y shuar, y las tribus aislamiento voluntario tagaeri y taromenan. Es una de las zonas de mayor diversidad del mundo, con 1.130 especies de árboles, 165 especies de mamíferos, 630 especies de aves y más de 100.000 especies de insectos por hectárea.

La ciudadanía también votó contra el avance de la exploración minera en el Chocó Andino, zona ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Quito, una reserva ecológica en la que se encuentran minerales como oro y cobre. El gobierno no podrá extender nuevas licencias de explotación minera en esta zona.

MINERÍA A CIELO ABIERTO EN ESPAÑA

No es una noticia que se refiera a un país del Tercer Mundo… La multinacional francesa Roullier y su subsidiaria Magnesitas Navarras, proyectan abrir una mina a cielo abierto para extraer 600.000 toneladas anuales de minerales, que afectará a casi 100 hectáreas (1.000 kilómetros cuadrados) en el valle del Baztán, en el Pirineo navarro, de las que 53 son de pastos de gran calidad para la ganadería extensiva y 10 son un bosque de hayas.

El Parlamento Navarro ha dado su apoyo al proyecto, declarándolo de Interés Foral, con los votos a favor de los partidos Popular, Socialista y Unión del Pueblo Navarro, y con los votos en contra de EH Bildu y Podemos.

El proyecto hará desaparecer algunas especies protegidas y contaminará las aguas y los manantiales cercanos, y afectará negativamente a 80 familias ganaderas que tienen sus pastos en la zona.

La aplicación de químicos para la lixiviación del terreno destruye y cambia la forma de la corteza terrestre, contamina el aire y las aguas superficiales, daña los acuíferos subterráneos, destruye la flora y la fauna y tiene severos impactos en la salud de las poblaciones cercanas, entre ellos silicosis y cáncer de pulmón.

Al parecer, se ha desatado una nueva fiebre minera a cielo abierto en España, debido a la demanda de minerales que se utilizan para la fabricación de móviles, ordenadores y armas. Hace unos meses, la empresa ERIMSA, filial del gigante multinacional noruego ELKEM, inició los trámites para marcha la extracción de 80.000 toneladas anuales de mineral de cuarzo en la provincia de Segovia, con financiamiento de los más grandes bancos (Santander, BBVA y CaixaBank).

También se encuentran en explotación, o en vías de hacerlo, minas a cielo abierto en las provincias de Salamanca, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Oviedo, A Coruña), Ávila, Sevilla y Murcia…

UCRANIA, EN MANOS DE LOS FONDOS BUITRE

El gobierno ucraniano y el fondo buitre estadounidense BlackRock han firmado un acuerdo para crear el Fondo de Desarrollo de Ucrania. Su objetivo, dicen, es atraer inversiones en los campos de energía, infraestructuras y agricultura… pero también incluye la venta total de los principales activos públicos de Ucrania, desde las tierras hasta las redes eléctricas. Ucrania tan vez no puede devolver los préstamos, pero los socios occidentales pueden recuperarlos con empresas y tierras...

BlackRock es el fondo de gestión de activos más grande del mundo. Entre sus accionistas están las familias más ricas del mundo: Los Rockefeller, Rothschild, Dupont, Mellon, etc. Entre sus ejecutivos se encuentran varios oficiales retirados de la CIA.

El acuerdo establece que BlackRock administrará los activos de Ucrania, ¡incluida la ayuda internacional! Las empresas estratégicas ucranianas quedarán bajo su control. También gestionará la deuda externa de Ucrania, que asciende a casi 124.280 millones de dólares, el 80% del PIB.

LOS INGRESOS DE UN POLÍTICO

Al fin nos hemos enterado, después de varios meses de intrigas y negativas. El presidente del Partido Popular y candidato presidencial, Alberto Núñez Feijóo, percibió 71.110 euros entre abril y diciembre de 2022 como líder de su partido (31.850 euros como presidente del grupo Popular en el senado y 39.260 en concepto de gastos de representación de su partido).

Ello se suma a la “asignación constitucional” de 46.722 como senador y los 23.496 en concepto de “indemnización” por serlo de una circunscripción que no es Madrid.

La suma total es de 141.328 euros, algo así como 14.750.

Algunas de esas cantidades habían sido ocultadas por Feijóo y su partido, por lo que sus opositores lo han acusado de mentir.

El presidente del PP cuenta con un patrimonio declarado de 930.972 euros, 611,379 más que hace tres años.