LAS OTRAS NOTICIAS (279)
3 de Julio de 2023
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, elplural, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.or, LoQueSomos
ESPAÑA: EL DEL SISTEMA DE SOLICITUD DE ASILO, COLAPSADO
Más de 20 organizaciones sociales especializadas en migraciones y protección internacional han presentado una queja ante la Comisión Europea por las "graves deficiencias para acceder al procedimiento de asilo en España”.
Un total de 118.842 personas solicitaron asilo en España en 2022, un 81% más que el año anterior. Es el tercer país europeo con más peticiones, tras Alemania y Francia. Además, unas 80.000 personas ni siquiera lograron cita para presentar la solicitud.
En el mismo año se resolvieron 91.369 solicitudes, 51.832 de ellas (el 60%) negativas. Solo se concedió el estatuto de refugiado a 6.830 personas, la protección subsidiaria a 7.405 personas y la protección por razones humanitarias a 20.924 personas (40% entre las tres). La mayoría de las resoluciones favorables fueron para personas procedentes de Venezuela, país al que siguen Colombia, Perú y Marruecos.
El 96% de las solicitudes de asilo son presentadas estando ya en el país, y sólo el 3,7% se presentaron en puestos fronterizos o a través de Embajadas.
A la fecha se acumulan 122.035 expedientes pendientes de resolver.
Las organizaciones denunciantes señalan que conseguir una cita para el trámite cuesta más de seis meses, cuando la normativa europea establece que toda solicitud de asilo debe registrarse en un plazo de entre tres y seis días. Insisten en que se trata de personas que se han visto obligadas a abandonar sus respectivos países por guerras, amenazas de muerte, hambre o catástrofes climáticas, entre otras causas, y que no se pueden empadronar, ni pueden acceder a la sanidad o a la educación porque no tienen un documento que al menos acredite que su solicitud está en trámite.
Achacan la lentitud de los procesos a la "falta de solidaridad y responsabilidad" de las autoridades políticas. El régimen de acogida a los refugiados ucranianos (161.037 resoluciones de protección temporal en 2022) demuestra que “cuando hay voluntad política, se puede dar respuesta".
Otro caso es el de los inversores extranjeros o deportistas de élite, en cuyo caso los equipos jurídicos de los ministerios y otras instituciones logran en tiempo récord cumplir con todos los requisitos legales.
GUATEMALA: EMPANTANAMIENTO ELECTORAL
Bernardo Arévalo, el único candidato progresista, con un perfil socialdemócrata, lo había dicho: “Seremos la sorpresa electoral y el pueblo de Guatemala recuperará su esperanza y su dignidad”.
Nadie le creyó. Todo estaba atado y bien atado, y las encuestas aseguraban que pasarían a la segunda vuelta dos candidatos conservadores, pertenecientes a lo que allí se conoce como el “pacto de corruptos”, una coalición de redes formadas por funcionarios, políticos, empresarios, militares en activo y en retiro, así como estructuras criminales propiamente dichas. Es la coalición que ha mantenido el control del gobierno desde hace varios años y de la mayoría legislativa formada por una decena de bloques partidarios, que tiene cooptadas a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
De los 30 partidos inscritos inicialmente para participar en las elecciones del pasado 25 de junio, 24 respondían a los intereses de estas redes corruptas, que se garantizan su impunidad, la continuidad de la corrupción y de sus negocios, y la criminalización de quienes consideren sus adversarios. Fue así como las maniobras leguleyas retiraron arbitrariamente de la contienda a tres partidos progresistas críticos con el sistema.
Y en eso llega el Movimiento Semilla, con su candidato Bernardo Arévalo, de 64 años, y queda el segundo en las preferencias de los electores, en unas elecciones donde el abstencionismo fue del 40% y donde el 17% de los que votaron anularon su voto y el 7% lo hicieron en blanco. En cualquier caso, el hecho de que Arévalo pasara a la segunda vuelta era lo más parecido a una puerta abierta a la esperanza, en un país donde el 60% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Surgía la posibilidad de derrotar a las redes de corrupción e iniciar la reconstrucción del Estado de derecho. Lo tendría difícil. Habría de enfrentarse a las elites políticas, empresariales y criminales, y contaría solo con 23 diputados de los 180 que integran la Cámara, con 17 bloques legislativos.
El “pacto de corruptos” se puso en marcha. No iba a permitir el peligro de perder el control del Estado. Nueve partidos políticos cuestionan los resultados electorales y argumentaron “vicios” en el proceso de votaciones, cosa que no habían detectado ninguna de las múltiples misiones internacionales de observación electoral. Inmediatamente, la Corte de Constitucionalidad suspendió la oficialización de los resultados de las elecciones y ordenó que todas las juntas electorales del país repitan las audiencias de escrutinio y, de ser necesario, se efectúe un recuento de votos.
Con ello, el proceso electoral se empantana. La realización de la segunda vuelta el 20 de agosto es incierta, pese a que, según los observadores internacionales, las elecciones del 25 de junio señalaron “claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta”. Tratarán por todos los medios, y los tienen, de eliminar de la contienda a Semilla y Arévalo.
Lo que se juega es si un país es viable con instituciones que respondan a los intereses colectivos o con un Estado en manos de grupos criminales que solo buscan los intereses personales y de grupos mafiosos.
Lo que pareció una puerta abierta a la esperanza, ahora pinta mal, muy mal.
LOS ESPAÑOLES RESPIRAMOS AIRE NOCIVO
La población española estuvo expuesta en 2022 a "niveles insalubres de contaminación”, superiores a los de 2020 y 2021, según un reciente informe de la ONG Ecologistas en Acción.
El informe señala que, tomando como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi todos los españoles (47,5 millones) fueron afectados por el aire contaminado. Si se toman en cuenta los límites recogidos en la legislación europea y española -más laxos que los de la OMS-, alrededor de 7,6 millones de personas (un 16% de la población) respiraron el año pasado aire contaminado (2,2 millones más que en 2021).
El informe atribuye el aumento de la contaminación a los efectos del cambio climático (sobre todo al aumento de las temperaturas y la escasez de lluvias) y, sobre todo, a la recuperación del tráfico y de la actividad económica previas a la pandemia.
La absorción de un aire de pobre calidad, agrega el informe, provoca enfermedades respiratorias y cardiovasculares "padecidas fundamentalmente por niños, ancianos, individuos con afecciones y patologías y las embarazadas".
Ecologistas en Acción recuerda que "hasta 25.000 personas fallecen prematuramente cada año en España por la contaminación, 15 veces más que por accidentes de tráfico.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en todo el mundo fallecen por ese motivo unos siete millones de personas.
La ONG indica que la "única forma de mejorar" la calidad del aire es reducir el tráfico a motor; potenciar la movilidad peatonal, ciclista y el transporte público limpio; promover el ahorro energético; cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles; penalizar el diésel; reducir el uso del avión; y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.
GUANTÁNAMO: TRATO “CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE”
Los 30 presos que aún quedan en Guantánamo sufren un “trato cruel, inhumano y degradante”. Lo sabíamos todos, pero ahora lo ha reafirmado la relatora especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, luego de visitar la prisión. Es, por cierto, la primera vez en 21 años que el gobierno de los Estados Unidos permite que una funcionaria de la ONU visite la vergonzosa cárcel.
Fue creada en 2002 para albergar a supuestos terroristas. El gobierno de Estados Unidos necesitaba chivos expiatorios para presentarlos ante su población y demostrar que se estaba vengando de los terroristas que habían volado las torres gemelas en septiembre de 2001. Fueron detenidos sin pruebas, o secuestrados. Sufrieron torturas en centros de detención clandestinos en Oriente Medio. Llegaron a Guantánamo sin saber dónde estaban, con los ojos vendados, encapuchados y con grilletes.
La ignominiosa cárcel era al principio un pequeño campamento improvisado y al aire libre, con jaulas de alambre de espino. Hoy es una prisión de máxima seguridad, cuyo funcionamiento cuesta a Estados Unidos cerca de 540 millones de dólares anuales. Por ella han pasado 779 hombres, de distintas nacionalidades: afganos, mauritanos, británicos, libaneses, yemeníes… Han vivido años y años en un limbo jurídico, sometidos a un bucle interminable de interrogatorios para que admitieran ser combatientes de Al Qaeda o talibanes.
El propio Congreso de Estados Unidos publicó un informe que documentaba torturas, abusos y tratos inhumanos y degradantes a los presos en Guantánamo y en otros muchos centros de detención secretos. Sin embargo, nada hizo por el cierre de la prisión.
En la cárcel han muerto nueve de los presos. 706 fueron liberados o trasladados a sus países de origen o a terceros países (Uruguay, Kazajstán, Eslovaquia, Serbia…), por no existir pruebas contra ellos. Solo 12 han sido acusados de delitos, de los que dos fueron condenados.
Los detenidos, dice la relatora de la ONU, sufren secuelas por los malos tratos “sistemáticos” y la arbitrariedad con la que han sido tratados. “Observé que, tras dos décadas bajo custodia, el sufrimiento de los detenidos es profundo y continúa… El Gobierno de EEUU debe dar urgentemente una resolución judicial, pedir disculpas y ofrecer garantías de no repetición”, añadió.
FISCALIDAD: PASITOS INSUFICIENTES
El gobierno de coalición español termina su andadura con la tarea pendiente de una reforma fiscal en profundidad, que era una de sus banderas cuando llegó.
España recauda menos que la media comunitaria. El gobierno se proponía amoldar el sistema a un modelo más distributivo, acercándose al contexto europeo.
La guerra de Ucrania, dicen, trastocó los planes, y el gobierno se olvidó de la reforma en profundidad para centrarse en las ayudas frente a la subida de precios. Así, llegaron las rebajas del IVA a la luz y el gas, la reducción de los impuestos especiales de la factura energética, la eliminación de impuestos para los productos de alimentación básicos, los tributos temporales a los bancos y las energéticas y a las grandes fortunas. El gobierno también aumentó el IRPF a las rentas más altas e incrementó la tributación para los que más ingresen por rendimientos de capital.
Los impuestos a la banca y las energéticas, y a las grandes fortunas son temporales, hasta 2024, y su futuro está ahora en el aire, al adelantarse las elecciones. Además, están pendientes de la resolución de la Justicia, al haber sido impugnados por los afectados.
Esos paquetes de ayudas y recaudación pusieron sobre la mesa el discurso de que quienes más tienen o ganen, más deben de aportar para garantizar el estado de bienestar. Pero la reforma sigue pendiente…
INMIGRACIÓN: EL GOTEO DE MUERTOS QUE NO CESA
Otra vez, ahora cuando buscaban en las Islas Canarias la puerta hacia Europa. 51 muertos (37 hombres, 11 mujeres y tres niños; solo cuatro sobrevivientes. Habían pasado “ocho días de horror” sobre una lancha neumática, a la deriva en el Atlántico.
''La muerte en la frontera se instala por falta de medios de rescate y la escasa colaboración entre los países para defender el derecho a la vida'', comentó Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
INGRESO MÍNIMO VITAL: AVANCE CON LENTITUD.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza ya a 646.084 hogares en los que viven 1.868.172 personas, de las que el 43% son menores, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El IMV es una medida establecida por el gobierno en mayo de 2020, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas más desfavorecidas, otorgándoles una prestación económica mensual. La prestación oscila de acuerdo al número de personas que conviven en el hogar. En el caso de una persona sola es de 566 euros mensuales, mientras que en el caso de cuatro adultos y un menor asciende a 1.243.
La previsión inicial del gobierno es que alcanzara a unos 850.000 hogares, con unos 2,3 millones de personas, pero las dificultades burocráticas han hecho que muchos de los posibles beneficiarios ni siquiera han podido solicitarla.