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12 de Junio de 2023

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.or

 

¿GOLPE BLANDO EN COLOMBIA?

No quieren dejarle gobernar. Los poderes tradicionales de Colombia tratan de conservar el orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia del Estado, frente a los intentos del gobierno progresista de Gustavo Petro

Unos 400 intelectuales, dirigentes políticos y personalidades progresistas de todo el mundo, entre ellos Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Yanis Varoufakis, Jean Luc Mélenchon, Adolfo Pérez Esquivel y José Luis Rodríguez Zapatero han suscrito una carta en la que advierten que se gesta un “golpe de Estado blando” en Colombia, con la finalidad de revertir la voluntad popular.

A menos de un año de la presidencia de Petro, parece evidente la campaña conjunta de la rama judicial (incluidas la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República), los grandes poderes mediáticos y sectores militares para detener las reformas impulsadas por el gobierno (salarios, salud, protección del medio ambiente), intimidar a sus partidarios y difamar su imagen en la escena internacional, valiéndose para ello de maniobras leguleyas, bulos periodísticos y amenazas militares.

Generales y coroneles en retiro han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado; y el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados ha declarado que las tropas en reserva podrían ayudar a sacar del cargo a Petro.

Los firmantes de la carta llaman a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia.

El apoyo popular a Gustavo Petro y a su coalición Pacto Histórico se hizo evidente con multitudinarias manifestaciones en numerosas poblaciones del país.

Para muchos analistas, detrás de la campaña contra el gobierno está la mano de la inteligencia estadounidense, necesitada de asestar un golpe al progresismo que en años recientes ha ganado terreno en varios países de América Latina. Hace unos días, Petro expulsó de su gabinete a dos miembros de su círculo más cercano: Armando Benedetti y Laura Rabiara. Ambos estaban implicados en un caso de escuchas ilegales. El primero pidió protección al Departamento de Estado estadounidense. Será o no será, pero los precedentes abundan…

EL DERECHO A LA VIVIENDA

Hace un año, 40 familias del municipio de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, recibieron un burofax en el que Blackstone, el “mayor casero de España y el mundo”, les informaba de una subida de hasta el 100% en el alquiler de su vivienda: O aceptaban el aumento o abandonaban la vivienda al expirar su contrato de alquiler.

Blackstone es un fondo de inversión estadounidense (de los llamados “fondos buitre”) que adquirió la propiedad de miles de viviendas a raíz de la crisis financiera de 2008, cuando eran de titularidad pública, que fueron construidas con financiación pública y pasaron a ser mecanismos de lucro para Blackstone, que hoy posee en España unas 40.000 viviendas.

El proceder de Blackstone, si bien parece excesivo e ilegal, es acompañado por la inacción de la Comunidad de Madrid, que permite que los grandes propietarios sigan aumentando de manera ilimitada los precios de sus inmuebles en alquiler.

Las 40 familias en cuestión decidieron organizarse y luchar.

Blackstone viene repitiendo desde hace años el mismo mecanismo de acoso contra diferentes grupos de inquilinos. En 2019, más de 80 hogares también se enfrentaron a esta situación. Tras dos años de lucha, lograron una negociación colectiva y nuevos contratos dignos. En ello están ahora esas 40 familias. En el primer juicio, celebrado el 6 de junio, Blackstone cedió y alcanzaron un acuerdo temporal para evitar el desahucio. Han dicho que seguirán “luchando y peleando”.

La historia de estos inquilinos recuerda que la vivienda es un derecho humano y que es esencial defenderlo frente a los intereses de la especulación y el lucro desmedido.

LOS SINDICATOS, ANTE LAS ELECCIONES

Los sindicatos mayoritarios de España, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, han demandado a las diversas fuerzas políticas hacer públicas sus posiciones sobre las reformas sociales llevadas a cabo por el gobierno de coalición del Partido socialista Obrero Español y Unidas Podemos, “que han aumentado derechos sociales y laborales durante los últimos años en este país”.

Los sindicatos se refieren a diversas medidas gubernamentales, muchas de ellas con el acuerdo de sindicatos y la patronal, tales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) alcanzados con motivo de la pandemia de covid-19; la reforma laboral, que “ha generado cuotas en la contratación indefinida nunca conocidas en el país; la reforma del sistema público de pensiones, que garantiza su suficiencia, viabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo; el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2017 era de 735,9 euros y hoy es de 1.080; la “ley rider”, que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales; la ley que mejora las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las trabajadoras del hogar…

Los sindicatos advierten del riesgo que supondría la entrada de la ultraderecha en el Gobierno para mantener el diálogo social. 

LOS NIÑOS TRABAJADORES

Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, una directiva para luchar contra la explotación laboral, incluyendo el trabajo infantil. Los conservadores, incluyendo el Partido Popular y Vox, votaron en contra, porque esa directiva, según ellos “repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas europeas a nivel global”.

La Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF estiman que hay en el mundo 160 millones de niñas y niños (de entre 5 y 17 años) trabajadores. Son uno de cada 10. 72 millones de ellos viven en África. El 70% trabajan en la agricultura; el 20% en servicios y el 10% en la industria, la minería y la construcción. La mitad realiza trabajos peligrosos.

Son los datos que han manejado las ONGs que trabajan con la infancia, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el lunes 12 de junio.

No se trata de los trabajos que pueden hacer los niños de forma puntual y ligera ayudando en las tareas del hogar, que pudieran contribuir a su proceso de aprendizaje y a la socialización. Se trata de actividades que les privan de sus derechos fundamentales, como a la educación (el 30% de ellos no están escolarizados), la protección, la salud o el juego. Se trata de mano de obra barata en la producción de cacao, café, té o soja, del servicio doméstico, de la actividad manufacturera o minera (minas de oro, diamantes, litio, cobalto, coltán…), que los obliga a ser adultos antes de tiempo. Con frecuencia la ropa que llevamos, los teléfonos móviles que utilizamos y los alimentos que comemos han sido producidos por ellos y ellas.

Algunos piensan que no debería hablarse de “trabajo infantil”, un eufemismo que endulza su situación, sino de “esclavitud infantil”.

De nada parecen servir la multitud de tratados, leyes, congresos y programas. El flagelo de esa esclavitud no disminuye. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en 2015, se marcaron como meta erradicar el trabajo infantil en 2025. Para entonces, no habrá menos de 140 millones de niños y niñas trabajando.

MILITARES ESPAÑOLES CONTRA LA GUERRA

"Pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que, en vez de alimentar la guerra (de Ucrania) con más envío de armas, paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz". Lo dice un comunicado firmado por decenas de altos mandos militares, retirados o en reserva, de las distintas ramas del ejército español.

Critican a la OTAN y a Estados Unidos por su "irrefrenable y persistente actitud de acoso y provocación", que está dirigiendo a Europa "hacia su autodestrucción". Dicen que la escalada de guerra "conducirá irremediablemente hacia una situación incontrolable que acabará poniendo en riesgo la vida sobre el planeta", y no ocultan su temor de que la pueda producirse una “escalada nuclear”.

COLOMBIA: ALTO EL FUEGO

El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han firmado un alto el fuego de seis meses de duración, en el marco de la negociación que ambas partes llevan a cabo en busca de un acuerdo definitivo de paz.

En esta ronda de negociación, que tuvo lugar en Cuba, no se han firmado "acuerdos sustanciales", pero se ha avanzado hacia el acuerdo final, que deberá incluir aspectos como la democratización del país y cambios socioeconómicos en favor de las mayorías.

Las negociaciones se reanudarán a mediados de agosto en Venezuela.

El presidente Gustavo Petro ha manifestado su esperanza de que en 2025 se alcance el acuerdo definitivo de paz.

SENEGAL, CUANDO LA INESTABILIDAD LLEGA

Desde su independencia en 1960, Senegal ha sido casi un modelo de estabilidad, con elecciones limpias y ausencia de golpes de estado. Pero la detención y condena a dos años de cárcel al líder opositor Ousmane Sonko desataron la indignación de la gente, y la represión gubernamental de las protestas se ha cobrado al menos 18 víctimas mortales, además de 357 heridos y más de 500 detenidos.

El actual presidente, Macky Sall, en el poder desde 2012, ha tomado una deriva autoritaria, mientras Sonko, antiguo líder sindical, cuenta con la más grande popularidad que haya tenido político alguno en el país, sobre todo entre los jóvenes. Plantea una lucha frontal contra la corrupción, la renegociación de los contratos con empresas extranjeras (desfavorables para el país), la descentralización del país y, sobre todo, crear empleo (el desempleo ronda el 40%)

En un primer momento, acusaron a Sonko de violación, delito del que fue absuelto. Luego le acusaron de “corrupción de jóvenes”, por el que le han condenado a dos años de cárcel, lo que le inhabilita para competir por la presidencia en febrero de 2024. Sus partidarios dicen que el objetivo es precisamente evitar que se presente a esas elecciones.

La mitad de los 12,5 millones de senegaleses viven bajo el umbral de la pobreza. Aunque en los últimos años se han descubierto yacimientos de petróleo y gas, muchos senegaleses migran hacia Europa o América Latina, por la falta de oportunidades laborales. El país depende en gran medida de las importaciones de alimentos básicos, como el arroz.

EUROPA Y LA INMIGRACIÓN: CADA VEZ PEOR

Las llegadas de inmigrantes irregulares a Europa han pasado de 1,04 millones en 2015 a unos 180.600 en 2022, pero la Unión Europea endurece las medidas para reducir los flujos. Lo han vuelto a hacer los ministros del Interior de la UE en su reunión de Luxemburgo, donde han insistido en el control de fronteras y la expulsión en caliente de quienes buscan asilo, a sus países de origen o a un tercer país considerado como “seguro”, un eufemismo que desde hace tiempo aplican a Libia.

Hace ocho años la UE estableció cuotas de reparto obligatorias de refugiados, cuyo cumplimiento no llegó ni a un sonrojante 30%. Ahora habla de una “solidaridad obligatoria pero flexible” cuando alguno de los países europeos se vea desbordado por la llegada de migrantes, para repartirse 30.000 inmigrantes al año; los países que no quieran acogerlos, deberán pagar una multa de 20.000 euros por inmigrante no admitido.

OJO: Habla de “repartirse” 30.000 inmigrantes, cuando en 2022 llegaron a suelo comunitario 180.600. El dato contrasta con los más de cuatro millones de refugiados ucranianos que han recibido amparo en los países europeos desde inicios de 2022.

También hablan de fortalecer el sistema de colaboración preventiva con terceros países (léase Libia, Turquía o Marruecos). Por si había duda, la presidenta de la Comisión Europea, junto a la primera ministra italiana, viajaron inmediatamente a Túnez, donde anunciaron la entrega de 100 millones de euros al país para garantizarse su compromiso en el control fronterizo contra la inmigración, específicamente para acelerar las “devoluciones en caliente” y frenar la salida de migrantes desde Túnez hacia Europa.

Cada paso que la UE da en el tema migratorio evidencia su progresiva insensibilidad humana y política, en la que se nota la influencia de los partidos de extrema derecha, xenófobos y racistas, que se han fortalecido y han radicalizado sus posturas en años recientes.

Una Europa que se queda sin valores y de la que nos avergonzamos…