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14 de Febrero de 2022
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser.
PANDEMIA.-
La pandemia de COVID-19 ha provocado ya más de 410 millones de contagiados en el mundo (más del 5% de la población mundial), y más de 5,8 millones de muertos. Los países con mayor número de fallecidos son Estados Unidos (919.000), Estados Unidos es el país con mayor cifra de muertos, con 919.000 fallecidos; seguido por Brasil, por encima de los 638.000; e India con 509.000 muertos, Brasil (638.000) e India (509.000). Los contagios han descendió en un 17% la semana pasada, aunque los fallecimientos aumentaron un 7%.
Según la Organización Mundial de la Salud, “es posible que Europa se esté acercando al fin de la pandemia" al pasar la ola ómicron, que en unas semanas más habrá afectado a más de la mitad de la población europea, lo que contribuirá a la inmunidad general. Ello no anula la posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus, de efectos desconocidos.
En España, todos los indicadores de la pandemia apuntan a la baja. La incidencia acumulada a 14 días es de 1.244 casos por cada 100.000 habitantes (hace tres semanas era de 3.975). El total de contagiados es ahora de 10.672.906, y los fallecidos suman 96.596. La tasa de ocupación hospitalaria ha descendido del 16% al 9,8%, y en las UCI del 24% al 16,34%. La cifra de fallecidos es ligeramente inferior a 100 diario.
VACUNACION EN CUBA.-
De los 11,3 millones de cubanos, 10,6 millones mayores de dos años (94%) han recibido al menos una dosis de vacuna, 9,3 millones (82%) han recibido dos dosis, y 9,3 (82%) han recibido tres dosis. Más de cuatro millones han recibido una cuarta dosis de refuerzo.
En el mundo el 61.5% de la población ha recibido una dosis, mientras en los países de bajos ingresos la han recibido solo el 10%.
Cuba es el tercer país del mundo con al menos una dosis de vacuna (por detrás de Emiratos Árabes Unidos y Portugal, y antes de Brasil, Estados Unidos e India). Y es el país que más vacunas ha administrado por cada 100 habitantes (305), seguida de Chile, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil y Estados Unidos.
Y lo ha hecho con sus vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, cuya manipulación es fácil, ya que no requieren de temperaturas de congelación.
Además de haber aplicado 34,6 millones de dosis, está lista para enviar decenas de millones a países de bajos ingresos. Y ya está en conversaciones con más de 15 países para producir sus vacunas en ellos a precios “solidarios” y para transferir la tecnología para producción local donde existan condiciones.
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.-
El gobierno de España, previo acuerdo con los sindicatos mayoritarios, ha establecido en 1000 euros el salario mínimo interprofesional (SMI), en 14 pagas anuales (es decir, 14.000 euros al año), lo que representa una subida de 35 euros al mes (3,6%) con relación a al salario mínimo vigente. Con esta medida, el SMI acumulada una subida del 30% desde 2018, pasando de 736 euros a 1.000.
El Ministerio de Trabajo dice que la medida beneficiará a 1,8 millones de trabajadores, de los que 1,5 millones trabajan a tiempo completo y 290.000 a tiempo parcial. También dicen que repercutirá en mayor medida en los más jóvenes y las mujeres.
El gobierno trata de acordar este tipo de medidas a través del “diálogo social” con la patronal y los sindicatos mayoritarios (los “agentes sociales”). En este caso, la patronal rechazó el acuerdo, argumentando que el aumento del SMI incrementará los costes laborales y llevará a un menor dinamismo económico y a una menor creación de empleo. Los mismos argumentos utilizó hace un año, cuando el SMI subió de 950 euros a 965. Sin embargo, en este año la economía española creció un 5% y se crearon 840.700 empleos. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que desde que asumió el cargo cobra 300.000 euros anuales, califica su salario de “humilde en un ámbito empresarial de alto nivel".
El gobierno se ha comprometido a que en 2023 el SMI alcance el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. (El salario medio actual son 1.923 euros, y el 60% de ese salario son 1.153).
El SMI crece un 3,6% en un país donde los precios han crecido un 6,5%... ¿Con qué cara se atreven la patronal y la derecha española a que los trabajadores más precarizados ganen 35 euros más al mes?
AFRICA Y EL YIHADISMO.-
Acaba de ocurrir en Burkina Faso. En meses anteriores fue en Mali, Chad, Sudán y Guinea Conakry. Militares más bien jóvenes desplazan del poder a gobernantes envejecidos y elegidos democráticamente. También hubo un intento fallido en Níger.
Los militares burkineses justificaron el golpe en el fracaso del gobierno en el combate al terrorismo yihadista, que afecta a varias regiones de África y, en este caso, amplias áreas de Burkina Faso, Mali y Níger, donde obliga a las poblaciones rurales a vivir bajo las estrictas normas de la sharia. Hace más de diez años que el yihadismo comenzó en Mali, y ha producido el desplazamiento de millones de personas. Sólo en Burkina Faso los desplazados son1,5 millones.
El golpe de Burkina Faso fue celebrado y aclamado en las calles de las ciudades. La gente quiere seguridad, y no parece importarle mucho si hay un gobierno militar o uno democrático; al fin y al cabo, ¿qué beneficios les ha traído la democracia?
Durante las manifestaciones de apoyo a los militares, la gente quemaba banderas francesas y gritaba consignas antifrancesas. Francia, con otros países europeos, inició hace nueve años un despliegue militar en la región, sobre todo en la vecina Mali, pero desde entonces los yihadistas se han fortalecido y controlan más territorios, mientras los estados continúan desmoronándose. Los malienses, que inicialmente apoyaron el despliegue, ahora piden a Francia que se vaya.
Por otro lado, desde hace varios años China y Rusia están fortaleciendo su presencia en África, con importantes acuerdos y multimillonarias inversiones en proyectos de cooperación. Rusia colabora con el actual gobierno de Mali en la lucha contra los yihadistas. En breve podría hacerlo también en Burkina Faso.
DESARTICULADO GRUPO NAZI EN ESPAÑA.-
A primeros de febrero la Policía Nacional, tras una investigación de dos años, ejecutaba la ‘operación Ario’ y detenía a siete personas pertenecientes a un grupo nazi en Barcelona, Torrejón de Ardoz, Alcoy y Onteniente (Alicante). En sus domicilios se encontraron armas blancas y de fuego, un manual para fabricar explosivos caseros, indumentaria y documentación de ideología nazi, numerosos dispositivos electrónicos y listas con matrículas de coches de políticos independentistas catalanes y con los nombres del presidente Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias y representantes de la Fiscalía.
En sus comunicaciones por WhatsApp, en las que participaban más de 100 personas, aparecen frases como “Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles”, “Contamos con fusiles de asalto, subfusiles pistolas y grandes cantidades de explosivos”, “Hay que empezar a regar las calles de España con sangre mora”, “Hay que llevarse por delante a estos perros moros y al fiscal de odio”, “Hay que limpiar este país”.
El grupo atacó una sede LGTBI en Alcoy en octubre de 2021. Su impulsor es José R.M., con residencia en Alcoy (alicante), que en 2000 fue detenido por obo en Barcelona.
Esta noticia ha ocupado muy poco espacio y tiempo en los medios de comunicación. ¿Por qué?
Hace tres años, los Mossos de Escuadra (policía de Cataluña) detenían a un ultraderechista con un arsenal de 16 armas de fuego, con similares intenciones. No fue acusado de terrorismo. En abril de 2020, la sede del partido político Unidas Podemos fue objeto de un atentado terrorista realizado por militantes nazis. También lo fue la sede de ese partido en San Andrés del Rabanedo, León, en junio de 2020, por los mismos actores. En junio del mismo año, un exlegionario se entrenaba disparando contra las fotos de varios integrantes del Gobierno pegadas a las dianas de tiro (el video fue filtrado por un policía, avergonzado de que sus compañeros lo celebraran entre burlas y risas). Todos los autores están libres…
¿No debería sentirse preocupado “el gobierno más progresista” que ha tenido España?
MYANMAR: UN AÑO BAJO LAS BOTAS MILITARES.-
Se ha cumplido un año del golpe de estado en Myanmar. Los militares, que ya habían gobernado durante 50 años (1962-2011), tomaban de nuevo el poder tras una efímera década de relativa apertura democrática. Justificaron el golpe en un inexistente fraude electoral el noviembre de 2020. Arrestaron al presidente Win Myint y a la líder del país, la Nóbel Aung San Suu Kyi, además de los ministros y diputados.
Pero no contaron con la resistencia de la sociedad civil, que primero llenó las calles con manifestaciones y después ha fortalecido las guerrillas (“fuerzas de defensa populares”) que traen en jaque al ejército en vastas zonas del país. La ONU estima que unos 4.000 soldados han desertado en el último año.
La respuesta represiva de la junta militar golpista, que encabeza el general Min Aung Hlaing, ha matado al menos a 1.500 personas y ha detenido a 11.838, provocando además 320.000 desplazados internos.
La comunidad internacional se ha limitado a imponer las consabidas sanciones que dañan a la gente, no a los militares ni a las empresas de petróleo, gas o telecomunicaciones, que están en sus manos.
Aung San Suu Kyi, de 76 años, ha sido condenada a varios años de prisión por delitos inventados por los militares (incitación a la violencia, vulneración de las normas contra la pandemia, violación de secretos oficiales, corrupción…) y tiene aún 11 juicios similares pendientes.
La crisis ha hecho aumentar la pobreza, y el país se halla sumido en una profunda crisis humanitaria. Myanmar tiene 54 millones de habitantes, y se cuentan 132 minorías étnicas. La mitad de ellos viven bajo el umbral de la pobreza, a consecuencia de la violencia y de las sanciones internacionales.
Al parecer, la junta militar planea una reforma del sistema electoral que le garantice mantener el control entre bambalinas.
Mientras tanto, la lucha de los ciudadanos sigue. La represión, también.
GUATEMALA: UN PRIMER PASO DE JUSTICIA.-
Han tenido que pasar 40 años para que llegara la justicia. Cinco miembros del ejército han sido condenados penas de entre 30 y 40 años de prisión por violar sistemáticamente a mujeres indígenas de entre 12 y 53 años en los años 80 en Guatemala, durante el conflicto armado.
Al menos 200.000 personas fueron asesinadas por la represión militar durante ese conflicto, entre 1960 y 1996, y 45.000 más desaparecieron. Cuatro de cada cinco eran indígenas.
La población rural maya era el blanco preferido de las masacres planificadas por el ejército y los grupos paramilitares. La violación y la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra. Además, muchas mujeres tuvieron que ver cómo los soldados y los paramilitares mataban a sus esposos, hermanos o hijos delante de ellas.
La condena ha sido posible por el compromiso de varias profesionales indígenas, que, luego de este logro, quieren seguir adelante para que sean castigados los violadores en otras comunidades indígenas.
NICARAGUA: LA PESADILLA AUTORITARIA.-
Ya hace tiempo que Daniel Ortega decidió huir hacia adelante. La situación se le puso difícil cuando en 2018 estalló una rebelión cívica con demandas sociales, que reprimió a sangre y fuego con saldo de al menos 320 muertos, centenares de prisioneros, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas. Desde entonces, todo lo que suene a crítica al gobierno es severamente reprimido.
En pasado 7 de noviembre Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, luego de una ola de varios meses de detenciones y asedio judicial contra la mayoría de aspirantes presidenciales de la oposición, profesionales y opositores en general. La comunidad internacional no ha reconocido esas elecciones.
Ahora sigue una serie de 47 juicios contra los detenidos, entre los que se encuentran líderes opositores, empresarios, activistas, periodistas y exguerrilleros sandinistas, acusados de traición a la patria, conspiración, menoscabo a la integridad nacional, y, de paso, de narcotráfico o lavado de dinero.
Ya han sido condenados 18 de ellos a penas de entre 8 y 13 años de prisión: Dora María Téllez, excomandante y heroína sandinista (8 años); Miguel Mora, periodista y ex candidato presidencial (13); Manuel Mendoza, periodista deportivo (9); Lesther Alemán, dirigente estudiantil (13); Ana Vigil, exdirigente sandinista (10); Francisco Aguirre Sacasa, excanciller (8)…
Habrá que agregar que los juicios se celebraron en la prisión, de forma exprés y a puerta cerrada, sin que los abogados defensores pudieran visitar a los acusados; que se resolvieron en unas horas; que los testigos eran policías y simpatizantes sandinistas, y las pruebas trucadas…