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22 de Junio de 2022
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Hufftinton post, ctxt.es, Cadena Ser, VientoSur, Contrainformación.es, Rebelion.org
ECUADOR: SE LEVANTAN LOS INDÍGENAS.-
Hace diez días se lanzaron a la calle y tomaron varias carreteras, tras un año de infructuoso diálogo con el gobierno neoliberal del banquero-presidente Guillermo Lasso. Exigen reducir los precios de los combustibles, precios justos para los productos del campo, políticas de empleo y derechos laborales, control de precios para los bienes de primera necesidad, evitar la privatización de los sectores estratégicos, políticas públicas efectivas contra la delincuencia y la violencia... Son los indígenas de Ecuador, organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Unos días después llegaron hasta la capital Quito. La policía cargó contra ellos en el centro de la ciudad. El gobierno conservador de Lasso los responsabiliza de actos vandálicos, pero la Conaie rechazó esos señalamientos.
Tradicionalmente el Estado ha ignorado los derechos de los pueblos originarios. La situación se deterioró desde que en mayo de 2021 asumió la presidencia Lasso, un ultraconservador miembro del Opus Dei, que ha acelerado las privatizaciones y el desmantelamiento de las empresas del Estado (hidrocarburos, energía eléctrica, banca…) y ha recortado derechos de los trabajadores y deteriorado los servicios públicos, agravando los problemas de precarización, pobreza e inseguridad.
Ante las movilizaciones, el gobierno deslegitimó la lucha indígena, recurrió a la herramienta clásica del Estado de Excepción para justificar los excesos policiales, declaró el centro de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de la policía y el ejército, y suspendió el transporte urbano, para dificultar la movilización. También anunció algunas medidas de corte social encaminadas a mejorar la salud, la educación y algunos subsidios a los campesinos. Los indígenas dicen que son medidas irrisorias y que además no hay garantías de que vayan a cumplirse, y continúan con el paro nacional.
Ya ha muerto un manifestante y se han contabilizado 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares, y 18 con heridas graves, además de 86 detenciones, entre ellas la del presidente de la Conaie, que fue liberado a las pocas horas.
Amnistía Internacional ha pedido al presidente Lasso “cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica”.
Los indígenas dicen que no acudirán a ningún diálogo en tanto no haya compromisos concretos y creíbles por parte del gobierno. Y siguen en la calle y las carreteras. Se les han sumado organizaciones sociales, estudiantes, profesores, trabajadores, empleados… Todos manifiestan su hastío, descontento, cansancio y sufrimiento ante un gobierno carente de voluntad de negociación.
INGRESO MÍNIMO VITAL.-
El gobierno español aprobó en mayo de 2020 el Ingreso Mínimo Vital, una prestación de carácter permanente dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas con escasos recursos, completando las rentas preexistentes (entre otras, las salariales).
El gobierno tenía previsto beneficiar a 850.000 hogares (2,3 millones de personas), con especial incidencia en los hogares con menores. Con ello esperaba erradicar la pobreza extrema, que afecta a 600.000 hogares (1,6 millones de personas)
El IMV garantiza una renta mínima de 5.538 euros para los hogares unipersonales y hasta 12.184 para hogares con cuatro adultos y un niño. Actualmente la prestación media alcanza los 436 euros mensuales por hogar (172 por beneficiario).
A la fecha, los beneficiarios son 461.788 hogares, con 1.176.187 personas (506.552 menores de edad), el 51% de los previstos, de acuerdo a la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Se han tramitado casi 1,9 millones de solicitudes, de las que se han aprobado el 24,30%. La mayor parte de las solicitudes denegadas lo son por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa.
APROBADA LA EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE.-
La ministra de Interior británica, Priti Patel, ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde enfrentará 18 cargos penales, entre ellos el de espionaje, que podrían acarrearle una condena de 175 años de cárcel.
Assange, periodista australiano que hoy tiene 50 años, creó hace 12 años la plataforma WikiLeaks, a través de la cual difundió cientos de miles de documentos militares y cables diplomáticos de Estados Unidos, en los que se ponían de manifiesto sus barbaries cometidas en Irak y Afganistán y otras arbitrariedades (soldados estadounidenses acribillando a gente desarmada, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, cárceles clandestinas, prácticas habituales de tortura, vuelos de la CIA sobre territorio español con prisioneros con destino a la cárcel de Guantánamo, espionaje a la entonces canciller alemana Ángela Merkel y el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-Moon...).
El gobierno de los Estados Unidos ha atacado implacablemente a Assange y ha volcado sobre él delitos imaginarios, pero no ha desmentido los hechos denunciados por él (torturas, asesinatos, masacres, espionaje, manipulación), cuyos autores siguen libres.
Organizaciones de Derechos Humanas y gremiales de periodistas han señalado que el proceso conta Assange no es un acto de justicia, sino una acción de venganza y un escarmiento dirigido a informadores y periodistas para que no se atrevan a exhibir las miserias internas del poderío estadounidense. El poder político estadounidense y británico no toleran ser exhibidos en sus actos delictivos, en su corrupción y en su indecencia, y se vengan de quien se atreve a ponerlos en evidencia. Assange no ha cometido ningún delito. Es periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo.
Se encuentra recluido en una prisión londinense desde abril de 2019, luego de haber permanecido siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Sus abogados pueden presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Londres e incluso al Tribunal Supremo del Reino Unido.
HONDURAS: PASOS ADELANTE.-
Asumió el gobierno de Honduras hace cinco meses. Heredaba un país en bancarrota, con una deuda de más de 20.000 millones de dólares, con un narcotráfico campante y una corrupción impunes, que hace que cada año el país pierda unos 3.000 millones de dólares (casi el 33% del presupuesto general). También heredaba un pueblo devastado por la pobreza (el 74% de la población en pobreza y el 50% en miseria) y la desesperanza. En años recientes, muchos de sus habitantes protagonizaron las “caravanas” hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades.
Al asumir la Presidencia, Xiomara Castro ha intentado “refundar” el país, buscando el desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia. Aprobó una Ley de Amnistía, facilitando la excarcelación de presos políticos y el regreso al país de decenas de exiliados; creó la Secretaría de la Mujer y la de Transparencia y lucha contra la corrupción; creó “batallones verdes” para la defender las reservas forestales y combatir la tala ilegal de bosques; aumentó en más de 2.000 millones de dólares el presupuesto, enfocado a la inversión social, en especial salud, educación, programas de compensación social y de generación de puestos de trabajo; inició un programa de subsidio de los combustibles y de la energía eléctrica, beneficiando a 1.3 millones de familias; ordenó al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola colocar 40 millones de dólares en créditos a bajo interés para beneficiar a pequeños productores; ha hecho avanzar el proceso judicial contra los asesinos de la líder social Berta Cáceres, asesinada en 2016 (recientemente uno de los coautores intelectuales ha sido condenado a 22 años de cárcel)…
Se enfrenta a los mecanismos y actores del antiguo régimen que tratan de boicotear cualquier intento de promover verdaderos cambios estructurales. “Es como caminar por un camino minado, pero avanzamos”, ha dicho.
Falta mucho por avanzar en la transformación, democratización y desmilitarización del Estado y la sociedad. Pero la noticia es que se avanza.
PROTECCIÓN A REFUGIADOS UCRANIANOS.-
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España proyecta otorgar una subvención directa de 400 euros por familia al mes, más 100 euros por cada menor a cargo, durante seis meses a los refugiados ucranianos que están fuera del sistema estatal de acogida.
La prestación será canalizada a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos, y podrá beneficiar a unas 40.000 personas.
El sistema de acogida atiende a unas 21.000 personas, pero, según el propio Ministerio, hay otras 100.000 fuera de ese sistema.
Desde la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero pasado, el Ministerio del Interior de España ha otorgado protección temporal a 124.000 ucranianos, lo que incluye permiso para trabajar y residir.
OTRO RECORTE EN LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID.-
En marzo de 2020, la Comunidad de Madrid cerró los servicios de urgencias en 37 centros de salud de atención primaria. Recientemente, ha anunciado el cierre definitivo de 20 de ellos y una “reorganización” de los 17 restantes, que pasarán a llamarse Puntos de Atención Continuada. Sólo 10 dispondrán de médico; los otros siete serán destinados a cuidados de enfermería.
Los servicios de emergencia, que abrían por las noches y los fines de semana, suponían un punto de acceso cercano a los ciudadanos y descargaban las urgencias hospitalarias. En ellos se realizaron 753.000 consultas en 2019. En el 92% de los casos los pacientes se evitaron ir al hospital. De hecho, su cierre ha ocasionado un incremento notable de las urgencias hospitalarias, que en mayo pasado registraron cifras récord.
Profesionales sanitarios, asociaciones vecinales y grupos políticos de la oposición consideran que no se trata de una “reorganización”, sino de un recorte más en los servicios sanitarios de la Comunidad y un ataque a la maltrecha Atención Primaria, en el marco del “desmantelamiento” de la sanidad pública que lleva adelante la Comunidad.
LA OLA DE CALOR, “UN ANTICIPO”.-
La ola de calor en Europa occidental, que ha traído temperaturas superiores a los 40 grados en países como España o Francia, "es un anticipo del futuro", cuando habrá más fenómenos climáticos extremos debido al calentamiento global. Lo advierte la Organización Meteorológica Mundial.
"Como resultado del cambio climático, las olas de calor comienzan antes y se vuelven más frecuentes y severas, debido a las concentraciones récord de gases de efecto invernadero que concentran el calor", señaló un portavoz de la OMM
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de la ONU, ha advertido en sus últimos informes de que las olas de calor serán cada vez más habituales, con estaciones cálidas más largas y estaciones frías más cortas.
PANDEMIA.-
En España, la incidencia de Covid acumulada a 14 días es de 653 casos por cada 100.000 habitantes (40 puntos más que hace una semana)
La tasa de ocupación de camas por enfermos de coronavirus es del 6,3% y la de las UCI del 4% (también ligeramente superiores a las de hace una semana).
El total contagiados desde el inicio de la pandemia es de 12.613.634, y el de fallecidos de 107.604. Los fallecidos promedian ahora 25 diarios.