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31 de Agosto de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
GUATEMALA: A PRISIÓN POR DEFENDER SUS DERECHOS
Rigoberto Juárez y Bernardo Ermitaño López son dirigentes indígenas que defienden su territorio frente a las empresas mineras, madereras e hidroeléctricas. En 2016 tuvieron que sentarse en el banquillo, junto a otros siete compañeros, acusados de secuestro y obstrucción a la justicia. En realidad, lo que hicieron fue organizar actos pacíficos para oponerse a proyectos hidroeléctricos que dejaban sin agua a sus comunidades indígenas en el departamento (provincia) de Huehuetenango. Así lo reconoció la jueza del caso, que los absolvió al constatar que no habían cometido ningún delito.
“Ni un milímetro atrás, todo hacia adelante”, dijo entonces Rigoberto Juárez, que había pasado 15 meses en la cárcel.
Las hidroeléctricas no se conformaron, y poco después el caso fue reabierto. La llamada Justicia ha rechazado todos los recursos legales de los imputados. Juárez y López, reconocidos defensores del territorio y autoridades ancestrales, podrían ser condenados a siete y 23 años de prisión, respectivamente.
El proceso ha estado plagado de irregularidades, al punto de que la Justicia ha utilizado como base de las acusaciones los informes de los abogados de las hidroeléctricas.
Los abogados defensores dicen que se trata de un nuevo caso (¡uno más!) de la criminalización que enfrentan en Guatemala quienes se atreven a defender los derechos humanos, sobre todo los derechos de los indígenas, que se ven sistemáticamente sometidos a hostigamientos judiciales sin fundamento para deslegitimar sus justas causas.
En las zonas rurales de Huehuetenango casi la mitad de la población vive en pobreza extrema; el 60% de los niños y niñas padezca desnutrición crónica y la mortalidad infantil (menores de 5 años) es de 44 por cada 1.000 nacidos. Es una región abandonada por el Estado, pero que sí se hace presente judicialmente cuando se trata de defender los intereses de las empresas minera, madereras o hidroléctricas, que no respetan los derechos de las comunidades.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la criminalización se evidencia con “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo”.
… Y DICEN QUE QUIEREN UN ALTO AL FUEGO
Estados Unidos ha enviado a Israel 50.000 toneladas de armamento desde octubre pasado, que llegaron en medio millar de vuelos y más de un centenar de barcos. Lo informa el propio ejército israelí.
En tanto, suman ya 40.476 los gazatíes muertos por los ataques israelíes, en su mayoría mujeres y niños, además de 93.647 heridos y unos 11.000 enterrados bajo los escombros.
Esos resultados se deben según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a las "recurrentes" violaciones de las leyes de la guerra por parte de Israel.
MÉXICO: EL CRIMEN ORGANIZADO Y LAS EMPRESAS
La economía mexicana está invadida y permeada por el crimen organizado y los narcotraficantes.
Los narcos ya han llegado a piratear las antenas de internet, haciendo que los ciudadanos les paguen directamente a ellos. También han logrado impedir el acceso a algunas ruinas mayas,
El 13% de las empresas consideran que el crimen organizado ha tomado control parcial o total en sus operaciones (producción, distribución y venta), de acuerdo a la Cámara de Comercio del país, que cuenta con socios como Amazon, American Express, AT&T, Coca-Cola y similares.
Las empresas asumen la inseguridad como un costo operativo adicional. Cada vez menos empresas avisan a las autoridades de su situación de inseguridad. Prefieren solucionarlo ellas invirtiendo entre un 2% y un 10% para asegurarse sistemas de defensa privados. 8 de cada 10 dan a sus empleados cursos de seguridad, tanto física como tecnológica.
Muchas empresas han reducido su inversión en México, y otras tantas han optado por salir del país.
LA MORTÍFERA RUTA CANARIA
Se cumplen 30 años desde que dos saharauis (Sahara Occidental) llegaran a la isla de Fuerteventura en una lancha de pesca. Inauguraban, sin saberlo, la “ruta canaria”, que se convertiría en la más mortífera de los africanos que intentan llegar a Europa.
En 1999, ocurrió el primer naufragio en Canarias, cuando una patera se hundió a 300 metros de la costa de la isla Fuerteventura, con saldo de nueve jóvenes muertos. Desde entonces hasta hoy han llegado 230.000 personas a Canarias en pateras o cayucos.
La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) estima que, como mínimo, 4.755 personas han perdido la vida en el Atlántico desde entonces, pero la ONG Caminando Fronteras tiene documentadas 18.680 muertes desde enero de 2018.
La política española lleva varios meses embroncada a causa de unos 6.000 menores llegados a Canarias y tutelados por el gobierno de esas islas. ¿Qué clase de problema pueden ser 6.000 jóvenes en un país de casi 48 millones de habitantes?
Difícilmente los africanos renuncien a lanzarse al mar en precarias embarcaciones, si no tienen otras vías seguras. Para que un ciudadano de un país africano pueda entrar en la Unión Europea de manera regular, debe tener un visado concedido por autoridades consulares europeas en sus países de origen. Pero ellas no conceden esos visados, como manda la ley, por lo que la ruta canaria y las demás rutas de muerte seguirán abiertas.
VENEZUELA: LA CRISIS POSTELECTORAL
Las turbias aguas de Venezuela no tienen visos de aclararse. Los ciudadanos debemos bucear entre bulos, mentiras y verdades grises para intentar sacar algo en limpio. Difícil tarea.
El prestigioso periodista, escritor y catedrático Ignacio Ramonet, exdirector de Le Monde Diplomatique, dice que los chavistas ganaron las elecciones porque lograron frenar la delincuencia y la inseguridad; derrotaron la inflación (que hoy es inferior a la de estados Unidos y la Unión europea); hicieron que el país tuviera en 2023 el mayor crecimiento económico de América y lo volverá a hacer este año (8% del PIB); y elevaron la producción de petróleo a millón de barriles diarios, lo que les permitió reactivar los programas sociales…
Dos recientes sabotaje a la red eléctrica dejaron a buena parte del país sin luz. Ya ocurrió en tres ocasiones en 2019, cuando el gobierno, igual que ahora, acusó de ello a la oposición.
El Tribunal Supremo ha dado por buena la resolución del Consejo General Electoral, que dio la victoria en las elecciones presidenciales al Partido Socialista Unificado de Venezuela (el movimiento chavista presidido por el presidente Nicolás Maduro).
La fiscalía ha convocado al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, a quien investiga por "comisión de delitos como usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración".
La oposición dice que son delitos falsos, inventados por una Fiscalía en manos del presidente Maduro. González Urrutia hizo caso omiso a las dos primeras citaciones. Si no obedece la tercera, podría ser detenido.
En días recientes, medios de prensa alternativos han informado de que González Urrutia estuvo comprometido con la represión contra sectores religiosos en El Salvador en la década de los 80 del siglo pasado, cuando fue diplomático en aquel país. Los informes indican que entre 1981 a 1983, cuando fue primer secretario de la Embajada, al lado del embajador Leopoldo Castillo (apodado “el matacuras”), participó con financiamiento y logística en la creación del Batallón Atlacatl del ejército y de grupos paramilitares, que cometieron numerosas masacres de civiles. Una de ellas ocurrió en la población Mozote, los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981; en ella fueron asesinados 900 civiles.
Las informaciones son respaldadas por varias personalidades, entre ellas el sacerdote colombiano Ramiro Arango Escobar, que entonces vivía en El Salvador.
En documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 2009, se menciona que Edmundo González, junto a Leopoldo Castillo, coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la operación Centauro, que consistió en acciones violentas del ejército salvadoreño y los escuadrones de la muerte para eliminar físicamente a comunidades religiosas que intentaban una solución pacífica y negociada de la guerra en El Salvador.
En 1989, cuando ya no era diplomático, pero sí asesor del ejército salvadoreño, González habría señalado como “comunistas” a los seis sacerdotes jesuitas asesinados en la Universidad Centroamericana junto a dos trabajadoras.