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14 de Agosto de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
Y SIGUE LA MASACRE…
Nueva matanza en la que han muerto más de 100 personas y más de 150 han resultado heridas, cuando el ejército israelí atacó con misiles estadounidenses una escuela y una mezquita en el barrio de Al-Daraj, en el centro de Gaza, donde se refugiaban unas 6.000 personas desplazadas por el genocidio.
El número de muertos asciende ya a 39.790 y los heridos a 91.722, en su gran mayoría civiles.
1,9 millones de desplazados gazatíes (de un total de 2,3 millones de habitantes de Gaza) sobreviven en una crisis humanitaria sin precedentes, por la destrucción generalizada, el colapso de los hospitales, los brotes de epidemias, la amenaza de la hambruna y la escasez de agua potable, alimentos y medicinas.
Israel "está cometiendo un genocidio contra los palestinos barrio a barrio, hospital a hospital, escuela a escuela, campo de refugiados a campo de refugiados y una zona segura tras otra zona segura", ha declarado la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese.
En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, han sido asesinados cerca de 600 palestinos a manos de colonos y soldados israelíes.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha informado que asciende a 205 el número de trabajadores muertos a causa en la ofensiva israelí desde el 7 de octubre pasado, en la que 190 instalaciones de la ONU han resultado dañadas.
Tras 10 meses de matanzas continuadas y de inacción de la comunidad internacional, hemos de reconocer la profunda corrupción de la ética y los valores humanos y la inexistencia de garantías de David frente a Goliat.
DEFINITIVA IMPUNIDAD PARA LOS ASESINOS DE COUSO
José Couso Permuy, camarógrafo de televisión, fue asesinado el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina, de Bagdag, por los soldados estadounidenses que habían invadido días antes Irak. Fue una acción de guerra premeditada contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional que cubría la invasión.
El Gobierno español no actuó de oficio exigiendo una investigación. Ni siquiera condenó el asesinato. Los familiares de Couso plantearon una demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos. Un juez de la Audiencia Nacional procesó a tres militares estadounidenses por crímenes de guerra y homicidio, pero Estados Unidos se negó a entregarlos. El caso fue archivado.
En marzo de 2014 el gobierno del Partido Popular reformó por la vía de urgencia la legislación sobre “justicia universal”, restringiendo las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. (El principio de “justicia universal” es un instrumento jurídico internacional que permite a un Estado perseguir, investigar y enjuiciar delitos “contra la humanidad”, aunque se cometan fuera de su territorio nacional y con independencia de la nacionalidad de su autor o autores).
Con ello, muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por los tribunales españoles, entre ellos el de Couso, fueron definitivamente archivados.
La familia de Couso presentó en diciembre de 2019 un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar de reactivar el caso. Recientemente, dicho Tribunal ha rechazado el recurso y ha avalado lo actuado por la justicia española. El asesinato de Couso quedará impune por los siglos de los siglos.
Son éstos malos tiempos para el Derecho Internacional Humanitario…
TIGRAY: LA GUERRA QUE SIGUE
Más de 4,5 millones de personas requieren ayuda para la supervivencia en la región etíope de Tigray (de unos seis millones de habitantes), donde en noviembre de 2020 estalló un conflicto armado entre el independentista Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el gobierno de Etiopía.
En 2022, luego de unos 600.000 muertos civiles (uno de los conflictos más mortíferos del presente siglo) y cerca de dos millones de desplazados, los contendientes firmaron un Acuerdo de Paz, pero las acciones militares continúan, con crímenes masivos, violación de mujeres y niñas, torturas y desapariciones, que castigan a la población civil.
Amnistía Internacional ha recordado que las fuerzas del gobierno de Etiopía y las de su vecino y aliado Eritrea se han visto involucrados en casos de violaciones y esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y pillaje en Tigray.
A los efectos de la guerra se unió la crisis de la COVID-19 y la sequía, por lo que la situación en el Tigray continúa siendo desesperada, mientas la ayuda internacional continúa llegando con cuentagotas.
LA MUERTE ACOMPAÑA A LAS ALTAS TEMPERATURAS
En 2023, el año más cálido registrado a nivel mundial, fallecieron en Europa 47.690 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. 8.352 de las muertes ocurrieron en España (5.180 mujeres y 3.165 hombres), que es el cuarto país de Europa más afectado, detrás de Grecia, Bulgaria e Italia. Así lo revela un informe del Instituto de Salud Global, de Barcelona, publicado por la revista Nature Medicine.
El mayor número de muertes se produjo a causa de las temperaturas extremas de mediados de julio y finales de agosto.
El estudio destaca que, sin medidas de mitigación como el aire acondicionado o la instalación de paneles de aislamiento en las viviendas, el índice de mortalidad sería un 80% más alto, de manera especial en el caso de personas mayores, que son el colectivo más vulnerable.
Las muertes atribuidas al calor en España entre 2015 y 2023 suman 21.800 y triplican el de las muertes por accidentes de tráfico.
En julio pasado las víctimas mortales en España fueron 771 fallecidos, y en los cuatro primeros días de agosto alcanzaron 366.
El grueso de las muertes atribuidas al calor se debe a la exacerbación de enfermedades previas, como las del sistema circulatorio, respiratorias o degenerativas.
LOS JÓVENES ESPAÑOLES, ATADOS A SUS PADRES
El 83% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años (unos seis millones) continúa viviendo con sus padres; solo el 17% están emancipados, según los más recientes datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud. La situación ha empeorado en los años más recientes: En 2010, estaban independizados el 25%.
En el caso de los jóvenes que tienen trabajo, sólo están emancipados el 29,6%, mientras la media europea es de 26,3.
Las causas de esa situación se hallan en la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral, la precariedad y los altos precios de la vivienda. El alquiler promedio de un piso estándar se sitúa en 968 euros al mes, en tanto el salario mediano es de 1.050,77 euros netos en 12 pagas. Además, España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro juvenil (el 25,9%).
La edad media para emanciparse en nuestro país se sitúa en los 30,4 años (en 2013 era de 28,9), por detrás de Grecia, Eslovaquia y Croacia. La media europea es de 26,3 años.
Las proyecciones apuntan incluso a un ligero empeoramiento de la tasa de emancipación durante la próxima década, debido fundamentalmente al encarecimiento de los precios de la vivienda.
El Observatorio señala que la “clase política” debe resolver el problema del acceso a la vivienda y la precariedad y pobreza laboral.
LA RELIGIÓN INTERESA CADA VEZ MENOS
Cuatro de cada cinco españoles (el 80,4%) no practican ninguna religión, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Sólo el 19,6% se declaran creyentes y practicantes de una religión, de los que un 17% son católicos y un 2,6% de otra confesión. El 36% se definen como católicos no practicantes: el 16,8%, ateos; el 14,2%, agnósticos; y el 13,4%, indiferentes o no creyentes.
De quienes sí practican la religión católica o son creyentes de otra religión, el 47,6% asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana.
¿VACACIONES?
Agosto es casi sinónimo de vacaciones en España, donde cada vacacionista gasta en promedio 401 euros. Pero no todos entran en el esquema. El 32,32% de los hogares no puede permitirse al menos una semana de vacaciones al año fuera de casa, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística
En el grupo del 25% de las familias más pobres, son el 55,70% las que no pueden permitirse ese mínimo de una semana de vacaciones anual.
El 46,50% de las familias que no pueden irse de vacaciones, además, no pueden mantener su vivienda con una temperatura suficientemente fresca durante el periodo más caluroso del año.
¿ES PECADO LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN?
Era el 18 de mayo. Cortaron la carretera de acceso al complejo industrial de la siderúrgica Arcelor-Mittal, en Xixón, Asturias. Eran cinco activistas de la organización Rebelión o Extinción. Denunciaban la financiación con fondos públicos a esa y otras empresas ultra contaminantes.
Por sus graves y muchos delitos, pueden hacerse acreedores a 15 años de prisión y 150.000 euros de multa.
La protesta formó parte de una campaña de la coalición Unidas por la Justicia Climática, que denuncia el proyecto de la Unión Europea de subvencionar anualmente con 405.100 millones de euros a grandes corporaciones energéticas e industriales.
Arcelor-Mittal es una multinacional con sede en Luxemburgo, una de las mayores industrias en Asturias, la más contaminante de la región y la quinta mayor emisora de gases de efecto invernadero del Estado español, según los datos del Observatorio de Sostenibilidad. En los primeros seis meses del 2024 ha ganado 1.332 millones de euros.
Las organizaciones ecologistas denuncian también que Arcelor-Mittal no está cumpliendo con el proceso de descarbonización.
PEDALEANDO POR LA SANIDAD PÚBLICA
Viven en el barrio de Carabanchel, Madrid. Son miembros de la Asamblea Popular. En el centro de salud del barrio faltan médicos y medios.
Como en la Comunidad de Madrid no les hacen caso, varios de ellos han viajado en bicicleta desde Carabanchel hasta Ginebra, Suiza (casi 1.600 kilómetros) para exponer su situación ante organismos de la ONU como Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos y otros, para que tomen partido a su favor y que la sanidad pública les otorgue los derechos que les corresponden.
Su Centro de Salud (“Abrantes”) tiene asignadas más de 30.000 personas y, por ley, debe tener al menos 17 médicos de familia. Sin embargo, apenas se llega a la mitad, y en algunas ocasiones ha llegado a estar sin ninguno. Tampoco tienen pediatra.
El gobierno de la Comunidad de Madrid es el que menos dinero destina a la sanidad pública por habitante: 1.468,38 euros por persona al año.