LAS OTRAS NOTICIAS (330)
1 de julio de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
EMPRESAS ESPAÑOLAS CON LAS MANOS MANCHADAS
Empresas radicadas en España hacen negocio con el genocidio y la ocupación israelíes. Varias de ellas están relacionadas con la construcción y obras ferroviarias, como Obras Subterráneas, SEMI, CAF, Comsa y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. También INECO, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes…
De acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, entidades bancarias españolas como CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Bankinter, Kutxabank, Banca March o Banco Sabadell tienen un papel decisivo en el financiamiento de esas empresas.
También destaca la presencia de aseguradoras como Catalana Occidente, Compañía Española de Seguro de Crédito en la Exportación, y Grupo Mapfre.
Estas empresas se amparan en una pretendida “neutralidad” para seguir haciendo negocio. Pero, ¿pueden considerarse neutrales negocios que apoyan de hecho la usurpación de territorios y la ilegalidad internacional?
“Cualquier empresa que opere en territorios ocupados militarmente por Israel, lucrándose con sus actividades, está participando y contribuyendo a la violación de derechos humanos”, sostiene Amnistía Internacional, que anima a los ciudadanos a informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras y a retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los derechos humanos.
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y LOS MÉDICOS
Sabido es que las empresas farmacéuticas reparten dinero a profesionales sanitarios por distintas vías, con la intención de introducir sus medicamentos en los sistemas de salud.
Las 18 principales farmacéuticas que operan en España (Janssen, GSK, Pfizer, AstraZeneca y compañía) repartieron 103 millones de euros en 2022 (último año del que se tienen datos definitivos) entre más de 90.000 profesionales sanitarios. Lo afirma un estudio de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, en base a tatos de Farmaindustria (Asociación Empresarial de la Industria Farmacéutica).
Los pagos se dirigen principalmente a los profesionales sanitarios “líderes de opinión”; es decir, médicos “referentes”, con influencia, prestigio y credibilidad, que expanden los mensajes entre sus compañeros. 2.789 de ellos recibieron ese año pagos superiores a 5.000 euros, pero 856 médicos recibieron más de 15.000; otros 51.212 recibieron entre 5.000 y 500 euros.
Los profesionales sanitarios recibieron este dinero en concepto de actividades formativas, reuniones científico-profesionales, asistencia a congresos o prestación de servicios “en función del interés terapéutico estratégico de la multinacional y el valor que tenga ese profesional para su interés terapéutico estratégico”-
Llaman a ese mecanismo “transferencias de valor”, aunque otros prefieren hablar de deshonestidad, conflicto de intereses o directamente corrupción. Algunos estudios afirman que los médicos que reciben dinero en relación a un medicamento lo prescriben más que los otros de los que no reciben pago.
Los llamados “líderes de opinión” reclutados por las farmacéuticas trabajan en los grandes hospitales públicos (Clínic, Vall de Hebrón, Ramón y Cajal, Doce de Octubre, La Paz y Gregorio Marañón) frecuentemente como jefes de servicio, y lo hacen sobre todo en las especialidades de oncología, hematología, dermatología y reumatología.
EL DESPRESTIGIO DE LOS JUECES
Hace años que la política en España está judicializada. Partidos y organizaciones políticas han inundado los Tribunales con denuncias a sus adversarios para obtener ventajas políticas. Se ha constituido en un camino para medrar políticamente, a veces con argumentos, otras con falsedades. En no pocos casos los propios jueces se han prestado a esa perversa estrategia, asumiendo como pruebas lo que no son más que bulos y dejando de investigar y juzgar hechos fehacientemente probados.
Ello ha llevado a que los ciudadanos pensemos que los caminos de la política y la justicia se entrelazan en demasiadas ocasiones.
Un 66% de los españoles piensa que existe instrumentalización de la justicia (es decir, que los partidos utilizan la justicia como un medio para conseguir un fin político o electoral), y el 62% que se dan casos de judicialización de la política (que se llevan a los tribunales asuntos políticos que deberían resolverse por vías no judiciales). Un 60% tiene poca o ninguna confianza en los jueces y un 44% piensa que hay casos de persecución judicial. Son datos de una encuesta realizada por Simple Lógica, una empresa que se dedica a la investigación social y estudios de opinión.
Los votantes de la derecha y la extrema derecha son quienes más confían en los jueces.
KENIA: LOS IMPUESTOS Y LA MUERTE
El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de subida de impuestos, que abarcaba desde el pan y el aceite a la propiedad de automóviles y productos digitales (móviles, cámaras…) y las transacciones financieras, que provocaría el encarecimiento de artículos esenciales.
El proyecto de ley pretendía recaudar 2.700 millones de dólares adicionales, para reducir el déficit presupuestario y aligerar la pesada carga de la deuda, en la que solo los pagos de intereses consumen el 37% de los ingresos anuales.
Kenia, situada en el este de África, tiene una superficie de 580.370 kilómetros cuadrados y 53 millones de habitantes. Ocupa el puesto152 en el índice de desarrollo humano (donde aparecen 195 países). 17 millones de kenianos viven en la pobreza.
La gente llevó su protesta a todo el país, de manera especial a la capital Nairobi, en un movimiento protagonizado por los jóvenes. El presidente del país William Ruto dijo que no toleraría "la violencia y la anarquía". Las manifestaciones alcanzaron su culmen el 25 de junio, cuando cientos de manifestantes irrumpieron en la sede del Legislativo poco después de que los parlamentarios aprobaran el proyecto de ley, causando destrozos y prendiendo fuego a algunas partes del complejo.
Los agentes antidisturbios dispararan contra la multitud, pero se vieron desbordados por ella y el presidente ordenó desplegarse al ejército, “para frustrar cualquier intento de criminales peligrosos de socavar la seguridad y la estabilidad" del país. El saldo fueron 23 muertos, más de 300 heridos, 214 detenidos y al menos 22 "secuestros" de activistas a manos de agentes uniformados y no uniformados.
El presidente Ruto dio marcha atrás y no ratificará la ley, habida cuenta del "descontento generalizado" que había producido. ¿No podría haberse modificado el orden de los factores?
SALUD: OTRO REGALO A LA PRIVADA
El Ministerio de la Defensa ha alquilado por 75 años el madrileño hospital militar de Chamberí (24.000 metros cuadrados), inactivo desde 2021, a la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del grupo privado Quirón Salud, que pagará un total de 180 millones de euros.
Organizaciones ciudadanas relacionadas con la Sanidad (Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública y otras) han llevado el concurso de adjudicación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, argumentando que hay “indicios claros” de que no se cumplieron los requisitos legales para llevar a cabo un concurso de licitación.
Se preguntan por qué se ha decidido ceder la infraestructura a una entidad privada y no a una entidad pública. Señalan que el precio de alquiler es tres veces por debajo del precio medio de mercado en la zona y que en el contrato no se especifica qué servicios se dispensarán desde esas instalaciones. Se preguntan si no hubiera sido más razonable mantenerlo como parte de la infraestructura del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid, que presenta serias deficiencias.
No ha sido posible determinar a quién pertenecían los terrenos donde fue construido el hospital en 1950.
SANDINISMO: ¡QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE!
La espiral autoritaria de Daniel Ortega no parece tener límite, hasta hacer del Sandinismo una ridícula caricatura de dictadura.
Su más reciente hazaña ha sido ordenar prisión domiciliaria para su hermano Humberto, exministro de Defensa y hombre fuerte de la Revolución.
Humberto Ortega vive jubilado desde hace 30 años. Es empresario y se dice partidario de un "centrismo humanista" (!). Pero hace unos días, en unas declaraciones a la prensa, se mostró contrario a una eventual sucesión de Daniel Ortega por su espora Rosario Murillo o uno de sus hijos. "Cuando hay, declaró Humberto, un poder de tipo autoritario, dictatorial, como el actual, que depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, ante la ausencia de éste, es muy difícil que haya una continuidad del grupo de poder inmediato". Agregó que, en su opinión, el ejército sería el garante de controlar la situación y pilotar un proceso electoral.
Horas después de hacerse públicas sus declaraciones, la policía irrumpió en su casa y le requisó móviles y ordenadores. Más tarde se le decretaría prisión domiciliaria. Su hermano Daniel le ha calificado de "traidor" y "vendepatrias".
Humberto, de 77 años, que hace tres semanas sufrió un infarto, vive horas de incertidumbre entre el hospital y la prisión domiciliaria.
Es el enésimo capítulo de acciones autoritarias. En 2021, Daniel Ortega vetó a varios precandidatos presidenciales y encarceló a destacados e históricos dirigentes de la otrora Revolución Sandinista.
La prisión domiciliaria de Humberto es un aviso más para navegantes. Por si no estaba claro, cualquier voz disidente será acallada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (que tiene mucho mando en plaza), que ya van por su cuarto mandato presidencial consecutivo.
Qué lejos quedó aquel Sandinismo de 1979, que derrochó entusiasmo y sangre para derrocar al tirano Anastasio Somoza y que tantas esperanzas suscitó en América Latina…
LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO SACA DE LA POBREZA
La subida del salario mínimo interprofesional en España en los últimos ocho años ha sacado de la pobreza a cerca de un millón de trabajadores, según en Fondo Monetario Internacional.
El salario, que en 2016 era de 555,2 euros mensuales, es ahora de 1.134 euros.
CONDENADO EXPRESIDENTE DE HONDURAS
Juan Orlando Hernández fue entre 2014 y 2022 fue presidente de Honduras, y se declaraba fiel aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, mientras desplegaba la policía y el ejército para proteger y garantizar la circulación de la droga.
Todo el mundo lo sabía, pero solo cuando dejó la Presidencia en 2022 Estados Unidos pidió su extradición. Ahora acaba de ser condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de cárcel y a pagar ocho millones de dólares, por los delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y conspiración.
“Usó su poder para proteger a los narcotraficantes y recibir a cambio mucho dinero”, ha declarado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisando que Hernández “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, donde a los narcotraficantes violentos se les permitía operar con virtual impunidad”.
Ese es uno de lo que están, pero no están todos los que son.