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15 de Abril de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Plural, El Salto, Contextos, Rebelion.or, LoQueSomos, Cadena Ser.
SEIS MESES DE GENOCIDIO
Luego de seis meses de genocidio, el balance no puede ser más pavoroso: Más de 33.700 palestinos muertos (el 70% mujeres, niños y niñas) y más de 75.000 heridos, 1.9 millón de desplazados.
De acuerdo al Banco Mundial y la ONU:
- La devastación en vivienda, infraestructuras de servicios públicos (agua, salud y educación) y edificios comerciales e industriales puede valorarse en unos 18.500 millones de dólares.
- Hay en Gaza 26 millones de toneladas de escombros, que, una vez finalizada la agresión, harán necesarios varios años para su remoción y la limpieza de terreno
- Ha sido destruido el 84% de la infraestructura ligada al agua y el saneamiento.
- Mas de un millón de personas carecen hoy de una vivienda y el 75% de la población se ha visto obligada a desplazarse.
- Cincuenta y seis escuelas han sido totalmente destruidas y otras 219 han sufrido graves daños.
- Hace seis meses, Gaza recibía diariamente 500 camiones de ayuda humanitaria en promedio. Actualmente está recibiendo 150.
Por otro lado, Gaza se enfrenta ahora a la anarquía, a medida que han sido eliminados los mecanismos del antiguo orden social y político. Los vacíos de poder están siendo ocupados por bandas de delincuentes armados, que dificultan la distribución de ayuda humanitaria y especulan con ella.
REGULARIZACIÓN
El Parlamento español ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de unos 500.000 migrantes que viven y trabajan en el Estado español de manera irregular.
Después de varios años de trabajo, la plataforma “Regulación Ya” presentó en el Parlamento la ILP con el apoyo de casi 700.000 firmas personales (611.581, según otras fuentes) y el de cerca de 900 asociaciones. En la campaña de recogida de firmas participaron unos 14.000 voluntarios.
Los “sin papeles” proceden en su mayoría de América Latina, y más de la mitad son mujeres. Unos 112.000 tienen menos de 16 años.
Los argumentos sobran. El primero es, simplemente, el humano. Son los más vulnerables social y legalmente, lo que en muchos casos los condena a la explotación laboral, la invisibilidad y la desprotección legal. La irregularidad impide derechos tan básicos como el acceso a la justicia, la salud y la educación, y aumenta las posibilidades de vivir en la pobreza.
La regularización implicaría un aumento del empleo, de las cotizaciones sociales y de los impuestos de trabajadores y empresas, que ahora no se produce al estar esos trabajadores en la “economía sumergida”. Lo anterior significaría un gran aporte económico y fiscal para el Estado, calculado en unos 3.400 euros al año por trabajador (entre 790 y 950 millones anuales en conjunto).
Desde 1996 se han producido ocho regularizaciones, que han beneficiado a más de un millón de personas. La última ocurrió hace casi 20 años, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que alcanzó a casi 600.000.
La admisión a trámite de la ILP no quiere decir necesariamente que vaya a cuajar en una nueva Ley, sino que se inician los trámites parlamentarios que pueden conducir a ella.
CONTAMINAIÓN: ¿TIENEN LA CULPA LOS CHINOS?
Los tres países que más contaminan por sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) son China (9,9 mil millones de toneladas de emisiones al año), Estados Unidos (4,4 mil millones de toneladas) e India (2,3 mil millones). En esos datos suelen apoyarse los denigradores de China y la India, olvidando deliberadamente que China e India tienen 1.400 millones de habitantes cada una, mientras Estados Unidos tiene 336 millones. Consideradas las emisiones per cápita, Estados Unidos emite 15,6 toneladas al año por habitante, China 7,4 toneladas e India 2,6.
Algunos analistas señalan que la disminución global de la contaminación en los últimos años se debe fundamentalmente a China, que ha reducido sus emisiones un 42% en los últimos 10 años.
Entre las 100 ciudades más contaminadas del mundo (por efecto de los vehículos de motor, las industrias, las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, la calefacción residencial y comercial, y las actividades industriales y de construcción), solo hay cuatro ciudades chinas, y ninguna de ellas está entre las 20 primeras.
La ciudad de Shenzhen (12.5 millones de habitantes) ha sido la primera del planeta en reemplazar todos sus 16.500 autobuses y los taxis públicos por vehículos eléctricos libres de emisiones. Otras ciudades están en vías de hacerlo: Hangzhou (10.3 millones), Chengdu (16,3) y Shanghai (26,3).
Más del 60% de los coches eléctricos del mundo circulan por ciudades chinas.
GOLDEN VISA
Desde entonces, millonarios extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de más de 5.000 millones de euros y han obtenido 6.200 visados por ello. La mayoría de los beneficiarios han sido rusos, chinos e iraníes, seguidos de saudíes, venezolanos y británicos.
La medida ha sido ampliamente criticada por sectores sociales, que han visto en ella una discriminación entre inmigrantes de primera y de tercera.
Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha iniciado el procedimiento para eliminar ese mecanismo, llamado Golden Visa.
Los visados de oro se pusieron en marcha en 13 países europeos en los años posteriores a la crisis financiera de 2008, para atraer inversiones y capital. Era una práctica calificada por la Unión Europea de "antidemocrática", que conllevaba muchos riesgos en términos de corrupción, especulación inmobiliaria, blanqueo de capitales y evasión fiscal.
Otros países europeos (Portugal, Irlanda, Chipre, Bulgaria, Malta o Grecia), ya han eliminado ese mecanismo, o están en vías de hacerlo.
¡OJO CON EL ALGODÓN SUCIO!
Si en tu casa hay toallas, sábanas, camisetas o blusas compradas en tiendas de H&M o Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka…), muy probablemente estén elaboradas con algodón producido en Brasil por macroempresas vinculadas a la deforestación a gran escala, el acaparamiento de tierras, la corrupción, los abusos a los derechos humanos y la violencia contra las comunidades indígenas. Así lo denuncia la organización británica Earthsight.
Las empresas citadas no se abastecen directamente del algodón con el que se elaboran sus prendas. Obtienen su algodón y su ropa principalmente de proveedores de Asia, que transforman el algodón en productos terminados. Sus productos son garantizados por la firma Better Cotton, con sede en Ginebra, que es la encargada de “certificar” que el algodón ha sido producido de forma justa, tanto en lo social como en lo medioambiental.
La investigación de Earthsight ha descubierto que Brasil es el origen de casi la mitad del algodón certificado por Better Cotton, y que gran parte de ese algodón es producido por dos grandes empresas brasileñas, el Grupo Horita y SLC Agrícola, con un amplio historial de acaparamiento de tierras, destrucción de ecosistemas y acoso a las comunidades indígenas. Ellas lo venden a proveedores de Indonesia, Bangladés, Pakistán y otros, y éstos se lo hacen llegar a H&M, Inditex y otras.
El algodón es producido en región del Cerrado, en el nordeste brasileño, donde en años recientes han sido taladas unas 100.000 hectáreas de bosque y han sido utilizados 600 millones de litros de plaguicidas cada año, mientras las comunidades indígenas disminuyeron.
Unos 20 millones de prendas llegan cada año a España fabricadas supuestamente con algodón certificado como ético.
Inditex y H&M se mostrado sorprendidas con la denuncia y dicen que ellas nada sabían, y le han pedido explicaciones a Better Cotton.
El hecho es que el sistema de certificación no ha funcionado, y que esas empresas son de las más rentables del mundo.
REPSOL Y LAS EMISIONES
Las emisiones de efecto invernadero se redujeron en España un 5,3% en 2023 (pese a que el crecimiento de lea economía fue del 3,5%), de acuerdo al Observatorio de Sostenibilidad.
Para cumplir los objetivos que marca la comunidad científica para frenar un incremento de 1,5 grados en el calentamiento global, deberían haber bajado un 7%.
La multinacional energética Repsol es la empresa española que más contribuye a la crisis climática. Le siguen Endesa, EDP, Naturgy, ArcelorMittal, Cepsa e Iberdrola.
Repsol se sitúa en el puesto 50 de las 122 compañías del sector energético fósil y del cemento del mundo responsables de haber emitido hasta el 72% de todo el dióxido de carbono desde el inicio de la Revolución Industrial (1850), de acuerdo a un informe del centro de investigación británico InfluenceMap.
En ese 72% se incluyen las emisiones directas (proceso extracción y fabricación) e indirectas (comercialización).
Los objetivos de reducción de emisiones de Repsol son de un 15% en 2025, un 28% en 2030, un 55% en 2040 y un 100% en 2050…, una planificación según la cual seguirá sacando gas y petróleo hasta el 2050.
LA UNIÓN EUROPEA Y LA INDUSTRIA CÁRNICA
El 82% de los subsidios que reparte la Política Agrícola Común, de la Unión Europea, se destinan a apoyar a la industria ganadera que más emisiones de gases de efecto invernadero produce, según publica la revista científica Nature Food. El 38% de los subsidios van a la producción de animales y el 44% a la producción de piensos. Es decir, la UE está financiando mayoritariamente las dietas basadas en animales, que perjudica la mitigación del cambio climático.
El dinero de los europeos acaba financiando la industria cárnica, y no precisamente la basada en ganadería extensiva, de gran valor ambiental y social a través del mantenimiento de pastizales y paisajes agroganaderos tradicionales, sino en la intensiva, basada en macrogranjas industriales, que contaminan el suelo y el agua por purines y provocan elevadas emisiones de gases efecto invernadero.