LAS OTRAS NOTICIAS (317)
2 de Abril de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Cadena Ser, El Plural, El Salto, Rebelion.or, LoQueSomos, Contextos.
EL GENOCIDIO SIGUE. LA COMPLICIDAD TAMBIÉN
Era lo esperado. Pese a la resolución de la ONU pidiendo alto el fuego en Gaza, y pese a estar cada día más aislado internacionalmente, Israel continúa con su genocidio contra los gazatíes, con ataques en carreteras, refugios y hospitales, incluso contra trabajadores humanitarios de las ONGs, perfectamente identificados. Todo ello, con la generosa colaboración de Estados Unidos, que le provee de municiones y armas.
Los asesinados civiles ya suman 32.623 y los heridos 75.092 heridos, además de los más de 8.000 cuerpos que se estima que siguen bajo los escombros. Más de dos millones de personas han sido desplazadas por la fuerza. La destrucción ha dejado sin hogar a más del 85%.
Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria, y la hambruna se extiende por toda la Franja. La Corte Internacional de Justicia le ha ordenado que permita la llegada de ayuda humanitaria “sin trabas y a gran escala”.
En los últimos días Israel ha lanzado nuevos ataques contra Siria: Bombardeo contra el Consulado Iraní en Damasco (11 muertos), contra posiciones de Hizbulá en Alepo (42 muertos) y sobre los altos del Golán. Quizá busca con ello tensionar toda la región y congraciarse con Estados Unidos por sus críticas al corte de ayuda humanitaria.
La relatora de la ONU para monitorear los derechos humanos en los territorios palestinos ha acusado a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio, por su asesinato deliberado a miembros de un grupo nacional) los daños graves físicos o mentales ocasionados a miembros de ese grupo, y haberlo puesto deliberadamente en unas condiciones calculadas para su destrucción física. La relatora recomienda un embargo de armas a Israel y el despliegue de "presencia internacional protectora" en el territorio palestino.
El presidente de España, que parece en esto la “vanguardia” diplomática de Europa, pide a la comunidad internacional que reconozca al Estado Palestino “antes del verano” (!), pero nadie propone ninguna medida coercitiva contra Israel.
El día 31 de marzo unas 100.000 personas se manifestaron en Jerusalén pidiendo la dimisión del primer ministro Netanyahu y la búsqueda de un acuerdo con Hamás para la liberación de los rehenes. ¿Un signo de esperanza?
VERGÜENZA POLICIAL EN LAVAPIES
No está claro por qué se produjo, pero se encoge el corazón viendo la soberana paliza que dos policías nacionales dan a dos muchachos negros, que no mostraban ninguna actitud violenta, sino pasiva y hasta sumisa. Un video tomado por un testigo presencial, que ha sido ampliamente difundido por redes sociales, muestra a un policía agarrando brutalmente el cuello de uno de los jóvenes, mientras el otro policía golpea y empuja con inusitado ensañamiento al segundo chico, hasta que logra escapar corriendo.
Los hechos no ocurrieron en Estados Unidos, sino en el madrileño barrio de Lavapiés, conocido por su diversidad cultural y social, donde se han denunciado casos anteriores de discriminación racial y abuso de autoridad por parte de la policía, que han ocasionado tensiones entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Luego del episodio, el 29 de marzo, cientos de personas se manifestaron espontáneamente denunciando el "racismo institucional", que ha desencadenado una oleada de denuncias en las redes sociales.
Dirigentes de organizaciones sociales y políticos progresistas y de izquierda han calificado de preocupante y desmesurada la actuación de los agentes, impropia de un país democrático. También han reconocido que actuaciones de ese tipo no son algo excepcional, sino bastante frecuentes en el trato a inmigrantes africanos. Han exigido una investigación en profundidad sobre la actuación policial.
El Ministerio del Interior y la Delegación del gobierno en Madrid han anunciado investigaciones.
Los sindicatos más duros de la Policía han declarado que los jóvenes fueron detenidos por delitos contra la salud pública y por robo con violencia (extremo que nadie más ha confirmado), que se mostraron “hostiles” contra las fuerzas de seguridad, y que éstas no se sienten apoyadas por el gobierno en el ejercicio de sus funciones…
LA ZORRA, A CUIDAD LAS GALLINAS
La Organización de las Naciones Unidas ha designado por unanimidad a Arabia Saudí para presidir en 2025 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, definido como “el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y la capacitación de la mujer”.
El régimen saudí oprime a las mujeres bajo un sistema de tutela masculina, que les prohíbe obtener un pasaporte, casarse o viajar al extranjero sin el permiso de un hombre. No les otorga autonomía ninguna y aplica una visión muy estricta de la ley Islámica.
Varias disposiciones legales introducidas en los últimos años, como la “Ley de Estatuto Personal”, de 2022, de hecho consolidan la discriminación de género en todos los aspectos de la vida familiar, desde el matrimonio hasta el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, y no protegen a las mujeres de la violencia de género.
En la elección no hubo ninguna otra candidatura, luego de que Bangladesh retirara la suya por presiones de Arabia Saudita, a la que interesaba entrar al organismo para limpiar su imagen.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en todo el mundo han sido unánimes al condenar esa elección. Para Amnistía Internacional, el mandato de la Comisión es promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y es fundamental que el país que la preside lo cumpla. AI insistió en la necesidad de que el régimen saudí elimine el sistema de tutela masculina, ponga fin a su represión de la libertad de expresión y libere de inmediato a todas las personas detenidas injustamente por expresar sus opiniones.
Salma al Shehab fue condenada en 2022 a 34 años de cárcel por sus mensajes en redes sociales a favor de la igualdad de género.
Arabia Saudí es uno de los mayores proveedores de petróleo del mundo, y su precio puede afectar la economía de países enteros. Por ello, muchos gobiernos no cuestionan las políticas saudíes de derechos humanos.
LA BANCA EUROPEA FINANCIA LA CONTAMINACIÓN
Desde que en 2015 se firmara el Acuerdo de París, que se proponía que a final de este siglo el aumento de la temperatura global de la tierra no sobrepase los 1,5% centígrados con relación a la época preindustrial (1850), las empresas que destruyen los ecosistemas han recibido 278 billones de dólares en créditos otorgados por los bancos europeos.
Así lo sostiene el estudio EU bankrolling ecosystem destruction, realizado por una coalición de ONG lideradas por Greenpeace Internacional.
Las empresas más beneficiadas, según el estudio, son las multinacionales Bunge y Cargill (del sector de materias primas), JBS y Marfrig (productoras de carne), y RGE y Sinar Mas (procesadores de aceite de palma y madera).
El español Banco de Santander es la sexta entidad financiera europea que más dinero aporta a esas compañías (21.338 millones de dólares) seguido a distancia por el BBVA (7.679 millones) y La Caixa Group (180 millones).
“Mediante el consumo de productos y materias primas procedentes de tierras deforestadas y degradadas, y a través de la financiación de empresas que se benefician de ello, la UE contribuye a la destrucción de bosques y otros ecosistemas, dentro y fuera de sus fronteras”, sostiene el informe.
¿QUIÉN PAGA IMPUESTOS, Y CUÁNTO?
La recaudación tributaria en España fue de 271.935 millones de euros en 2023 (un 6,4% más que el año anterior), gracias al crecimiento económico y del empleo, de acuerdo a un informe de la Hacienda Tributaria
A ese crecimiento contribuyeron sobre todo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (120.280 millones) y el impuesto al consumo, IVA (83.909 millones). El impuesto de Sociedades (sobre los beneficios de las empresas) contribuyó con 35.060 millones.
Cabe resaltar que este impuesto creció un 40% menos que los beneficios empresariales. Legalmente el impuesto de Sociedades debe ser del 25% sobre los beneficios, pero el pasado año fue del 13%.
BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN
Ya están aquí los biocombustibles de segunda generación, producidos a partir de residuos orgánicos, como aceites usados de cocina, desechos agrícolas o ganaderos y biomasa forestal.
Los de la primera fueron un rotundo fracaso. Estaban elaborados fundamentalmente a partir de cultivos agrícolas de consumo humano (caña de azúcar, colza, girasol, palma, soja, maíz, algas marinas…), por lo que entraban en competencia con los alimentos, provocando su alza de precios, y también con la tierra y el agua, provocando mayor deforestación.
El resultado era un combustible menos contaminante que los combustibles fósiles, aunque en el proceso de su producción y distribución generaban altas emisiones de efecto invernadero.
Los biocombustibles de segunda generación, por las materias primas utilizadas, reducirán la presión sobre la tierra y los productos alimenticios, facilitarán la descarbonización de sectores no electrificables (como el transporte pesado) y serán más eficaces en la reducción de gases de efecto invernadero.
La teoría pinta bien. Habrá que esperar a los resultados.
LA LEY DE DEPENDENCIA, A PASO LENTO
Fue aprobada en diciembre de 2006, con el nombre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como “Ley de Dependencia”, que fue duramente golpeada por los recortes realizados por el gobierno en 2012.
La Ley de Dependencia garantiza la atención de las personas que sufren alguna reducción o pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial, clasificadas en tres grados.
Actualmente hay en total en torno a 1,6 millones de personas dependientes, pero solo medio millón reciben la prestación.
La burocracia, una vez más, impide un mejor servicio. Desde que una persona solicita su reconocimiento como dependiente, pasan de media 324 días hasta que tiene su situación resuelta. 40.447 personas fallecieron en 2023 esperando una certificación de su grado de dependencia o la ayuda que les correspondía por ella.
Al ritmo actual, se tardará hasta ocho años en alcanzar la plena atención.
SIN DERECHO A CALMAR EL DOLOR
Los pobres de los países pobres apenas tienen acceso a los analgésicos y tratamientos paliativos para calmar sus dolores. El 80% de la población mundial, que vive en países con un PIB bajo y mediano, consume el 13% de la morfina disponible, mientras el 87% se queda en Europa y Norteamérica, de acuerdo a un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Según la Organización Mundial de la Salud, más de 40 millones de personas necesitan cada año en el mundo cuidados paliativos, y el 78% de ellas vive en países con ingresos bajos o medianos. Pero solo el 14% de esos 40 millones de personas, que viven en los países del Norte global, recibe unos cuidados que mejoran la vida de los pacientes y de sus familias, incluyendo el tratamiento con opiáceos. El resto, incluidos enfermos afectados por cáncer o afecciones cardiovasculares, deben conformarse con paracetamol, aspirina, o ibuprofeno.